Apuntes

Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:

En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.

La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.

El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.

Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.

Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.

Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.

Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.

“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.

Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?

Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.

Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.

Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.

Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.

El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.

Yo soy Jorge Saldaña.

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Un juez federal es cuestionado por sus resoluciones, suspendido, investigado penalmente y enfrenta la posibilidad de perder definitivamente su cargo. Para unos, es un ejemplo de que nadie debe estar por encima de la ley; para otros, una señal de lo que puede ocurrirle a quien dicta resoluciones contrarias a las expectativas del poder político. El caso de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez penal federal en Colima, obliga a examinar ambas posibilidades sin convertir la indignación en sentencia.

¿Qué hizo y por qué lo investigan?

En octubre de 2025, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a Sigales, convirtiéndolo en el primer juzgador apartado por ese órgano. El procedimiento disciplinario se relaciona, principalmente, con cuatro procedimientos abreviados de 2022 en los que redujo penas acordadas entre la Fiscalía General de la República y personas acusadas de delitos relacionados con armas y drogas.

La postura institucional sostiene que el juez modificó indebidamente sanciones negociadas entre las partes. Según los antecedentes difundidos por el órgano disciplinario, tribunales de alzada corrigieron esas resoluciones por considerarlas contrarias a derecho. Si se acredita que un juzgador excedió deliberadamente sus facultades, la independencia judicial no puede servir de escudo para cualquier conducta.

Pero existe una diferencia fundamental: que una resolución sea revocada no demuestra, por sí mismo, que su autor haya cometido una falta administrativa grave o un delito. Los tribunales revisan decisiones precisamente porque los jueces pueden equivocarse. Para imponer una sanción personal deben acreditarse los elementos de la infracción correspondiente, no solamente la existencia de un desacuerdo jurídico.

En octubre de 2026, el conflicto escaló con la intervención de la FGR por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia. La acusación debe investigarse y resolverse mediante el debido proceso; no equivale a una declaración de culpabilidad.

La sospecha de persecución no aparece de la nada

La defensa y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denuncian persecución institucional. Entre sus argumentos están la duración de la suspensión, presuntas irregularidades en el procedimiento que la originó y dificultades para acceder a documentos del expediente. También cuestionan que decisiones jurisdiccionales terminen en una causa penal.

El contexto alimenta esas sospechas: la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció haber solicitado que se investigara al juez después de una resolución que generó controversia pública. Además, Sigales ha afirmado que inaplicó la prisión preventiva oficiosa en numerosas causas, invocando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto último importa. En diciembre de 2023 se publicó jurisprudencia de un tribunal colegiado que consideró posible, mediante interpretación conforme y pro persona, armonizar el artículo 19 constitucional con el fallo interamericano que cuestionó la imposición automática de esa medida. No significa que cualquier juez pueda ignorar sin más el texto constitucional, pero sí demuestra que el debate jurídico existe y no puede despacharse como una simple ocurrencia.

La intervención pública del Ejecutivo, seguida de consecuencias disciplinarias contra un juez cuyas decisiones le resultaron controvertidas, justifica exigir explicaciones y transparencia. Sin embargo, tampoco demuestra por sí sola que exista persecución política. Para sostener esa conclusión deben examinarse las pruebas, los plazos, las competencias y la motivación de cada actuación.

¿Y la prisión preventiva en el caso que encendió la polémica?

Aquí conviene evitar otro atajo. Que una persona sea detenida con armas o drogas no significa que deba permanecer en prisión preventiva justificada automáticamente. Esa medida requiere analizar los riesgos procesales y la necesidad de cautela, cuando ese sea el régimen aplicable.

Distinto es el supuesto de prisión preventiva oficiosa, prevista constitucionalmente para determinados delitos, cuya aplicación ha generado una controversia jurídica nacional e internacional. Para saber si Sigales actuó correctamente en el caso concreto necesitamos conocer los delitos imputados, los datos expuestos por el Ministerio Público, las solicitudes formuladas y la resolución completa. Sin ese expediente, afirmar que la detención estaba perfectamente justificada o que el juez necesariamente debía liberar al imputado sería especular.

La reforma y el mensaje para la carrera judicial

La reforma judicial prometió combatir abusos y mejorar la impartición de justicia. Esa finalidad es legítima. Históricamente han existido juzgadores que utilizan sus facultades de manera indebida, y la sociedad tiene derecho a exigir rendición de cuentas.

Pero el remedio puede convertirse en otro problema si los órganos disciplinarios actúan sin garantías suficientes. La preocupación crece en un gremio donde también se cuestionan propuestas de evaluación que podrían terminar en separaciones de personal de carrera. Esa preocupación debe contrastarse con los términos oficiales de la evaluación: capacitar y actualizar no es lo mismo que utilizar una prueba como mecanismo de depuración.

Un sistema que castiga los abusos protege a la sociedad. Uno que permite castigar criterios incómodos pone en riesgo la posibilidad de que un juez resuelva contra los intereses de cualquier autoridad.

¿Quién vigila a quienes vigilan?

El caso Sigales no debe resolverse mediante aplausos a la presidencia ni mediante una defensa automática de los jueces. El TDJ debe explicar sus decisiones, respetar el derecho de defensa y acreditar las conductas imputadas. La defensa, por su parte, debe responder a los señalamientos con argumentos y pruebas.

La independencia judicial no significa impunidad; la disciplina tampoco significa obediencia política. Y cuando una institución puede suspender, investigar y eventualmente destituir a quien juzga, sus procedimientos deben ser especialmente rigurosos.

El verdadero problema no es que un juez pueda ser sancionado, sino que la ciudadanía no pueda distinguir si fue sancionado por violar la ley o por incomodar al poder. Esa diferencia no se resuelve con discursos: se demuestra con expedientes, reglas claras y decisiones debidamente fundadas y motivadas.

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Apuntes

Culto Público, hijos de mis desvelos:

Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.

Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?

“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”

Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.

Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.

El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.

Ambos creen su verdad.

En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.

Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.

Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural

Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.

El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.

El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.

Unos le ponen números, pero no se trata de números.

Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.

Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.

Si suben y escalan los tonos era de esperarse.

Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.

Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.

Yo soy Jorge Saldaña.

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