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La SEGE despidió al profe violador de Milpillas… pero no por sus delitos
Por: Redacción
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí emitió una recomendación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por el caso del profesor de una escuela en Milpillas, quien fue acusado de abusar sexualmente de tres alumnas en noviembre de 2018.
En aquel momento, un grupo de padres de familia retuvieron al maestro encargado de impartir clases en el segundo grado de escuela primaria de la comunidad, pues lo acusaron de abusar sexualmente de cinco alumnos, y a decir de los afectados, cuando acudieron a denunciar los hechos, la Agente del Ministerio Público les dijo que volvieran después.
La CEDH indica que con base en la publicación de medios de comunicación, se conoció que el maestro acusado era hermano del subdirector del plantel educativo y la directora, quienes refirieron que desconocían de los supuestos abusos hacia los alumnos, pero admitieron que había muchos infantes involucrados.
Debido a lo anterior, padres de familia acudieron al plantel educativo con la intención de agredir al profesor, por lo que éste se resguardó en un salón de clases, mientras tanto, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como la Policía Ministerial del Estado, se presentaron en las instalaciones del centro escolar para preservar la integridad del docente señalado como responsable y en su momento ser presentado ante las autoridades ministeriales; en el lugar de los hechos resultaron lesionados dos oficiales estatales.
Ante lo sucedido, la CEDH acudió a entrevistar a madres de familia, quienes manifestaron que en el interior de la escuela primaria sus hijas habían sido agredidas sexualmente por el maestro, por lo que se presentaron en la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, en donde se iniciaron las carpetas de investigación, y de las cuales se desprenden los dictámenes psicológicos cuyos resultados se advierte que presentaban síntomas de violencia sexual.
En febrero del año actual, se notificó a la CEDH el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos la Secretaria de Educación, en el cual se determinó el cese justificado del profesor, sin embargo, fue determinado por otro motivo y no por haberse acreditado acciones en agravio de las víctimas.
Por lo anterior la CEDH emite la Recomendación 18/2019 dirigida a la Secretaria de Educación de gobierno del estado bajo los sigui entes puntos recomendatorios:
1. Con la finalidad de que se les sea reparado el daño, se inscriban a las tres niñas víctimas en el Registro Estatal de Víctimas con el fin de que se les brinde atención psicológica y puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
2. Respecto a los elementos de policía que resultaron agredidos, se colabore también en la inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, en razón de que resultaron lesionados en la intervención que tuvo como propósito evitar el linchamiento de maestro señalado como responsable, a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, hasta el total restablecimiento de su salud.
3. Se aporte toda la información al Órgano de Control Interno sobre el presente caso, en razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas al subdirector y directora del plantel, que tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación.
4. Se colabore con el Ministerio Público facilitándole todos aquellos datos que requiera, para la mejor integración de carpeta de investigación hasta su total determinación.
5. Como Garantía de No Repetición se instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal.
6. Se giren instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil.
La CEDH también exhortó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) y a todas las instituciones a sumar esfuerzos para evitar este tipo de delitos y salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
También lee: Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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