Sistema Operativo

Hace unas semanas abrí una sesión nueva de Claude Cowork —la herramienta de IA con la que administro archivos y automatizaciones para varias cuentas de clientes— y algo que llevaba meses funcionando dejó de hacerlo. La sesión no leía la carpeta del proyecto. No aparecía la memoria de conversaciones anteriores. Hice lo que cualquiera haría: revisé permisos, reinicié, probé otra vez y reporté un error. Solo después entendí que no había ningún error. Las sesiones nuevas habían empezado a correr en un modo distinto —remoto en vez de local— y nadie me lo explicó a tiempo.

No es un problema de una herramienta de nicho. Le pasa a cualquier app que un día te exige un paso extra que antes no pedía, sin decirte por qué. La mayoría de esos cambios ni siquiera son un error del proveedor: son una decisión de producto, tomada en otro lado, que a ti te llega disfrazada de “algo se rompió”. En mi caso, la explicación sí existía: la documentación técnica de Cowork describe el cambio —sesiones nuevas en la nube por defecto, modo local conservado para instalaciones existentes— pero vivía en un documento que nadie lee antes de que el problema aparezca. El ícono en pantalla decía “Cloud”. Lo que no decía era desde cuándo, por qué, ni qué pasaba con mis archivos mientras tanto, ni cómo regresar al modo anterior si lo necesitaba.

1. La seguridad no desaparece, se muda de lugar

Llevo semanas notando algo parecido en mi banco. Antes, el código para autorizar una transferencia llegaba por SMS —tan práctico que hasta se rellenaba solo al llegar, sin cambiar de pantalla—. Ahora llega como notificación dentro de la app: si no memorizas los seis dígitos a tiempo y te vas a revisarla, la propia app te saca de donde estabas y tienes que empezar de nuevo. Cuento de nunca acabar. Nadie en el banco me explicó el cambio, pero la fecha coincide con algo que sí puedo rastrear: desde el 9 de enero, toda línea telefónica en México debe estar vinculada a una identidad verificada ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y en agosto empezaron las primeras suspensiones escalonadas de líneas sin registrar. Un SMS depende de que la operadora te lo entregue y de que tu línea siga vigente; meter el código dentro de la app le quita al banco esa dependencia. Es una hipótesis razonable, no una que el banco me haya confirmado —y probablemente por eso mismo nadie se molestó en explicármela.

Hay una razón legítima detrás de este tipo de cambios: casi nadie quiere convertirse en administrador de sistemas cada vez que abre una app, y las guías de seguridad más serias piden justo eso, que un producto sea seguro por defecto sin depender de que el usuario configure nada. La agencia estadounidense de ciberseguridad lo resume así en su guía de referencia: “la complejidad de configurar la seguridad no debería ser un problema del cliente” (CISA, Secure by Design).

Pero mover dónde vive un candado —de una red que no controlas a una app que sí, de tu equipo a un servidor ajeno— no es activar una casilla menor: cambia quién procesa la información, qué tanto puedes ver de ese recorrido y qué pasa si algo falla en el camino. La seguridad no desaparece; se redistribuye. Baja el riesgo de que alguien intercepte un SMS o de que una línea suspendida te deje fuera de tu propio dinero. Sube la importancia de que ese candado nuevo, dentro de la app, funcione bien y no te expulse de lo que estabas haciendo. Cuando una empresa mueve esa frontera, no basta con decir que tomó la mejor decisión. Tiene que explicar qué riesgo bajó y qué riesgo nuevo apareció, aunque ese riesgo nuevo sea más difícil de explicar en una sola frase que el que acaba de resolver.

2. Por qué el primer síntoma siempre parece un bug

Si un producto siempre funcionó de una manera y de pronto deja de leer tus archivos, sospechar de un error es lo más razonable del mundo. Eso es justo lo que documenta la investigación sobre automatización cuando habla de “sorpresas de modo”: el sistema cambia de estado o de autoridad, pero la persona no se entera. Ve el efecto, no la decisión que lo produjo (USENIX, sobre actualizaciones automáticas y sus consecuencias no previstas). El resultado es una forma cara de confusión: en vez de trabajar, terminas investigando si el problema está en tus archivos, en tus permisos, en la app o en tu conexión.

Ahí el soporte técnico tiene una oportunidad, y casi siempre la desperdicia. Bastaría con una respuesta simple: no es un bug, así cambió el sistema, y así lo regresas. En mi caso esa respuesta no apareció en la app ni en el primer canal de ayuda; la encontré horas después, buscando en otro lado. Tuve que salir del producto para entender el producto, y eso ya dice algo sobre qué tan bien se comunicó el cambio: si la explicación correcta no está donde ocurre el problema, el soporte no es una capa aparte de mala suerte, es la prueba de que el aviso nunca llegó a tiempo.

