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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP

Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar
Por: Itzel Márquez y Karina González
Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.
Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.
El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.
“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.
En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.
“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.
Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.
“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.
“Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.
Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:
“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.
Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.
“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.
Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.
“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.
Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.
La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.
“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.
La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.
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Tras la tragedia, familias huastecas serán reubicadas a zonas seguras: diputada
Brisseire Sánchez dijo que aunque no hubo pérdidas humanas, se reportan daños materiales graves y pérdida de animales
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo se comprometió a entregar terrenos seguros para evitar futuras tragedias, informó la diputada Brisseire Sánchez López
La diputada Brisseire Sánchez López reconoció el trabajo conjunto del gobierno estatal, federal y municipal tras las severas inundaciones que afectaron a la Huasteca Potosina, y destacó que el siguiente paso será reubicar a las familias que habitaban en márgenes de ríos o zonas de riesgo.
“El gobernador se comprometió a dar terrenos en lugares que no sean de riesgo. Sabemos que muchas personas, por necesidad, se fueron a vivir a orillas de ríos y arro yos que hoy han puesto en peligro su vida”, señaló la legisladora.
Durante su visita a Tamazunchale, una de las zonas más golpeadas por las lluvias, Sánchez López acompañó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien recorrió colonias afectadas y entregó apoyos económicos, colchones, estufas y artículos de primera necesidad a las familias damnificadas.
La diputada recordó que, aunque no se registraron pérdidas humanas, sí hubo graves daños materiales, incluyendo la pérdida de mascotas, ganado, muebles, documentos y recuerdos que las familias tardaron años en conseguir.
También destacó la coordinación entre corporaciones federales y estatales, como la Sedena, la Marina, la Guardia Civil Estatal y la Policía Municipal, además de la participación ciudadana y de centros de acopio instalados en distintos puntos del estado.
“Hoy se están llevando kits de limpieza para evitar brotes de enfermedades. El trabajo del gobierno ha sido una respuesta inmediata, pero sobre todo una muestra de esperanza para los huastecos”, afirmó.
Sánchez López hizo un llamado a la conciencia social, al recordar que algunas familias se han negado a abandonar zonas peligrosas pese a los ofrecimientos de reubicación:
“Hay personas que ya habían recibido terrenos seguros y no quisieron mudarse. Esta inundación debe dejarnos un aprendizaje: valorar la vida y prevenir antes de lamentar”.
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STPS ofrecerá 350 empleos para adultos mayores y personas con discapacidad
Crisógono Sánchez Lara destacó que Daikin, Mabe y Canel’s se encuentran entre las firmas participantes en esta feria del empleo
Por: Redacción
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí llevará a cabo este jueves una feria del empleo dirigida principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral y garantizar oportunidades equitativas en el mercado de trabajo.
El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, aseguró que esta acción responde a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una política de cero discriminación y empleo para todos.
“En San Luis Potosí no hay discriminación para nadie. Todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Aquí debe trabajar todo el mundo, y literalmente no trabaja el que no quiere”, expresó.
De acuerdo con el funcionario, en la feria se ofrecerán entre 300 y 350 plazas laborales, negociadas con más de 30 empresas, entre ellas Daikin, Mabe y Canel’s, que han mostrado apertura para contratar a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Sánchez Lara destacó que algunas compañías, como Daikin, ya cuentan con más de 100 trabajadores con discapacidad, lo que demuestra —dijo— que el sector privado entiende la importancia de sumar a la inclusión como parte de su responsabilidad social y productiva.
Además, recordó que en caso de que algún trabajador enfrente discriminación laboral, puede acudir directamente a la Secretaría del Trabajo, donde se atienden las denuncias de inmediato mediante inspecciones y sanciones conforme a la gravedad del caso.
El funcionario reiteró que el objetivo a largo plazo es reducir el empleo informal y erradicar el desempleo general en el estado:
“Estamos trabajando muy bien con los empresarios, sin rechazo ni barreras. La puerta de la Secretaría del Trabajo está abierta para todos”, subrayó.
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Ayuntamiento de SLP
Más de 20 casos bajo revisión tras escándalo en Protección Civil Municipal: Galindo
Alcalde Enrique Galindo revela red de irregularidades en autorizaciones; se investiga posible cobro de hasta 120 mil pesos por trámites
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó sobre la destitución de siete funcionarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil, como resultado de una investigación interna que detectó actos de corrupción relacionados con la emisión irregular de permisos.
Según detalló el edil, la investigación comenzó tras recibir varias quejas ciudadanas, principalmente por la liberación de autorizaciones de Protección Civil sin que los expedientes estuvieran completos ni cumplieran con los requisitos necesarios para continuar con los trámites de licencia de funcionamiento.
Ante estas denuncias, Galindo ordenó la intervención de la Contraloría Municipal, que envió un grupo de auditores. La revisión confirmó la existencia de expedientes incompletos e insuficientes, que de manera indebida estaban siendo utilizados para otorgar permisos.
Uno de los casos más graves fue el de una gasera que estaba a punto de obtener su autorización sin contar con ningún documento. Por el alto riesgo que representaba, fue clausurada de inmediato antes de que pudiera operar.
La Contraloría id entificó un caso completo de corrupción
y procedió a la suspensión y cese inmediato del director de Protección Civil y otros seis funcionarios, todos de primer y segundo nivel. También se encontraron irregularidades en permisos otorgados a edificios y establecimientos, lo que reveló un modus operandi que, según el alcalde, podría tener más de 10 o 15 años operando en la dependencia.Actualmente, el municipio mantiene bajo observación más de 20 casos, principalmente relacionados con licencias de funcionamiento —no de construcción—, en giros de alto riesgo como gaseras, almacenes químicos y empresas en la zona industrial
.Galindo Ceballos exhortó a los ciudadanos que hayan tramitado permisos en Protección Civil a acercarse nuevamente a las autoridades para verificar la validez de sus autorizaciones y evitar posibles accidentes o desgracias.
“Invito a todos los ciudadanos con trámites pendientes a acudir directamente a Protección Civil. No necesitan gestores ni consultores. Estamos simplificando el proceso, eliminando requisitos que no están en el reglamento ni en la ley, pero que lo hacían complejo y propiciaban la corrupción”, declaró.
El alcalde también reveló que, en los casos donde se ha comprobado el pago de sobornos, las cantidades oscilan entre los 60 mil y 120 mil pesos. Por ello, pidió a las personas afectadas presentar denuncias formales, ya que considera que la denuncia ciudadana es clave para que se haga justicia.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan. Ya me reuní con las áreas de Desarrollo Urbano, Comercio y Ecología para revisar a fondo sus procedimientos. No quiero que mi administración se manche con estos actos”, enfatizó Galindo.
Finalmente, el presidente municipal aseguró que de momento no hay investigaciones abiertas en otras dependencias, aunque anunció que seguirá haciendo ajustes en su gabinete para evitar más actos de corrupción.
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