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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP
Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar
Por: Itzel Márquez y Karina González
Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.
Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.
El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.
“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.
En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.
“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.
Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.
“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.
“Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.
Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:
“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.
Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.
“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.
Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.
“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.
Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.
La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.
“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.
La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.
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Congreso del Estado
Presentan iniciativa para fortalecer adopción de niñas, niños y adolescentes
La propuesta busca impulsar la adopción como alternativa de cuidado ante la creciente vulnerabilidad infantil
Por: Redacción
La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia y, en ausencia de ésta, garantizar su incorporación a un núcleo familiar mediante la adopción.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que, aunque el derecho a vivir en familia y el principio del interés superior de la niñez están contemplados en normas internacionales, nacionales y estatales, persiste una significativa vulnerabilidad entre menores que carecen de un entorno familiar
que atienda su desarrollo integral.Citó a UNICEF, organismo que establece la obligación del Estado de ofrecer alternativas de cuidado y protección, entre ellas la adopción, considerada un instrumento clave para asegurar que la niñez acceda a un entorno adecuado para su crecimiento y ejercicio pleno de derechos.
La diputada también presentó cifras del informe “Adopciones de niñas, niños y adolescentes en México (a junio de 2025)”, elaborado por REDIM, que señala que entre 2014 y 2024 el DIF Nacional recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 fueron concluidas, es decir, 19.5%. Asimismo, se reporta que hasta el 23 de junio de 2025 existían 2,268 adopciones concluidas en todo el país.
Advirtió que, según datos de la Fundación Unido, para noviembre de 2024 más de 64 mil niñas, niños y adolescentes permanecían en centros de asistencia social, reflejando la urgencia de fortalecer los mecanismos para su integración familiar.
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Transportistas y campesinos detendrán al país: anuncian paro nacional carretero este lunes
Advierten a la ciudadanía: “no salir a carretera”, ya que bloquearán las vías más importantes de México
Por: Redacción
El próximo lunes 24 de noviembre de 2025, México enfrentará un paro nacional convocado por transportistas y campesinos, que incluye bloqueos totales de carreteras federales, cierre de aduanas y parálisis del transporte de mercancías en al menos 25 estados del país.
Esta movilización, anunciada desde hace semanas por organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), busca presionar al Gobierno federal
para atender demandas urgentes relacionadas con la inseguridad, el apoyo al sector agrícola y la corrupción en las vías.Los líderes han enfatizado que no se bloquearán autos particulares ni transporte público, pero las afectaciones al flujo vehicular general serán inevitables, por lo que recomiendan no salir a carreteras ese día para evitar quedar varados.
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SSPC refuerza acciones de prevención y seguridad en el Altiplano
La Guardia Civil Estatal incrementa operativos terrestres y aéreos tras recientes hechos relevantes
Por: Redacción
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que se ha fortalecido la presencia terrestre y aérea de la Guardia Civil Estatal en las zonas donde se han registrado incidentes de alto impacto, con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad.
En los últimos días, los operativos se han intensificado en municipios del Altiplano, particularmente en el corredor conformado por Mexquitic, Ahualulco, Moctezuma, Charcas y Venado, donde se han atendido reportes relevantes. Estas acciones se complementan con la operación habitual de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de los Puestos de Atención Ciudadana (PAC)
.De acuerdo con el titular de la SSPCE, en esta región prevalece un ambiente de estabilidad y control
, gracias también a la comunicación constante con los gobiernos municipales, quienes comparten información de primera mano para orientar las acciones de seguridad.Además de los operativos en campo, se desarrollan labores de inteligencia, apoyadas por la red de cámaras de videovigilancia del C5i2 y los subcentros ubicados en las cuatro regiones del estado. “Estamos atendiendo sin límites un aspecto fundamental: la seguridad de las y los potosinos, lo que está generando resultados positivos como nunca antes”, señaló Juárez Hernández.
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