Destacadas
Organizaciones civiles potosinas lamentan recortes sociales de AMLO
Una activista consideró que la decisión limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos
Por: José Luis Vázquez
El vocero de la organización Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra Collazo, afirmó que la organizaciones de la sociedad civil que “realmente trabajan”, no se verán afectadas por el recorte presupuestal indicado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; no obstante, Nydia Morales, integrante de Educación y Ciudadanía A.C (Educiac) comentó que todas las organizaciones de la sociedad civil se ven realmente afectadas de una manera u otra, mientras que Andrés Costilla de Amigos Unidos en la Lucha contra el SIDA, aseguró que el mandatario nacional atenta contra algunos sectores de la población.
“Yo creo que no se verán afectadas. Por eso nuestra postura ha sido bastante neutral, las organizaciones que realmente trabajan y que tienen un espacio físico o que tienen algún beneficio para la población, son las que no se están manifestando en este momento por el recorte aparente de presupuesto”, dijo Paul Ibarra
En ese sentido, Nydia Morales comentó que esta situación sí afecta de manera diferenciada a todas las organizaciones, “no es que todas nos veamos afectadas en un mismo nivel, (…) nuestra postura es que hasta este momento pareciera que existe un monólogo del gobierno, no se ha abierto el tema al diálogo y a la escucha de las organizaciones para intentar encontrar respuestas a este tema”.
En su caso, Andrés Costilla señaló o que dicho recorte se trata de “una decisión muy desafortunada, una decisión grave que porque pone en riesgo toda una estrategia nacional de prevención temprana de VIH y otras infecciones de transmisión sexual”; además de que dicha situación generará más costos para el país
“Costos de atención y costos en el sentido de que las personas al ver mermada su salud están incapacitadas, no producen económicamente al país y vulneran su estado de salud, (…) estos proyectos dan resultados efectivos, estos resultados llegan a las poblaciones en donde burocráticamente el gobierno no llega, la experiencia del gobierno a lo largo de tantos años se ha dado cuenta que no pueden llegar a población de difícil alcance por sus horarios limitados y su estructura”, detalló.
Sin embargo, Ibarra Collazo aseveró que no existe una suspensión en los recursos que reciben dichas organizaciones: “no hay ningún recorte, lo que se está haciendo la administración pública federal es revisar en qué se estaba gastando ese dinero y encauzarlo en las cosas que en realidad pasan, si es que trabajan a través de los concursos públicos que ya existen”.
Incluso aplaudió dicha medida: “es un aspecto positivo en el sentido de que en las últimas administraciones ha habido bastante mal uso de los recursos, no solo de las organizaciones si no también de programas, consideramos positivo que se haga una evaluación del impacto, en el caso específico del tema que trata nuestra organización, que es el de la salud, hay bastantes candados que se han podido poner a lo largo del tiempo y que en realidad no afecta el presupuesto”.
En contraste, la integrante de Educiac dijo: “consideramos que retirar recursos limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos, la intención es que volteáramos a ver otras posibilidades antes de recortar recursos, y asumir temas como auditar organizaciones, exigir códigos éticos y velar que la asignación de recursos sea para organizaciones que impulsan los derechos humanos”.
En el mismo sentido, Costilla indicó que durante todo el año, las organizaciones civiles trabajan con o sin presupuesto, y aclaró: “el presupuesto público ayuda a ampliar nuestros servicios, a ofertar horarios amplios y llegar a aquellas poblaciones o lugares donde el gobierno no llega, claro que va a mermar la eficacia de nuestro servicio, pone en riesgo una estrategia nacional y compromisos en materia de prevención y atención al VIH”.
Finalmente, Paul Ibarra puntualizó que tan solo el año pasado, se tenía el registro de 49 mil organizaciones registradas en el padrón federal y declaró: “muy pocas trabajan en el tema de salud sexual, otras trabajan con base en los feminismos, con la perspectiva de juventudes y derechos humanos, pero la mayor parte de las organizaciones tenían intereses distintos a los que este gobierno está manifestando, (…) hay que decir que muchos de sus recursos se entregaban de forma discrecional sin una convocatoria, lo importante es que sea transparente el ejercicio de los recursos, es necesario que se hagan convocatorias, hay otros procesos determinados por la ley que son las licitaciones, eso implica que la organización se tenga que profesionalizar para que haya un mejor ejercicio del gasto”.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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