Estado
“Óscar Vera comete una traición contra el estado”: Marcela García
La activista llamó al PRI y al PAN a no permitir que se cometa “un acto de violencia política contra las mujeres de SLP”
Por: Ana G Silva
El viernes, dirigentes de organizaciones feministas de San Luis Potosí emitieron un posicionamiento en contra de los intentos de Óscar Vera Fabregat para quedarse con la diputación plurinominal que, por temas de paridad, le corresponde a María Elena Ramírez Ramírez, militante del Partido Conciencia Popular, movimiento que además afectaría también las posiciones de Marcela García, activista feminista y morenista, y Bernarda Reyes, mujer indígena Tének de la coalición “Sí por San Luis”.
Marcela García indicó que en caso de que Óscar Vera gane el recurso solicitado será “una traición al estado y un agravio muy fuerte hacia la lucha de las mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres y una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
La militante de Morena aseveró que esto constituiría “un retroceso para el sistema electoral en el estado y un foco rojo para todo el país porque se estaría validando un acto transgresor, de violencia, de abuso de autoridad y del pacto patriarcal, se estaría validando la violencia política por razones de género contra las mujeres por parte del estado, esto socialmente impacta en cómo los hombres siguen apropiándose de los espacios públicos e imponiendo su autoridad y su decisión sin tomar en cuenta a las mujeres”.
La futura diputada dijo que el mensaje para Elias Pesina y Juan Francisco Aguilar, dirigentes del PRI y el PAN, partidos coaligados a Conciencia Popular, es que si ellos están en las condiciones políticas de poco reconocimiento y de poca aceptación de la sociedad civil, deberían de conminar a Óscar Vera de que desista y que no sean cómplices de “esta violencia de género”.
“De ser cómplices de este pacto patriarcal les restaría y perderían, quedarían muy mal frente a la comunidad, porque nosotras hemos recibido mucho apoyo y las comunidades indígenas, la academia, del sector eclesiástico, de la universidad, de asociaciones civiles que el hombre está abusado de su poder, de su nombre y de un partido político para poder preservar los instintos de sus egos”.
Marcela García dijo que no es legítimo el actuar de Óscar Vera: “Si el PRI y el PAN siguen empeñados en validar y apoyarlo van a perder mucho, la invitación a que reflexionen, se retiren del acompañamiento que les están dando y que defiendan el derecho de las mujeres a la participación política principalmente de las dos compañeras que tenemos en el juego y que están a punto de moverlas a su antojo”. 
La activista reiteró que las mujeres deben estar conscientes de que es necesaria la organización para poder defender los derechos, porque para ellos se necesita mucha fuerza, mucho poder y mucha voluntad de participación política.
“Esto no debe suceder, pero si sucede las mujeres tenemos muy claro que la ruta a seguir es la organización y es la presión política para exigir el derecho, ese hombre no se va a sentar en la curul porque tarde o temprano nosotras haremos, ya sea en las instancias locales, federales o internacionales, que ese derecho se haga válido”.
Finalmente, Marcela García comentó que su agenda legislativa será feminista y buscará: ampliar los horarios de paternidad para que los hombres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y liberar a las mujeres de tiempo para que están tengan acceso a la educación, a mejores oportunidades de empleo; también en el tema de las mujeres privadas de la libertad para que la carta de no antecedentes penales ya no sea necesaria al egresar de un centro de reinserción; mejorará los reglamentos para una verdadera reinserción dentro de las cárceles para hombres y para mujeres; impulsará la reforma a la ley de consulta indígena para la participación efectiva política de las mujeres indigenas; garantizará, a través de las iniciativas de ley, el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y a programas de prevención y cuidados de la sexualidad gratuitos cercanos amables accesibles; la igualdad salariar tanto en lo privado como en lo público; y elevar a rango de secretaria el instituto de las mujeres, “porque esto nos permitiría que la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública de todas las instituciones del estado sea una realidad”.
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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
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La secretaria de Finanzas dijo que la CEA paga 12 millones de pesos al mes por el saneamiento de aguas residuales que le corresponde al Interapas
Por: Redacción
La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, afirmó que el Interapas tiene un adeudo estimado en más de 900 millones de pesos con el Gobierno del Estado por el saneamiento de aguas residuales.
Según explicó en su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua (CEA) paga 12 millones de pesos al mes por ese servicio, un costo que, dijo, le corresponde cubrir al organismo operador. El saneamiento es el tratamiento de las aguas negras para limpiarlas antes de devolverlas al ambiente o reutilizarlas.
El Estado también debe
A pregunta de la diputada Mireya Vancini, la funcionaria reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado tienen adeudos con el Interapas, que en 2025 se estimaron en 184 millones de pesos.
Sin embargo, dijo que el monto definitivo está pendiente de conciliar, es decir, de revisarse entre ambas partes hasta acordar una cifra, porque hay “inconsistencias” en los cobros que el Interapas hace a esas dependencias.
“Considerar las obligaciones de ambas partes”
García Vidal consideró que el tema se debe tratar de manera integral con el organismo, tomando en cuenta las obligaciones financieras de ambas partes y “no solamente los adeudos que se atribuyen al Gobierno del Estado”. Dijo que hay apertura para revisar la situación.
La versión del Interapas
El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, dijo la semana pasada que el organismo atraviesa una crisis financiera y que el Gobierno del Estado le debe casi 300 millones de pesos. Pidió que el Congreso lo invite a explicar dónde está la responsabilidad.
En agosto, Galindo había dicho que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado estaba pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones de pesos.
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