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Organizaciones civiles potosinas lamentan recortes sociales de AMLO
Una activista consideró que la decisión limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos
Por: José Luis Vázquez
El vocero de la organización Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra Collazo, afirmó que la organizaciones de la sociedad civil que “realmente trabajan”, no se verán afectadas por el recorte presupuestal indicado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; no obstante, Nydia Morales, integrante de Educación y Ciudadanía A.C (Educiac) comentó que todas las organizaciones de la sociedad civil se ven realmente afectadas de una manera u otra, mientras que Andrés Costilla de Amigos Unidos en la Lucha contra el SIDA, aseguró que el mandatario nacional atenta contra algunos sectores de la población.
“Yo creo que no se verán afectadas. Por eso nuestra postura ha sido bastante neutral, las organizaciones que realmente trabajan y que tienen un espacio físico o que tienen algún beneficio para la población, son las que no se están manifestando en este momento por el recorte aparente de presupuesto”, dijo Paul Ibarra
En ese sentido, Nydia Morales comentó que esta situación sí afecta de manera diferenciada a todas las organizaciones, “no es que todas nos veamos afectadas en un mismo nivel, (…) nuestra postura es que hasta este momento pareciera que existe un monólogo del gobierno, no se ha abierto el tema al diálogo y a la escucha de las organizaciones para intentar encontrar respuestas a este tema”.
En su caso, Andrés Costilla señaló o que dicho recorte se trata de “una decisión muy desafortunada, una decisión grave que porque pone en riesgo toda una estrategia nacional de prevención temprana de VIH y otras infecciones de transmisión sexual”; además de que dicha situación generará más costos para el país
“Costos de atención y costos en el sentido de que las personas al ver mermada su salud están incapacitadas, no producen económicamente al país y vulneran su estado de salud, (…) estos proyectos dan resultados efectivos, estos resultados llegan a las poblaciones en donde burocráticamente el gobierno no llega, la experiencia del gobierno a lo largo de tantos años se ha dado cuenta que no pueden llegar a población de difícil alcance por sus horarios limitados y su estructura”, detalló.
Sin embargo, Ibarra Collazo aseveró que no existe una suspensión en los recursos que reciben dichas organizaciones: “no hay ningún recorte, lo que se está haciendo la administración pública federal es revisar en qué se estaba gastando ese dinero y encauzarlo en las cosas que en realidad pasan, si es que trabajan a través de los concursos públicos que ya existen”.
Incluso aplaudió dicha medida: “es un aspecto positivo en el sentido de que en las últimas administraciones ha habido bastante mal uso de los recursos, no solo de las organizaciones si no también de programas, consideramos positivo que se haga una evaluación del impacto, en el caso específico del tema que trata nuestra organización, que es el de la salud, hay bastantes candados que se han podido poner a lo largo del tiempo y que en realidad no afecta el presupuesto”.
En contraste, la integrante de Educiac dijo: “consideramos que retirar recursos limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos, la intención es que volteáramos a ver otras posibilidades antes de recortar recursos, y asumir temas como auditar organizaciones, exigir códigos éticos y velar que la asignación de recursos sea para organizaciones que impulsan los derechos humanos”.
En el mismo sentido, Costilla indicó que durante todo el año, las organizaciones civiles trabajan con o sin presupuesto, y aclaró: “el presupuesto público ayuda a ampliar nuestros servicios, a ofertar horarios amplios y llegar a aquellas poblaciones o lugares donde el gobierno no llega, claro que va a mermar la eficacia de nuestro servicio, pone en riesgo una estrategia nacional y compromisos en materia de prevención y atención al VIH”.
Finalmente, Paul Ibarra puntualizó que tan solo el año pasado, se tenía el registro de 49 mil organizaciones registradas en el padrón federal y declaró: “muy pocas trabajan en el tema de salud sexual, otras trabajan con base en los feminismos, con la perspectiva de juventudes y derechos humanos, pero la mayor parte de las organizaciones tenían intereses distintos a los que este gobierno está manifestando, (…) hay que decir que muchos de sus recursos se entregaban de forma discrecional sin una convocatoria, lo importante es que sea transparente el ejercicio de los recursos, es necesario que se hagan convocatorias, hay otros procesos determinados por la ley que son las licitaciones, eso implica que la organización se tenga que profesionalizar para que haya un mejor ejercicio del gasto”.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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