Estado
“Óscar Vera comete una traición contra el estado”: Marcela García
La activista llamó al PRI y al PAN a no permitir que se cometa “un acto de violencia política contra las mujeres de SLP”
Por: Ana G Silva
El viernes, dirigentes de organizaciones feministas de San Luis Potosí emitieron un posicionamiento en contra de los intentos de Óscar Vera Fabregat para quedarse con la diputación plurinominal que, por temas de paridad, le corresponde a María Elena Ramírez Ramírez, militante del Partido Conciencia Popular, movimiento que además afectaría también las posiciones de Marcela García, activista feminista y morenista, y Bernarda Reyes, mujer indígena Tének de la coalición “Sí por San Luis”.
Marcela García indicó que en caso de que Óscar Vera gane el recurso solicitado será “una traición al estado y un agravio muy fuerte hacia la lucha de las mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres y una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
La militante de Morena aseveró que esto constituiría “un retroceso para el sistema electoral en el estado y un foco rojo para todo el país porque se estaría validando un acto transgresor, de violencia, de abuso de autoridad y del pacto patriarcal, se estaría validando la violencia política por razones de género contra las mujeres por parte del estado, esto socialmente impacta en cómo los hombres siguen apropiándose de los espacios públicos e imponiendo su autoridad y su decisión sin tomar en cuenta a las mujeres”.
La futura diputada dijo que el mensaje para Elias Pesina y Juan Francisco Aguilar, dirigentes del PRI y el PAN, partidos coaligados a Conciencia Popular, es que si ellos están en las condiciones políticas de poco reconocimiento y de poca aceptación de la sociedad civil, deberían de conminar a Óscar Vera de que desista y que no sean cómplices de “esta violencia de género”.
“De ser cómplices de este pacto patriarcal les restaría y perderían, quedarían muy mal frente a la comunidad, porque nosotras hemos recibido mucho apoyo y las comunidades indígenas, la academia, del sector eclesiástico, de la universidad, de asociaciones civiles que el hombre está abusado de su poder, de su nombre y de un partido político para poder preservar los instintos de sus egos”.
Marcela García dijo que no es legítimo el actuar de Óscar Vera: “Si el PRI y el PAN siguen empeñados en validar y apoyarlo van a perder mucho, la invitación a que reflexionen, se retiren del acompañamiento que les están dando y que defiendan el derecho de las mujeres a la participación política principalmente de las dos compañeras que tenemos en el juego y que están a punto de moverlas a su antojo”. 
La activista reiteró que las mujeres deben estar conscientes de que es necesaria la organización para poder defender los derechos, porque para ellos se necesita mucha fuerza, mucho poder y mucha voluntad de participación política.
“Esto no debe suceder, pero si sucede las mujeres tenemos muy claro que la ruta a seguir es la organización y es la presión política para exigir el derecho, ese hombre no se va a sentar en la curul porque tarde o temprano nosotras haremos, ya sea en las instancias locales, federales o internacionales, que ese derecho se haga válido”.
Finalmente, Marcela García comentó que su agenda legislativa será feminista y buscará: ampliar los horarios de paternidad para que los hombres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y liberar a las mujeres de tiempo para que están tengan acceso a la educación, a mejores oportunidades de empleo; también en el tema de las mujeres privadas de la libertad para que la carta de no antecedentes penales ya no sea necesaria al egresar de un centro de reinserción; mejorará los reglamentos para una verdadera reinserción dentro de las cárceles para hombres y para mujeres; impulsará la reforma a la ley de consulta indígena para la participación efectiva política de las mujeres indigenas; garantizará, a través de las iniciativas de ley, el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y a programas de prevención y cuidados de la sexualidad gratuitos cercanos amables accesibles; la igualdad salariar tanto en lo privado como en lo público; y elevar a rango de secretaria el instituto de las mujeres, “porque esto nos permitiría que la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública de todas las instituciones del estado sea una realidad”.
También lee: Morena acusa a Óscar Vera de intentar robarle una diputación
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
Se reconoció el trabajo realizado por la Dirección de Gestión Ambiental para recuperar y poner en funcionamiento el vivero municipal
Con el propósito de fortalecer la recuperación de las áreas verdes, incrementar la producción de árboles y promover el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos inauguró el primer vivero municipal en el Centro de Desarrollo Comunitario Mi Casita, un espacio que permitirá producir y resguardar especies que serán destinadas a las jornadas de reforestación en distintos puntos del municipio.
La presidenta Concejal, Patricia Aradillas Ardillas, destacó que ya se inició la producción y recepción de árboles para contribuir a la rehabilitación de parques, jardines y espacios públicos; acción que forma parte de la estrategia para revertir el abandono en el que se encontraban diversas áreas del municipio y, al mismo tiempo, fomentar entre las infancias poceñas una cultura de respeto y cuidado por el medio ambiente.
Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la Dirección de Gestión Ambiental para recuperar y poner en funcionamiento el vivero municipal, desde donde se coordinará la distribución de los árboles que serán plantados en las distintas áreas verdes de Villa de Pozos, especies que contribuirán a generar sombra, favorecer la captación de agua de lluvia y mejorar el entorno urbano para beneficio de la población.
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