julio 24, 2025

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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP

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Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar

Por: Itzel Márquez y Karina González

Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.

Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.

El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.

“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.

En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.

“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.

Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.

“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.

Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.

Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:

“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.

Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.

“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.

Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.

“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.

Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.

La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.

“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.

La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.

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Gobierno de SLP advierte a antros: cierre será a las 2:00 am

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La Dirección de Gobernación indicó que se han detectado violaciones al horario establecido, por lo que ya se impusieron sanciones

Por: Redacción

El titular de la Dirección General de Gobierno de San Luis Potosí, José Concepción Gallardo Martínez, advirtió que los centros nocturnos deberán cumplir estrictamente con el horario de cierre establecido por la ley: a más tardar a las 2:00 de la mañana, fuera del contexto de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde por motivos de celebración se permite una ligera extensión.

Gallardo señaló que la indicación del gobernador Ricardo Gallardo ha sido clara: vigilar que los bares y antros, especialmente en la zona de Himalaya, respeten tanto el horario como la restricción de acceso a menores de edad y, en el caso de la Fenapo, contar con arcos detectores de metales para mayor seguridad.

“Hemos detectado establecimientos que no cumplen con los horarios, y ya se han impuesto sanciones. No se va a pedir, se va a exigir que los empresarios respeten la ley”, afirmó.

El funcionario agregó que la zona metropolitana es donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de incumplimientos, debido a la alta concentración de locales de entretenimiento nocturno y de personas que acuden a ellos.

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Hasta agosto, aumento salarial para trabajadores de gobierno estatal

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Noé Lara aseguró que aún se negocia un convenio entre sindicatos y el Ejecutivo del estado; no aprobarán aumentos inalcanzables por la administración, aseguró

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha tenido acercamiento con los sindicatos de trabajadores de la administración pública, con quienes se pretende establecer la propuesta de aumento salarial, misma que podría presentarse durante la primera semana del mes de agosto, así lo dio a conocer Noé Lara Enriquez, titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal.

“Muchos trabajadores dan por hecho que ya se autorizó el incremento, lo cual aún no es cierto. Estamos negociando, platicando, y yo creo que la primera semana del mes de agosto va a ser anunciado de manera oficial el porcentaje de incremento”, mencionó.

El funcionario estatal dijo que las negociaciones se orientan en brindar un aumento salarial digno y significativo para las y los trabajadores, pero también asequible para las finanzas del estado, ya que se han presentado propuestas de hasta un 5 por ciento de aumento salarial

; propuesta que corre el riesgo de volverse insostenible en el futuro.

“Hablaban inclusive de un 5%, lo cual prácticamente es imposible, tomando en cuenta los parámetros que hemos manejado en años anteriores que han sido del 1.8 o 1.9 por ciento; luego el 2%, y el año pasado fue el 2.1%, que se otorgó incluso sin haber negociado con el sindicato. Nosotros vamos a actuar siempre con responsabilidad porque tampoco vamos a ofrecer un incremento que no vayamos a cumplir”, manifestó.

Lara Enriquez se mostró confiado de generar un acuerdo aceptable para las organizaciones gremiales y generar un convenio satisfactorio para las y los trabajadores, pero también para el gobierno estatal.

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Impugnan “pase directo” en PJ de SLP; magistrado con promedio 7.58 se defiende

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Ángel Gonzalo Santiago argumentó que su experiencia y trayectoria fueron requisitos del decreto legislativo para su elegibilidad

Por: Redacción

Ángel Gonzalo Santiago, juez con licencia y uno de los aspirantes que electos en el proceso para ocupar magistraturas en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, informó que él y otros candidatos han presentado medios de impugnación tras los resultados de la elección del pasado 1 de junio.

El juez explicó que su elección se basa en el uso legítimo de una cláusula establecida la cual permite a jueces en funciones o con licencia acceder mediante un “pase directo” a la candidatura sin necesidad de cumplir con todos los requisitos aplicables a candidatos externos, como el promedio académico.

“Más que entrar al debate de si el promedio cuenta o no, lo que quiero es dar certeza al procedimiento. Nosotros hicimos valer una disposición constitucional vigente que nos otorgaba ese derecho a quienes ya ejercíamos como jueces”, señaló.

Mencionó que su experiencia ha sido adquirida a través de concursos de oposición, tanto en el ámbito civil como mercantil, lo que acredita su idoneidad profesional

para el cargo. Añadió que esta misma vía fue utilizada por otros jueces y magistrados en funciones, quienes también impugnaron los resultados basándose en el mismo argumento.

“La Constitución contempla dos vías: quienes accedimos desde el Poder Judicial por pase directo, y quienes no forman parte del sistema judicial, a quienes sí se les exige cumplir con requisitos como promedio, experiencia, cursos y capacitaciones”, explicó.

Santiago indicó que el Tribunal Electoral deberá resolver el caso a más tardar el 25 de agosto, aunque mencionó que, durante una audiencia reciente, los magistrados le expresaron su intención de emitir una resolución antes de esa fecha límite.

Finalmente, reafirmó que el proceso se está llevando conforme a derecho y confía que su equipo legal tiene argumentos ya presentados que serán valorados de acuerdo con lo establecido en la legislación.

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