Ciudad
La CEDH desnuda a Xavier Nava: le valen los derechos humanos
La CEDH reconoció que hubo fuerza excesiva en el desalojo de Registro Civil; ya no participarán en el antialcohol y esperan que la administración de Xavier Nava acate las recomendaciones
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció ayer que fungió como observador en el desalojo de la oficial del registro civil Teresa Carrizales Hernández, por lo que constató que el director de la Policía Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia ordenó el uso de la fuerza pública “sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar”, explicó el organismo.
“Fue a petición de la víctima. Se recibió una llamada para presentarnos como observadores, por eso, los visitadores de CEDH constataron que, como se aprecia en el video. El director de la Dirección de Seguridad Pública municipal del Ayuntamiento usó la fuerza para desalojar a la jueza del registro civil, en una casa que no ameritaba la fuerza pública”, dijo en entrevista para La Orquesta el ombudsman de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa.
La CEDH inició expediente de queja contra la Dirección de Seguridad Pública por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno; el organismo de Derechos Humanos aseguró que la víctima, Teresa Carrizales, ya acudió a formalizar su queja.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.
Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.
El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.
Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.
En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.
“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, el ombudsman, en respuesta a lo dicho por Palacios. “La coordinadora de Derechos Humanos tendrá que aportar su informe a la CEDH, al igual que Seguridad Pública Municipal”, agregó.
En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol 
La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.
Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.
Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.
La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, fue aceptada, aunque hasta la fecha, el organismo autónomo no cuenta con evidencia que acredite su cumplimiento.
También la Recomendación 7/2019 que no ha sido aceptada sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.
López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.
Xavier Nava desdeña a la CEDH y defiende desalojo violento en el Registro Civil
Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo
Por: Angel Bravo
El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.
Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.
La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:
La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.
El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.
El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.
A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.
Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo
“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”
En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.
El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.
Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”
El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.
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En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el DIF reforzó su compromiso con las y los soledenses en situación vulnerable
Por: Redacción
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, realizó la entrega de apoyos técnicos y funcionales que mejoran la movilidad y calidad de vida de decenas de familias, acción que fue encabezada por su presidenta, María del Pilar Cardona Reyna, quien destacó que estos apoyos se desarrollan siguiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz .“Esta fecha es un llamado a reconocer la fortaleza de quienes viven con alguna discapacidad y a impulsar entornos verdaderamente inclusivos para todas y todos”, expresó.
La presidenta del DIF Municipal subrayó que esta jornada reafirma el compromiso municipal de atender de forma directa a los sectores más vulnerables del municipio; señaló que la entrega de decenas de sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores responde a necesidades reales de las familias, que se acercan al sistema en busca de apoyo y encuentran respuesta inmediata.“El impulso que nos brinda el alcalde nos permite incrementar los apoyos y ampliar el número de beneficiarios”, resaltó.
Durante el evento, las y los asistentes celebraron que, a través del DIF, se fortalezca el acceso a una vida digna en la que la movilidad y la autonomía formen parte del día a día.
Este acto reafirma que el Gobierno Municipal mantiene una presencia cercana con la población que más requiere apoyo, consolidando una política pública incluyente.
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Durante los trabajos se renovaron 48 metros de tubería con el fin de reducir riesgos de fugas o hundimientos
Por: Redacción
Interapas finalizó la reposición de tubería sanitaria en la avenida Mariano Ávila, entre las calles Eulogio Esmaurrizar y Albino García del barrio de Tequisquiapan, dejando la vialidad completamente abierta y libre para la circulación.
Los trabajos consistieron en la renovación de 48 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, sustitución realizada para corregir el hundimiento detectado en la zona y atender la solicitud de los propios vecinos, quienes reportaron la afectación en la superficie.
Esta intervención mejora el funcionamiento del drenaje sanitario en una de las avenidas transversales más transitadas del área, reforzando la infraestructura y reduciendo riesgos de filtraciones o futuros colapsos.
Interapas mantiene la presteza por concluir obras antes del cierre del año y agradece a los usuarios el pago oportuno de sus servicios, lo que permite continuar con estas acciones de rehabilitación en toda la Zona Metropolitana.
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