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#LaHerenciaDeCarreras | Reprobado en seguridad y procuración de justicia
De acuerdo al doctor en criminología Luis Alberto Osornio, el gobernador no cumplió ninguna de sus promesas en este rubro y la percepción de inseguridad es cada vez mayor en todo el estado
Por: Karina González
En el año 2015, Juan Manuel Carreras López celebraba que San Luis Potosí era considerado el octavo estado más seguro del país, según el Instituto Mexicano de Competitividad y el vigésimo estado en incidencia delictiva, según el Centro de Análisis para Información para el Combate a la Delincuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; en ese momento, el ahora gobernador del estado se encontraba aún en campaña electoral y prometió que la seguridad pública sería una tarea permanente de su gobierno, manteniendo una férrea voluntad política y participación activa de la sociedad. Hoy casi al culminar su mandato, San Luis está reprobado en seguridad; y no por querer denostar al gobernador, sino por la percepción de la ciudadanía respecto a las promesas que no se cumplieron y que hoy posicionan al estado en una situación con riesgo de convertirse en uno de los más inseguros del país.
En entrevista para La Orquesta, el doctor en criminalística por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador de la maestría en política criminal, Luis Alberto Osornio Saldívar comentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los indicadores de percepción urbana diagnostican cómo los ciudadanos tienen una imagen negativa sobre la seguridad de San Luis Potosí; posicionando al estado dentro de los primeros 10 con los indicadores negativos más altos de todo México.
“Nosotros subimos de 10 a 20 por ciento en el narcomenudeo, subieron los puntos de narcomenudeo en toda la ciudad y hubo una percepción negativa, también el homicidio doloso subió, las ejecuciones, también los delitos y violencia electorales subieron entre la huasteca y el centro, subieron los delitos de inclusión civil, como el de Coparmex (en marzo de este año cuando sujetos abrieron fuego en contra del expresidente de la Cámara empresarial, Julio Galindo), el fiscal en periférico (cuando asesinaron en agosto del 2020 al coordinador de la Fiscalía General de la República en SLP) que son eventos que magnifican la opinión pública, que son negativos y de todo el conocimiento público, son de percepción urbana”, destacó el doctor.
El entrevistado estimó también que ninguno de los objetivos de Juan Manuel Carreras López se cumplió; algunos, dijo, se quedaron a la mitad, pero ninguno llegó a la meta, pues no se consolidó el sistema de desarrollo de carrera; aunque se puso una primera piedra del sistema de profesionalización universitaria tampoco se llevó a cabo; no se llevó a cabo la capacitación y certificación de todos los elementos policiacos; no se llevó a cabo toda la convocatoria y elementos para poderlos registrar a nivel nacional en el sistema de seguridad, hizo hincapié Osornio Saldívar.
Mencionó que el estado muestra cifras negativas en todos los aspectos indicadores en seguridad y corrupción, hecho que ahora utilizaron todos los candidatos a la gubernatura dentro de sus propuestas; ponderando como primer eje a cumplir, la seguridad; y dejando a San Luis Potosí en una posición frágil y de alerta, que de no cuidarse, medirse o frenarse, coloca a la entidad a convertirse en un estado de alta incidencia delictiva como Michoacán o Guanajuato.
El único hecho que el experto en seguridad no le recriminó al gobernador Carreras López al contrario de muchos sectores de la sociedad civil, fue el designar como Fiscal General del Estado a Federico Garza Herrera y este señalamiento se debe únicamente a que el perfil del fiscal en cuanto a preparación y conocimiento de la materia sí cumple con los requisitos marcados por la ley; pese a que los objetivos requeridos para el presente gobierno no han sido óptimos; sin embargo, dijo, en el futuro quienes ostenten estos cargos deberían someterse también a la medición de resultados, para calificarlos y que de no llegar a ciertos objetivos en un determinado tiempo, no permanezcan en los cargos más de lo que deberían.
Por otra parte, cuestionado sobre los objetivos que sí logró el gobierno estatal, el doctor Luis Alberto Osornio indicó que “ninguno se logró, en ninguno de los rubros”, acentuó. Detalló que ni en anticorrupción, ni en procuración de justicia, ni en el tema de prevención del delito, lo que dificultará la recuperación del tejido urbano que ha sido minado en los últimos seis años y que se ha reflejado en el crecimiento de las pandillas, que actualmente es de 250 en la zona metropolitana y de las cuales, al menos 50 tienen actividades violentas; “entonces realmente San Luis Potosí puede entrar en un estado de descontrol en algunos polígonos de la ciudad ”, recordó que tan solo en la capital potosina, en zonas donde no existían índices de percepción de inseguridad hoy es tremendamente negativa la visión de los ciudadanos. “Lo que sí debemos decir es que a pesar de que hubo infraestructura, en la tangibilidad de los resultados de casos resueltos, resoluciones, neutralización de narcomenudeo, de consumo, de tráfico, no se ha percibido por la ciudadanía”, lamentó.
El gran desacierto de Carreras
Osornio Saldívar mencionó que el gran desacierto de la administración carrerista es que se desarrolló una política de estado que se lleva de manera acordada con el municipio y la federación; sin embargo, ésta no debe ser partidaria y reestructurarse cada seis años, sino por el contrario, planear estrategias para que funcionen en plazos de 6 a 20 años a través de objetivos claves y sin desviar los recursos públicos; “proponer la fiscalización de esos recursos, por ejemplo la disminución de los fondos de seguridad”, dijo el especialista, quien afirmó que fue debido a omisiones que se hicieron a nivel estatal, donde de haber fortalecido ciertos sectores como programación, presupuesto, proyección y planeación se hubieran logrado mejores resultados en estos proyectos para municipios, el estado y la federación.
