septiembre 25, 2026

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Estado

“Óscar Vera comete una traición contra el estado”: Marcela García

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La activista llamó al PRI y al PAN a no permitir que se cometa “un acto de violencia política contra las mujeres de SLP”

Por: Ana G Silva

El viernes, dirigentes de organizaciones feministas de San Luis Potosí emitieron un posicionamiento en contra de los intentos de Óscar Vera Fabregat para quedarse con la diputación plurinominal que, por temas de paridad, le corresponde a María Elena Ramírez Ramírez, militante del Partido Conciencia Popular, movimiento que además afectaría también las posiciones de Marcela García, activista feminista y morenista, y Bernarda Reyes, mujer indígena Tének de la coalición “Sí por San Luis”.

Marcela García indicó que en caso de que Óscar Vera gane el recurso solicitado será “una traición al estado y un agravio muy fuerte hacia la lucha de las mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres y una violación a los derechos humanos de las mujeres”.

La militante de Morena aseveró que esto constituiría “un retroceso para el sistema electoral en el estado y un foco rojo para todo el país porque se estaría validando un acto transgresor, de violencia, de abuso de autoridad y del pacto patriarcal, se estaría validando la violencia política por razones de género contra las mujeres por parte del estado, esto socialmente impacta en cómo los hombres siguen apropiándose de los espacios públicos e imponiendo su autoridad y su decisión sin tomar en cuenta a las mujeres”.

La futura diputada dijo que el mensaje para Elias Pesina y Juan Francisco Aguilar, dirigentes del PRI y el PAN, partidos coaligados a Conciencia Popular, es que si ellos están en las condiciones políticas de poco reconocimiento y de poca aceptación de la sociedad civil, deberían de conminar a Óscar Vera de que desista y que no sean cómplices de “esta violencia de género”.

“De ser cómplices de este pacto patriarcal les restaría y perderían, quedarían muy mal frente a la comunidad, porque nosotras hemos recibido mucho apoyo y las comunidades indígenas, la academia, del sector eclesiástico, de la universidad, de asociaciones civiles que el hombre está abusado de su poder, de su nombre y de un partido político para poder preservar los instintos de sus egos”.

Marcela García dijo que no es legítimo el actuar de Óscar Vera: “Si el PRI y el PAN siguen empeñados en validar y apoyarlo van a perder mucho, la invitación a que reflexionen, se retiren del acompañamiento que les están dando y que defiendan el derecho de las mujeres a la participación política principalmente de las dos compañeras que tenemos en el juego y que están a punto de moverlas a su antojo”.

La activista reiteró que las mujeres deben estar conscientes de que es necesaria la organización para poder defender los derechos, porque para ellos se necesita mucha fuerza, mucho poder y mucha voluntad de participación política.

“Esto no debe suceder, pero si sucede las mujeres tenemos muy claro que la ruta a seguir es la organización y es la presión política para exigir el derecho, ese hombre no se va a sentar en la curul porque tarde o temprano nosotras haremos, ya sea en las instancias locales, federales o internacionales, que ese derecho se haga válido”.

Finalmente, Marcela García comentó que su agenda legislativa será feminista y buscará: ampliar los horarios de paternidad para que los hombres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y liberar a las mujeres de tiempo para que están tengan acceso a la educación, a mejores oportunidades de empleo; también en el tema de las mujeres privadas de la libertad para que la carta de no antecedentes penales ya no sea necesaria al egresar de un centro de reinserción; mejorará los reglamentos para una verdadera reinserción dentro de las cárceles para hombres y para mujeres; impulsará la reforma a la ley de consulta indígena para la participación efectiva política de las mujeres indigenas; garantizará, a través de las iniciativas de ley, el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y a programas de prevención y cuidados de la sexualidad gratuitos cercanos amables accesibles; la igualdad salariar tanto en lo privado como en lo público; y elevar a rango de secretaria el instituto de las mujeres, “porque esto nos permitiría que la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública de todas las instituciones del estado sea una realidad”.

También lee: Morena acusa a Óscar Vera de intentar robarle una diputación

Estado

Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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Estado

Gallardo anuncia segunda etapa de vialidad hacia la Zona Industrial

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La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.

El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.

Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.

También lee: Gallardo confirma arranque de Vía Alterna Eje 122-140 esta semana.

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Presupuesto federal 2027: SLP recibirá 45 millones más para salud

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Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.

Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.

Qué significa “10.9% más”

Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.

El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.

Quién recibe el dinero

El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.

El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.

El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.

“Cero rechazos” desde enero

La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.

En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.

Qué le toca a San Luis Potosí

San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.

Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.

Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.

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Opinión

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