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La SEGE despidió al profe violador de Milpillas… pero no por sus delitos
Por: Redacción
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí emitió una recomendación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por el caso del profesor de una escuela en Milpillas, quien fue acusado de abusar sexualmente de tres alumnas en noviembre de 2018.
En aquel momento, un grupo de padres de familia retuvieron al maestro encargado de impartir clases en el segundo grado de escuela primaria de la comunidad, pues lo acusaron de abusar sexualmente de cinco alumnos, y a decir de los afectados, cuando acudieron a denunciar los hechos, la Agente del Ministerio Público les dijo que volvieran después.
La CEDH indica que con base en la publicación de medios de comunicación, se conoció que el maestro acusado era hermano del subdirector del plantel educativo y la directora, quienes refirieron que desconocían de los supuestos abusos hacia los alumnos, pero admitieron que había muchos infantes involucrados.
Debido a lo anterior, padres de familia acudieron al plantel educativo con la intención de agredir al profesor, por lo que éste se resguardó en un salón de clases, mientras tanto, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como la Policía Ministerial del Estado, se presentaron en las instalaciones del centro escolar para preservar la integridad del docente señalado como responsable y en su momento ser presentado ante las autoridades ministeriales; en el lugar de los hechos resultaron lesionados dos oficiales estatales.
Ante lo sucedido, la CEDH acudió a entrevistar a madres de familia, quienes manifestaron que en el interior de la escuela primaria sus hijas habían sido agredidas sexualmente por el maestro, por lo que se presentaron en la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, en donde se iniciaron las carpetas de investigación, y de las cuales se desprenden los dictámenes psicológicos cuyos resultados se advierte que presentaban síntomas de violencia sexual.
En febrero del año actual, se notificó a la CEDH el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos la Secretaria de Educación, en el cual se determinó el cese justificado del profesor, sin embargo, fue determinado por otro motivo y no por haberse acreditado acciones en agravio de las víctimas.
Por lo anterior la CEDH emite la Recomendación 18/2019 dirigida a la Secretaria de Educación de gobierno del estado bajo los sigui entes puntos recomendatorios:
1. Con la finalidad de que se les sea reparado el daño, se inscriban a las tres niñas víctimas en el Registro Estatal de Víctimas con el fin de que se les brinde atención psicológica y puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
2. Respecto a los elementos de policía que resultaron agredidos, se colabore también en la inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, en razón de que resultaron lesionados en la intervención que tuvo como propósito evitar el linchamiento de maestro señalado como responsable, a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, hasta el total restablecimiento de su salud.
3. Se aporte toda la información al Órgano de Control Interno sobre el presente caso, en razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas al subdirector y directora del plantel, que tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación.
4. Se colabore con el Ministerio Público facilitándole todos aquellos datos que requiera, para la mejor integración de carpeta de investigación hasta su total determinación.
5. Como Garantía de No Repetición se instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal.
6. Se giren instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil.
La CEDH también exhortó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) y a todas las instituciones a sumar esfuerzos para evitar este tipo de delitos y salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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