3. Lo que realmente cuesta no avisar

Una actualización silenciosa puede mejorar el estado técnico inmediato y, al mismo tiempo, deteriorar la relación con la siguiente actualización. Si algo cambia sin avisarte una vez, aprendes una regla defensiva: cualquier actualización te puede quitar control sin que te enteres. La próxima vez dudas más, buscas versiones anteriores o ignoras avisos que sí importaban. Esa desconfianza no es un detalle de marca, es infraestructura: un usuario que entiende lo que pasa puede cooperar con una protección nueva; uno que se siente sorprendido empieza a protegerse del producto mismo.

La solución no es pedir permiso para cada parche —eso volvería la protección otra carga—. Es que todo cambio que toque tus archivos, tus permisos o dónde corre el sistema venga con lo mínimo: qué cambió, por qué, qué opciones conservas y cómo regresas al estado anterior si lo necesitas. La prueba de si un producto cumplió con eso es sencilla: después del cambio, ¿la persona puede explicar qué pasó y recuperar el control en menos de un minuto? Si no puede, el problema no es que “no entienda de tecnología”. El problema es que el producto nunca hizo visible su nueva autoridad.

Yo terminé encontrando la explicación de Cowork en un documento técnico que nadie me había señalado, no en la propia herramienta. La del banco todavía la estoy armando por mi cuenta, atando una fecha con una noticia. La próxima vez que algo cambie “por tu seguridad” sin decírtelo del todo —en tu banco, en tu herramienta de trabajo, en cualquier candado que uses todos los días sin pensarlo—, la pregunta no es solo si la decisión fue correcta. Es si tú, cuando te toque, vas a poder explicar qué pasó, o si también vas a terminar resignándote a un error que en realidad era una decisión que alguien más tomó por ti.

Versión completa y fuentes adicionales del artículo original: “No era un bug: era tu software cambiando las reglas sin avisar.”

SERENDIPIA

Por Víctor Ezequiel/X: @MrVictorHdz 

En la primera parte de esta reflexión hablábamos de lo que la reforma al Poder Judicial prometió cambiar y de aquello que, después de un año de implementación, todavía permanece pendiente. Hoy vale la pena hablar de algo mucho más concreto: qué ocurre cuando los problemas de un órgano jurisdiccional llegan al límite y la solución institucional vuelve a parecerse demasiado a la de antes.

Hace apenas unas semanas, trabajadores de un Juzgado de Distrito en San Luis Potosí salieron a manifestarse frente a su centro de trabajo. De acuerdo con los testimonios difundidos públicamente, denunciaron presuntos malos tratos, hostigamiento laboral, cargas excesivas y jornadas que llegarían a superar las quince horas diarias. También señalaron que existen quejas en investigación y una demanda laboral promovida por integrantes del cuerpo actuarial.

No corresponde a esta columna determinar si todas esas acusaciones son ciertas. Para eso existen procedimientos de investigación y las autoridades competentes. Pero sí corresponde hacer una pregunta: ¿qué hace una institución cuando un grupo considerable de sus propios trabajadores afirma que algo no está funcionando?

Porque el problema no termina en la puerta del juzgado.

Cuando un órgano jurisdiccional tiene una elevada rotación de personal, ausencias, sobrecarga de trabajo o conflictos internos, la primera consecuencia puede sufrirla el propio trabajador. La segunda, aunque muchas veces pase inadvertida, la recibe el ciudadano que lleva meses o años esperando una resolución.

Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la transformación judicial: podemos cambiar el nombre de las instituciones, modificar su estructura, elegir nuevos titulares y diseñar nuevos mecanismos de evaluación, pero si dejamos intactos los problemas que ocurren detrás del escritorio, el ciudadano seguirá esperando justicia en la misma silla.

Durante años, una de las respuestas institucionales frente a problemas con determinados titulares fue la readscripción. Es decir, mover a la persona de un órgano a otro.

Una especie de solución administrativa que, vista con cierto sarcasmo, podría resumirse así: si el problema está en la habitación, cambiemos los muebles de lugar.

El inconveniente es evidente: cambiar de lugar a una persona no necesariamente cambia las circunstancias que originaron el problema.

Y justamente por eso llama la atención que, en pleno proceso de transformación del Poder Judicial de la Federación, el Órgano de Administración Judicial haya aprobado nuevas readscripciones de jueces y magistrados.

