noviembre 21, 2024

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#LaHerenciaDeCarreras | Reprobado en seguridad y procuración de justicia

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De acuerdo al doctor en criminología Luis Alberto Osornio, el gobernador no cumplió ninguna de sus promesas en este rubro y la percepción de inseguridad es cada vez mayor en todo el estado

Por: Karina González

En el año 2015, Juan Manuel Carreras López celebraba que San Luis Potosí era considerado el octavo estado más seguro del país, según el Instituto Mexicano de Competitividad y el vigésimo estado en incidencia delictiva, según el Centro de Análisis para Información para el Combate a la Delincuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; en ese momento, el ahora gobernador del estado se encontraba aún en campaña electoral y prometió que la seguridad pública sería una tarea permanente de su gobierno, manteniendo una férrea voluntad política y participación activa de la sociedad. Hoy casi al culminar su mandato, San Luis está reprobado en seguridad; y no por querer denostar al gobernador, sino por la percepción de la ciudadanía respecto a las promesas que no se cumplieron y que hoy posicionan al estado en una situación con riesgo de convertirse en uno de los más inseguros del país.

En entrevista para La Orquesta, el doctor en criminalística por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador de la maestría en política criminal, Luis Alberto Osornio Saldívar comentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los indicadores de percepción urbana diagnostican cómo los ciudadanos tienen una imagen negativa sobre la seguridad de San Luis Potosí; posicionando al estado dentro de los primeros 10 con los indicadores negativos más altos de todo México.

“Nosotros subimos de 10 a 20 por ciento en el narcomenudeo, subieron los puntos de narcomenudeo en toda la ciudad y hubo una percepción negativa, también el homicidio doloso subió, las ejecuciones, también los delitos y violencia electorales subieron entre la huasteca y el centro, subieron los delitos de inclusión civil, como el de Coparmex (en marzo de este año cuando sujetos abrieron fuego en contra del expresidente de la Cámara empresarial, Julio Galindo), el fiscal en periférico (cuando asesinaron en agosto del 2020 al coordinador de la Fiscalía General de la República en SLP) que son eventos que magnifican la opinión pública, que son negativos y de todo el conocimiento público, son de percepción urbana”, destacó el doctor.

El entrevistado estimó también que ninguno de los objetivos de Juan Manuel Carreras López se cumplió; algunos, dijo, se quedaron a la mitad, pero ninguno llegó a la meta, pues no se consolidó el sistema de desarrollo de carrera; aunque se puso una primera piedra del sistema de profesionalización universitaria tampoco se llevó a cabo; no se llevó a cabo la capacitación y certificación de todos los elementos policiacos; no se llevó a cabo toda la convocatoria y elementos para poderlos registrar a nivel nacional en el sistema de seguridad, hizo hincapié Osornio Saldívar.

Mencionó que el estado muestra cifras negativas en todos los aspectos indicadores en seguridad y corrupción, hecho que ahora utilizaron todos los candidatos a la gubernatura dentro de sus propuestas; ponderando como primer eje a cumplir, la seguridad; y dejando a San Luis Potosí en una posición frágil y de alerta, que de no cuidarse, medirse o frenarse, coloca a la entidad a convertirse en un estado de alta incidencia delictiva como Michoacán o Guanajuato.

El único hecho que el experto en seguridad no le recriminó al gobernador Carreras López al contrario de muchos sectores de la sociedad civil, fue el designar como Fiscal General del Estado a Federico Garza Herrera y este señalamiento se debe únicamente a que el perfil del fiscal en cuanto a preparación y conocimiento de la materia sí cumple con los requisitos marcados por la ley; pese a que los objetivos requeridos para el presente gobierno no han sido óptimos; sin embargo, dijo, en el futuro quienes ostenten estos cargos deberían someterse también a la medición de resultados, para calificarlos y que de no llegar a ciertos objetivos en un determinado tiempo, no permanezcan en los cargos más de lo que deberían.

Por otra parte, cuestionado sobre los objetivos que sí logró el gobierno estatal, el doctor Luis Alberto Osornio indicó que “ninguno se logró, en ninguno de los rubros”, acentuó. Detalló que ni en anticorrupción, ni en procuración de justicia, ni en el tema de prevención del delito, lo que dificultará la recuperación del tejido urbano que ha sido minado en los últimos seis años y que se ha reflejado en el crecimiento de las pandillas, que actualmente es de 250 en la zona metropolitana y de las cuales, al menos 50 tienen actividades violentas; “entonces realmente San Luis Potosí puede entrar en un estado de descontrol en algunos polígonos de la ciudad

”, recordó que tan solo en la capital potosina, en zonas donde no existían índices de percepción de inseguridad hoy es tremendamente negativa la visión de los ciudadanos. “Lo que sí debemos decir es que a pesar de que hubo infraestructura, en la tangibilidad de los resultados de casos resueltos, resoluciones, neutralización de narcomenudeo, de consumo, de tráfico, no se ha percibido por la ciudadanía”, lamentó.

El gran desacierto de Carreras

Osornio Saldívar mencionó que el gran desacierto de la administración carrerista es que se desarrolló una política de estado que se lleva de manera acordada con el municipio y la federación; sin embargo, ésta no debe ser partidaria y reestructurarse cada seis años, sino por el contrario, planear estrategias para que funcionen en plazos de 6 a 20 años a través de objetivos claves y sin desviar los recursos públicos; “proponer la fiscalización de esos recursos, por ejemplo la disminución de los fondos de seguridad”, dijo el especialista, quien afirmó que fue debido a omisiones que se hicieron a nivel estatal, donde de haber fortalecido ciertos sectores como programación, presupuesto, proyección y planeación se hubieran logrado mejores resultados en estos proyectos para municipios, el estado y la federación.

Indicó que como tal no se puede considerar un fracaso en seguridad el gobierno carrerista, pero afirmó que tampoco se puede hablar de que se cumplieron objetivos, y se debe reconocer la mala percepción a nivel urbano que se tiene de la actual administración gubernamental, donde volvió a destacar, que San Luis Potosí es uno de los estados con los índices más altos en homicidios dolosos.

¿Qué le espera al sucesor de Juan Manuel Carreras?

El doctor de la UASLP reconoció que es grande la deuda de Carreras con el estado potosino y mayor aún, la labor que deberá realizar el próximo gobernante, pero, opinó que lo primero a realizar deberá ser reactivar un plan de aseguramiento de polígonos a nivel urbano; otro plan a dimensiones regionales y uno más para la zona metropolitana, esto, a la par de hacer frente al narcomenudeo y la creciente distribución de narcóticos por toda la entidad.

Otra de las deudas es la que se tiene con el personal de las corporaciones policiacas en el tema de la profesionalización de carrera “una deuda muy grande que nos deja el gobierno porque no se profesionalizó completamente al personal, no se certificó, de hecho no se evaluó completamente”, dijo. También se queda en deuda, añadió, el déficit tecnológico de videovigilancia en la ciudad, pues a pesar de que se cuenta con el Centro de Coordinación, Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5I2) y toda su estructura, no tiene una intercomunicación a nivel nacional y por lo tanto, no se ha hecho una adecuada distribución de sus áreas de estrategia de política criminal.

“Tenemos unas instalaciones que podrían ayudar, tenemos un programa de balística, de genética, de servicio forense, de personas desaparecidas que quedó inconcluso y la verdad es una evaluación negativa porque no se le llegaron a los objetivos y no hubo los acuerdos necesarios. Y el próximo gobierno debe fortalecer el aspecto de seguridad, sino podría entrar el estado en ser como Michoacán o Guanajuato”, finalizó.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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