Indicó que como tal no se puede considerar un fracaso en seguridad el gobierno carrerista, pero afirmó que tampoco se puede hablar de que se cumplieron objetivos, y se debe reconocer la mala percepción a nivel urbano que se tiene de la actual administración gubernamental, donde volvió a destacar, que San Luis Potosí es uno de los estados con los índices más altos en homicidios dolosos.
¿Qué le espera al sucesor de Juan Manuel Carreras?
El doctor de la UASLP reconoció que es grande la deuda de Carreras con el estado potosino y mayor aún, la labor que deberá realizar el próximo gobernante, pero, opinó que lo primero a realizar deberá ser reactivar un plan de aseguramiento de polígonos a nivel urbano; otro plan a dimensiones regionales y uno más para la zona metropolitana, esto, a la par de hacer frente al narcomenudeo y la creciente distribución de narcóticos por toda la entidad.
Otra de las deudas es la que se tiene con el personal de las corporaciones policiacas en el tema de la profesionalización de carrera “una deuda muy grande que nos deja el gobierno porque no se profesionalizó completamente al personal, no se certificó, de hecho no se evaluó completamente”, dijo. También se queda en deuda, añadió, el déficit tecnológico de videovigilancia en la ciudad, pues a pesar de que se cuenta con el Centro de Coordinación, Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5I2) y toda su estructura, no tiene una intercomunicación a nivel nacional y por lo tanto, no se ha hecho una adecuada distribución de sus áreas de estrategia de política criminal.
“Tenemos unas instalaciones que podrían ayudar, tenemos un programa de balística, de genética, de servicio forense, de personas desaparecidas que quedó inconcluso y la verdad es una evaluación negativa porque no se le llegaron a los objetivos y no hubo los acuerdos necesarios. Y el próximo gobierno debe fortalecer el aspecto de seguridad, sino podría entrar el estado en ser como Michoacán o Guanajuato”, finalizó.
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Ciudad
San Luis Potosí podría ampliar horarios de antros en temporada decembrina
Galindo consideró más seguro que la gente permanezca en lugares regulados; la propuesta aún es analizada por la Dirección de Comercio Municipal
Por: Redacción
Con motivo de los festejos de fin de año, Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, se pronunció a favor de ampliar los horarios de operación de los centros nocturnos en la capital, al considerar que esta medida podría contribuir a una mejor convivencia social y a la reducción de riesgos en la vía pública.
Aunque precisó que la propuesta aún se encuentra en análisis por parte de la Dirección de Comercio Municipal, el edil dejó clara su postura al señalar que resulta más seguro mantener a las personas en establecimientos regulados y bajo supervisión, en lugar de que permanezcan o se concentren en espacios públicos durante la madrugada.
Galindo Ceballos explicó que actualmente muchos asistentes a bares y antros salen entre la una y dos de la mañana con la intención de continuar la convivencia, lo que en ocasiones deriva en reuniones en estacionamientos , traslados sin destino claro o desplazamientos innecesarios, situaciones que han provocado accidentes viales y otros incidentes.
“Yo prefiero que la gente esté en los antros y controlados, a que anden en la calle”, expresó el presidente municipal, al subrayar que cuando la convivencia se traslada al espacio público, los riesgos en materia de seguridad y movilidad aumentan considerablemente.
Finalmente, el alcalde informó que el Ayuntamiento mantiene diálogos con propietarios de centros nocturnos y restauranteros, quienes podrían ampliar sus horarios de servicio como parte de una estrategia coordinada, con el objetivo de que la convivencia se desarrolle en espacios adecuados y que las personas regresen a sus hogares de manera ordenada y segura.
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Sin denuncias, no hay sanciones: Ceepac sobre adelantados rumbo a elecciones
Paloma Blanco explicó que el órgano electoral no actúa de oficio ante presuntos actos anticipados de campaña: llamó a presentar denuncias formales
Por: Redacción
Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a presentar denuncias formales en caso de detectar actos anticipados de campaña, luego de que se han señalado posibles adelantados y adelantadas rumbo a los próximos procesos electorales, principalmente en el ámbito municipal.
Cuestionada sobre casos específicos, como el de Ciudad Valles, donde se ha mencionado a perfiles que ya estarían promocionándose, Blanco López explicó que el Ceepac no actúa de oficio, por lo que es indispensable que existan escritos de queja o denuncias formales para que se inicie cualquier procedimiento.
Detalló que, una vez recibida una queja, esta se turna a la Comisión de Quejas y Denuncias , instancia encargada de analizar cada caso de manera individual y determinar si existe o no una infracción a la normativa electoral, incluyendo el posible uso indebido de recursos públicos.
La consejera presidenta subrayó que hasta el momento no se tiene registro de denuncias ingresadas relacionadas con estos señalamientos, por lo que reiteró la invitación a que las personas interesadas presenten la documentación correspondiente para que la autoridad electoral pueda actuar conforme a la ley.
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Guajardo se opone a desaparecer los OPLES
El diputado panista afirmó que los organismos electorales han funcionado y brindan certeza a los procesos democráticos
Por: Redacción
El diputado local del PAN, Rubén Guajardo se pronunció en contra de la propuesta de desaparecer la propuesta de los Organismos Públicos Locales (OPLES), al considerar que han demostrado su funcionamiento y han sido pieza clave en la organización de los procesos electorales en las entidades.
Indicó que los OPLES han cumplido con su función de garantizar procesos ordenados, transparentes y confiables, por lo que insistió en no desaparecerlos.
El legislador panista afirmó que centralizar por completo la organización de las elecciones podría generar retrocesos en materia democrática, además de debilitar la autonomía de los estados en la toma de decisiones electorales.
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