Estado
Joven empresaria presentó denuncia contra Canaco por violencia de género
Los dirigentes en SLP intentaron hacer que Fernanda Álvarez renunciara a su cargo en la organización antes de concluir su periodo
Por: Redacción
Ayer por la mañana, Fernanda Álvarez Montejano presidenta de Jóvenes Canaco San Luis Potosí, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer una denuncia formal en contra de quienes se desempeñan dentro de la mesa directiva como presidente, vicepresidente; además de dos consejeros más de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo en San Luis Potosí por violencia de género.
Álvarez Montejano dio a conocer que, el pasado siete de marzo de 2022 acudió a las instalaciones de la Cámara a una reunión pactada previamente, al llegar Juan N. actual presidente le solicitó no ingresar con su teléfono celular a la sala de juntas, donde se le informó que dos miembros un consejero y Luis N. vicepresidente actual solicitaban que no se le permitiera terminar su periodo como presidenta de Jóvenes Empresarios, siendo esta la primera vez que se destituye a un presidente antes del periodo correspondiente, bajo el argumento de ser la presidenta mujer más mediática que la Cámara ha tenido, “posiblemente puedo ser una rival para la intención que tiene de ser presidente de la Cámara en el 2023, por lo tanto, si se me permite terminar mi gestión, voy a seguir tomando fuerza y después me voy a salir de control, además de ser una sombra para dicha candidatura, así como sentirse molestos por considerar que mi imagen personal está siendo proyectada para algo más”, citó textualmente Fernanda Álvarez.
Fernanda Álvarez explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que aún le faltan ocho meses para concluir su periodo en la cartera de Jóvenes Empresarios, en el cual se ha desempeñado por 1 año 4 meses, desde el 6 de noviembre de 2020 que tomó protesta como presidenta.
Así mismo, la afectada dio a conocer que solicitó al presidente de la Cámara se le permitiera terminar su gestión como corresponde, ya que no existe motivo de validez para culminarlo antes del tiempo establecido, además de contar ya con una agenda de trabajo para el resto del periodo, en respuesta se le notificó que sería revisado, “me ofreció armar una presentación para exponer frente al Consejo y convencerlos de que me permitieran terminar mi periodo, a lo que me negué, no considero que tenga que ir a pedir que se me permita terminar un periodo que ya me corresponde”, explicó.
Fue el 10 de marzo de 2022 cuando en una reunión con el presidente de la Canaco SLP, y donde participó el actual aspirante a la cartera de Jóvenes Empresarios donde se acordó con a Álvarez Montejano respetar el periodo que le correspondía para terminar la gestión como presidenta.
El día 11 de marzo del 2022, al asistir a un evento en la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato convocado por la Cámara de ese estado el nuevo prospecto fue presentado ante los asistentes como nuevo presidente de Jóvenes Empresarios en SLP, lo cual consideró una falta de respeto a su persona.
Ese mismo día Juan N. presidente de la Cámara le notificó que se seguía en pie la decisión de no permitirle concluir su periodo, “en lo personal me hizo sentir presionada y hostigada psicológica y emocionalm ente a desistir de continuar en un espacio en donde he brindado mi tiempo y recursos 
El día 22 de marzo de 2022, se llevó a cabo la sesión de consejo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio donde se tenía contemplada la renovación de la presidencia de Jóvenes Canaco, dentro de la misma se acordó permitir concluir su gestión de la manera debida.
“El día 23 de marzo de 2022, recibí una notificación de Facebook en donde informaba que se habían realizado modificaciones a los administradores de la página cambiando también las contraseñas y brindándole acceso al prospecto actual a la presidencia de Jóvenes Canaco y dejándome a mí fuera de dichas redes sociales (Facebook/instagram/Twitter)”.
Explicó Fernanda que el día 24 de marzo de 2022, se realizó una publicación donde se dio por hecho que ya había un nuevo presidente de Jóvenes, por lo que hubo reacciones de inconformidad por parte de la sociedad, manifestándolo en dicha publicación, “me hizo sentir hostigada, presionada y expuesta a una presión de desistimiento de lucha por mi derecho a terminar mi periodo correspondiente, siendo que esta persona ya estaba dando por hecho públicamente la elección de una nueva persona, sin que me notificaran de manera oficial ese hecho y sin que se hubiera llevado a cabo en algún momento el acto protocolario de toma de protesta que marca el fin de una gestión y da inicio a la siguiente”.
“Posteriormente la publicación fue eliminada, sin en algún momento existir algún pronunciamiento para desmentir dicha situación, causando desconcierto y pidiendo aclaración del tema por parte de diferentes organizaciones con las cuales se tienen proyectos en desarrollo, lo cual me puso en una situación de vulnerabilidad emocional y psicológica por dichos señalamientos, al tener que dejar en pausa el trabajo realizado con dichas organizaciones hasta aclarar la situación”, expuso.
Además manifestó que durante el año de gestión sufrió situaciones de discriminación y violencia psicológica, al ser víctima de omisiones tales como rechazo y restricciones de igualdad de participación en eventos dentro de la institución, “al negarme un asiento como presidenta dentro de los presídiums, cosa contraria a lo que sucedía con mi antecesor hombre, quien siempre fue incluido en los mismos, por lo cual en varias ocasiones lo manifesté y solicité tanto al presidente recibiendo indiferencia total a la situación”.
Expuso que la decisión de exponer esta situación y llevarlo ante la ley, la tomó para no sumar un caso más de silencio que se presentan todavía en los espacios de la vida pública y privada. “Este tipo de hechos no hacen más que desacreditar la honorabilidad y el respeto que por años la Cámara y tantos potosinos hemos construido”
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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