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#LaHerenciaDeCarreras | Reprobado en seguridad y procuración de justicia

De acuerdo al doctor en criminología Luis Alberto Osornio, el gobernador no cumplió ninguna de sus promesas en este rubro y la percepción de inseguridad es cada vez mayor en todo el estado
Por: Karina González
En el año 2015, Juan Manuel Carreras López celebraba que San Luis Potosí era considerado el octavo estado más seguro del país, según el Instituto Mexicano de Competitividad y el vigésimo estado en incidencia delictiva, según el Centro de Análisis para Información para el Combate a la Delincuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; en ese momento, el ahora gobernador del estado se encontraba aún en campaña electoral y prometió que la seguridad pública sería una tarea permanente de su gobierno, manteniendo una férrea voluntad política y participación activa de la sociedad. Hoy casi al culminar su mandato, San Luis está reprobado en seguridad; y no por querer denostar al gobernador, sino por la percepción de la ciudadanía respecto a las promesas que no se cumplieron y que hoy posicionan al estado en una situación con riesgo de convertirse en uno de los más inseguros del país.
En entrevista para La Orquesta, el doctor en criminalística por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador de la maestría en política criminal, Luis Alberto Osornio Saldívar comentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los indicadores de percepción urbana diagnostican cómo los ciudadanos tienen una imagen negativa sobre la seguridad de San Luis Potosí; posicionando al estado dentro de los primeros 10 con los indicadores negativos más altos de todo México.
“Nosotros subimos de 10 a 20 por ciento en el narcomenudeo, subieron los puntos de narcomenudeo en toda la ciudad y hubo una percepción negativa, también el homicidio doloso subió, las ejecuciones, también los delitos y violencia electorales subieron entre la huasteca y el centro, subieron los delitos de inclusión civil, como el de Coparmex (en marzo de este año cuando sujetos abrieron fuego en contra del expresidente de la Cámara empresarial, Julio Galindo), el fiscal en periférico (cuando asesinaron en agosto del 2020 al coordinador de la Fiscalía General de la República en SLP) que son eventos que magnifican la opinión pública, que son negativos y de todo el conocimiento público, son de percepción urbana”, destacó el doctor.
El entrevistado estimó también que ninguno de los objetivos de Juan Manuel Carreras López se cumplió; algunos, dijo, se quedaron a la mitad, pero ninguno llegó a la meta, pues no se consolidó el sistema de desarrollo de carrera; aunque se puso una primera piedra del sistema de profesionalización universitaria tampoco se llevó a cabo; no se llevó a cabo la capacitación y certificación de todos los elementos policiacos; no se llevó a cabo toda la convocatoria y elementos para poderlos registrar a nivel nacional en el sistema de seguridad, hizo hincapié Osornio Saldívar.
Mencionó que el estado muestra cifras negativas en todos los aspectos indicadores en seguridad y corrupción, hecho que ahora utilizaron todos los candidatos a la gubernatura dentro de sus propuestas; ponderando como primer eje a cumplir, la seguridad; y dejando a San Luis Potosí en una posición frágil y de alerta, que de no cuidarse, medirse o frenarse, coloca a la entidad a convertirse en un estado de alta incidencia delictiva como Michoacán o Guanajuato.
El único hecho que el experto en seguridad no le recriminó al gobernador Carreras López al contrario de muchos sectores de la sociedad civil, fue el designar como Fiscal General del Estado a Federico Garza Herrera y este señalamiento se debe únicamente a que el perfil del fiscal en cuanto a preparación y conocimiento de la materia sí cumple con los requisitos marcados por la ley; pese a que los objetivos requeridos para el presente gobierno no han sido óptimos; sin embargo, dijo, en el futuro quienes ostenten estos cargos deberían someterse también a la medición de resultados, para calificarlos y que de no llegar a ciertos objetivos en un determinado tiempo, no permanezcan en los cargos más de lo que deberían.
