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#EstánDesatados | Los robos representan el 31% de los delitos en SLP
El robo de autos sigue a la alza y también hubo un repunte en el robo de motocicletas; se presume que las motos son usadas para cometer otros delitos en el estado
Por: El Saxofón
En 2019, los robos se incrementaron en 8.04 por ciento en San Luis Potosí. Hasta noviembre pasado, se habían cometido al menos 15 mil 117 robos que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta cifra es superior al número de robos denunciados ante la FGE en todo el 2018, que fueron 13 mil 991.
En medio de la ola delictiva que afecta a San Luis Potosí, los robos representan el 31.36 por ciento del total de delitos denunciados entre enero y noviembre de 2019.
Por robo a casa habitación, entre enero y noviembre del año que recién terminó se presentaron mil 613, robos, lo que representa el 10 por ciento del total de robos denunciados.
La mayoría de estos hurtos fueron sin violencia (1546), aunque también se registraron robos a casa habitación, en los que los delincuentes agredieron a los habitantes (67).
El robo de vehículo automotor sigue a la alza, con 3 mil 675 denuncias contabilizadas hasta noviembre, cifra que casi iguala las 3 mil 705 que se presentaron en todo el 2018, por lo que al cierre del año es inevitable un repunte.
El robo de vehículo representa el 24.31 por ciento del total de robos registrados en el estado. Cabe llamar la atención hacia el importante repunte en el robo de motocicletas, que generó mil 634 denuncias en el año. Por otro lado, se denunciaron 2 mil 41 robos de coches de cuatro ruedas.
En este delito también cabe destacar el aumento en el uso de la violencia por parte de los delincuentes: 224 autos y 209 motos fueron arrebatados a sus propietarios con violencia.
El robo de autopartes fue otra modalidad que impulsó el aumento en la incidencia delictiva del estado, con mil 343 casos, que representan el 8.88 por ciento del total de robos denunciados.
El sector del transporte de carga fue otro de los afectados por la inseguridad, pues en el año se cometieron al menos 479 robos que fueron denunciados ante las autoridades. Esto indica que la incidencia observó un comportamiento similar al de 2018, cuando se registraron 556 robos a transportistas.
Cabe mencionar que el robo a transeúnte en la vía pública fue a la baja, pues hasta noviembre se han denunciado 909 casos, mientras que en todo el 2019, se reportaron mil 234.
Es decir, a lo largo del 2018 se registró un promedio mensual de 102.8 atracos a transeúntes, cifra que bajó a 82.6 al mes.
Lo que sí aumentó fue el robo en transporte público individual, que hasta noviembre suma 46 denuncias, y en todo el 2018 registró solo 38.
El robo en transporte público colectivo también observará un repunte al cierre de 2019, pues si en 2018 se denunciaron 71 casos, entre enero y noviembre ya suman 72, con un promedio de 6.54 denuncias mensuales.
El robo a negocios también tuvo una alta incidencia este año, pues hasta el onceavo mes del año, la Fiscalía abrió mil 533 carpetas de investigación por este delito, lo que representa el 10.14 del total de robos cometidos en la entidad.
Destaca también el número de robos a negocios cometidos con violencia: 736 (797 fueron cometidos sin violencia).
Esta problemática fue denunciada a lo largo del año por comerciantes, sin que las autoridades hicieran mucho para inhibirla.
Tomando en cuenta que cada mes se registran más de 100 robos a negocios, es previsible que al cierre del año se rebasen las mil 668 denuncias presentadas en todo el 2018.
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La universidad aplicará por primera vez el examen de conocimientos y el psicométrico el mismo día, con el objetivo de evitar gastos extras a estudiantes foráneos
Por: Redacción
Más de 15 mil jóvenes competirán por uno de los siete mil 800 espacios disponibles en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) durante el examen único de admisión, que este año incorporará un cambio importante: las pruebas de conocimientos y psicométrica se aplicarán el mismo día para evitar gastos adicionales a aspirantes foráneos.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, informó que el proceso ya se encuentra listo, pues los exámenes fueron impresos, etiquetados y permanecen bajo resguardo. Recordó que la elaboración de la prueba comenzó desde enero con la participación de académicos encargados de diseñar y revisar las preguntas para minimizar errores.
La secretaria de Servicios Escolares, Claudia Elena González Acevedo, detalló que actualmente se tienen registrados 15 mil 100 aspirantes, una cifra prácticamente igual a la del año pasado, y confió en que la mayoría acuda a presentar la evaluación.
El examen de conocimientos iniciará a las 8 de la mañana y tendrá una duración aproximada de tres horas, mientras que el examen psicométrico comenzará a la 1 de la tarde, por lo que los aspirantes permanecerán en las instalaciones universitarias durante el intervalo entre ambas pruebas.
La funcionaria recomendó a los jóvenes acudir tranquilos, llevar alimentos ligeros para consumir durante la espera y, de preferencia, presentar impresa su ficha de ingreso, aunque también podrá mostrarse en dispositivos móviles antes de ser guardados.
Precisó que estará estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, lentes inteligentes y cualquier dispositivo electrónico
González Acevedo señaló que la modificación responde a una petición constante de estudiantes provenientes del interior del estado, de otras entidades del país e incluso del extranjero,
La Facultad de Medicina continúa como la carrera con mayor demanda, al acumular más de dos mil 200 solicitudes de ingreso. Debido al número de aspirantes, la aplicación del examen para esta licenciatura se distribuirá entre la propia facultad, el edificio Bicentenario y las instalaciones de posgrado de las facultades de Derecho y Comercio.
Por otra parte, alrededor de 300 jóvenes podrían quedar fuera del proceso al no haber concluido aún sus estudios de bachillerato ni contar con el certificado correspondiente.
Respecto a posibles filtraciones del examen, la secretaria aseguró que las medidas de seguridad fueron reforzadas este año, al grado de mantener vigilancia permanente durante la impresión y resguardo del material, además de que las computadoras que contienen la información permanecen desconectadas de internet.
La evaluación conservará la ponderación establecida en años anteriores: el examen psicométrico representará el 15 por ciento de la calificación final y la prueba de conocimientos el 85 por ciento restante, aunque cada facultad determina el peso específico de las siete áreas evaluadas de acuerdo con el perfil de la carrera.
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La maniobra se realizará ante el 94 por ciento de almacenamiento del embalse y como medida de seguridad ante las lluvias que se esperan en los próximos días
Por: Redacción
A solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa San José iniciará este viernes 26 de junio, a las 10:00 horas, un desfogue gradual y controlado como medida preventiva ante el nivel de almacenamiento d el embalse y las lluvias pronosticadas para los próximos días.
La liberación de agua se realizará hacia el cauce del bulevar Río Santiago
Interapas informó que la acción no representará afectaciones para las colonias que se abastecen de la presa San José; el suministro de agua potable estará garantizado durante el proceso.
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El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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