noviembre 1, 2026

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#4 Tiempos

La senadora ha respondido | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

A lo largo de su existencia, la raza humana ha desarrollado distintos sistemas para organizar su convivencia de manera ordenada. En su mayoría, los distintos sistemas coinciden en que a cada acción le va aparejada un premio o una sanción (usualmente suele ser sanción) y, así, incentivar o disuadir ciertas conductas. Con esta base común, las diferencias entre sistemas suelen estar en la consecuencia, es decir, en los premios y sanciones. Por ejemplo, las normas religiosas buscan disuadir o incentivar ciertas conductas humanas, pero el premio o sanción usualmente es moral, trascendental y posterior a la vida, en contraste con las sanciones impuestas por las normas jurídicas.

Con esto quiero decir que los sistemas que buscan organizar nuestra convivencia en sociedad coexisten, funcionan de una manera más o menos similar y todos tienen cierta eficacia para cumplir su objetivo. ¿Es el sistema jurídico el más efectivo para organizar nuestra vida en sociedad? No lo sé. Sin embargo, de alguna manera hemos convenido en que el Estado de democrático y de derecho es el más funcional —al menos en occidente—, con mecanismos para resolver nuestras controversias, instituciones encargadas de administrar, representantes elegidos para tomar las decisiones trascendentes, entre otras cosas.

Así, uno de los pilares sobre los que se funda nuestro sistema de organización es el principio de legalidad. Este principio, en términos sencillos, consiste en que las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Las implicaciones de esta sencilla frase son especialmente relevantes, pues contiene toda la lógica de cómo entendemos la relación entre personas y autoridades. Las personas, por un lado, entendemos nuestro rol en la sociedad desde una perspectiva de derechos y deberes, en tanto que nuestros límites radican solo en aquello expresamente prohibido en las leyes y códigos. Las autoridades, por otro lado, están pensadas desde una perspectiva de facultades y obligaciones. Por ejemplo, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de expresión siempre y cuando no incurramos en alguna de las prohibiciones ya estipuladas, como el discurso de odio. En contraste, en su carácter de autoridad, el presidente de la República tiene la obligación de informar con precisión los temas de interés nacional, no más, no menos.

Como sabemos, el principio de legalidad nos dice que las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido. De ahí se desprenden dos obligaciones muy concretas: la de fundar y motivar todos sus actos como autoridad. La fundamentación es la obligación de expresar el precepto legal aplicable al caso, mientras que la motivación refiere a las circunstancias y razones particulares que se toman en cuenta para la realización del acto. Por ejemplo, cuando a alguien lo detiene un agente de tránsito, este tiene la obligación de enunciar los artículos del reglamento de tránsito que lo facultan para detener y, en su caso, multar automovilistas (fundar) y explicar por qué la conducta realizada por la persona se encuadra en ese supuesto jurídico (motivar).

Las salvaguardas al principio de legalidad, específicamente a la obligación de las autoridades de fundar y motivar todos sus actos se encuentran en distintos preceptos constitucionales. De manera muy clara, el artículo 16 establece que “[n]adie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. A su vez, es posible leer de manera implícita el principio de legalidad en otros artículos, como el 6 y 8 constitucionales.

El artículo 6, por una parte, refiere al derecho que todos y todas tenemos a acceder a la información pública de nuestras autoridades. De este derecho emana la expedición de la Ley General de Acceso a la Información y el órgano encargado de su operación, el INAI. Por otra parte, el artículo 8 consagra nuestro derecho de petición, que esencialmente consiste en que, a todas las peticiones formuladas a una autoridad, de manera pacífica, respetuosa y por escrito, estas tienen que ser respondidas de manera completa, rápida, fundada y motivada. El ejercicio de estos derechos —de acceso a la información y de petición— permiten a toda la ciudadanía seguir de cerca las andadas de todas las autoridades de la administración pública, desde la presidencia de la República, hasta los funcionarios municipales e incluso entidades paraestatales y centros públicos de investigación.

Es en ese sentido que hace varios meses —como ya les he contado en este espacio— le escribí por correo electrónico a la senadora potosina María Graciela Gaitán Díaz. En el correo, le solicité que me explicara a detalle los argumentos que la llevaron a votar a favor del paquete de artículos transitorios que contempló la extensión del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y del resto de consejeros y consejeras del Consejo de la Judicatura Federal. La senadora Gaitán no respondía, a

sí que tuve que insistir una semana después para recordarle muy amablemente que, de no responder, me vería obligado a hacer valer mi derecho de petición ante un juzgado federal, vía amparo indirecto.

Siguió sin responder y, como les platiqué hace un par de semanas, presenté mi demanda de amparo indirecto en mayo. A la senadora Gaitán se la tragó la tierra y, según indica el expediente electrónico del juicio, aún no se le ha podido notificar, a pesar de los múltiples intentos, recordemos, a costa del Estado. No obstante, la semana pasada recibí por correo electrónico la tan esperada respuesta; por fin apareció María Graciela. En un documento de seis páginas, la senadora puntualizó las grandes bondades de la reforma judicial de Zaldívar, la más importante reforma desde 1994. En un párrafo, la senadora afirmó que las y los senadores del Partido Verde consideraron —lo mismo que ha repetido el presidente— que la prórroga de los y las integrantes del Consejo de la Judicatura necesitan de esa extensión para la correcta implementación de la reforma.

Mucho se ha dicho y mucho se habrá de decir sobre el fondo del asunto: la extensión del mandato de las y los consejeros contraviene directa y flagrantemente a los artículos 97, párrafo quinto, y 100, párrafo quinto. A la letra, dichos artículos disponen, respectivamente, lo siguiente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser electo para el periodo inmediato posterior” y “ Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”. Más claro, imposible. Estime usted si los argumentos de la bancada del Verde —según la respuesta que me hizo llegar la senadora Gaitán— fundamentan y motivan de manera correcta y suficiente la contravención a lo dispuesto en el texto constitucional.

La importancia de mantener el ojo firme en las actuaciones de las autoridades del Estado queda, me parece, muy clara en lo anterior. Todo el tiempo, nuestros representantes menoscaban el mandato constitucional de fundar y motivar correctamente su proceder. Ciertamente, la actividad legislativa requiere de una pluralidad de opiniones y puntos de vista que enriquezcan nuestra vida democrática y debate público. Sin embargo, hay atropellos que —desde la participación activa de la ciudadanía— no podemos dejar pasar ni esperar a que la Corte resuelva. Pronto se votarán en el Congreso de la Unión temas de especial trascendencia para el futuro del país, como la reforma eléctrica, y es precisamente ahí en donde debemos ser más incisivos.

La cultura de la legalidad y de participación ciudadana activa debe fomentarse y hacerse costumbre; más importante, debe cumplirse y respetarse. La constante presión —sea por los medios establecidos o por la vía jurisdiccional— será la mejor herramienta para enfrentarnos la opacidad y la simulación. El principio de legalidad, como sabemos, es el pilar de nuestro Estado democrático y de derecho.

Por acá les dejo la respuesta completa de la senadora Gaitán: https://drive.google.com/file/d/1nD4qcSeUkHfRvvONp9Pi-sDAwxdFyHbZ/view?usp=sharing.

También lee: El derecho a una muerte digna | Columna de Víctor Meade C.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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El Cronopio

Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.

Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Carlos Villatoro, actor del cine mudo y sonoro mexicano

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.

Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.

Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.

Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.

A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.

También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.

Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.

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El Cronopio

Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.

Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.

Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.

A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.

Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.

Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.

Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.

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