mayo 26, 2026

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“Los van a robar y perderán todo”, advierten a comuneros de San Juan

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Ejidatarios de la Garita aconsejan a comuneros de San Juan de Guadalupe que tengan cuidado con la cesión de terrenos para “El Chato” López

Por: Redacción

El 12 de enero del año pasado, un Juicio Agrario resolvió que los ejidatarios de la Garita de Jalisco habían perdido todos su derechos agrarios en esa zona de la ciudad, pues habían cedido 620 hectáreas en favor de las empresas Desarrollo del Pedregal de San Luis, SA de CV y Lomas de La Garita del Centro, SA de CV, propiedad de Vicente Rangel y Carlos “El Chato” López Medina.

Según ejidatarios que habían demandado la nulidad de la inscripción de la Sociedad Mercantil Desarrollo del Pedregal y Lomas de la Garita y la aportación del 1.17 del porcentaje de tierras de uso común ante el Registro Agrario Nacional; “de manera despiadada”, las autoridades judiciales establecieron respecto a la formación de la Sociedad Mercantil Desarrollo del Pedregal, así como Residencial La Tenería y Lomas de la Garita, propiedad de Vicente Rangel y Carlos López Medina, que al haber aportado tierras de uso común a dicha sociedad, automáticamente dejaron de ser ejidatarios sus antecesores y ellos mismos, para convertirse en socios, sujetos al derecho mercantil.

La demanda fue realizada por José Guadalupe Leyva, Cleotilde Tovar Hernández, Felipe de Jesús Leyva Pitones, Eduardo Leyva Leyva y María Elena Cerda. En lugar de lo que buscaban, la nulidad de la inscripción de ambas empresas, el Tribunal Agrario y el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Noveno Circuito, establecieron que sus padres -ya fallecidos- sí aportaron tierras en favor de esas empresas y con esto dejaron de ser ejidatarios, tanto ellos como sus descendientes.

“Resultó procedente la acción reconvencional de falta de legitimación de los actores, opuesta por la licenciada Alma Rosa Zúñiga Casillas, en representación de las sociedades mercantiles “Desarrollo del Pedregal de San Luis”, S. A  de C. V., y “ Lomas de La Garita del Centro”. S. A de C. V., por ello se declara que los actores (quienes demandaron) no tienen ningún derecho agrario en el ejido Garita de Jalisco, toda vez que sus antecesores cedieron los derechos de ejidatarios a favor de las sociedades mercantiles antes citadas en términos del artículo 20 fracción I, de la Ley Agraria y como consecuencia de ello la calidad ejidatarios; por ello resulta procedente declarar la nulidad de los juicio. Por su parte, María Elena Cerda Martínez, también cedió sus derechos ejidales a favor de las sociedades mercantiles, por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta Sentencia”, fue lo que definieron los tribunales.

Al respecto, el ejidatario de la Garita de Jalisco, Héctor Leyva, quien fue de los pocos que no aportó, señala que los empresarios Vicente Rangel y “El Chato” López obligaron en aquel tiempo a los ejidatarios que no aceptaron a formar parte de las sociedades, a ser parte de las mismas.

 

“Dijeron que los acuerdos eran válidos para ausentes y disidentes, consignaron acciones y unas ganancias absurdas”, comentó.

“Por eso le decimos a los comuneros de San Juan de Guadalupe que no aprueben esa aportación, los van a robar y perderán todo”.

 

Los padres de los que fueron ejidatarios solo levantaron la mano para votar, entregaron sus tierras y luego recibieron ganancias microscópicas y a cuentagotas. A partir del 2003, los liquidaron con lotes comprados luego a precios irrisorios por coyotes empleados por los desarrolladores, como los tristemente célebres “El Moro” o “El Rodrigo”.

“La mayoría de los ejidatarios murió en la pobreza y los grandes corruptos como el excomisariado Elías Saucedo, quien entregó los terrenos conocidos como el Tlahuizcan en el año 2003 y luego en el 2004, se jacta de su “inteligencia” por haber negociado por millones el espacio donde hoy se encuentra el Centro de Convenciones y los desarrollos inmobiliarios más caros del centro del país”, explicó Héctor Leyva a La Orquesta.

 

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Ni cacería ni periodistas: El riesgo de consagrar la calumnia anónima

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El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber

 

 

En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.

Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.

Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.

El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.

Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.

Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.

Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.

Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.

Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.

En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.

Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.

Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.

Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.

Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.

Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.

Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.

El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.

De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.

Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.

Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.

Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.

No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.

El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.

De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.

Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.

Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.

Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX

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Atención profesional de autismo en Centro LIBEMOR

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LIBEMOR: Un espacio dedicado al desarrollo emocional de niñas y niños

Por: Redacción

Con el propósito de brindar un espacio y atención profesional al desarrollo emocional y neuropsicológico de niñas y niños potosinos, el Centro LIBEMOR abre sus puertas para ofrecer un enfoque integral y humano a la comunidad infantil que presenta y desarrolla algunas sintomatologías y otras relacionada con el Autismo, manifestó su Directora General Jessica Ivonne Díaz de León Bugdud.

Destacó la profesionista con maestría y diplomados en Atención Psicológica en el tratamiento y atención oportuna del Autismo, que la experiencia ha demostrado que vivimos en una sociedad donde muchos padres de familia se enteran de manera tardía de que alguno de sus hijos sufre y padece comportamientos derivados del Autismo.

Esto ha generado, señaló la profesionista, una relativa incorporación de niñas y niños al ámbito social y educativo. Jessica Díaz de León destacó que el autismo provoca aislamiento y comportamientos diferentes a los demás

, sin embargo, tratado en tiempo y forma, su inclusión o su adaptación al entorno social se desarrolla de manera sana y natural.

El nuevo Centro LIBEMOR, estará ubicado en Cañada de Ermita No. 108 en Lomas del Tecnológico en San Luis Potosí en horario de atención corrido a partir de las 9.00 horas y hasta las 20 hrs.

Este espacio de vínculo con la sociedad potosina, se pondrá en marcha a partir de las 11.00 horas AM del sábado 30 de mayo de este año y estarán presentes autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular SEER, así como directores, maestras, maestros y representantes de planteles educativos.

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Ayuntamiento de SLP

Encabeza Enrique Galindo las mejoras de la Colonia Obispado

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El alcalde acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua

Por: Redacción

En la Colonia Obispado, el sitio 566 que visita el Programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una serie de trabajos para mejorar las condiciones de esa zona de la ciudad, además de escuchar y dar respuesta a peticiones de la población en materia de infraestructura y servicios.

Con el respaldo de los vecinos, trabajadores municipales hicieron labores de limpieza, poda de árboles y arreglo de áreas verdes, pintura de señalética y rehabilitación del alumbrado público, entre otras.

En un recorrido por la zona, Enrique Galindo acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua de 34 a 38 litros por segundo, con lo que mejoró el abasto a esta y otras colonias aledañas.

Asimismo, en respuesta a la petición de varios vecinos, Galindo Ceballos giró instrucciones para que la Dirección de Obras Públicas atendiera problemas de bacheo en diversas calles de la colonia.

Durante la jornada, la Instancia Municipal de las Mujeres ofreció servicios de orientación y asesoría contra la violencia familiar; mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Pública atendió peticiones para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos para mayor tranquilidad de las familias que habitan este sector de la Capital.

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Opinión

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