noviembre 18, 2026

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Los 27 integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso rindieron protesta

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Se dio el reconocimiento a las diputadas y diputados que serán los coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias

Por: Redacción

En Sesión Solemne de Instalación, los 27 integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado rindieron protesta de ley, para el periodo constitucional comprendido del 14 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2027.

Antes, en Sesión Preparatoria, los diputados integrantes de la Diputación Permanente de la LXIII Legislatura, encabezados por el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, en funciones de comisión instaladora, dieron lectura del Informe del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto a las constancias de mayoría y de representación proporcional, así como de calificación de la elección de los integrantes de la LXIV Legislatura.

De esta manera, la LXIV Legislatura estará conformada de la siguiente manera:

Diputaciones Electas por el Principio de Mayoría Relativa:

Distrito 1: Diputado Tomás Zavala González del Partido del Trabajo.
Distrito 2: Diputada Dulcelina Sánchez de Lira, del Partido Verde Ecologista de México.
Distrito 3: Diputado César Arturo Lara Rocha, del Partido Verde Ecologista de México.
Distrito 4: Diputada Jaquelinn Jauregui Mendoza, del Partido del Trabajo.
Distrito 5: Diputado Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional.
Distrito 6: Diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México.
Distrito 7: Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Partido MORENA.
Distrito 8: Diputada María Aranzazu Puente Bustindui, del Partido Acción Nacional.
Distrito 9: Diputado Luis Fernando Gamez Macías, del Partido Verde Ecologista de México.
Distrito 10: Diputada Diana Ruelas Gaitán, del Partido del Trabajo.
Distrito 11: Diputada María Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo.
Distrito 12: Diputado José Roberto García Castillo, del Partido MORENA.
Distrito 13: Diputada Nancy Jeanine García Martínez, del Partido MORENA.
Distrito 14: Diputada Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
Distrito 15: Diputada Brisseire Sánchez López, del Partido Verde Ecologista de México.

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional.

Diputada Mireya Vancini Villanueva, del Partido Acción Nacional.
Diputada Ma. Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
Diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional.
Diputado Luis Felipe Castro Barrón, del Partido Verde Ecologista de México.
Diputada María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México.
Diputado Héctor Serrano Cortes, del Partido Verde Ecologista de México.
Diputado Marco Antonio Gama Bazarte, del Partido Movimiento Ciudadano.
Diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, del Partido MORENA.
Diputada Jessica Gabriela López Torres, del Partido MORENA.
Diputado Luis Emilio Rosas Montiel, del Partido MORENA.
Diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez, del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí.
Diputado Enrique Gerardo Ortiz Hernández, quien se declaró sin partido.

Se dio cuenta de la integración de los grupos parlamentarios, y la designación de sus coordinadores quedando de la siguiente manera:

Diputada Ma. Sara Rocha Medina, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Diputado Héctor Serrano Cortes, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Diputada María Leticia Vázquez Hernández, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Diputado José Roberto García Castillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA.

Diputado Rubén Guajardo Barrera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez, coordinador de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza.

Diputado Marco Antonio Gama Basarte, coordinador de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano.

Posteriormente, se dio inicio a la Sesión Solemne de Instalación, las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura, rindieron protesta de ley, ante la presencia del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y del Magistrado Arturo Morales Silva, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Fue aprobada la propuesta para la Elección de la Directiva que fungirá durante el Primer y Segundo periodos ordinarios de sesiones de la LXIV Legislatura, la cual fue aprobada por mayoría, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente: Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.
Primera Vicepresidenta: Diputada Dulcelina Sánchez de Lira.
Segunda Vicepresidenta: Diputada María Aranzazu Puente Bustindui.
Primera Secretaria: Diputada Frinne Azuara Yarzabal.
Segunda Secretaria: Diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza.
Primera Prosecretaria: Diputada Jessica Gabriela López Torres.
Segundo Prosecretario: Diputado Luis Fernando Gámez Macías.

El diputado Roberto Ulices Mendoza, presidente de la Comisión Instaladora hizo entrega del paquete de entrega-recepción al presidente de la Directiva de la LXIV Legislatura, diputado Cuauhtli Badillo Moreno, para que una vez constituidas, el paquete se turne a las comisiones de, Hacienda del Estado; y Vigilancia, así como a la propia Directiva, para su revisión, y cotejo.

Posteriormente, emitió la Declaratoria de integración de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura que habrá de fungir del 15 de septiembre de 2024 al 14 de marzo de 2026; así como la Instalación de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

En su intervención, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva refrendo el compromiso de trabajar de manera conjunta, sin distinción partidista, para impulsar leyes y políticas públicas de beneficio para San Luis Potosi.

En este periodo legislativo nos comprometemos a priorizar el diálogo, la deliberación y llegar a acuerdos que beneficien a todas y todos los potosinos, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, atendiendo sus necesidades y aspiraciones.

Reiteró el compromiso de ser una Legislatura transparente y de puertas abiertas, que escuchará las voces e inquietudes de todos los sectores de la ciudadanía, para impulsar avances significativos en San Luis Potosí.

Aprobaremos leyes y políticas públicas que impulsen el desarrollo económico, social y cultural de nuestro estado, protegeremos siempre los derechos humanos de las y los potosinos, especialmente de los más vulnerables y nos comprometemos a trabajar unidos sin distinciones partidistas para lograr un San Luis Potosí justo, equitativo y próspero.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, mañana domingo 15 de septiembre del 2024, a las 10:00 horas, y al concluir Sesión Ordinaria, ambas en el salón Ponciano Arriaga Leija, de Jardín Hidalgo 19.

Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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