Por: Redacción

Integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomaron el informe que Palmira Flores, representante de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, presentó durante el examen al Estado mexicano, celebrado el 4 y 5 de noviembre en Ginebra, Suiza.

Los planteamientos del documento entraron al diálogo oficial que el Comité sostuvo con la delegación mexicana. Quedaron incorporados al análisis sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el país.

El CDESC vigila que los países cumplan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y revisa periódicamente a cada Estado que lo ratificó. México fue examinado en la 80ª sesión del organismo.

El texto de la comunidad es un informe alternativo, que es el documento que la sociedad civil entrega en paralelo al reporte oficial del Gobierno federal. El informe se centra en los indígenas que viven en contextos urbanos y en las trabas que enfrentan para entrar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas

Quedar fuera de ese registro tiene efectos concretos: limita el reconocimiento de sus derechos colectivos y el acceso a programas y recursos federales.

Los triquis son un pueblo originario de la región Mixteca de Oaxaca. La comunidad asentada en San Luis Potosí forma parte de las poblaciones indígenas que residen fuera de sus territorios de origen.

Flores viajó a Ginebra con financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, mecanismo que la seleccionó para participar en el examen a México.

Tras la revisión, el Comité emitirá observaciones y recomendaciones al Estado mexicano. La comunidad señaló que ese documento abre la puerta a exigir seguimiento institucional en reconocimiento, inclusión y acceso a derechos de los pueblos indígenas asentados en ciudades.

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El diputado federal dijo que el crecimiento industrial debe traducirse en mejores empleos y bienestar para los trabajadores potosinos

Por: Redacción

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann dijo que la revisión del T-MEC representa una oportunidad estratégica para fortalecer la posición de San Luis Potosí dentro de la industria automotriz de Norteamérica. Lo expresó durante un desayuno privado con Simón Cohen, fundador y presidente de HENCO Global, en el marco de Automotive Connection Potosí 2026.

El encuentro, organizado por César Ramos, de Puket Latam, y HENCO Global, reunió a directivos de empresas automotrices y presidentes de organismos empresariales para dialogar sobre el desarrollo económico y los desafíos del sector.

Valladares Eichelmann dijo coincidir con la filosofía empresarial de Cohen, denominada High Performance, Happy People, que plantea que el alto rendimiento de una organización está relacionado con el bienestar de sus colaboradores. Sostuvo que una industria competitiva no solo se mide por su capacidad productiva, sino también por las condiciones que ofrece a quienes la hacen funcionar. “La competitividad empieza por la gente”, expresó, y agregó que el crecimiento económico debe reflejarse en mejores empleos, mayores oportunidades y bienestar para los trabajadores potosinos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el segundo trimestre de 2026 San Luis Potosí registró exportaciones por 6 mil 893.2 millones de dólares, un crecimiento anual de 7.3 por ciento. De ese total, la fabricación de equipo de transporte, actividad vinculada con la industria automotriz, aportó 4 mil 934.6 millones de dólares, un incremento de 9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El legislador consideró que el proceso de revisión del T-MEC abre un espacio para fortalecer las condiciones que permitan al estado seguir atrayendo inversiones y consolidar su actividad industrial. Añadió que mantener espacios de acercamiento con el sector empresarial ayuda a identificar oportunidades para el crecimiento económico de la entidad.

Valladares Eichelmann asistió también a la conferencia magistral de Simón Cohen, parte de Automotive Connection Potosí 2026.

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El gobernador acusó al organismo de burocracia y sueldos altos; dijo que el Estado ya entra a las colonias con Vactor para limpiar drenajes

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la crisis por el agua y las aguas negras en colonias de la capital “no se va a resolver” hasta que desaparezca el organismo operador Interapas. Dijo también que el Estado ya trabaja en las colonias con equipos Vactor, camiones que limpian drenajes.

Al ser cuestionado sobre las protestas de las últimas dos semanas por la falta de agua y la filtración de aguas negras en colonias e instituciones educativas, el mandatario habló de una crisis que, según dijo, “lo hemos venido diciendo”, no se resolverá mientras exista el organismo.

Acusa burocracia y sueldos altos

Gallardo Cardona dijo que Interapas gasta “millones y millones” en sueldos “altísimos” y que no tiene un solo programa para desazolvar las colonias ni sacar la suciedad que, afirmó, ha quedado entubada durante años.

Calificó de “incoherente” que haya calles inundadas en la capital y que, al mismo tiempo, no haya agua en los tinacos. Lo atribuyó a la “inoperancia” del organismo y del municipio.

El Estado entra a las colonias con Vactor

El gobernador aseguró que su administración ya anda en las colonias con Vactor

Lluvia: ayuda al campo, daña a la capital

Sobre las lluvias en el estado, dijo que hay “cero problemas” en la Huasteca Potosina, donde los ríos vienen con sus cauces normales. Explicó que la última lluvia del año ayudó a los ejidos y a la población de la Huasteca, la Zona Media y, sobre todo, el Altiplano, donde los bordos vuelven a llenarse de agua.

Para los productores, afirmó, ha sido “una bendición”. Para los capitalinos, en cambio, “ha sido un destrozo”.

Contexto

En octubre, la Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas). El organismo reconoce solo 296 millones por saneamiento y rechaza el resto. La CEA responsabilizó políticamente al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, por presidir su Junta de Gobierno.

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