junio 22, 2025

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Los beneficios y pendientes de la despenalización del aborto en SLP

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Activistas señalan qué hace falta reformar la Ley de Salud, y saber a dónde acudir, conseguir insumos médicos o procedimientos a realizar

Por: Ana G Silva

El pasado 7 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí cumplimentó las sentencia ganada por la Colectiva ILE en el expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito y en el JDC 94/2024 del Tribunal Electoral, al despenalizar el aborto en San Luis Potosí hasta las doce semanas de gestación.

Luego de esta resolución, se generaron algunas dudas sobre las garantías que esto trae y los temas pendientes, es por eso que La Orquesta conversó con Marcela García, presidenta de Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C., y con Fabiola Luna, integrante de la colectiva Marea Verde y de la red de Médicas por el Derecho a Decidir.

Se debe señalar que aún no se puede acudir a los centros médicos para acceder a estos servicios, hasta que se reforme la Ley de Salud; no obstante, las colectivas feministas pueden orientar para acceder a ese derecho, además de que medicamentos, como el Misoprostol, son de venta libre en farmacias, ya que comercializa originalmente para problemas gastrointestinales.

Marcela García aclaró que la acción legislativa que despenaliza el aborto consistió en derogar el Artículo 148 del Código Penal estatal, este artículo penalizaba la practica de la interrupción del embarazo, lo que significa que ya nadie pude ser encarcelada/o por practicar un aborto.

La presidenta de Nueva Luna agregó que aún falta que este derecho se “legalice”, es decir que el estado garantice el acceso seguro e integral a la interrupción del embarazo a través de los servicios médicos de salud, además de realizar campañas educativas y formativas para modificar las creencias erróneas sobre el asunto.

Es por eso que se espera que pronto se reforme la Ley de Salud para acceder a estos servicios, tema que las colectivas y diputadas en San Luis Potosí ya trabajan para presentarlo al Congreso del Estado.

García comentó que todos los servicios de salud podrían brindar el servicio para el aborto, pero deben diseñarse las políticas públicas adecuadas partiendo de la reforma a la Ley de Salud. Los hospitales privados también serán incluidos, aunque consideró que “el aparato de gobierno debe diseñar los protocolos e incluir en sus catálogos el servicio y los procedimientos”, lo que implicará mucho trabajo técnico de organización en los servicios de salud pública del estado en concordancia con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Fabi Luna añadió que, según los estándares internacionales, los médicos que pueden acompañar o realizar una interrupción del embarazo son cualquier médico que tenga la profesionalización, es decir: médicos generales, médicos y médicas ginecólogas y obstetras, incluso personal de enfermería que sea capacitado y entrenado. Destacó que las vías para realizar un aborto son médico o quirúrgico, que es por medio de una aspirado manual endouterino, pues los legrados están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que representan.

En el caso de las farmacias, Marcela García recordó que uno de los medicamentos es de venta libre (sin receta), aunque enfatizó que una vez que se reforme la Ley de Salud, dicho sector deberá proveer estas pastillas.

La presidenta de Nueva Luna explicó que en el caso de las menores que deseen abortar deben ser acompañadas por sus madres o padres de acuerdo con la Ley, no se otorgan servicios de ningún tipo a personas menores de 18 años: “No es precisamente un permiso sino el acompañamiento por ser menores”.

Por su parte, la integrante de la red de Médicas por el Derecho a Decidir resaltó que los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional indica que cualquier menor de edad, pero mayor de 12 años, que acuda a un servicio de salud para información que tenga que ver con su salud sexual, incluso para la interrupción de un embarazo, tiene derecho de ir solo o sola.

“La cuestión aquí va a ser cómo se va a plantear toda esta situación, porque según los derechos sexuales reproductivos, cualquier persona que tenga 12 años cumplidos puede acceder a los servicios. De hecho la nom. 046, que habla de interrupción del embarazo por violación o por violencia sexual, sí ampara a los menores; un menor que llegue con alguna persona que esté como testigo, puede firmar solamente como testigo, pero tiene que darse el acceso a la menor”.

El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto para la despenalización del aborto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Fabiola Luna subrayó que con la despenalización se protege a las mujeres y personas gestantes, pero no al personal médico, aunque desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y lo que decretó el año pasado, ya tampoco se puede penalizar a ningún profesional de la salud que acompañe o que ayude a que ocurra una interrupción del embarazo voluntario.

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A dos años del asesinato de Sua, capturan a uno de los homicidas

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La detención se da tras múltiples exigencias ciudadanas por justicia; el joven fue asesinado a las afueras de un antro en la zona de Tequis

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la captura de Brayan Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años asesinado la madrugada del 1 de mayo de 2023 a las afueras de un bar en avenida Carranza, en el barrio de Tequisquiapan.

