junio 13, 2026

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La historia de Alejandro N, de ciudadano ejemplar a presunto abusador

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El ex funcionario está acusado de violentar a un menor de edad. Su proceso está cerca de llegar a una conclusión

Por: Bernardo Vera

El año de 2012 fue testigo de como la historia de San Luis Potosí condecoraba a uno de sus ciudadanos con el presea de “Potosino Distinguido” Diez años después, el galardonado de nombre Alejandro N, enfrenta un proceso penal en su contra por presunto abuso sexual en contra de un menor bajo su custodia.

Alejandro N fue un ciudadano reconocido por su labor altruista al frente de la Fundación ‘Ezequiel Romo’, una escuela para ciegos y débiles visuales; según la página web de dicha fundación, fue fundada el 3 de octubre de 1997, bajo la promesa que Alejandro le hizo a un niño ciego de crear una escuela donde pudiera estudiar y jugar como cualquier niño.

El presunto acusado es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado. Al inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras, fue designado en el DIF estatal como procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, además de fungir como el brazo derecho Lorena Valle, directora del DIF estatal en ese entonces.

El caso en contra de Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era traído, al menos tres veces por semana desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra.

El 18 de octubre de 2019 se solicitó una alerta migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.

La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019 agentes de la Fiscalía General del Estado, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., tras una corta persecución que concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino, donde el personal argumentó que hubo uso excesivo de la fuerza y allanamiento ilegal de este lugar.

Alejandro “N” llevó a cabo su primer audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.

El 2 de octubre 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoría de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.

Seis días después, el ex titular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal, logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.

Tras la reposición completa del proceso, se fijaron 2 meses, para cerrar la investigación y que se aportaran nuevos datos y evidencias en su proceso, no obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa gracias a las pruebas clínicas y de compatibilidad de ADN.

Luego de casi dos años de proceso, ayer se llevó a cabo el juicio oral por los cargos penales que pesan en su contra, sin embargo, debido a que no fue posible desahogar en su totalidad los testimonios por parte de los testigos de la víctima, y en cuidado de los derechos de la misma, el juez difirió la fecha y se fijó para el próximo 4 de julio.

También lee: El caso de Alejandro N en el patíbulo | Editorial de La Orquesta

Ayuntamiento de SLP

Continúan las acciones del Gobierno Municipal contra el grafiti en el Centro

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Estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”

 

Por: Redacción

Al continuar las acciones impulsadas por el alcalde Enrique Galindo para rescatar el esplendor del primer cuadro de la ciudad, personal de Servicios Municipales intervino en 6  puntos de esta zona para eliminar el grafiti.

 

La dependencia informó que como parte del programa Centro Histórico: Corazón de San Luis, personal del área de Imagen Urbana utilizó equipo especial para limpiar espacios grafiteados en la calle Iturbide, esquina  con 5 de Mayo.

 

Igualmente, las cuadrillas intervinieron en dos lugares de la calle Guerrero, frente al número 430 y frente al 550; en la calle Aldama en la Plaza de la Mujer; en Iturbide frente al 515; en Los Bravo frente al 180 y frente al 155.

 

Señaló que estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”,  como la rehabilitación integral de la Plaza de Armas, el mejoramiento de calles y el ordenamiento vial con la habilitación de espacios exclusivos para motociclistas, entre otras.

 

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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