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La primera biblioteca pública potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Durante el siglo XIX, la educación pública en San Luis Potosí dio un paso importante al establecerse las primeras bibliotecas públicas en el estado entre las que se encontraba la biblioteca del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, actual biblioteca pública de la UASLP que abriera sus puertas a principios del año 1878. Sin embargo, a diferencia de lo que algunos autores apuntan como la primera biblioteca pública en San Luis Potosí, la biblioteca del Instituto no fue la primera en la ciudad. La primera biblioteca que tuvo ese carácter fue una biblioteca privada que ofreció sus servicios a la población, a mediados de la década de los setenta del siglo XIX, convirtiéndose así en el primer lugar donde el público, que pudiera pagar el servicio, podía allegarse de conocimiento y disfrutar la lectura de libros y así poder cultivarse. De esta forma fue un importante impulso a la educación no escolarizada y un recurso de lo que actualmente podemos considerar como divulgación del conocimiento, y del conocimiento científico en particular. Este tipo de iniciativas, suelen ser luego dejadas de lado, pero constituyen esfuerzos que aportan y que deben de ser reconocidas y valoradas, principalmente quienes nos dedicamos a la educación no formal e informal.
Durante 1877 el Instituto Científico tuvo un desarrollo extraordinario, fue un tiempo donde a consecuencia del triunfo de la revolución de Tuxtepec y con el arribo a la gubernatura del estado de Carlos Diez Gutiérrez, el Instituto tendría un importante impulso, al dotársele de instrumentos e implementos necesarios para el buen funcionamiento de las cátedras. Se hizo traer de Europa instrumentos para los gabinetes de física y química. Se estableció un gabinete de historia natural, se instaló un observatorio meteorológico, y tuvo lugar la apertura de la biblioteca pública con una importante dotación de libros traídos de Europa
A pesar de que oficialmente se inaugurara la biblioteca pública en enero de 1878, para septiembre de 1877, esta, ya daba servicio a la población contando con más de mil volúmenes a disposición del público, y contaba con bibliotecario en la persona de José María Flores Verdad.
La Biblioteca formaba parte de los evidentes adelantos que en materia de infraestructura presentaba el Instituto y se presentaba, junto al observatorio, los nuevos gabinetes científicos y el museo y gabinete de historia natural, como las obras representativas del desarrollo educativo del Instituto e indirectamente como vínculo con la sociedad, tal como en la actualidad lo demanda las obras asociadas a la divulgación del conocimiento artístico, humanístico y científico. 
Años atrás ya se destinaban recursos para una biblioteca que no estaba en operaciones, por ejemplo, en 1875 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, al Instituto se destinaron cinco mil pesos, mientras que a la biblioteca pública dos mil quinientos pesos. Para septiembre de 1877 ya se contaba con un salón destinado a la Biblioteca y se ponían en orden los volúmenes recién traídos de Europa por Pedro Garza. Con estas acciones se materializaban los anhelos de progreso, planteados en el Instituto, prácticamente desde su creación a principios de los sesenta decimonónicos, en donde ya se había planteado la necesidad de instalar un observatorio meteorológico y una biblioteca pública, esta última a iniciativa de Don Florencio Cabrera, 
La carencia de servicios públicos bibliotecarios era evidente lo que propició que particulares pusieran en servicio su acervo, como el caso de Ladislao J. Ramírez que el primero de julio de 1875 anunciaba en la Sombra de Zaragoza, entonces el periódico oficial, su biblioteca como servicio público. En la práctica ésta sería la primera biblioteca que ofrecía servicios al pueblo, claro, con una módica cuota, pues la biblioteca del Instituto no había podido establecerse a pesar de contar con la colección de las obras conventuales que en su momento fueron confiscadas. Ladislao Ramírez promocionaba su biblioteca pública, con el sugerente título de Biblioteca para Todos, que en la actualidad nos refleja esos títulos que son comunes en actividades de divulgación de la ciencia.
Su acción, de cierta forma, apresuró la apertura de establecimientos bibliotecarios que estaban en suspenso desde hacía muchos años, así como propuestas de apertura de nuevas bibliotecas, como el caso del ayuntamiento de Tamazunchale que en agosto de 1875, casi un mes después de la apertura de la biblioteca de Ladislao Ramírez abría una biblioteca popular destinada a fomentar la ilustración de nuestro pueblo, como apuntaba una carta agradeciendo a los redactores de los periódicos de la capital de la República y de los Estados.
Con todo, la biblioteca particular de Ladislao J. Ramírez, convertida en biblioteca pública al destinarse al servicio del público, fue, y así debe de ser reconocida, como la primera biblioteca pública de la ciudad y muy posiblemente del estado de San Luis Potosí.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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