noviembre 19, 2026

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La historia de Alejandro N, de ciudadano ejemplar a presunto abusador

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El ex funcionario está acusado de violentar a un menor de edad. Su proceso está cerca de llegar a una conclusión

Por: Bernardo Vera

El año de 2012 fue testigo de como la historia de San Luis Potosí condecoraba a uno de sus ciudadanos con el presea de “Potosino Distinguido” Diez años después, el galardonado de nombre Alejandro N, enfrenta un proceso penal en su contra por presunto abuso sexual en contra de un menor bajo su custodia.

Alejandro N fue un ciudadano reconocido por su labor altruista al frente de la Fundación ‘Ezequiel Romo’, una escuela para ciegos y débiles visuales; según la página web de dicha fundación, fue fundada el 3 de octubre de 1997, bajo la promesa que Alejandro le hizo a un niño ciego de crear una escuela donde pudiera estudiar y jugar como cualquier niño.

El presunto acusado es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado. Al inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras, fue designado en el DIF estatal como procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, además de fungir como el brazo derecho Lorena Valle, directora del DIF estatal en ese entonces.

El caso en contra de Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era traído, al menos tres veces por semana desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra.

El 18 de octubre de 2019 se solicitó una alerta migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.

La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019 agentes de la Fiscalía General del Estado, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., tras una corta persecución que concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino, donde el personal argumentó que hubo uso excesivo de la fuerza y allanamiento ilegal de este lugar.

Alejandro “N” llevó a cabo su primer audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.

El 2 de octubre 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoría de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.

Seis días después, el ex titular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal, logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.

Tras la reposición completa del proceso, se fijaron 2 meses, para cerrar la investigación y que se aportaran nuevos datos y evidencias en su proceso, no obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa gracias a las pruebas clínicas y de compatibilidad de ADN.

Luego de casi dos años de proceso, ayer se llevó a cabo el juicio oral por los cargos penales que pesan en su contra, sin embargo, debido a que no fue posible desahogar en su totalidad los testimonios por parte de los testigos de la víctima, y en cuidado de los derechos de la misma, el juez difirió la fecha y se fijó para el próximo 4 de julio.

También lee: El caso de Alejandro N en el patíbulo | Editorial de La Orquesta

Ciudad

Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP

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El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva

Por: Redacción

El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.

Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.

González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.

Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.

Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.

La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas

porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.

Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.

Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.

La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.

González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.

El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.

La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.

También lee: Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Ciudad

SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita

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La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo

Por: Redacción

La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.

Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.

Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.

El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.

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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles

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El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles

Por: Redacción

La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.

El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.

Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.

La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno

, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.

Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.

Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.

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Opinión

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