Ciudad
La CEDH desnuda a Xavier Nava: le valen los derechos humanos
La CEDH reconoció que hubo fuerza excesiva en el desalojo de Registro Civil; ya no participarán en el antialcohol y esperan que la administración de Xavier Nava acate las recomendaciones
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció ayer que fungió como observador en el desalojo de la oficial del registro civil Teresa Carrizales Hernández, por lo que constató que el director de la Policía Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia ordenó el uso de la fuerza pública “sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar”, explicó el organismo.
“Fue a petición de la víctima. Se recibió una llamada para presentarnos como observadores, por eso, los visitadores de CEDH constataron que, como se aprecia en el video. El director de la Dirección de Seguridad Pública municipal del Ayuntamiento usó la fuerza para desalojar a la jueza del registro civil, en una casa que no ameritaba la fuerza pública”, dijo en entrevista para La Orquesta el ombudsman de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa.
La CEDH inició expediente de queja contra la Dirección de Seguridad Pública por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno; el organismo de Derechos Humanos aseguró que la víctima, Teresa Carrizales, ya acudió a formalizar su queja.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.
Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.
El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.
Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.
En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.
“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, el ombudsman, en respuesta a lo dicho por Palacios. “La coordinadora de Derechos Humanos tendrá que aportar su informe a la CEDH, al igual que Seguridad Pública Municipal”, agregó.
En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol 
La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.
Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.
Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.
La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, fue aceptada, aunque hasta la fecha, el organismo autónomo no cuenta con evidencia que acredite su cumplimiento.
También la Recomendación 7/2019 que no ha sido aceptada sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.
López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.
Xavier Nava desdeña a la CEDH y defiende desalojo violento en el Registro Civil
Juan Antonio Villa atribuyó los resultados al fortalecimiento de la videovigilancia y a los operativos desplegados en el primer cuadro de la ciudad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reportó que el Centro Histórico concentra entre seis y siete puestas a disposición por semana, informó el titular Juan Antonio Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que estos resultados forman parte de la estrategia de vigilancia implementada en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas, donde se ha reforzado el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y la presencia de grupos operativos especializados.
Villa destacó que la tecnología ha permitido responder con mayor rapidez a diversos incidentes, incluyendo casos de vandalismo y daños a vehículos, algunos de los cuales han derivado en detenciones en flagrancia pocos minutos después de cometerse los hechos.
Indicó que, en toda la ciudad, la corporación realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana, mientras que una parte importante corresponde al cuadrante Centro, que incluye sectores como San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala.
El secretario consideró que la combinación de videovigilancia, patrullajes y acciones preventivas ha contribuido a fortalecer la seguridad en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital potosina.
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Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.
El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.
Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.
El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.
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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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