Estado
Joven empresaria presentó denuncia contra Canaco por violencia de género
Los dirigentes en SLP intentaron hacer que Fernanda Álvarez renunciara a su cargo en la organización antes de concluir su periodo
Por: Redacción
Ayer por la mañana, Fernanda Álvarez Montejano presidenta de Jóvenes Canaco San Luis Potosí, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer una denuncia formal en contra de quienes se desempeñan dentro de la mesa directiva como presidente, vicepresidente; además de dos consejeros más de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo en San Luis Potosí por violencia de género.
Álvarez Montejano dio a conocer que, el pasado siete de marzo de 2022 acudió a las instalaciones de la Cámara a una reunión pactada previamente, al llegar Juan N. actual presidente le solicitó no ingresar con su teléfono celular a la sala de juntas, donde se le informó que dos miembros un consejero y Luis N. vicepresidente actual solicitaban que no se le permitiera terminar su periodo como presidenta de Jóvenes Empresarios, siendo esta la primera vez que se destituye a un presidente antes del periodo correspondiente, bajo el argumento de ser la presidenta mujer más mediática que la Cámara ha tenido, “posiblemente puedo ser una rival para la intención que tiene de ser presidente de la Cámara en el 2023, por lo tanto, si se me permite terminar mi gestión, voy a seguir tomando fuerza y después me voy a salir de control, además de ser una sombra para dicha candidatura, así como sentirse molestos por considerar que mi imagen personal está siendo proyectada para algo más”, citó textualmente Fernanda Álvarez.
Fernanda Álvarez explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que aún le faltan ocho meses para concluir su periodo en la cartera de Jóvenes Empresarios, en el cual se ha desempeñado por 1 año 4 meses, desde el 6 de noviembre de 2020 que tomó protesta como presidenta.
Así mismo, la afectada dio a conocer que solicitó al presidente de la Cámara se le permitiera terminar su gestión como corresponde, ya que no existe motivo de validez para culminarlo antes del tiempo establecido, además de contar ya con una agenda de trabajo para el resto del periodo, en respuesta se le notificó que sería revisado, “me ofreció armar una presentación para exponer frente al Consejo y convencerlos de que me permitieran terminar mi periodo, a lo que me negué, no considero que tenga que ir a pedir que se me permita terminar un periodo que ya me corresponde”, explicó.
Fue el 10 de marzo de 2022 cuando en una reunión con el presidente de la Canaco SLP, y donde participó el actual aspirante a la cartera de Jóvenes Empresarios donde se acordó con a Álvarez Montejano respetar el periodo que le correspondía para terminar la gestión como presidenta.
El día 11 de marzo del 2022, al asistir a un evento en la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato convocado por la Cámara de ese estado el nuevo prospecto fue presentado ante los asistentes como nuevo presidente de Jóvenes Empresarios en SLP, lo cual consideró una falta de respeto a su persona.
Ese mismo día Juan N. presidente de la Cámara le notificó que se seguía en pie la decisión de no permitirle concluir su periodo, “en lo personal me hizo sentir presionada y hostigada psicológica y emocionalm ente a desistir de continuar en un espacio en donde he brindado mi tiempo y recursos 
El día 22 de marzo de 2022, se llevó a cabo la sesión de consejo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio donde se tenía contemplada la renovación de la presidencia de Jóvenes Canaco, dentro de la misma se acordó permitir concluir su gestión de la manera debida.
“El día 23 de marzo de 2022, recibí una notificación de Facebook en donde informaba que se habían realizado modificaciones a los administradores de la página cambiando también las contraseñas y brindándole acceso al prospecto actual a la presidencia de Jóvenes Canaco y dejándome a mí fuera de dichas redes sociales (Facebook/instagram/Twitter)”.