Por otra parte, cuestionado sobre los objetivos que sí logró el gobierno estatal, el doctor Luis Alberto Osornio indicó que “ninguno se logró, en ninguno de los rubros”, acentuó. Detalló que ni en anticorrupción, ni en procuración de justicia, ni en el tema de prevención del delito, lo que dificultará la recuperación del tejido urbano que ha sido minado en los últimos seis años y que se ha reflejado en el crecimiento de las pandillas, que actualmente es de 250 en la zona metropolitana y de las cuales, al menos 50 tienen actividades violentas; “entonces realmente San Luis Potosí puede entrar en un estado de descontrol en algunos polígonos de la ciudad ”, recordó que tan solo en la capital potosina, en zonas donde no existían índices de percepción de inseguridad hoy es tremendamente negativa la visión de los ciudadanos. “Lo que sí debemos decir es que a pesar de que hubo infraestructura, en la tangibilidad de los resultados de casos resueltos, resoluciones, neutralización de narcomenudeo, de consumo, de tráfico, no se ha percibido por la ciudadanía”, lamentó.
El gran desacierto de Carreras
Osornio Saldívar mencionó que el gran desacierto de la administración carrerista es que se desarrolló una política de estado que se lleva de manera acordada con el municipio y la federación; sin embargo, ésta no debe ser partidaria y reestructurarse cada seis años, sino por el contrario, planear estrategias para que funcionen en plazos de 6 a 20 años a través de objetivos claves y sin desviar los recursos públicos; “proponer la fiscalización de esos recursos, por ejemplo la disminución de los fondos de seguridad”, dijo el especialista, quien afirmó que fue debido a omisiones que se hicieron a nivel estatal, donde de haber fortalecido ciertos sectores como programación, presupuesto, proyección y planeación se hubieran logrado mejores resultados en estos proyectos para municipios, el estado y la federación.
Indicó que como tal no se puede considerar un fracaso en seguridad el gobierno carrerista, pero afirmó que tampoco se puede hablar de que se cumplieron objetivos, y se debe reconocer la mala percepción a nivel urbano que se tiene de la actual administración gubernamental, donde volvió a destacar, que San Luis Potosí es uno de los estados con los índices más altos en homicidios dolosos.
¿Qué le espera al sucesor de Juan Manuel Carreras?
El doctor de la UASLP reconoció que es grande la deuda de Carreras con el estado potosino y mayor aún, la labor que deberá realizar el próximo gobernante, pero, opinó que lo primero a realizar deberá ser reactivar un plan de aseguramiento de polígonos a nivel urbano; otro plan a dimensiones regionales y uno más para la zona metropolitana, esto, a la par de hacer frente al narcomenudeo y la creciente distribución de narcóticos por toda la entidad.
Otra de las deudas es la que se tiene con el personal de las corporaciones policiacas en el tema de la profesionalización de carrera “una deuda muy grande que nos deja el gobierno porque no se profesionalizó completamente al personal, no se certificó, de hecho no se evaluó completamente”, dijo. También se queda en deuda, añadió, el déficit tecnológico de videovigilancia en la ciudad, pues a pesar de que se cuenta con el Centro de Coordinación, Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5I2) y toda su estructura, no tiene una intercomunicación a nivel nacional y por lo tanto, no se ha hecho una adecuada distribución de sus áreas de estrategia de política criminal.
“Tenemos unas instalaciones que podrían ayudar, tenemos un programa de balística, de genética, de servicio forense, de personas desaparecidas que quedó inconcluso y la verdad es una evaluación negativa porque no se le llegaron a los objetivos y no hubo los acuerdos necesarios. Y el próximo gobierno debe fortalecer el aspecto de seguridad, sino podría entrar el estado en ser como Michoacán o Guanajuato”, finalizó.
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Gobierno de SLP advierte a antros: cierre será a las 2:00 am
La Dirección de Gobernación indicó que se han detectado violaciones al horario establecido, por lo que ya se impusieron sanciones
Por: Redacción
El titular de la Dirección General de Gobierno de San Luis Potosí, José Concepción Gallardo Martínez, advirtió que los centros nocturnos deberán cumplir estrictamente con el horario de cierre establecido por la ley: a más tardar a las 2:00 de la mañana, fuera del contexto de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde por motivos de celebración se permite una ligera extensión.
Gallardo señaló que la indicación del gobernador Ricardo Gallardo ha sido clara: vigilar que los bares y antros, especialmente en la zona de Himalaya, respeten tanto el horario como la restricción de acceso a menores de edad y, en el caso de la Fenapo, contar con arcos detectores de metales para mayor seguridad.
