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#LaHerenciaDeCarreras | Reprobado en seguridad y procuración de justicia
De acuerdo al doctor en criminología Luis Alberto Osornio, el gobernador no cumplió ninguna de sus promesas en este rubro y la percepción de inseguridad es cada vez mayor en todo el estado
Por: Karina González
En el año 2015, Juan Manuel Carreras López celebraba que San Luis Potosí era considerado el octavo estado más seguro del país, según el Instituto Mexicano de Competitividad y el vigésimo estado en incidencia delictiva, según el Centro de Análisis para Información para el Combate a la Delincuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional; en ese momento, el ahora gobernador del estado se encontraba aún en campaña electoral y prometió que la seguridad pública sería una tarea permanente de su gobierno, manteniendo una férrea voluntad política y participación activa de la sociedad. Hoy casi al culminar su mandato, San Luis está reprobado en seguridad; y no por querer denostar al gobernador, sino por la percepción de la ciudadanía respecto a las promesas que no se cumplieron y que hoy posicionan al estado en una situación con riesgo de convertirse en uno de los más inseguros del país.
En entrevista para La Orquesta, el doctor en criminalística por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador de la maestría en política criminal, Luis Alberto Osornio Saldívar comentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los indicadores de percepción urbana diagnostican cómo los ciudadanos tienen una imagen negativa sobre la seguridad de San Luis Potosí; posicionando al estado dentro de los primeros 10 con los indicadores negativos más altos de todo México.
“Nosotros subimos de 10 a 20 por ciento en el narcomenudeo, subieron los puntos de narcomenudeo en toda la ciudad y hubo una percepción negativa, también el homicidio doloso subió, las ejecuciones, también los delitos y violencia electorales subieron entre la huasteca y el centro, subieron los delitos de inclusión civil, como el de Coparmex (en marzo de este año cuando sujetos abrieron fuego en contra del expresidente de la Cámara empresarial, Julio Galindo), el fiscal en periférico (cuando asesinaron en agosto del 2020 al coordinador de la Fiscalía General de la República en SLP) que son eventos que magnifican la opinión pública, que son negativos y de todo el conocimiento público, son de percepción urbana”, destacó el doctor.
El entrevistado estimó también que ninguno de los objetivos de Juan Manuel Carreras López se cumplió; algunos, dijo, se quedaron a la mitad, pero ninguno llegó a la meta, pues no se consolidó el sistema de desarrollo de carrera; aunque se puso una primera piedra del sistema de profesionalización universitaria tampoco se llevó a cabo; no se llevó a cabo la capacitación y certificación de todos los elementos policiacos; no se llevó a cabo toda la convocatoria y elementos para poderlos registrar a nivel nacional en el sistema de seguridad, hizo hincapié Osornio Saldívar.
Mencionó que el estado muestra cifras negativas en todos los aspectos indicadores en seguridad y corrupción, hecho que ahora utilizaron todos los candidatos a la gubernatura dentro de sus propuestas; ponderando como primer eje a cumplir, la seguridad; y dejando a San Luis Potosí en una posición frágil y de alerta, que de no cuidarse, medirse o frenarse, coloca a la entidad a convertirse en un estado de alta incidencia delictiva como Michoacán o Guanajuato.
El único hecho que el experto en seguridad no le recriminó al gobernador Carreras López al contrario de muchos sectores de la sociedad civil, fue el designar como Fiscal General del Estado a Federico Garza Herrera y este señalamiento se debe únicamente a que el perfil del fiscal en cuanto a preparación y conocimiento de la materia sí cumple con los requisitos marcados por la ley; pese a que los objetivos requeridos para el presente gobierno no han sido óptimos; sin embargo, dijo, en el futuro quienes ostenten estos cargos deberían someterse también a la medición de resultados, para calificarlos y que de no llegar a ciertos objetivos en un determinado tiempo, no permanezcan en los cargos más de lo que deberían.
Por otra parte, cuestionado sobre los objetivos que sí logró el gobierno estatal, el doctor Luis Alberto Osornio indicó que “ninguno se logró, en ninguno de los rubros”, acentuó. Detalló que ni en anticorrupción, ni en procuración de justicia, ni en el tema de prevención del delito, lo que dificultará la recuperación del tejido urbano que ha sido minado en los últimos seis años y que se ha reflejado en el crecimiento de las pandillas, que actualmente es de 250 en la zona metropolitana y de las cuales, al menos 50 tienen actividades violentas; “entonces realmente San Luis Potosí puede entrar en un estado de descontrol en algunos polígonos de la ciudad 
El gran desacierto de Carreras
Osornio Saldívar mencionó que el gran desacierto de la administración carrerista es que se desarrolló una política de estado que se lleva de manera acordada con el municipio y la federación; sin embargo, ésta no debe ser partidaria y reestructurarse cada seis años, sino por el contrario, planear estrategias para que funcionen en plazos de 6 a 20 años a través de objetivos claves y sin desviar los recursos públicos; “proponer la fiscalización de esos recursos, por ejemplo la disminución de los fondos de seguridad”, dijo el especialista, quien afirmó que fue debido a omisiones que se hicieron a nivel estatal, donde de haber fortalecido ciertos sectores como programación, presupuesto, proyección y planeación se hubieran logrado mejores resultados en estos proyectos para municipios, el estado y la federación.
Indicó que como tal no se puede considerar un fracaso en seguridad el gobierno carrerista, pero afirmó que tampoco se puede hablar de que se cumplieron objetivos, y se debe reconocer la mala percepción a nivel urbano que se tiene de la actual administración gubernamental, donde volvió a destacar, que San Luis Potosí es uno de los estados con los índices más altos en homicidios dolosos.
¿Qué le espera al sucesor de Juan Manuel Carreras?
El doctor de la UASLP reconoció que es grande la deuda de Carreras con el estado potosino y mayor aún, la labor que deberá realizar el próximo gobernante, pero, opinó que lo primero a realizar deberá ser reactivar un plan de aseguramiento de polígonos a nivel urbano; otro plan a dimensiones regionales y uno más para la zona metropolitana, esto, a la par de hacer frente al narcomenudeo y la creciente distribución de narcóticos por toda la entidad.
Otra de las deudas es la que se tiene con el personal de las corporaciones policiacas en el tema de la profesionalización de carrera “una deuda muy grande que nos deja el gobierno porque no se profesionalizó completamente al personal, no se certificó, de hecho no se evaluó completamente”, dijo. También se queda en deuda, añadió, el déficit tecnológico de videovigilancia en la ciudad, pues a pesar de que se cuenta con el Centro de Coordinación, Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5I2) y toda su estructura, no tiene una intercomunicación a nivel nacional y por lo tanto, no se ha hecho una adecuada distribución de sus áreas de estrategia de política criminal.
“Tenemos unas instalaciones que podrían ayudar, tenemos un programa de balística, de genética, de servicio forense, de personas desaparecidas que quedó inconcluso y la verdad es una evaluación negativa porque no se le llegaron a los objetivos y no hubo los acuerdos necesarios. Y el próximo gobierno debe fortalecer el aspecto de seguridad, sino podría entrar el estado en ser como Michoacán o Guanajuato”, finalizó.
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APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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