Explicó Fernanda que el día 24 de marzo de 2022, se realizó una publicación donde se dio por hecho que ya había un nuevo presidente de Jóvenes, por lo que hubo reacciones de inconformidad por parte de la sociedad, manifestándolo en dicha publicación, “me hizo sentir hostigada, presionada y expuesta a una presión de desistimiento de lucha por mi derecho a terminar mi periodo correspondiente, siendo que esta persona ya estaba dando por hecho públicamente la elección de una nueva persona, sin que me notificaran de manera oficial ese hecho y sin que se hubiera llevado a cabo en algún momento el acto protocolario de toma de protesta que marca el fin de una gestión y da inicio a la siguiente”.
“Posteriormente la publicación fue eliminada, sin en algún momento existir algún pronunciamiento para desmentir dicha situación, causando desconcierto y pidiendo aclaración del tema por parte de diferentes organizaciones con las cuales se tienen proyectos en desarrollo, lo cual me puso en una situación de vulnerabilidad emocional y psicológica por dichos señalamientos, al tener que dejar en pausa el trabajo realizado con dichas organizaciones hasta aclarar la situación”, expuso.
Además manifestó que durante el año de gestión sufrió situaciones de discriminación y violencia psicológica, al ser víctima de omisiones tales como rechazo y restricciones de igualdad de participación en eventos dentro de la institución, “al negarme un asiento como presidenta dentro de los presídiums, cosa contraria a lo que sucedía con mi antecesor hombre, quien siempre fue incluido en los mismos, por lo cual en varias ocasiones lo manifesté y solicité tanto al presidente recibiendo indiferencia total a la situación”.
Expuso que la decisión de exponer esta situación y llevarlo ante la ley, la tomó para no sumar un caso más de silencio que se presentan todavía en los espacios de la vida pública y privada. “Este tipo de hechos no hacen más que desacreditar la honorabilidad y el respeto que por años la Cámara y tantos potosinos hemos construido”
El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, llevó a cabo el curso de capacitación para la Elaboración de las Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2027, en el museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
Asistieron las y los presidentes municipales de varios ayuntamientos, el auditor superior Joaquín Rodrigo Lecourtois López; la titular del Instituto Registral y Catastral, Yahaira Martínez Martínez
El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales, mediante el análisis de los aspectos normativos, financieros y técnicos que intervienen en la elaboración de las leyes de ingresos municipales.
Responsabilizó a Morena por las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del INE
Por: Redacción
La senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, responsabilizó a Morena por la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción.
Durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la situación del organismo electoral es consecuencia de las modificaciones legales impulsadas por Morena, que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto.
“El día en que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena”, expresó.
Rodríguez Hernández cuestionó que el oficialismo pretenda deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, debilitaron los mecanismos de control del instituto. Explicó que las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) otorgaron a la presidencia del INE facultades para nombrar y remover de manera unilateral a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General.
En ese contexto, informó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos institucionales. La propuesta establece que los nombramientos estratégicos cuenten con el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
La iniciativa también contempla un procedimiento extraordinario para revisar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, con el objetivo de evaluar su idoneidad y desempeño.
La senadora sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción y las irregularidades señaladas durante su gestión.
“No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna”, reclamó.
Rodríguez Hernández insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la concentración de facultades en la presidencia del INE. Exigió además que la designación de la nueva presidencia del organismo se realice con absoluta transparencia, para que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad.
Advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, el país necesita un árbitro imparcial que garantice elecciones libres, transparentes y democráticas. Por ello consideró indispensable corregir los problemas institucionales y evitar que las decisiones del organismo dependan de una sola persona.
La legisladora reiteró que Acción Nacional exigirá que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que la renovación de la presidencia del INE sirva para fortalecer su autonomía.
“El INE le pertenece a los ciudadanos”, sentenció.
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Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña
Por: Jorge Saldaña
La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.
De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.
La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.
La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.
En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.
Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.
Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.
Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones
Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.
De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.
Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.
En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.
En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.
CEEPAC, ante el reto de definir un calendario
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.
El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.
Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.
Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.
La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos
El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.
Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.
Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.
La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.
De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.
Incertidumbre debe resolverse antes de enero
De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.
La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.
Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.
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