Estado
“Óscar Vera comete una traición contra el estado”: Marcela García
La activista llamó al PRI y al PAN a no permitir que se cometa “un acto de violencia política contra las mujeres de SLP”
Por: Ana G Silva
El viernes, dirigentes de organizaciones feministas de San Luis Potosí emitieron un posicionamiento en contra de los intentos de Óscar Vera Fabregat para quedarse con la diputación plurinominal que, por temas de paridad, le corresponde a María Elena Ramírez Ramírez, militante del Partido Conciencia Popular, movimiento que además afectaría también las posiciones de Marcela García, activista feminista y morenista, y Bernarda Reyes, mujer indígena Tének de la coalición “Sí por San Luis”.
Marcela García indicó que en caso de que Óscar Vera gane el recurso solicitado será “una traición al estado y un agravio muy fuerte hacia la lucha de las mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres y una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
La militante de Morena aseveró que esto constituiría “un retroceso para el sistema electoral en el estado y un foco rojo para todo el país porque se estaría validando un acto transgresor, de violencia, de abuso de autoridad y del pacto patriarcal, se estaría validando la violencia política por razones de género contra las mujeres por parte del estado, esto socialmente impacta en cómo los hombres siguen apropiándose de los espacios públicos e imponiendo su autoridad y su decisión sin tomar en cuenta a las mujeres”.
La futura diputada dijo que el mensaje para Elias Pesina y Juan Francisco Aguilar, dirigentes del PRI y el PAN, partidos coaligados a Conciencia Popular, es que si ellos están en las condiciones políticas de poco reconocimiento y de poca aceptación de la sociedad civil, deberían de conminar a Óscar Vera de que desista y que no sean cómplices de “esta violencia de género”.
“De ser cómplices de este pacto patriarcal les restaría y perderían, quedarían muy mal frente a la comunidad, porque nosotras hemos recibido mucho apoyo y las comunidades indígenas, la academia, del sector eclesiástico, de la universidad, de asociaciones civiles que el hombre está abusado de su poder, de su nombre y de un partido político para poder preservar los instintos de sus egos”.
Marcela García dijo que no es legítimo el actuar de Óscar Vera: “Si el PRI y el PAN siguen empeñados en validar y apoyarlo van a perder mucho, la invitación a que reflexionen, se retiren del acompañamiento que les están dando y que defiendan el derecho de las mujeres a la participación política principalmente de las dos compañeras que tenemos en el juego y que están a punto de moverlas a su antojo”. 
La activista reiteró que las mujeres deben estar conscientes de que es necesaria la organización para poder defender los derechos, porque para ellos se necesita mucha fuerza, mucho poder y mucha voluntad de participación política.
“Esto no debe suceder, pero si sucede las mujeres tenemos muy claro que la ruta a seguir es la organización y es la presión política para exigir el derecho, ese hombre no se va a sentar en la curul porque tarde o temprano nosotras haremos, ya sea en las instancias locales, federales o internacionales, que ese derecho se haga válido”.
Finalmente, Marcela García comentó que su agenda legislativa será feminista y buscará: ampliar los horarios de paternidad para que los hombres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y liberar a las mujeres de tiempo para que están tengan acceso a la educación, a mejores oportunidades de empleo; también en el tema de las mujeres privadas de la libertad para que la carta de no antecedentes penales ya no sea necesaria al egresar de un centro de reinserción; mejorará los reglamentos para una verdadera reinserción dentro de las cárceles para hombres y para mujeres; impulsará la reforma a la ley de consulta indígena para la participación efectiva política de las mujeres indigenas; garantizará, a través de las iniciativas de ley, el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y a programas de prevención y cuidados de la sexualidad gratuitos cercanos amables accesibles; la igualdad salariar tanto en lo privado como en lo público; y elevar a rango de secretaria el instituto de las mujeres, “porque esto nos permitiría que la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública de todas las instituciones del estado sea una realidad”.
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El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, llevó a cabo el curso de capacitación para la Elaboración de las Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2027, en el museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
Asistieron las y los presidentes municipales de varios ayuntamientos, el auditor superior Joaquín Rodrigo Lecourtois López; la titular del Instituto Registral y Catastral, Yahaira Martínez Martínez
El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales, mediante el análisis de los aspectos normativos, financieros y técnicos que intervienen en la elaboración de las leyes de ingresos municipales.
Responsabilizó a Morena por las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del INE
Por: Redacción
La senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, responsabilizó a Morena por la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción.
Durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la situación del organismo electoral es consecuencia de las modificaciones legales impulsadas por Morena, que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto.
“El día en que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena”, expresó.
Rodríguez Hernández cuestionó que el oficialismo pretenda deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, debilitaron los mecanismos de control del instituto. Explicó que las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) otorgaron a la presidencia del INE facultades para nombrar y remover de manera unilateral a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General.
En ese contexto, informó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos institucionales. La propuesta establece que los nombramientos estratégicos cuenten con el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
La iniciativa también contempla un procedimiento extraordinario para revisar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, con el objetivo de evaluar su idoneidad y desempeño.
La senadora sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción y las irregularidades señaladas durante su gestión.
“No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna”, reclamó.
Rodríguez Hernández insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la concentración de facultades en la presidencia del INE. Exigió además que la designación de la nueva presidencia del organismo se realice con absoluta transparencia, para que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad.
Advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, el país necesita un árbitro imparcial que garantice elecciones libres, transparentes y democráticas. Por ello consideró indispensable corregir los problemas institucionales y evitar que las decisiones del organismo dependan de una sola persona.
La legisladora reiteró que Acción Nacional exigirá que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que la renovación de la presidencia del INE sirva para fortalecer su autonomía.
“El INE le pertenece a los ciudadanos”, sentenció.
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Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña
Por: Jorge Saldaña
La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.
De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.
La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.
La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.
En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.
Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.
Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.
Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones
Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.
De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.
Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.
En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.
En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.
CEEPAC, ante el reto de definir un calendario
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.
El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.
Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.
Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.
La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos
El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.
Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.
Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.
La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.
De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.
Incertidumbre debe resolverse antes de enero
De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.
La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.
Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.
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