Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación

Por: Redacción

Patricia Aradillas Aradillas,  presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.

La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica

Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.

Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.

Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.

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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.

Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.

Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez

De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.

El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.

Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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La Fiscalía determinó que el convoy circulaba por encima de los límites de velocidad autorizados en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento

Por: Roberto Mendoza

La Fiscalía General de la República responsabilizó al conductor del Tren Interoceánico por el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo ferroviario Nizandá–Chivela, en el estado de Oaxaca. En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el dictamen técnico de la institución concluyó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad del convoy.

Godoy detalló que, de acuerdo con los registros analizados por peritos federales, la velocidad máxima permitida en la curva donde se produjo el descarrilamiento era de 50 kilómetros por hora, mientras que el tren ingresó a ese punto a aproximadamente 65 kilómetros por hora. Añadió que, en tramos previos, el convoy llegó a circular hasta 41 kilómetros por hora por encima de los límites establecidos para zonas rectas.

La fiscal explicó que la investigación incluyó la revisión de la infraestructura ferroviaria, el estado de las vías, el sistema de frenos y los componentes mecánicos del tren. Señaló que no se detectaron fallas técnicas ni defectos de construcción que hubieran contribuido al descarrilamiento, por lo que se descartó que la causa del accidente estuviera relacionada con la obra ferroviaria.

El accidente dejó un saldo final de 14 personas fallecidas y 25 personas lesionadas, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República.

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