julio 24, 2025

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Organizaciones civiles potosinas lamentan recortes sociales de AMLO

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Una activista consideró que la decisión limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos

Por: José Luis Vázquez

El vocero de la organización Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra Collazo, afirmó que la organizaciones de la sociedad civil que “realmente trabajan”, no se verán afectadas por el recorte presupuestal indicado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; no obstante, Nydia Morales, integrante de Educación y Ciudadanía A.C (Educiac) comentó que todas las organizaciones de la sociedad civil se ven realmente afectadas de una manera u otra, mientras que Andrés Costilla de Amigos Unidos en la Lucha contra el SIDA, aseguró que el mandatario nacional atenta contra algunos sectores de la población.

“Yo creo que no se verán afectadas. Por eso nuestra postura ha sido bastante neutral, las organizaciones que realmente trabajan y que tienen un espacio físico o que tienen algún beneficio para la población, son las que no se están manifestando en este momento por el recorte aparente de presupuesto”, dijo Paul Ibarra

En ese sentido, Nydia Morales comentó que esta situación sí afecta de manera diferenciada a todas las organizaciones, “no es que todas nos veamos afectadas en un mismo nivel, (…) nuestra postura es que hasta este momento pareciera que existe un monólogo del gobierno, no se ha abierto el tema al diálogo y a la escucha de las organizaciones para intentar encontrar respuestas a este tema”.

En su caso, Andrés Costilla señaló o que dicho recorte se trata de “una decisión muy desafortunada, una decisión grave que porque pone en riesgo toda una estrategia nacional de prevención temprana de VIH y otras infecciones de transmisión sexual”; además de que dicha situación generará más costos para el país

“Costos de atención y costos en el sentido de que las personas al ver mermada su salud están incapacitadas, no producen económicamente al país y vulneran su estado de salud, (…) estos proyectos dan resultados efectivos, estos resultados llegan a las poblaciones en donde burocráticamente el gobierno no llega, la experiencia del gobierno a lo largo de tantos años se ha dado cuenta que no pueden llegar a población de difícil alcance por sus horarios limitados y su estructura”, detalló.

Sin embargo, Ibarra Collazo aseveró que no existe una suspensión en los recursos que reciben dichas organizaciones: “no hay ningún recorte, lo que se está haciendo la administración pública federal es revisar en qué se estaba gastando ese dinero y encauzarlo en las cosas que en realidad pasan, si es que trabajan a través de los concursos públicos que ya existen”.

Incluso aplaudió dicha medida: “es un aspecto positivo en el sentido de que en las últimas administraciones ha habido bastante mal uso de los recursos, no solo de las organizaciones si no también de programas, consideramos positivo que se haga una evaluación del impacto, en el caso específico del tema que trata  nuestra organización, que es el de la salud, hay bastantes candados que se han podido poner a lo largo del tiempo y que en realidad no afecta el presupuesto”.

En contraste, la integrante de Educiac dijo: “consideramos que retirar recursos limita las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder algunos derechos, la intención es que volteáramos a ver otras posibilidades antes de recortar recursos, y asumir temas como auditar organizaciones, exigir códigos éticos y velar que la asignación de recursos sea para organizaciones que impulsan los derechos humanos”.

En el mismo sentido, Costilla indicó que durante todo el año, las organizaciones civiles trabajan con o sin presupuesto, y aclaró: “el presupuesto público ayuda a ampliar nuestros servicios, a ofertar horarios amplios y llegar a aquellas poblaciones o lugares donde el gobierno no llega, claro que va a mermar la eficacia de nuestro servicio, pone en riesgo una estrategia nacional y compromisos en materia de prevención y atención al VIH”.

Finalmente, Paul Ibarra puntualizó que tan solo el año pasado, se tenía el registro de 49 mil organizaciones registradas en el padrón federal y declaró: “muy pocas trabajan en el tema de salud sexual, otras trabajan con base en los feminismos, con la perspectiva de juventudes y derechos humanos, pero la mayor parte de las organizaciones tenían intereses distintos a los que este gobierno está manifestando, (…) hay que decir que muchos de sus recursos se entregaban de forma discrecional sin una convocatoria, lo importante es que sea transparente el ejercicio de los recursos, es necesario que se hagan convocatorias, hay otros procesos determinados por la ley que son las licitaciones, eso implica que la organización se tenga que profesionalizar para que haya un mejor ejercicio del gasto”.

 

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“Tecmol” presume entrega de despensas; Gobierno estatal se deslinda

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Romero Calzada publicó una fotografía recibiendo apoyos del gobierno estatal para su supuesta entrega; Sedesore afirmó que se entregan directo a beneficiarios

Por: Redacción

José Luis Romero Calzada, recién militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la oposición, publicó en sus redes sociales que recibió un cargamento de despensas –parte del programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal– y en la que, presumiblemente, serían entregadas por él mismo a las y los habitantes de ese municipio en la Huasteca potosina.

Romero Calzada aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le envió estos paquetes, y que mensualmente entregarán 15 mil de estas despensas.

Además, afirmó que él mismo incluirá alimentos perecederos en estos apoyos, como huevo, pollo o pescado, por ser ricos en proteína.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) informó mediante un comunicado que los programas de apoyo se otorgan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios

y sin otro propósito que atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social.

En el escrito se señala que quienes se ostenten como intermediarios o “enlaces” en la distribución de apoyos sociales, incurren en faltas contra la ley.

Reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado al otorgar apoyos sociales es el de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que buscan reducir la desigualdad, la pobreza y promover el desarrollo social.

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26 años de prisión a homicida de líder de Coparmex en SLP

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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021

Por: Redacción

En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.

Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.

No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez

, quien se desempeñaba como líder empresarial y presidente de Coparmex en la entidad potosina.

El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.

El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.

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Ayuntamiento de SLP

Adiós al Nido del Crímen; Ayuntamiento de SLP comenzará cercado

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El alcalde Enrique Galindo aseguró que tuvieron contacto con el dueño del inmueble, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en esa zona de la avenida Carranza

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que han tenido contacto con los propietarios del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Francisco Eduardo Tresguerras, en la zona Centro de la capital potosina.

El alcalde de la capital aseguró que con este encuentro, se iniciarán las acciones para limpiar la propiedad, cercarla y evitar el ingreso de personas ajenas.

“Yo lo que me ofrecí es ayudarle para resolverlo, y entre tanto, cuando menos, limpiarla porque ahorita está de verdad triste, terrible. La podemos limpiar con la autorización de quien corresponda, protegerla para que no se siga dañando más y quitarla como foco de infección, porque han sucedido muchas cosas” anunció.

Galindo Ceballos agregó que durante su encuentro con los propietarios, se explicó que la situación jurídica del terreno no es una responsabilidad directa del dueño

, sino un problema que se mantiene en una laguna legal en curso.

“Creo que hoy se abrió algo que no se había intentado, que es esta reparación y va por muy buen camino. Si esto se da en dos o tres días, empezamos también”. mencionó.

A través de este medio de comunicación se ha documentado a lo largo de tres años como se han practicado actividades ilícitas en este predio, además de provocar incendios, actividades contra la moral, e incluso la pérdida de vidas humanas. Mismo que debido a su estatus legal, era imposible una intervención por la autoridad municipal o estatal.

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Opinión

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