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#JusticiaParaFer | La historia de un feminicidio sin resolver en SLP
Fernanda desapareció a mediados del 2020 y meses después su cuerpo apareció enterrado en el patio de su ex pareja, hoy su madre lucha para que se esclarezca lo ocurrido
Por: Karina González
Fernanda Guadalupe desapareció el 7 de septiembre de 2020. Siete meses después, su cuerpo fue encontrado en el patio de la casa de su agresor y aunque el feminicida hoy está detenido, la justicia no ha alcanzado a Fernanda, lamenta su madre Jazmín Rodríguez, quien actualmente se hace cargo del bebé que quedó huérfano tras el feminicidio.
Jazmín Rodríguez relató que la justicia “no es ciega como dicen”, porque al feminicida de su hija, ex pareja de Fernanda, aunque se encuentra detenido y bajo investigaciones, se le han retirado algunos cargos y únicamente se le quiere acusar por feminicidio y desaparición de pruebas, en este caso, del cuerpo de la víctima. Sin embargo, la mamá de Fernanda exige que se le castiguen también por secuestro y tortura, entre otros delitos que arrojó la necropsia de su hija.
La madre de la víctima ahora es responsable del hijo que Fernanda tuvo, señaló que por este motivo es que continúa luchando por hacer justicia a su hija “antes, mi vida era solo trabajar y dedicarme a mi casa, ahora con lo que pasó, trabajo, me dedico a mi nieto y también me informo y participo en esta lucha por hacer justicia”, relató para La Orquesta, pues el crimen que acabó con la vida de su hija le cambió la vida.
Próximamente volverán a tener juicios, pues dijo que no descansará hasta que se haga justicia y se castiguen con la pena máxima al feminicida, “me arrebataron a mi hija y lo menos que exijo es justicia”.
Fue en marzo cuando el cuerpo de Fernanda Morán se localizó en el patio de la casa de su ex pareja y agresor, debido a que un albañil que hacía trabajos en el lugar se percató de un problema en la tubería y hacer las reparaciones se topó con los resto de Fernanda. “Yo siempre les dije que lo investigarán, yo lo señalé muchas veces y nadie me hizo caso”, explicó Jazmín.
Al momento, Jazmín no recibe apoyo de asociaciones civiles o activistas feministas para exigir justicia, pues señaló que por falta de tiempo no ha buscado este acompañamiento, sin embargo se asesora con la Instancia de las Mujeres para llevar el proceso legal contra el feminicida de su hija.
“Me ofrecen la reparación del daño, pero yo no quiero ninguna reparación, yo no quiero eso, yo lo que quiero es que castiguen con la pena máxima al asesino y feminicida de Fernanda”, finalizó.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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