“Hemos detectado establecimientos que no cumplen con los horarios, y ya se han impuesto sanciones. No se va a pedir, se va a exigir que los empresarios respeten la ley”, afirmó.
El funcionario agregó que la zona metropolitana es donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de incumplimientos, debido a la alta concentración de locales de entretenimiento nocturno y de personas que acuden a ellos.
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Hasta agosto, aumento salarial para trabajadores de gobierno estatal
Noé Lara aseguró que aún se negocia un convenio entre sindicatos y el Ejecutivo del estado; no aprobarán aumentos inalcanzables por la administración, aseguró
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha tenido acercamiento con los sindicatos de trabajadores de la administración pública, con quienes se pretende establecer la propuesta de aumento salarial, misma que podría presentarse durante la primera semana del mes de agosto, así lo dio a conocer Noé Lara Enriquez, titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal.
“Muchos trabajadores dan por hecho que ya se autorizó el incremento, lo cual aún no es cierto. Estamos negociando, platicando, y yo creo que la primera semana del mes de agosto va a ser anunciado de manera oficial el porcentaje de incremento”, mencionó.
El funcionario estatal dijo que las negociaciones se orientan en brindar un aumento salarial digno y significativo para las y los trabajadores, pero también asequible para las finanzas del estado, ya que se han presentado propuestas de hasta un 5 por ciento de aumento salarial ; propuesta que corre el riesgo de volverse insostenible en el futuro.
“Hablaban inclusive de un 5%, lo cual prácticamente es imposible, tomando en cuenta los parámetros que hemos manejado en años anteriores que han sido del 1.8 o 1.9 por ciento; luego el 2%, y el año pasado fue el 2.1%, que se otorgó incluso sin haber negociado con el sindicato. Nosotros vamos a actuar siempre con responsabilidad porque tampoco vamos a ofrecer un incremento que no vayamos a cumplir”, manifestó.
Lara Enriquez se mostró confiado de generar un acuerdo aceptable para las organizaciones gremiales y generar un convenio satisfactorio para las y los trabajadores, pero también para el gobierno estatal.
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Impugnan “pase directo” en PJ de SLP; magistrado con promedio 7.58 se defiende
Ángel Gonzalo Santiago argumentó que su experiencia y trayectoria fueron requisitos del decreto legislativo para su elegibilidad
Por: Redacción
Ángel Gonzalo Santiago, juez con licencia y uno de los aspirantes que electos en el proceso para ocupar magistraturas en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, informó que él y otros candidatos han presentado medios de impugnación tras los resultados de la elección del pasado 1 de junio.
El juez explicó que su elección se basa en el uso legítimo de una cláusula establecida la cual permite a jueces en funciones o con licencia acceder mediante un “pase directo” a la candidatura sin necesidad de cumplir con todos los requisitos aplicables a candidatos externos, como el promedio académico.
“Más que entrar al debate de si el promedio cuenta o no, lo que quiero es dar certeza al procedimiento. Nosotros hicimos valer una disposición constitucional vigente que nos otorgaba ese derecho a quienes ya ejercíamos como jueces”, señaló.
Mencionó que su experiencia ha sido adquirida a través de concursos de oposición, tanto en el ámbito civil como mercantil, lo que acredita su idoneidad profesional para el cargo. Añadió que esta misma vía fue utilizada por otros jueces y magistrados en funciones, quienes también impugnaron los resultados basándose en el mismo argumento.
“La Constitución contempla dos vías: quienes accedimos desde el Poder Judicial por pase directo, y quienes no forman parte del sistema judicial, a quienes sí se les exige cumplir con requisitos como promedio, experiencia, cursos y capacitaciones”, explicó.
Santiago indicó que el Tribunal Electoral deberá resolver el caso a más tardar el 25 de agosto, aunque mencionó que, durante una audiencia reciente, los magistrados le expresaron su intención de emitir una resolución antes de esa fecha límite.
Finalmente, reafirmó que el proceso se está llevando conforme a derecho y confía que su equipo legal tiene argumentos ya presentados que serán valorados de acuerdo con lo establecido en la legislación.
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