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Mónica Rangel, ¿de querer gobernar SLP a la cárcel?
La Federación investiga a la ex candidata de Morena por presunto uso indebido de recursos públicos, pero su sexenio en la Secretaría de Salud estuvo lleno de sospechas
Por: Itzel Márquez
Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí y ex secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras, tramitó un amparo en contra de 17 jueces de control del Poder Judicial (en la capital, Valles y Matehuala) para suspender la orden de captura por presunto manos manejos de recursos públicos. La propia ex funcionaria confirmó la existencia de la orden de aprehensión y detalló que agentes de seguridad visitaron su domicilio sin que ella se encontrara, no obstante, el pasado viernes José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, explicó que a nivel local no existe una investigación contra Rangel, más tarde el gobernador Ricardo Gallardo detalló que quien lleva el proceso son autoridades federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la cuenta pública del gobierno de San Luis en el área de salud.
Gallardo también dijo que su gobierno aún no ha presentado denuncias contra Rangel, pero dejó entrever que sí lo harán, por lo que los cargos contra la ex aspirante a gobernadora podrían incrementarse. La Orquesta realizó un recuento de las ocasiones en que Rangel se vio involucrada en actos que al menos levantaron sospechas y que podrían ser los que motivaron el proceso en su contra.
El pasado mes de agosto, Miguel Ángel Lutzow, quien se quedó en el lugar de Rangel al frente de la Secretaría de Salud cuando ella contendió por la gubernatura del estado, hizo público que durante la gestión de Rangel, 423 toneladas de medicamentos que debían ser entregados a hospitales de San Luis Potosí fueron retenidos sin motivo en el Almacén Central del Estado. El gobierno de Juan Manuel Carreras se desvinculó del asunto y solo afirmó que no contaba con más información al respecto.
Otro punto señalado en el actuar de Mónica Rangel, fue que en el 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos, colocándola 100 mil pesos arriba del salario del gobernador del estado; dicha situación fue reconocida por la ex funcionaria ante el Congreso del Estado, esto aunque el tabulador de dicho año estableciera un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.
En el mismo año, Rangel se vio involucrada en un incidente que aún no ha sido aclarado: durante una celebración en su casa de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, el cual, según informes de la Fiscalía salió de una pluma-pistola de defensa personal, la versión oficial apunta a que ella fue quien activó el arma.
En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando señaló a Mónica Rangel de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel “N”, quien actualmente está detenido acusado de delito de fraude genérico y asociación delictuosa. Tiempo después se supo que dichos proveedores no prestaron los servicios de mantenimiento comprometidos.
Durante agosto de 2020, cuando Mónica Rangel se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.
Fue en el mismo mes de agosto cuando se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado un año antes, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, pero se volvieron a comprar.
A mediados de enero de 2020, cuando se registraban en promedio 300 casos de covid-19 por día, Mónica Rangel pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en donde llegó a ocupar cargos.
Lee también: Gallardo asegura que la Federación va tras Mónica Rangel
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Estado anticipa monto para la UASLP en 2026: Gallardo
El monto, que se incluirá en la Ley de Egresos, será equivalente al de este año mientras se define el convenio universitario
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Secretaría de Finanzas del Estado ya tomó previsiones para garantizar el recurso que corresponderá a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2026, y adelantó que dicha cantidad será integrada desde ahora en la Ley de Egresos que enviará al Congreso del Estado.
Gallardo explicó que, aunque el convenio anual entre la UASLP y el Gobierno del Estado se firma hasta enero, esta vez se decidió anticipar el monto estimado para evitar desfases como los ocurridos este año, cuando los tiempos entre la firma del convenio y la aprobación del presupuesto no coincidieron y generaron presiones financieras para la institución.
El mandatario señaló que Finanzas partirá del mismo monto asignado este año —refiriéndose a los recursos que se destinan al inicio del ejercicio— mientras la universidad y la Federación definen la cifra exacta en su próximo convenio. Con esto, precisó, los legisladores tendrán que ajustar el presupuesto para asegurar que la cantidad prevista quede protegida en la Ley de Egresos 2025, que corresponde al ejercicio fiscal del próximo año.
