enero 16, 2026

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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP

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Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar

Por: Itzel Márquez y Karina González

Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.

Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.

El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.

“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.

En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.

“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.

Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.

“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.

Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.

Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:

“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.

Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.

“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.

Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.

“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.

Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.

La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.

“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.

La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.

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Aumentan a 13.50 tarifa del transporte público

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El Gobierno del Estado rechazó el aumento a 15 pesos

Por: Redacción

Para el ejercicio 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó tarifas de 13.50 pesos en la modalidad general, 12.50 pesos en prepago y 6.75 pesos en tarifa especial.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí rechazó la propuesta de los concesionarios del transporte público para establecer una tarifa de 15 pesos en el servicio urbano, al considerar que no corresponde a la realidad económica de las y los potosinos ni a la necesidad de proteger la economía familiar. 

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que la determinación se basó en el análisis de la inflación anual y el incremento en los costos de insumos

y consumibles necesarios para garantizar la continuidad del servicio y la renovación de unidades; sin embargo, subrayó que la tarifa de 15 pesos fue descartada por no ser acorde con la situación económica de la ciudadanía.

La funcionaria destacó que, aun con este ajuste, el transporte público en San Luis Potosí se mantiene entre los más económicos del país, además de contar con opciones gratuitas como MetroRed y con programas de subsidio para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, lo que refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la movilidad accesible y el bienestar social.

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Llaman a extremar precauciones ante frentes fríos en SLP

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Protección Civil pidió no encender anafres ni fogatas en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono

Por: Redacción

Ante la presencia de frentes fríos y el descenso de temperaturas en San Luis Potosí, la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones, especialmente en el uso de métodos improvisados para calentarse dentro de viviendas.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, reiteró que una de las recomendaciones más importantes es no encender anafres ni fogatas en espacios cerrados, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede causar la muerte en cuestión de minutos.

“El llamado es a no encender anafres, no hacer fogatas, abrigarse bien y, si no es necesario salir, evitar hacerlo. Y en caso de tener que salir, hacerlo bien abrigados”, señaló el funcionario.

Ordaz Flores informó que en lo que va del año no se han registrado personas fallecidas

relacionadas con las bajas temperaturas o por intoxicación en la vía pública, por lo que hasta el momento se mantiene un saldo blanco.

No obstante, recordó que en diciembre del año pasado se registró al menos una muerte por intoxicación con monóxido de carbono, luego de que una persona encendiera un anafre en un espacio cerrado, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas preventivas durante esta temporada.

Protección Civil mantiene activos los operativos de vigilancia y atención a población vulnerable, al tiempo que insiste en que la prevención es la principal herramienta para evitar tragedias durante los episodios de frío extremo.

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SLP avanza en la implementación de la CURP biométrica

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Torres Sánchez destacó que el resguardo de la información personal es una prioridad

Por: Redacción

San Luis Potosí avanza en la implementación de la CURP biométrica como un mecanismo complementario de identificación, sin que esta sustituya a la CURP tradicional, informó Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado.

“Estamos en una era digital y seguramente este es el inicio de muchos otros trámites que se realizarán de manera digital”, señaló, destacando que la incorporación de herramientas tecnológicas busca facilitar los procesos administrativos y fortalecer los mecanismos de identificación de las personas.

Durante este año se reforzará la difusión de este trámite, el cual forma parte del proceso de modernización digital que impulsa el estado, en concordancia con el uso de nuevas tecnologías y la digitalización de servicios gubernamentales.

Torres Sánchez destacó que el resguardo de la información personal es una prioridad, por lo que se mantendrán medidas estrictas

para evitar el uso indebido de los datos biométricos de la ciudadanía.

“Vamos a ser muy cuidadosos con eso. Al final del día son datos personales que los potosinos confían al estado, y existe una responsabilidad clara para evitar cualquier mal uso de esa información”, explicó.

Actualmente, la CURP biométrica se tramita en las oficinas centrales, aunque se prevé ampliar el servicio a otras sedes como Ciudad Valles, Charcas, Tamazunchale y próximamente Rioverde, con el objetivo de acercar este trámite a más potosinos.

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