SIGAMOS DERECHO.

A lo largo de su existencia, la raza humana ha desarrollado distintos sistemas para organizar su convivencia de manera ordenada. En su mayoría, los distintos sistemas coinciden en que a cada acción le va aparejada un premio o una sanción (usualmente suele ser sanción) y, así, incentivar o disuadir ciertas conductas. Con esta base común, las diferencias entre sistemas suelen estar en la consecuencia, es decir, en los premios y sanciones. Por ejemplo, las normas religiosas buscan disuadir o incentivar ciertas conductas humanas, pero el premio o sanción usualmente es moral, trascendental y posterior a la vida, en contraste con las sanciones impuestas por las normas jurídicas.

Con esto quiero decir que los sistemas que buscan organizar nuestra convivencia en sociedad coexisten, funcionan de una manera más o menos similar y todos tienen cierta eficacia para cumplir su objetivo. ¿Es el sistema jurídico el más efectivo para organizar nuestra vida en sociedad? No lo sé. Sin embargo, de alguna manera hemos convenido en que el Estado de democrático y de derecho es el más funcional —al menos en occidente—, con mecanismos para resolver nuestras controversias, instituciones encargadas de administrar, representantes elegidos para tomar las decisiones trascendentes, entre otras cosas.

Así, uno de los pilares sobre los que se funda nuestro sistema de organización es el principio de legalidad. Este principio, en términos sencillos, consiste en que las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Las implicaciones de esta sencilla frase son especialmente relevantes, pues contiene toda la lógica de cómo entendemos la relación entre personas y autoridades. Las personas, por un lado, entendemos nuestro rol en la sociedad desde una perspectiva de derechos y deberes, en tanto que nuestros límites radican solo en aquello expresamente prohibido en las leyes y códigos. Las autoridades, por otro lado, están pensadas desde una perspectiva de facultades y obligaciones. Por ejemplo, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de expresión siempre y cuando no incurramos en alguna de las prohibiciones ya estipuladas, como el discurso de odio. En contraste, en su carácter de autoridad, el presidente de la República tiene la obligación de informar con precisión los temas de interés nacional, no más, no menos.

Como sabemos, el principio de legalidad nos dice que las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido. De ahí se desprenden dos obligaciones muy concretas: la de fundar y motivar todos sus actos como autoridad. La fundamentación es la obligación de expresar el precepto legal aplicable al caso, mientras que la motivación refiere a las circunstancias y razones particulares que se toman en cuenta para la realización del acto. Por ejemplo, cuando a alguien lo detiene un agente de tránsito, este tiene la obligación de enunciar los artículos del reglamento de tránsito que lo facultan para detener y, en su caso, multar automovilistas (fundar) y explicar por qué la conducta realizada por la persona se encuadra en ese supuesto jurídico (motivar).

Las salvaguardas al principio de legalidad, específicamente a la obligación de las autoridades de fundar y motivar todos sus actos se encuentran en distintos preceptos constitucionales. De manera muy clara, el artículo 16 establece que “[n]adie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. A su vez, es posible leer de manera implícita el principio de legalidad en otros artículos, como el 6 y 8 constitucionales.

El artículo 6, por una parte, refiere al derecho que todos y todas tenemos a acceder a la información pública de nuestras autoridades. De este derecho emana la expedición de la Ley General de Acceso a la Información y el órgano encargado de su operación, el INAI. Por otra parte, el artículo 8 consagra nuestro derecho de petición, que esencialmente consiste en que, a todas las peticiones formuladas a una autoridad, de manera pacífica, respetuosa y por escrito, estas tienen que ser respondidas de manera completa, rápida, fundada y motivada. El ejercicio de estos derechos —de acceso a la información y de petición— permiten a toda la ciudadanía seguir de cerca las andadas de todas las autoridades de la administración pública, desde la presidencia de la República, hasta los funcionarios municipales e incluso entidades paraestatales y centros públicos de investigación.

Es en ese sentido que hace varios meses —como ya les he contado en este espacio— le escribí por correo electrónico a la senadora potosina María Graciela Gaitán Díaz. En el correo, le solicité que me explicara a detalle los argumentos que la llevaron a votar a favor del paquete de artículos transitorios que contempló la extensión del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y del resto de consejeros y consejeras del Consejo de la Judicatura Federal. La senadora Gaitán no respondía, a

Siguió sin responder y, como les platiqué hace un par de semanas, presenté mi demanda de amparo indirecto en mayo. A la senadora Gaitán se la tragó la tierra y, según indica el expediente electrónico del juicio, aún no se le ha podido notificar, a pesar de los múltiples intentos, recordemos, a costa del Estado. No obstante, la semana pasada recibí por correo electrónico la tan esperada respuesta; por fin apareció María Graciela. En un documento de seis páginas, la senadora puntualizó las grandes bondades de la reforma judicial de Zaldívar, la más importante reforma desde 1994. En un párrafo, la senadora afirmó que las y los senadores del Partido Verde consideraron —lo mismo que ha repetido el presidente— que la prórroga de los y las integrantes del Consejo de la Judicatura necesitan de esa extensión para la correcta implementación de la reforma.

Mucho se ha dicho y mucho se habrá de decir sobre el fondo del asunto: la extensión del mandato de las y los consejeros contraviene directa y flagrantemente a los artículos 97, párrafo quinto, y 100, párrafo quinto. A la letra, dichos artículos disponen, respectivamente, lo siguiente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser electo para el periodo inmediato posterior” y “ Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”. Más claro, imposible. Estime usted si los argumentos de la bancada del Verde —según la respuesta que me hizo llegar la senadora Gaitán— fundamentan y motivan de manera correcta y suficiente la contravención a lo dispuesto en el texto constitucional.

La importancia de mantener el ojo firme en las actuaciones de las autoridades del Estado queda, me parece, muy clara en lo anterior. Todo el tiempo, nuestros representantes menoscaban el mandato constitucional de fundar y motivar correctamente su proceder. Ciertamente, la actividad legislativa requiere de una pluralidad de opiniones y puntos de vista que enriquezcan nuestra vida democrática y debate público. Sin embargo, hay atropellos que —desde la participación activa de la ciudadanía— no podemos dejar pasar ni esperar a que la Corte resuelva. Pronto se votarán en el Congreso de la Unión temas de especial trascendencia para el futuro del país, como la reforma eléctrica, y es precisamente ahí en donde debemos ser más incisivos.

La cultura de la legalidad y de participación ciudadana activa debe fomentarse y hacerse costumbre; más importante, debe cumplirse y respetarse. La constante presión —sea por los medios establecidos o por la vía jurisdiccional— será la mejor herramienta para enfrentarnos la opacidad y la simulación. El principio de legalidad, como sabemos, es el pilar de nuestro Estado democrático y de derecho.

Por acá les dejo la respuesta completa de la senadora Gaitán: https://drive.google.com/file/d/1nD4qcSeUkHfRvvONp9Pi-sDAwxdFyHbZ/view?usp=sharing.

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