marzo 11, 2025

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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP

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Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar

Por: Itzel Márquez y Karina González

Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.

Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.

El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.

“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.

En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.

“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.

Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.

“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.

Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.

Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:

“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.

Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.

“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.

Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.

“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.

Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.

La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.

“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.

La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.

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Inversión para SLP en 3 años, equivale a la fecha en cinco sexenios

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El gobernador Ricardo Gallardo aseguró que invertir 22 mil mdp no es una cosa menor

Por: Bernardo Vera

La administración estatal ha invertido 22 mil millones de pesos en infraestructura para toda la entidad potosina, así lo dio a conocer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

Este monto, destacó, equivale a lo hecho durante las últimas cinco administraciones estatales en el territorio potosino.

“En 3 años, estos 22 mil millones de pesos en infraestructura, equivalen a los últimos cinco sexenios en inversión de infraestructura para el estado. ¿Qué quiere decir? Que en tres años, hemos hecho lo que en los últimos 30 años se hicieron de infraestructura para San Luis Potosí

“, destacó.

El mandatario estatal destacó lo anterior durante la presentación de las nuevas rutas aéreas de la aerolínea TAR, qué conectará a la entidad tocina con las ciudades de Querétaro y Monterrey.

Gallardo Cardona enfatizó que se impulsará la conectividad con más infraestructura hacia este centro aeroportuario, con la ampliación de 9 kilómetros del boulevard Río Santiago, y el cruce e instalación en un parabus de las unidades de Metro Red sobre el bulevard Aeropuerto.

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Seguro de vida beneficiará a 120 bomberos metropolitanos

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El comandante Adolfo Benavente dijo que se garantiza el ejercicio de sus labores, aunque anhela que ningún elemento requiera ese beneficio: “que no se nos vaya ningún bombero”

Por: Bernardo Vera

Luego del anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para otorgar un seguro de vida a los bomberos en el estado

, el comandante Adolfo Benavente Duque, comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, aseguró que este beneficio ya es una realidad para los elementos que lidera

El seguro de vida beneficiará por lo menos a 120 bomberos metropolitanos. Pese a ello, externó que esperan no llegar a requerirlo, para no perder ningún compañero en el ejercicio de su l abor.

Esperamos que no lo necesitemos, que no se nos vaya ningún bombero, pero es un hecho. Estaremos hablando en lo que se refiere aquí a San Luis capital, cerca de 120 elementos, más los compañeros del estado. Pero esperamos que Dios nos ayude y no nos pase nada en ese sentido”.

Benavente Duque mencionó que siguen recibiendo las aportaciones del ayuntamiento de San Luis Potosí, quien hasta ahora contribuye a la corporación. “Está por ahí pendientes de negociar la aportación con el municipio de Soledad y con el municipio de Villa de Pozos”.

Finalmente, recordó que la contribución anual del gobierno del estado podría ser entregada en este mes de marzo, una vez que se reciban las participaciones federales. Misma que podría ser similar a la recibida el año pasado.

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Ayuntamiento de SLP

Se necesitan 5 pozos más para dejar de depender de El Realito: Galindo

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El alcalde de SLP comentó que se buscará el financiamiento del gobierno federal

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, anunció que San Luis Potosí sigue avanzando en su estrategia para reducir la dependencia de la presa El Realito, el cual volvió a presentar fallas, afectando a miles de habitantes.

El alcalde dijo que aunque hace un año y medio la situación hídrica era crítica, la perforación de pozos y la modernización de la planta de filtros han permitido mejorar el abasto de agua. No obstante, aún se necesitan al menos cuatro o cinco pozos adicionales para garantizar un suministro estable y sostenible.

Galindo explicó que los estudios técnicos más recientes revelan que el agua subterránea se encuentra a una mayor profundidad, pasando de 300 a 600 metros. Este hallazgo ha llevado a replantear las estrategias de perforación y a gestionar apoyo del Gobierno Federal para continuar con estos trabajos.

“El financiamiento federal ha sido clave para los seis pozos previos, mientras que el Ayuntamiento ha asumido la responsabilidad de explorarlos y equiparlos”.

Además de la perforación de nuevos pozos, el presidente municipal destacó que el siguiente paso en la estrategia hídrica será la sectorización del agua en la ciudad.

Este proceso consiste en reorganizar el sistema de distribución mediante la instalación de válvulas y la sustitución de tuberías dañadas, lo que permitirá un reparto más equitativo del recurso. Con estas medidas, se espera que San Luis Potosí alcance la sustentabilidad hídrica en un periodo de entre año y medio y dos años.

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