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La SEGE despidió al profe violador de Milpillas… pero no por sus delitos
Por: Redacción
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí emitió una recomendación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por el caso del profesor de una escuela en Milpillas, quien fue acusado de abusar sexualmente de tres alumnas en noviembre de 2018.
En aquel momento, un grupo de padres de familia retuvieron al maestro encargado de impartir clases en el segundo grado de escuela primaria de la comunidad, pues lo acusaron de abusar sexualmente de cinco alumnos, y a decir de los afectados, cuando acudieron a denunciar los hechos, la Agente del Ministerio Público les dijo que volvieran después.
La CEDH indica que con base en la publicación de medios de comunicación, se conoció que el maestro acusado era hermano del subdirector del plantel educativo y la directora, quienes refirieron que desconocían de los supuestos abusos hacia los alumnos, pero admitieron que había muchos infantes involucrados.
Debido a lo anterior, padres de familia acudieron al plantel educativo con la intención de agredir al profesor, por lo que éste se resguardó en un salón de clases, mientras tanto, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como la Policía Ministerial del Estado, se presentaron en las instalaciones del centro escolar para preservar la integridad del docente señalado como responsable y en su momento ser presentado ante las autoridades ministeriales; en el lugar de los hechos resultaron lesionados dos oficiales estatales.
Ante lo sucedido, la CEDH acudió a entrevistar a madres de familia, quienes manifestaron que en el interior de la escuela primaria sus hijas habían sido agredidas sexualmente por el maestro, por lo que se presentaron en la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, en donde se iniciaron las carpetas de investigación, y de las cuales se desprenden los dictámenes psicológicos cuyos resultados se advierte que presentaban síntomas de violencia sexual.
En febrero del año actual, se notificó a la CEDH el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos la Secretaria de Educación, en el cual se determinó el cese justificado del profesor, sin embargo, fue determinado por otro motivo y no por haberse acreditado acciones en agravio de las víctimas.
Por lo anterior la CEDH emite la Recomendación 18/2019 dirigida a la Secretaria de Educación de gobierno del estado bajo los sigui entes puntos recomendatorios:
1. Con la finalidad de que se les sea reparado el daño, se inscriban a las tres niñas víctimas en el Registro Estatal de Víctimas con el fin de que se les brinde atención psicológica y puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
2. Respecto a los elementos de policía que resultaron agredidos, se colabore también en la inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, en razón de que resultaron lesionados en la intervención que tuvo como propósito evitar el linchamiento de maestro señalado como responsable, a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, hasta el total restablecimiento de su salud.
3. Se aporte toda la información al Órgano de Control Interno sobre el presente caso, en razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas al subdirector y directora del plantel, que tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación.
4. Se colabore con el Ministerio Público facilitándole todos aquellos datos que requiera, para la mejor integración de carpeta de investigación hasta su total determinación.
5. Como Garantía de No Repetición se instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal.
6. Se giren instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil.
La CEDH también exhortó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) y a todas las instituciones a sumar esfuerzos para evitar este tipo de delitos y salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
También lee: Habría otra víctima del profe violador de Milipillas: una niña de 7 años
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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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