Estado
“Óscar Vera comete una traición contra el estado”: Marcela García
La activista llamó al PRI y al PAN a no permitir que se cometa “un acto de violencia política contra las mujeres de SLP”
Por: Ana G Silva
El viernes, dirigentes de organizaciones feministas de San Luis Potosí emitieron un posicionamiento en contra de los intentos de Óscar Vera Fabregat para quedarse con la diputación plurinominal que, por temas de paridad, le corresponde a María Elena Ramírez Ramírez, militante del Partido Conciencia Popular, movimiento que además afectaría también las posiciones de Marcela García, activista feminista y morenista, y Bernarda Reyes, mujer indígena Tének de la coalición “Sí por San Luis”.
Marcela García indicó que en caso de que Óscar Vera gane el recurso solicitado será “una traición al estado y un agravio muy fuerte hacia la lucha de las mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres y una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
La militante de Morena aseveró que esto constituiría “un retroceso para el sistema electoral en el estado y un foco rojo para todo el país porque se estaría validando un acto transgresor, de violencia, de abuso de autoridad y del pacto patriarcal, se estaría validando la violencia política por razones de género contra las mujeres por parte del estado, esto socialmente impacta en cómo los hombres siguen apropiándose de los espacios públicos e imponiendo su autoridad y su decisión sin tomar en cuenta a las mujeres”.
La futura diputada dijo que el mensaje para Elias Pesina y Juan Francisco Aguilar, dirigentes del PRI y el PAN, partidos coaligados a Conciencia Popular, es que si ellos están en las condiciones políticas de poco reconocimiento y de poca aceptación de la sociedad civil, deberían de conminar a Óscar Vera de que desista y que no sean cómplices de “esta violencia de género”.
“De ser cómplices de este pacto patriarcal les restaría y perderían, quedarían muy mal frente a la comunidad, porque nosotras hemos recibido mucho apoyo y las comunidades indígenas, la academia, del sector eclesiástico, de la universidad, de asociaciones civiles que el hombre está abusado de su poder, de su nombre y de un partido político para poder preservar los instintos de sus egos”.
Marcela García dijo que no es legítimo el actuar de Óscar Vera: “Si el PRI y el PAN siguen empeñados en validar y apoyarlo van a perder mucho, la invitación a que reflexionen, se retiren del acompañamiento que les están dando y que defiendan el derecho de las mujeres a la participación política principalmente de las dos compañeras que tenemos en el juego y que están a punto de moverlas a su antojo”.
La activista reiteró que las mujeres deben estar conscientes de que es necesaria la organización para poder defender los derechos, porque para ellos se necesita mucha fuerza, mucho poder y mucha voluntad de participación política.
“Esto no debe suceder, pero si sucede las mujeres tenemos muy claro que la ruta a seguir es la organización y es la presión política para exigir el derecho, ese hombre no se va a sentar en la curul porque tarde o temprano nosotras haremos, ya sea en las instancias locales, federales o internacionales, que ese derecho se haga válido”.
Finalmente, Marcela García comentó que su agenda legislativa será feminista y buscará: ampliar los horarios de paternidad para que los hombres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y liberar a las mujeres de tiempo para que están tengan acceso a la educación, a mejores oportunidades de empleo; también en el tema de las mujeres privadas de la libertad para que la carta de no antecedentes penales ya no sea necesaria al egresar de un centro de reinserción; mejorará los reglamentos para una verdadera reinserción dentro de las cárceles para hombres y para mujeres; impulsará la reforma a la ley de consulta indígena para la participación efectiva política de las mujeres indigenas; garantizará, a través de las iniciativas de ley, el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y a programas de prevención y cuidados de la sexualidad gratuitos cercanos amables accesibles; la igualdad salariar tanto en lo privado como en lo público; y elevar a rango de secretaria el instituto de las mujeres, “porque esto nos permitiría que la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública de todas las instituciones del estado sea una realidad”.
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Estado
Gobierno estatal exhorta a conducir con responsabilidad
Un incidente vial dejó una persona fallecida y daños materiales; autoridades reiteran el llamado a la prevención
Por: Redacción
Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad sin límites, los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga informaron que la mañana del domingo 19 de abril se registró un incidente vial al exterior del Parque Tangamanga II, donde un vehículo impactó contra la reja perimetral y posteriormente contra un árbol al interior del recinto.
De manera inmediata, personal de Guardaparques brindó atención en el lugar y solicitó la intervención de la Guardia Civil Estatal, servicios de ambulancia y la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona. Asimismo, se contó con el apoyo de corporaciones de seguridad de la capital, al tratarse de un hecho de tránsito ocurrido en la vía pública, reflejando el cambio que se vive y se siente en la respuesta oportuna de las autoridades.
Ante estos hechos, se hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, priorizar la seguridad propia y la de los demás, y tomar decisiones conscientes al conducir. La prevención y el respeto a las normas viales son fundamentales para salvaguardar la integridad de todas y todos.
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Estado
Estado refuerza prevención y atención ante temporada de lluvias
Solo Villa de Arista registra afectaciones tras tromba y granizada; autoridades mantienen monitoreo permanente
Por: Redacción
Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la prevención y atención oportuna ante fenómenos meteorológicos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene labores de monitoreo, vigilancia y coordinación sin límites con las Unidades Municipales en el Altiplano potosino, tras las lluvias registradas en las últimas horas.
De acuerdo con la dependencia, se presentaron lluvias ligeras e intermitentes en municipios como Real de Catorce, Cedral, Matehuala, Villa de Guadalupe, Vanegas, Charcas, Venado, Guadalcázar, Villa de la Paz y Ahualulco Moctezuma, mientras que en Villa de Arista se registró una tromba con granizada que provocó afectaciones en la comunidad de Derramaderos, donde el camino principal resultó dañado por la bajada de agua, siendo atendido de manera inmediata por autoridades municipales, reflejando el cambio que se vive y se siente en la capacidad de respuesta.
Asimismo, en el municipio de Moctezuma, en la comunidad de San José del Grito, se reportó acumulación de grava y arena sobre el camino hacia Ahualulco, por lo que ya se realizan trabajos para despejar la vialidad. La CEPC informó que se mantiene atenta ante la presencia del frente frío número 45, que podría generar tormentas eléctricas, granizadas, lluvias fuertes y tolvaneras en el Altiplano, con posible extensión a las zonas Centro y Media, garantizando atención inmediata en caso de cualquier contingencia.
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Congreso del Estado
Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años
La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.
De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.
Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.
Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.
En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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