El acuerdo comunicado el 9 de septiembre contempla diversos movimientos, entre ellos jueces trasladados entre entidades y órganos jurisdiccionales, así como magistrados que cambian de tribunal. Los efectos de varias de estas determinaciones comienzan el 17 de septiembre.

Aclaremos algo: una readscripción no es, por sí misma, una sanción. Puede responder a necesidades de organización, cargas de trabajo, vacantes, especialización u otras razones administrativas. No sería correcto afirmar lo contrario.

El problema aparece cuando la readscripción se utiliza como sustituto de una investigación que debería determinar responsabilidades.

Porque si existen señalamientos contra un titular, lo que esperan los trabajadores no es necesariamente que esa persona sea enviada a otra ciudad. Lo que esperan es saber si las acusaciones tienen fundamento, quién debe responder por ellas y qué medidas deben adoptarse para que el problema no vuelva a repetirse.

Y aquí la reforma enfrenta una prueba importante.

El nuevo modelo prometió mayor evaluación, mayor vigilancia y mejores mecanismos para detectar malas prácticas. Entonces, si un órgano presenta denuncias reiteradas, la respuesta no puede limitarse a mover las piezas del tablero.

El Órgano de Administración Judicial tiene ahora una responsabilidad mucho mayor que simplemente administrar plazas.

Tiene que administrar personas, recursos, cargas de trabajo y, sobre todo, las condiciones necesarias para que los órganos jurisdiccionales funcionen correctamente.

Porque también hay una víctima silenciosa de estos conflictos: el justiciable.

Quien presenta una demanda no debería tener que preguntarse si el personal del juzgado podrá atenderla. Quien espera una sentencia no debería pagar las consecuencias de una mala organización administrativa. Y quien acude a un tribunal tiene derecho a esperar que detrás de la puerta exista un equipo que pueda trabajar en condiciones dignas y razonables.

Por eso resulta insuficiente hablar únicamente de jueces y magistrados.

La independencia judicial también se construye desde abajo.

Un secretario que teme represalias, un actuario saturado, un oficial judicial que acumula funciones, un técnico que trabaja con equipo insuficiente o una persona que debe permanecer quince horas en una oficina no representan simplemente un problema laboral. Son señales de que algo en la organización del servicio de justicia necesita ser revisado.

Y hay algo todavía más incómodo.

Si la nueva estructura pretende ser distinta a la anterior, no puede reproducir automáticamente sus viejas soluciones.

No tendría sentido haber realizado una reforma constitucional de semejante magnitud, una elección judicial y una reestructuración administrativa para terminar utilizando exactamente las mismas recetas que durante años fueron cuestionadas.

Cambiar las piezas puede ser necesario.

Investigar por qué se mueve cada pieza es indispensable.

No se trata de proteger a un trabajador frente a un juez, ni a un juez frente a sus trabajadores. Se trata de que existan reglas claras para ambos.

Si hay una denuncia, que se investigue.

Si no hay responsabilidad, que se determine.

Si existe responsabilidad, que se sancione conforme a derecho.

Y si el problema es estructural, que se corrija la estructura.

Lo que no puede ocurrir es que cada conflicto termine convertido en un juego de ajedrez administrativo en el que el Órgano de Administración Judicial decide qué pieza mover, a qué casilla enviarla y quién ocupará el espacio que deja.

Porque detrás de cada pieza hay una persona.

Y detrás de cada expediente hay otra.

Culto público, quizá esta sea una de las mejores pruebas para saber si la reforma realmente está cambiando al Poder Judicial: no observar únicamente quién ocupa los cargos, sino qué ocurre cuando alguien denuncia que algo está funcionando mal.

La justicia no será más independiente porque cambiemos a un juez de ciudad.

Será más independiente cuando ningún trabajador tenga que salir a la calle para ser escuchado, cuando cualquier denuncia sea investigada con seriedad y cuando ningún justiciable tenga que esperar más de lo razonable porque la institución no pudo resolver sus propios problemas internos.

La reforma ya cambió las reglas del juego.

Ahora falta demostrar que también cambió la manera de jugarlo.

Porque mover las piezas puede ser administración.

Resolver el problema es gobernanza.

Y eso, precisamente, es lo que todavía está pendiente.

También lee: A dos años de la reforma al Poder Judicial y un año de su implementación: ¿qué estuvo bien?, ¿qué estuvo mal? y ¿qué sigue? | Columna de Víctor Ezequiel

APUNTES

Por: Jorge Saldaña

Culto Público: El pasado fin de semana un columnista de nombre Ricardo Sevilla y sus notorios aliados, aseguraron que la senadora Ruth González utilizó 27 veces el jet N87VM para asistir a las sesiones de la cámara alta.

