Ciudad
“Los van a robar y perderán todo”, advierten a comuneros de San Juan
Ejidatarios de la Garita aconsejan a comuneros de San Juan de Guadalupe que tengan cuidado con la cesión de terrenos para “El Chato” López
Por: Redacción
El 12 de enero del año pasado, un Juicio Agrario resolvió que los ejidatarios de la Garita de Jalisco habían perdido todos su derechos agrarios en esa zona de la ciudad, pues habían cedido 620 hectáreas en favor de las empresas Desarrollo del Pedregal de San Luis, SA de CV y Lomas de La Garita del Centro, SA de CV, propiedad de Vicente Rangel y Carlos “El Chato” López Medina.
Según ejidatarios que habían demandado la nulidad de la inscripción de la Sociedad Mercantil Desarrollo del Pedregal y Lomas de la Garita y la aportación del 1.17 del porcentaje de tierras de uso común ante el Registro Agrario Nacional; “de manera despiadada”, las autoridades judiciales establecieron respecto a la formación de la Sociedad Mercantil Desarrollo del Pedregal, así como Residencial La Tenería y Lomas de la Garita, propiedad de Vicente Rangel y Carlos López Medina, que al haber aportado tierras de uso común a dicha sociedad, automáticamente dejaron de ser ejidatarios sus antecesores y ellos mismos, para convertirse en socios, sujetos al derecho mercantil.
La demanda fue realizada por José Guadalupe Leyva, Cleotilde Tovar Hernández, Felipe de Jesús Leyva Pitones, Eduardo Leyva Leyva y María Elena Cerda. En lugar de lo que buscaban, la nulidad de la inscripción de ambas empresas, el Tribunal Agrario y el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Noveno Circuito, establecieron que sus padres -ya fallecidos- sí aportaron tierras en favor de esas empresas y con esto dejaron de ser ejidatarios, tanto ellos como sus descendientes.
“Resultó procedente la acción reconvencional de falta de legitimación de los actores, opuesta por la licenciada Alma Rosa Zúñiga Casillas, en representación de las sociedades mercantiles “Desarrollo del Pedregal de San Luis”, S. A de C. V., y “ Lomas de La Garita del Centro”. S. A de C. V., por ello se declara que los actores (quienes demandaron) no tienen ningún derecho agrario en el ejido Garita de Jalisco, toda vez que sus antecesores cedieron los derechos de ejidatarios a favor de las sociedades mercantiles antes citadas en términos del artículo 20 fracción I, de la Ley Agraria y como consecuencia de ello la calidad ejidatarios; por ello resulta procedente declarar la nulidad de los juicio. Por su parte, María Elena Cerda Martínez, también cedió sus derechos ejidales a favor de las sociedades mercantiles, por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta Sentencia”, fue lo que definieron los tribunales.
Al respecto, el ejidatario de la Garita de Jalisco, Héctor Leyva, quien fue de los pocos que no aportó, señala que los empresarios Vicente Rangel y “El Chato” López obligaron en aquel tiempo a los ejidatarios que no aceptaron a formar parte de las sociedades, a ser parte de las mismas.
“Dijeron que los acuerdos eran válidos para ausentes y disidentes, consignaron acciones y unas ganancias absurdas”, comentó.
“Por eso le decimos a los comuneros de San Juan de Guadalupe que no aprueben esa aportación, los van a robar y perderán todo”.
Los padres de los que fueron ejidatarios solo levantaron la mano para votar, entregaron sus tierras y luego recibieron ganancias microscópicas y a cuentagotas. A partir del 2003, los liquidaron con lotes comprados luego a precios irrisorios por coyotes empleados por los desarrolladores, como los tristemente célebres “El Moro” o “El Rodrigo”.
“La mayoría de los ejidatarios murió en la pobreza y los grandes corruptos como el excomisariado Elías Saucedo, quien entregó los terrenos conocidos como el Tlahuizcan en el año 2003 y luego en el 2004, se jacta de su “inteligencia” por haber negociado por millones el espacio donde hoy se encuentra el Centro de Convenciones y los desarrollos inmobiliarios más caros del centro del país”, explicó Héctor Leyva a La Orquesta.
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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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Patricia Aradillas destacó que el objetivo del campamento es brindar a la niñez la oportunidad de vivir unas vacaciones diferentes
Por: Redacción
Con el objetivo de ofrecer a la niñez espacios seguros de aprendizaje, recreación y desarrollo integral durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos inauguró el Campamento de Verano 2026
Durante el acto inaugural, la presidenta concejal, Patricia Aradillas destacó que el objetivo del campamento es brindar a la niñez la oportunidad de vivir unas vacaciones diferentes, donde el aprendizaje, el deporte, la cultura y la recreación contribuyan a su desarrollo integral.
Subrayó que este tipo de actividades no solo ocupan el tiempo libre, sino que también permiten descubrir talentos, fortalecer la autoestima y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, los cuales contribuyen a la construcción de un mejor futuro para el municipio.
Durante las jornadas de capacitación se dio a conocer el alcance de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó sobre la colaboración que el Ayuntamiento ha iniciado con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para fortalecer las estrategias operativas de atención, combate y prevención del delito de extorsión, luego de la vigencia de la nueva legislación en torno a esta práctica ilícita; recientemente, especialistas de la Unidad Antisecuestro y Extorsión impartieron dos capacitaciones a agentes de la Guardia Civil Municipal y a representantes del sector comercial, seguridad privada y autotransporte, para robustecer la difusión de las líneas de auxilio y denuncia de este delito.
El edil puntualizó que derivado de los acuerdos impulsados en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que él participa, el Gobierno de México reconoció a Soledad de Graciano Sánchez
Durante las jornadas de capacitación se dio a conocer el alcance de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que unifica el tipo penal en todo el país, establece que este delito se persigue de oficio y contempla penas de 15 a 25 años de prisión, que pueden incrementarse hasta 42 años cuando participan servidores públicos; además, incorpora alrededor de 34 agravantes, que refuerzan los mecanismos de actuación de las instituciones.
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