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La primera biblioteca pública potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Durante el siglo XIX, la educación pública en San Luis Potosí dio un paso importante al establecerse las primeras bibliotecas públicas en el estado entre las que se encontraba la biblioteca del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, actual biblioteca pública de la UASLP que abriera sus puertas a principios del año 1878. Sin embargo, a diferencia de lo que algunos autores apuntan como la primera biblioteca pública en San Luis Potosí, la biblioteca del Instituto no fue la primera en la ciudad. La primera biblioteca que tuvo ese carácter fue una biblioteca privada que ofreció sus servicios a la población, a mediados de la década de los setenta del siglo XIX, convirtiéndose así en el primer lugar donde el público, que pudiera pagar el servicio, podía allegarse de conocimiento y disfrutar la lectura de libros y así poder cultivarse. De esta forma fue un importante impulso a la educación no escolarizada y un recurso de lo que actualmente podemos considerar como divulgación del conocimiento, y del conocimiento científico en particular. Este tipo de iniciativas, suelen ser luego dejadas de lado, pero constituyen esfuerzos que aportan y que deben de ser reconocidas y valoradas, principalmente quienes nos dedicamos a la educación no formal e informal.
Durante 1877 el Instituto Científico tuvo un desarrollo extraordinario, fue un tiempo donde a consecuencia del triunfo de la revolución de Tuxtepec y con el arribo a la gubernatura del estado de Carlos Diez Gutiérrez, el Instituto tendría un importante impulso, al dotársele de instrumentos e implementos necesarios para el buen funcionamiento de las cátedras. Se hizo traer de Europa instrumentos para los gabinetes de física y química. Se estableció un gabinete de historia natural, se instaló un observatorio meteorológico, y tuvo lugar la apertura de la biblioteca pública con una importante dotación de libros traídos de Europa
A pesar de que oficialmente se inaugurara la biblioteca pública en enero de 1878, para septiembre de 1877, esta, ya daba servicio a la población contando con más de mil volúmenes a disposición del público, y contaba con bibliotecario en la persona de José María Flores Verdad.
La Biblioteca formaba parte de los evidentes adelantos que en materia de infraestructura presentaba el Instituto y se presentaba, junto al observatorio, los nuevos gabinetes científicos y el museo y gabinete de historia natural, como las obras representativas del desarrollo educativo del Instituto e indirectamente como vínculo con la sociedad, tal como en la actualidad lo demanda las obras asociadas a la divulgación del conocimiento artístico, humanístico y científico. 
Años atrás ya se destinaban recursos para una biblioteca que no estaba en operaciones, por ejemplo, en 1875 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, al Instituto se destinaron cinco mil pesos, mientras que a la biblioteca pública dos mil quinientos pesos. Para septiembre de 1877 ya se contaba con un salón destinado a la Biblioteca y se ponían en orden los volúmenes recién traídos de Europa por Pedro Garza. Con estas acciones se materializaban los anhelos de progreso, planteados en el Instituto, prácticamente desde su creación a principios de los sesenta decimonónicos, en donde ya se había planteado la necesidad de instalar un observatorio meteorológico y una biblioteca pública, esta última a iniciativa de Don Florencio Cabrera, 
La carencia de servicios públicos bibliotecarios era evidente lo que propició que particulares pusieran en servicio su acervo, como el caso de Ladislao J. Ramírez que el primero de julio de 1875 anunciaba en la Sombra de Zaragoza, entonces el periódico oficial, su biblioteca como servicio público. En la práctica ésta sería la primera biblioteca que ofrecía servicios al pueblo, claro, con una módica cuota, pues la biblioteca del Instituto no había podido establecerse a pesar de contar con la colección de las obras conventuales que en su momento fueron confiscadas. Ladislao Ramírez promocionaba su biblioteca pública, con el sugerente título de Biblioteca para Todos, que en la actualidad nos refleja esos títulos que son comunes en actividades de divulgación de la ciencia.
Su acción, de cierta forma, apresuró la apertura de establecimientos bibliotecarios que estaban en suspenso desde hacía muchos años, así como propuestas de apertura de nuevas bibliotecas, como el caso del ayuntamiento de Tamazunchale que en agosto de 1875, casi un mes después de la apertura de la biblioteca de Ladislao Ramírez abría una biblioteca popular destinada a fomentar la ilustración de nuestro pueblo, como apuntaba una carta agradeciendo a los redactores de los periódicos de la capital de la República y de los Estados.
Con todo, la biblioteca particular de Ladislao J. Ramírez, convertida en biblioteca pública al destinarse al servicio del público, fue, y así debe de ser reconocida, como la primera biblioteca pública de la ciudad y muy posiblemente del estado de San Luis Potosí.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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