septiembre 2, 2025

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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP

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Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar

Por: Itzel Márquez y Karina González

Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.

Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.

El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.

“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.

En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.

“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.

Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.

“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.

Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.

Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:

“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.

Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.

“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.

Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.

“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.

Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.

La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.

“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.

La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.

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SSPCE detecta llamadas falsas de emergencia: solo el 30% son reales

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Jesús Juárez Hernández anuncia medidas para bloquear números que hacen mal uso del servicio de emergencias

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que solo el 30% de las llamadas que recibe el número de emergencias 911 son efectivas, lo que significa que el 70% restante son bromas o reportes falsos.

Esta declaración surge luego de que, durante el pasado fin de semana, se reportara un accidente en la Avenida Salvador Nava, y las ambulancias no acudieran, ya que los operadores del 911 no respondieron ante la saturación de llamadas.

Juárez Hernández explicó que ya se está trabajando en una solución técnica

para bloquear los números telefónicos que se utilizan de forma indebida.

Entre las medidas previstas, se encuentra la identificación de personas que realizan llamadas falsas de forma reiterada, para posteriormente abrir carpetas de investigación y llevar a cabo operativos en contra de este tipo de prácticas.

El funcionario agregó que una de las señales para detectar llamadas malintencionadas es cuando, repentinamente, el sistema recibe entre 100 y 200 llamadas desde un mismo número telefónico.

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Ayuntamiento de SLP

Policías de SLP capital ya cuentan con pensiones: Galindo

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El alcalde capitalino recordó que el Ayuntamiento cuenta con un modelo propio de pensiones con recursos municipales y federales

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, se pronunció sobre la iniciativa de pensiones para policías municipales, impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal y llevada al Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Recordó que el municipio ya contaba con un mecanismo formal para otorgar este beneficio a los elementos de seguridad desde 2022. Dicha medida fue avalada por el Cabildo y quedó sustentada en el Manual de Procedimientos para la Autorización de Jubilaciones y Pensiones de las y los Trabajadores y Beneficiarios del Municipio de San Luis Potosí, publicado en la Gaceta Municipal.

Explicó que dicho esquema contempla pensiones por jubilación, edad avanzada, invalidez y viudez, y se aplica con base en un escalafón que considera la antigüedad, edad y estado de salud del personal:

“cada caso es distinto, porque cada policía tiene un sueldo diferente”, comentó.

Galindo Ceballos mencionó que este modelo se financia con el presupuesto ordinario municipal y recursos federales, como los del Ramo 33. Sin embargo, reconoció que no existe una partida exclusiva para pensiones en el Presupuesto de Egresos 2025, por lo que el Ayuntamiento utiliza recursos generales para cubrir las jubilaciones.

Finalmente, destacó la iniciativa recién aprobada, pues responde a las necesidades de seguridad en los ayuntamientos, misma que debe acompañarse de un proceso de reclutamiento constante para renovar a los elementos.

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Confirman control de brote de sarampión en SLP

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Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación; también reportan baja en casos de dengue

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Elizabeth Dávila Chávez, informó que el brote de sarampión detectado previamente en la entidad fue contenido, y que, gracias al refuerzo en la campaña de vacunación, no se han registrado nuevos contagios.

Tenemos vacunas disponibles en todos los centros de salud, y están disponibles para cualquier persona que desee aplicársela. Pueden acudir desde adultos mayores hasta cualquier persona que considere estar en riesgo“, señaló Dávila Chávez.

La funcionaria agregó que los migrantes que atraviesan el estado también pueden acceder a la vacunación

, ya que, al recorrer amplias zonas del país, pueden contribuir a la propagación del virus si no están inmunizados.

Por otro lado, Dávila Chávez informó que los casos de dengue han mostrado una disminución en las últimas semanas. Hasta el momento, de más de 300 casos registrados, ninguno ha sido clasificado como grave.

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Opinión

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