octubre 22, 2025

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Los beneficios y pendientes de la despenalización del aborto en SLP

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Activistas señalan qué hace falta reformar la Ley de Salud, y saber a dónde acudir, conseguir insumos médicos o procedimientos a realizar

Por: Ana G Silva

El pasado 7 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí cumplimentó las sentencia ganada por la Colectiva ILE en el expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito y en el JDC 94/2024 del Tribunal Electoral, al despenalizar el aborto en San Luis Potosí hasta las doce semanas de gestación.

Luego de esta resolución, se generaron algunas dudas sobre las garantías que esto trae y los temas pendientes, es por eso que La Orquesta conversó con Marcela García, presidenta de Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C., y con Fabiola Luna, integrante de la colectiva Marea Verde y de la red de Médicas por el Derecho a Decidir.

Se debe señalar que aún no se puede acudir a los centros médicos para acceder a estos servicios, hasta que se reforme la Ley de Salud; no obstante, las colectivas feministas pueden orientar para acceder a ese derecho, además de que medicamentos, como el Misoprostol, son de venta libre en farmacias, ya que comercializa originalmente para problemas gastrointestinales.

Marcela García aclaró que la acción legislativa que despenaliza el aborto consistió en derogar el Artículo 148 del Código Penal estatal, este artículo penalizaba la practica de la interrupción del embarazo, lo que significa que ya nadie pude ser encarcelada/o por practicar un aborto.

La presidenta de Nueva Luna agregó que aún falta que este derecho se “legalice”, es decir que el estado garantice el acceso seguro e integral a la interrupción del embarazo a través de los servicios médicos de salud, además de realizar campañas educativas y formativas para modificar las creencias erróneas sobre el asunto.

Es por eso que se espera que pronto se reforme la Ley de Salud para acceder a estos servicios, tema que las colectivas y diputadas en San Luis Potosí ya trabajan para presentarlo al Congreso del Estado.

García comentó que todos los servicios de salud podrían brindar el servicio para el aborto, pero deben diseñarse las políticas públicas adecuadas partiendo de la reforma a la Ley de Salud. Los hospitales privados también serán incluidos, aunque consideró que “el aparato de gobierno debe diseñar los protocolos e incluir en sus catálogos el servicio y los procedimientos”, lo que implicará mucho trabajo técnico de organización en los servicios de salud pública del estado en concordancia con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Fabi Luna añadió que, según los estándares internacionales, los médicos que pueden acompañar o realizar una interrupción del embarazo son cualquier médico que tenga la profesionalización, es decir: médicos generales, médicos y médicas ginecólogas y obstetras, incluso personal de enfermería que sea capacitado y entrenado. Destacó que las vías para realizar un aborto son médico o quirúrgico, que es por medio de una aspirado manual endouterino, pues los legrados están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que representan.

En el caso de las farmacias, Marcela García recordó que uno de los medicamentos es de venta libre (sin receta), aunque enfatizó que una vez que se reforme la Ley de Salud, dicho sector deberá proveer estas pastillas.

La presidenta de Nueva Luna explicó que en el caso de las menores que deseen abortar deben ser acompañadas por sus madres o padres de acuerdo con la Ley, no se otorgan servicios de ningún tipo a personas menores de 18 años: “No es precisamente un permiso sino el acompañamiento por ser menores”.

Por su parte, la integrante de la red de Médicas por el Derecho a Decidir resaltó que los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional indica que cualquier menor de edad, pero mayor de 12 años, que acuda a un servicio de salud para información que tenga que ver con su salud sexual, incluso para la interrupción de un embarazo, tiene derecho de ir solo o sola.

“La cuestión aquí va a ser cómo se va a plantear toda esta situación, porque según los derechos sexuales reproductivos, cualquier persona que tenga 12 años cumplidos puede acceder a los servicios. De hecho la nom. 046, que habla de interrupción del embarazo por violación o por violencia sexual, sí ampara a los menores; un menor que llegue con alguna persona que esté como testigo, puede firmar solamente como testigo, pero tiene que darse el acceso a la menor”.

El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto para la despenalización del aborto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Fabiola Luna subrayó que con la despenalización se protege a las mujeres y personas gestantes, pero no al personal médico, aunque desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y lo que decretó el año pasado, ya tampoco se puede penalizar a ningún profesional de la salud que acompañe o que ayude a que ocurra una interrupción del embarazo voluntario.

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Violadores de estudiante de Derecho enfrentarían hasta 20 años de prisión

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La Fiscalía General del Estado busca a los otros dos implicados; uno de ellos es menor de edad.

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Santiago “N”, uno de los tres jóvenes señalados por la violación agravada de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El delito que se le imputa —violación específica agravada— contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión, que extenderse debido a las agravantes establecidas en el Código Penal del Estado, como el estado de vulnerabilidad de la víctima y la participación de más de una persona en el ataque.

La fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 17 de octubre, entre las 16:00 y 16:30 horas, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde la víctima —una joven de 18 años— convivía con tres hombres: dos estudiantes de la UASLP y un civil externo. De acuerdo con la denuncia, la estudiante fue agredida sexualmente sin su consentimiento.

Una alumna que presenció parte del incidente alertó a las autoridades universitarias, quienes acudieron al lugar y auxiliaron a la víctima. Posteriormente, fue trasladada junto con dos de los implicados ante los directivos del plantel.

La víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer el 18 de octubre, un día después de los hechos. Desde entonces se le otorgaron medidas de protección, y se inició una investigación con perspectiva de género.

“El hecho de que la víctima se encontrara en un estado vulnerable constituye un agravante. Se trata de una violación específica agravada”, explicó García Cázares.

La fiscal confirmó que ya fue detenido uno de los implicados, mientras que otros dos continúan prófugos. El tercer señalado, es menor de edad.

La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo este lunes al mediodía, donde el juez de control determinará la situación jurídica del detenido: “La Fiscalía no dejará este hecho impune. Continuaremos con la búsqueda de los demás intervinientes hasta presentarlos ante la justicia”, subrayó García Cázares.

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Detienen a Santiago “N”, presunto implicado en caso de violación en Derecho

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La detención fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo a través de sus redes sociales

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los presuntos responsables de la violación denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hecho que provocó una ola de manifestaciones estudiantiles en los últimos días.

A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer que el detenido fue identificado como Santiago “N”, y señaló que las autoridades ya tienen plenamente identificados a los demás involucrados en el caso.

“Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido Santiago “N”, un presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados”, publicó Gallardo en su cuenta oficial de Facebook.

El gobernador agradeció a la Fiscalía “por actuar rápido y con determinación”, y reiteró que su administración mantiene respaldo total a la víctima, su familia y la comunidad universitaria.

“Nuestro compromiso como Gobierno es claro: respaldo total a la persona denunciante, a su familia y a toda nuestra comunidad universitaria. No están solos. En San Luis Potosí: cero tolerancia a la violencia de género”, añadió.

El caso, que salió a la luz pública esta semana, desató protestas masivas de estudiantes y colectivas feministas que exigieron justicia.

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11 maestros han sido cesados por distintas faltas en escuelas de SLP: SEGE

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Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas

Por: Redacción

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.

El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.

Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.

Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros

, quienes han optado por moderar su trato con los alumnos ante el temor de ser señalados injustamente.

“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.

El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.

“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.

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