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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP
Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar
Por: Itzel Márquez y Karina González
Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.
Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.
El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.
“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.
En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.
“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.
Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.
“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.
“Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.
Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:
“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.
Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.
“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.
Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.
“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.
Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.
La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.
“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.
La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.
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Diputados de Morena exigen castigo por fraude a nombre del Gobierno Federal
Luis Emilio Rosas y Carlos Arreola aclararon que el Gobierno de México no vende plazas y no cobra por acceder a espacios laborales
Por: Redacción
Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se pronunciaron enérgicamente contra el fraude perpetrado por Norma Judith Loredo Hernández, quien ofreció plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante una estructura inexistente llamada “Subsecretaría de Auditoría y Control”, con la que se habrían defraudado a por lo menos 500 potosinos.
El legislador Luis Emilio Rosas Montiel calificó como “completamente inaceptable” que se usurpen funciones públicas, y se usen los nombres de instituciones de cualquier orden de gobierno –ya sea federal, estatal o municipal– para estos delitos. Asimismo, consideró que estas acciones deben sancionarse con severidad:
“Las autoridades estamos bajo un escrutinio constante. Este tipo de fraudes dañan profundamente la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Necesitamos cerrar filas, sin importar colores ni partidos, para castigar este tipo de actos”, declaró Rosas Montiel.
Añadió que desde el Congreso deben fortalecerse los canales de información oficial, y que los legisladores deben apoyar en la difusión de contenidos verídicos para evitar la desinformación y el pánico, mientras las fiscalías avanzan con las investigaciones.
Por su parte, Carlos Arreola Mallol , señaló la gravedad de que este esquema fraudulento use el nombre del Gobierno de México y del proyecto que encabeza Morena:
“Es gravísimo, porque se lucra con la confianza que la gente tiene en el Gobierno Federal y en Morena. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de nación ni con nuestras instituciones. Se trata de personas que buscan enriquecerse estafando a ciudadanos de buena fe”, apuntó.
Remarcó que en el Gobierno de México no se venden plazas y no se cobra por acceder a espacios laborales, por lo que su bancada estará vigilante para que las autoridades actúen con celeridad, además de hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de engaños.
Ambos diputados coincidieron en que el caso de Norma Loredo es sólo un ejemplo de cómo la desinformación y el abuso de confianza pueden convertirse en delitos graves contra la ciudadanía, y exigieron que los responsables no queden impunes.
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Cónsul de El Salvador, sin postura sobre detención de egresado de la UASLP
El diplomático Edwin Ronaldo Hurtado dijo que la oficina a su cargo se centra en trámites como pasaportes y ayuda humanitaria
Por: Redacción
El cónsul de El Salvador en San Luis Potosí, Edwin Ronaldo Hurtado, evitó pronunciarse sobre la detención de Alejandro Henríquez Flores, defensor de derechos humanos y egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a las protestas realizadas frente al consulado para exigir su liberación. Henríquez Flores fue arrestado en El Salvador el pasado 13 de mayo, en un contexto vinculado con su acompañamiento a comunidades organizadas y la defensa del territorio, como en el caso de la Cooperativa El Bosque.
Organizaciones civiles y académicos han calificado la detención como arbitraria, exigiendo su liberación inmediata. En San Luis Potosí, diversas movilizaciones han tenido lugar con el objetivo de visibilizar el caso y presionar a las autoridades salvadoreñas para garantizar el respeto a los derechos d el defensor, reconocido por su labor en procesos comunitarios y la protección de bienes comunes.
Consultado sobre el tema, el cónsul se limitó a describir las funciones del consulado, evitando hacer comentarios directos sobre la detención o las protestas. Explicó que la sede diplomática se enfoca en brindar servicios consulares como la emisión de pasaportes, registros civiles, y asistencia a salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Hurtado también informó sobre la ampliación de horarios de atención, incluyendo jornadas extraordinarias los sábados, y anunció que en agosto se llevará a cabo un consulado móvil en la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, no hizo referencia al impacto de las manifestaciones en las operaciones consulares ni al posicionamiento oficial del gobierno salvadoreño respecto al caso de Henríquez Flores.
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Reducción del desempleo y ferias laborales, prioridades de la STPS en SLP
El titular de la dependencia estatal destaca avances y anuncia más eventos de empleo en municipios del interior
Por: Redacción
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí
, Crisógono Sánchez Lara, informó que en los tres años de la actual administración estatal, ha habido cambios considerables para reducir los índices de desempleo en el estado.Reconoció que han ocurrido bajas en algunos sectores, debido a la situación de migrantes y a empresas que se vieron forzadas a cerrar por temas arancelarios. Sin embargo, consideró que, gracias a las ferias de empleo realizadas en la zona metropolitana, la necesidad de empleo ha disminuido.
“Esto que estamos haciendo es para que la gente en San Luis Potosí tenga un sustento, una seguridad, abatiendo así la pobreza que puede existir en el estado”
, explicó Sánchez Lara.Actualmente, la Secretaría planea extender las ferias del empleo al interior del estado, como ya se ha hecho en Matlapa, Ciudad Valles y próximamente en Villa de Arriaga.
Por último, hizo hincapié en que se ha trabajado también en la prevención de la discriminación laboral, particularmente hacia personas migrantes o con discapacidad, y destacó que no se han presentado quejas formales al respecto.
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