La CEDH reconoció que hubo fuerza excesiva en el desalojo de Registro Civil; ya no participarán en el antialcohol y esperan que la administración de Xavier Nava acate las recomendaciones

Por: Ana Dora y Roberto Rocha

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció ayer que fungió como observador en el desalojo de la oficial del registro civil Teresa Carrizales Hernández, por lo que constató que el director de la Policía Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia ordenó el uso de la fuerza pública “sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar”, explicó el organismo.

“Fue a petición de la víctima. Se recibió una llamada para presentarnos como observadores, por eso, los visitadores de CEDH constataron que, como se aprecia en el video. El director de la Dirección de Seguridad Pública municipal del Ayuntamiento usó la fuerza para desalojar a la jueza del registro civil, en una casa que no ameritaba la fuerza pública”, dijo en entrevista para La Orquesta el ombudsman de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa.

La CEDH inició expediente de queja contra la Dirección de Seguridad Pública por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno; el organismo de Derechos Humanos aseguró que la víctima, Teresa Carrizales, ya acudió a formalizar su queja.

“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.

Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.

El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.

Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.

En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.

“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, el ombudsman, en respuesta a lo dicho por Palacios. “La coordinadora de Derechos Humanos tendrá que aportar su informe a la CEDH, al igual que Seguridad Pública Municipal”, agregó.

En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol

que efectúa el Ayuntamiento. “Desde el 2 de abril solicitamos al alcalde su colaboración para difundir programas de concientización, de conductor designado. A tres meses, seguimos sin respuesta. No hay noticias de reuniones con cámaras empresariales, que demuestren que los retenes no sean recaudatorios, sino preventivos”, dijo López Espinosa.

La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.

Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.

Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.

La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, fue aceptada, aunque hasta la fecha, el organismo autónomo no cuenta con evidencia que acredite su cumplimiento.

También la Recomendación 7/2019 que no ha sido aceptada sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.

El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.

López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.

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