Gallardo afirmó que el objetivo de esta previsión es que la UASLP arranque 2026 sin complicaciones, sin necesidad de solicitar recursos prestados durante los primeros meses del año, como ha sucedido históricamente debido a la demora en la llegada del recurso federal y estatal.
También lee: En firme pago a la UASLP; Gobierno cumplió
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FGESLP requiere 5 mdp para echar a andar Fiscalía de Búsqueda
María Manuela García dijo que el monto servirá para contratar personal y fortalecer prospecciones
Por: Redacción
Tras entregar su informe anual de labores ante la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, la fiscal María Manuela García Cázares reconoció que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí enfrenta “muchos retos”, entre ellos el más urgente: transformar la actual Unidad de Desaparecidos en una Fiscalía Especializada, como lo exige la Ley General.
La fiscal destacó que todas las áreas han estado enfocadas en judicializar carpetas y atender los casos más sensibles denunciados por la ciudadanía, aunque admitió que el avance aún es insuficiente frente a la demanda existente.
En materia financiera, García Cázares confirmó que la institución solicitará una ampliación presupuestal para 2025, derivada precisamente de los costos que implica la creación de la nueva Fiscalía de Desaparecidos: más personal, más material, más prospecciones y mayor capacidad operativa.
La ampliación solicitada asciende a 5 millones de pesos como mínimo.
También lee: De apelación a amparo: el camino legal que sigue Miguel Ángel Lutzow
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Frinné Azuara advierte recorte del 53% a la salud para SLP
La diputada señaló que la reducción presupuestal pone en riesgo la operación de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud en SLP
Por: Cristian Betancourt
La diputada local Frinné Azuara alertó sobre un recorte presupuestal para 2026 al sector salud, específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), recurso esencial para el funcionamiento de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.
Azuara explicó que este fondo es clave porque con él se pagan sueldos del personal médico, de enfermería y otros trabajadores del sector. “Trae un recorte del 53% para San Luis Potosí. Yo no sé cómo le va a hacer Bienestar y la propia Secretaría, porque con esa clave se paga al personal”, advirtió.
La legisladora señaló que el Gobierno Federal continúa realizando recortes que afectan directamente la salud de los mexicanos y advirtió que las afectaciones no solo serán salariales, sino que también alcanzarán la compra de medicamentos.
“En el FASA, que es el Fondo de Servicios de Salud, viene un recorte muy grande para San Luis Potosí. No sé cómo le va a hacer IMSS-Bienestar y la propia Secretaría de Salud, porque ahí, con esa clave, con esos recursos, se paga también al personal. Ese es un recurso que se utiliza para pago de personal. Trae un recorte del 53% para el Estado, para IMSS-Bienestar y para la Secretaría de Salud”, reiteró.
Azuara Yarzábal añadió que “no es creíble que los recortes presupuestales del Gobierno Federal sigan afectando la salud de los potosinos, de los mexicanos. Hay un recorte muy importante también a nivel nacional. Estoy revisando todavía qué repercusiones va a tener aquí sobre salud materna. Estamos viendo que la mortalidad materna se incrementó
durante estos seis, siete años y aun así le recortan a este tipo de programas”.La diputada reprochó que “es increíble que la salud no le importe al Gobierno Federal, pero a los potosinos sí nos importa, sobre todo por las repercusiones que tiene en el bolsillo de los trabajadores de la salud. Es la tercera vez que presento el exhorto sobre la aprobación que se hizo al artículo 123, sobre el salario digno de médicos, enfermeras, policías y profesores. Fue aprobado por todos los Congresos y por el Congreso de la Unión, pero por la falta de publicación del Senado no se ha hecho oficial en el Diario Oficial de la Federación para que el gobierno pueda aplicarlo”.
Azuara también denunció el desabasto de medicamentos y un recorte al abasto que calificó como “cruel para el pueblo de México”. Criticó que la Federación haya centralizado los recursos que antes manejaban los estados de manera eficiente: “Les quitan los recursos a los gobiernos estatales. Quieren hacerse responsables, pero no es cierto; a la hora de la verdad, los gobernadores son los que tienen que entrarle con el hombro”.
“Aquí afortunadamente el gobernador le ha entrado; está metiendo más dinero de lo que tendría que estar metiendo a salud y a otras áreas”, puntualizó.
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