Estado
UASLP reitera apertura al diálogo y cumple con pliego petitorio del alumnado de la Facultad de Derecho
La institución garantizó protección y no represalias para la víctima, sus acompañantes y quienes participen en movilizaciones o denuncias
Por: Redacción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reafirma su voluntad de escucha, diálogo y acción ante las inquietudes legítimas de la comunidad estudiantil, las cuales fueron presentadas el pasado lunes 20 de octubre en el Edificio Central y recibidas por el rector doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra. En ese contexto, la institución informa sobre las labores emprendidas para atender al pliego petitorio de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
Con relación al primer punto, que refiere a la exigencia de destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, se precisa que dentro del marco institucional sólo existen dos figuras reconocidas y electas por la comunidad estudiantil: la presidencia y la vicepresidencia de dicha federación. Las demás delegaciones o representaciones que pudieran estar presentes en entidades académicas no cuentan con reconocimiento formal en el Estatuto Orgánico.
Respecto a la demanda de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación efectiva, revictimización y ausencia de protocolos con perspectiva de género, se aceptó la renuncia del director de la Facultad y se destituyó del cargo a otros funcionarios de la entidad académica, así como a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios.
En el tercer punto d el pliego
En materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas, mencionado en el cuarto punto
Sobre las garantías de seguridad y no represalias para la estudiante afectada, sus acompañantes y quienes participen en procesos de denuncia o movilización, esta institución mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación, la protección integral de la víctima y la política de cero tolerancia a represalias.
Respecto al sexto punto, la UASLP ratifica la continuidad de los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género dirigidos a personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho, como parte de una estrategia de prevención y transformación institucional de largo alcance, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.
Finalmente, como séptimo punto, sobre brindar espacios seguros para la organización estudiantil y fortalecer los mecanismos de representación legítima, la Universidad reconoce el derecho de asociación y reunión. Por lo que, en las entidades académicas, se fortalecerá el reconocimiento de la pluralidad de grupos estudiantiles organizados para que tengan oportunidades de desarrollo en las áreas sustantivas de la institución.
La UASLP reitera su disposición a mantener un diálogo permanente con su comunidad, para consolidar un ambiente universitario autónomo, libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana.
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Congreso del Estado
Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP
La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.
La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.
El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.
El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.
La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.
“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.
De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.
La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.
El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto
El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.
El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.
Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.
Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.
El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.
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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse
Por: Redacción
Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.
El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.
Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.
La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.
De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.
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