Además, entre los guionistas creadores del “Me asfixio en el Túnel de Ogarrio oigameeee” también afirmaron (con la cara dura) que los vuelos fueron supuestamente pagados por las arcas públicas y casi, casi el avión tenía pacto con Satán.

Como siempre, eso suena escandaloso. El pequeño problema es que el periodista no sostiene con documentos sus escritos.

Entonces la fórmula es hacer el escándalo sin sustento, se lo creen como real y así lo transmiten y repiten.

Qué risa. Pero bueno, como diría la máxima obradorista: Nosotros no somos iguales

Nosotros sí revisamos los 56 movimientos de la aeronave entre febrero y abril de 2026 y los cruzamos con los registros oficiales del Senado.

¿Resultado? De las 27 fechas que “asegura” Sevilla, solo 12 (menos de la mitad que anunció el columnista) coinciden en días en las que la aeronave voló…pero ¿qué cree?*

De esas 12, solo en seis fechas hay trayectos (VERIFICADOS por la AAF de Estados Unidos) entre San Luis Potosí y Toluca (De donde dice la senadora toma un helicóptero al que identifica por marca pero no por matrícula)

Pero atención mi Culto Público, hay algo importante: ninguna de esas seis coincidencias demuestran que Ruth viajara en el avión.

Flightradar24 (Fuente registral fidedigna y con registros puntuales de décadas en materia de aviación) si registra un jet, una matrícula, ruta y horarios, pero no publica la lista de pasajeros.

Entonces, confundir que una aeronave voló con afirmar que la senadora iba de pasajera, es como ver un taxi que va a un gimnasio, apuntar su placa y asegurar que el pasajero era el Canelo Álvarez.

Además, y esto es de risa loca, hay casos todavía más incómodos para la novela.

Mientras el Senado registraba la asistencia de Ruth a las sesiones, el jet N87VM volaba hacia Los Cabos, Manzanillo, Ciudad Victoria, Silao, Tampico o Guadalajara. Y yo sí lo puedo demostrar con documentos.

El 10 de marzo, por ejemplo, ella inauguró a las 10:00 am la Semana Cultural de San Luis Potosí en el Senado y hay docenas de fotos y 128 senadores de testigos…pero el avión no estaba en México y eso lo cuenta Sevilla como “prueba del uso de jets privados con recurso público” (nada coincide, no tiene documentos, no tiene un cruce documental de fechas de vuelos contra sesiones del senado, no tiene facturas, rentas, comprobantes o al menos una foto de la senadora usando el avión)

Cometer el mismo desparpajo informativo que Sevilla y sus apóstoles no va conmigo, y lo digo porque algunas versiones dan por hecho que la aeronave pertenece a la familia De los Santos.

Sin embargo, aunque es una teoría muy buena, la FAA identifica como propietario registral del jet a Bank of Utah Trustee, que es una entidad fiduciaria, por lo tanto todavía no podemos asegurar quién es “el dueño” o dueños o empresa que lo alquile, use o preste, en su caso.

Entonces, sin prueba de la propiedad del avión y su usuario, convertir a Ruth en propietaria, arrendataria y pasajera, es de plano un exceso de alucinaciones.

Lo que sí existe en absoluto contraste, son fotografías donde la matrícula del aparato que aparece en el traslado de Vicente Fox, recibido por el entorno de Marcelo de los Santos, el mes pasado. Eso prueba su uso, pero no propiedad.

Ese es precisamente el rigor que Sevilla olvidó aplicar.

Y si investigamos un poco su trayectoria, se hace evidente que nunca ha tenido ese rigor básico en el periodismo, y si no me creen pues que le pregunten a Enrique Krauze sobre las historias que se ha inventado este sujeto y que, con pruebas, lo han exhibido como…(iba a decir mentiroso, pero dejémoslo en “no confiable”).

Además la ironía del nombre de su programa en YouTube es deliciosa: se llama “datos duros”.

A una suma de conjeturas, sin matriz, lista de pasajeros, contratos ni documentos, pues no se les puede llamar datos duros…a menos que ellos confundan el concreto con la gelatina.

¿Quién va a creerles? Tal vez los loritos acostumbrados a repetir cualquier barbaridad cuando desde la Huasteca les agitan la bolsita de semillas.

Los demás, pues los demás preferimos documentos.

Yo soy Jorge Saldaña

La Orquesta publica la documentación utilizada para sostener lo que aquí se afirma. Los archivos se presentan íntegros para que cualquier lector pueda revisar los datos, reproducir los cruces y detectar posibles errores.

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