De acuerdo con las investigaciones, Sua fue atacado por al menos dos personas con un arma blanca cuando salía de un centro nocturno, presuntamente al resistirse a un asalto. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde. El caso generó una fuerte movilización social, particularmente entre la comunidad juvenil, que exigió justicia y denunció la inacción de las autoridades.

Tras una larga espera, la Policía de Investigación (PDI) logró identificar y ubicar a uno de los presuntos agresores. La detención de Brayan Guadalupe “N” se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La audiencia inicial ya ha sido programada.

El caso Sua se convirtió en un símbolo del hartazgo juvenil ante la violencia en San Luis Potosí. A pocos días del asesinato, más de 700 personas firmaron un pliego petitorio dirigido a los gobiernos estatal y municipal, acusando: Ineficiencia en la investigación y omisión de las autoridades, revictimización de la familia y minimización del crimen, falta de presencia policial en zonas de alto riesgo y ausencia de protocolos de seguridad en centros nocturnos.

El homicidio ocurrió a tan solo una cuadra del inmueble conocido como el “Nido del Crimen”, una casa abandonada en la avenida Carranza 905, señalada por vecinos como refugio de delincuentes y epicentro de múltiples delitos. La comunidad vecinal denunció años de omisión gubernamental frente al deterioro de la seguridad en la zona.

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Dos municipios en foco rojo por incumplir exámenes de confianza

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionó que Villa de Reyes y Matehuala han evidenciado a policías municipales sin requerimientos para su función

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han acudido a los municipios a realizar las evaluaciones de control y confianza a las corporaciones de seguridad pública en los municipios.

Derivado de ello, han resaltado los casos de Villa de Reyes y Matehuala, en los que se han tomado medidas para el cese de elementos no aptos para su función pública, o llamados directos a los presidentes municipales.

En el caso de Matehuala, recordó que hace un par de días se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que se le hizo la recomendación al presidente municipal, Raúl Ortega, para continuar con la limpieza de sus policías municipales, ante lo que el alcalde camelense ha mostrado la disposición de actuar. Mientras que en Villa de Reyes se evidenció la situación de su director de Policía municipal, que dio positivo al consumo de sustancias no aptas para el desempeño de su función.

Gallardo Cardona enfatizó que al inicio de su administración, las corporaciones municipales se comprometieron a evaluar a todos sus elementos municipales. Sin embargo, al no hacerlo, la acción del Ejecutivo ha sido realizar estas pruebas municipio a municipio con el objetivo de hacer cumplir la ley y como parte de la profesionalización de los elementos.

Finalmente, el gobernador del estado recordó que la SSPCE continuará estas evaluaciones a los municipios de manera sorpresiva, para no alertar a las corporaciones, en las que se realizan los exámenes toxicológicos y de polígrafo, y al momento se les entrega una certificación que les indica si son capaces de desempeñar su función o deben someterse a lo que mandate la autoridad.

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Matrimonios temporales… ¿en SLP?

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Esta es la iniciativa que discute el Congreso de Jalisco, pero ¿qué tan viable sería un contrato de convivencia civil de 2 a 5 años en la entidad potosina?

Por: Redacción

Enrique Velazquez, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa a la legislatura local de aquella entidad para agregar la figura de “matrimonio por tiempo determinado”. Una iniciativa que pretende replantear el concepto del matrimonio entre las nuevas generaciones, como un método de adecuar las leyes civiles a las nuevas formas de unión civil de las parejas, además de reducir los costos económicos, legales y emocionales ante los divorcios.

Ante esta iniciativa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera necesario el análisis d el contexto social en la entidad potosina

antes de abordar una iniciativa de esa magnitud en nuestro estado.

El legislador remarcó que el matrimonio es un contrato, por lo que hacerlo efectivo por un periodo determinado de tiempo lo consideró inviable para San Luis Potosí. No obstante, enfatizó que este tema debe analizarse para considerar una iniciativa similar en el estado.

“Habrá que leer esta propuesta del Congreso de Jalisco, pero está sujeto a interpretaciones. Habrá que analizarla, ver las condiciones que existen en San Luis Potosí, pero de entrada aquí no se ha visto nada de ese tema”, mencionó.

La iniciativa del diputado jalisciense contempla matrimonios temporales, mediante un contrato de convivencia civil con vigencia de entre 2 y 5 años. Algunos puntos destacados son la opción de las parejas a renovar su vínculo, modificar los términos, o disolverlo sin necesidad de un proceso judicial complejo.

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