Ciudad
La CEDH desnuda a Xavier Nava: le valen los derechos humanos
La CEDH reconoció que hubo fuerza excesiva en el desalojo de Registro Civil; ya no participarán en el antialcohol y esperan que la administración de Xavier Nava acate las recomendaciones
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció ayer que fungió como observador en el desalojo de la oficial del registro civil Teresa Carrizales Hernández, por lo que constató que el director de la Policía Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia ordenó el uso de la fuerza pública “sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar”, explicó el organismo.
“Fue a petición de la víctima. Se recibió una llamada para presentarnos como observadores, por eso, los visitadores de CEDH constataron que, como se aprecia en el video. El director de la Dirección de Seguridad Pública municipal del Ayuntamiento usó la fuerza para desalojar a la jueza del registro civil, en una casa que no ameritaba la fuerza pública”, dijo en entrevista para La Orquesta el ombudsman de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa.
La CEDH inició expediente de queja contra la Dirección de Seguridad Pública por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno; el organismo de Derechos Humanos aseguró que la víctima, Teresa Carrizales, ya acudió a formalizar su queja.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.
Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.
El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.
Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.
En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.
“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, el ombudsman, en respuesta a lo dicho por Palacios. “La coordinadora de Derechos Humanos tendrá que aportar su informe a la CEDH, al igual que Seguridad Pública Municipal”, agregó.
En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol 
La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.
Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.
Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.
La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, fue aceptada, aunque hasta la fecha, el organismo autónomo no cuenta con evidencia que acredite su cumplimiento.
También la Recomendación 7/2019 que no ha sido aceptada sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.
López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.
Xavier Nava desdeña a la CEDH y defiende desalojo violento en el Registro Civil
La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital
Por: Redacción
Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.
Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.
Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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El servicio de agua comenzará a regularizarse gradualmente conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución
Por: Redacción
Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua potable por red en ocho colonias de la zona de influencia, informó el organismo este sábado 10 de octubre.
Las colonias beneficiadas son Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.
El organismo señaló que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en la red de distribución
Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
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Ayuntamiento de SLP
Congreso suspende carrera atlética y acusa al Ayuntamiento de negar autorización
La SSPC capitalina rechazó autorizar el cierre de calles y asignar agentes para la carrera “Un Legado a la Nación”; el oficio oficial recuerda que este tipo de eventos debe tramitarse con 15 días de anticipación.
Por: Redacción
La suspensión de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), abrió un nuevo frente político entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que el Congreso responsabilizara públicamente al gobierno capitalino de impedir la realización del evento programado para este domingo 11 de octubre.
En un comunicado, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, informó que la competencia sería suspendida temporalmente debido a la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal para autorizar el operativo vial y el cierre de calles requerido.
El Congreso destacó que más de mil personas se en contraban inscritas para participar en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, incluyendo niñas, niños, familias y atletas de alto rendimiento, y anunció que la carrera será reprogramada, posiblemente en el Parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, el propio oficio exhibido por el Congreso ofrece un elemento que no fue incluido en su comunicado.
En el documento SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el viernes 9 de octubre, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad señala que no era posible autorizar el evento ni destinar agentes al operativo debido a que ya existían servicios y dispositivos de seguridad previamente programados, entre ellos otra carrera atlética.
Además, la autoridad municipal cita expresamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí, que establece que las solicitudes para caravanas, eventos deportivos y actividades que afecten la circulación deben realizarse por escrito y con 15 días de anticipación
De acuerdo con fuentes de la SSPCM consultadas sobre el caso, la solicitud del Congreso habría sido presentada apenas unas a las 18 horas del viernes, una circunstancia que habría hecho materialmente imposible organizar cierres viales, despliegue de agentes y medidas de seguridad para una carrera de esa magnitud.
El oficio municipal no precisa la hora exacta en que fue recibida la solicitud; sin embargo, el documento sí confirma que el trámite no cumplió con el plazo de 15 días previsto en el reglamento.
Pese a ello, en su comunicado el Congreso centró el señalamiento en la “negativa” del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, sin mencionar el requisito reglamentario de anticipación ni explicar cuándo fue presentada formalmente la petición.
El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre actores del Congreso del Estado y el gobierno de la capital, por lo que la suspensión de la carrera terminó trasladándose rápidamente del terreno deportivo al de la disputa pública.
Mientras el Congreso presenta el caso como una negativa del Ayuntamiento para facilitar la realización del evento, la documentación oficial apunta a que la solicitud habría llegado fuera de los tiempos reglamentarios, cuando la Policía Vial ya tenía comprometido su personal en otros operativos.
Por ahora, el Congreso y el INPODE anunciaron que en los próximos días darán a conocer una nueva fecha y sede para la carrera.
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