Aunque la resolución judicial representa un avance, las comunidades señalan que no contempla el impacto ambiental generado por proyectos mineros

Por: Redacción

El pueblo wixárika que habita el Altiplano de San Luis Potosí anunció que interpondrá un recurso de revisión contra la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito, que recientemente anuló 44 concesiones mineras dentro de Wirikuta.

Aunque la sentencia fue considerada un avance, las comunidades señalaron que resulta insuficiente, ya que no contempla medidas para frenar el impacto de proyectos mineros ubicados fuera del polígono protegido, pero que —afirman— sí generan afectaciones ambientales en la región.

De acuerdo con los habitantes, existen permisos vinculados a empresas como First Majestic y Industrial Minera México, con operaciones en municipios como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala, donde se extraen minerales como oro, plata, cobre y zinc.

A través del recurso legal, el pueblo wixárika buscará que se analicen temas como la sobreexplotación de acuíferos y la posible incompatibilidad de la actividad minera con la conservación del territorio sagrado.

Las comunidades advierten que estas actividades representan riesgos de contaminación ambiental y una amenaza directa a su patrimonio cultural, el cual ha sido reconocido a nivel internacional por la UNESCO.

Finalmente, reiteraron su intención de que la protección de Wirikuta sea elevada a rango federal, con el objetivo de garantizar una salvaguarda integral de la Sierra de Catorce y su bajío.

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El acuerdo contempla mantener un abasto constante de agua, utilizando infraestructura ya instalada que permite su conducción y distribución hacia la industria energética

Por: Redacción

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de reforzar la colaboración con instancias federales, la Comisión Estatal del Agua (CEA) sostuvo una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar continuidad al suministro de agua residual tratada a la central termoeléctrica de Villa de Reyes. Este esfuerzo refleja un impulso sin límites al aprovechamiento responsable del recurso hídrico en procesos industriales.

Durante el encuentro, se acordó mantener el abasto constante de agua tratada proveniente de la planta Tan que Tenorio,

mediante infraestructura ya establecida que permite su conducción y distribución eficiente. Esta práctica contribuye a reducir el uso de agua potable en la generación de energía, al tiempo que optimiza el manejo del recurso en la zona.

La coordinación entre ambas instancias también fortalece la capacidad operativa del sistema energético y fomenta esquemas más responsables con el entorno, acompañando el cambio que se vive y se siente con soluciones que equilibran el desarrollo industrial con el cuidado del agua.

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La propuesta gira en torno a establecer un marco normativo actualizado, claro y efectivo contra estas conductas

Por: Redacción

La diputada Diana Ruelas Gaitán propuso una iniciativa para reformar disposiciones del Código Penal del Estado, con el fin de que San Luis Potosí tenga un marco normativo actualizado, claro y efectivo que permita prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en todas sus formas.

El delito de acoso sexual tiene una penalidad de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, misma que se propone incrementar de tres a cinco años de prisión, así como de 300 a 500 días multa, con base en el valor de la unidad de medida y actualización, en los casos de que la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.

Además, cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima

; cuando se incumplan medidas de protección, órdenes de restricción o cualquier disposición dictada por autoridad competente para salvaguardar a la víctima.

Si el acosador es servidor público o docente, y se vale de medios o circunstancias que el cargo le proporciona, en cuyo caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

En caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos, se impondrá prisión de tres a siete años.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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