noviembre 25, 2025

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Mónica Rangel, ¿de querer gobernar SLP a la cárcel?

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La Federación investiga a la ex candidata de Morena por presunto uso indebido de recursos públicos, pero su sexenio en la Secretaría de Salud estuvo lleno de sospechas

Por: Itzel Márquez

Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí y ex secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras, tramitó un amparo en contra de 17 jueces de control del Poder Judicial (en la capital, Valles y Matehuala) para suspender la orden de captura por presunto manos manejos de recursos públicos. La propia ex funcionaria confirmó la existencia de la orden de aprehensión y detalló que agentes de seguridad visitaron su domicilio sin que ella se encontrara, no obstante, el pasado viernes José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, explicó que a nivel local no existe una investigación contra Rangel, más tarde el gobernador Ricardo Gallardo detalló que quien lleva el proceso son autoridades federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la cuenta pública del gobierno de San Luis en el área de salud.

Gallardo también dijo que su gobierno aún no ha presentado denuncias contra Rangel, pero dejó entrever que sí lo harán, por lo que los cargos contra la ex aspirante a gobernadora podrían incrementarse. La Orquesta realizó un recuento de las ocasiones en que Rangel se vio involucrada en actos que al menos levantaron sospechas y que podrían ser los que motivaron el proceso en su contra.

El pasado mes de agosto, Miguel Ángel Lutzow, quien se quedó en el lugar de Rangel al frente de la Secretaría de Salud cuando ella contendió por la gubernatura del estado, hizo público que durante la gestión de Rangel, 423 toneladas de medicamentos que debían ser entregados a hospitales de San Luis Potosí fueron retenidos sin motivo en el Almacén Central del Estado. El gobierno de Juan Manuel Carreras se desvinculó del asunto y solo afirmó que no contaba con más información al respecto.

Otro punto señalado en el actuar de Mónica Rangel, fue que en el 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos, colocándola 100 mil pesos arriba del salario del gobernador del estado; dicha situación fue reconocida por la ex funcionaria ante el Congreso del Estado, esto aunque el tabulador de dicho año estableciera un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

En el mismo año, Rangel se vio involucrada en un incidente que aún no ha sido aclarado: durante una celebración en su casa de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, el cual, según informes de la Fiscalía salió de una pluma-pistola de defensa personal, la versión oficial apunta a que ella fue quien activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando señaló a Mónica Rangel de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel “N”, quien actualmente está detenido acusado de delito de fraude genérico y asociación delictuosa. Tiempo después se supo que dichos proveedores no prestaron los servicios de mantenimiento comprometidos.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica Rangel se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

Fue en el mismo mes de agosto cuando se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado un año antes, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, pero se volvieron a comprar.

A mediados de enero de 2020, cuando se registraban en promedio 300 casos de covid-19 por día, Mónica Rangel pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en donde llegó a ocupar cargos.

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Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Destacadas

Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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