SIGAMOS DERECHO.

Hoy les voy a platicar una historia que, me parece, bien pudo haber sido imaginada primero por Jorge Ibargüengoitia.

Hace un poco menos de seis meses, el Senado de la República aprobó con 80 votos a favor el paquete de artículos transitorios de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo artículo décimo tercero contempla una extensión de dos años para el periodo de Arturo Zaldívar y de otros consejeros al frente del Consejo de la Judicatura Federal. Este transitorio —a todas luces inconstitucional— fue propuesto de último minuto por Raúl Bolaños, senador del Partido Verde, y votado de manera apresurada.

En este mismo espacio (https://laorquesta.mx/fraude-a-la-constitucion-columna-de-victor-meade-c/) comenté que la responsabilidad de este intento consumado de fraude a la Constitución debe fincarse especialmente en las y los 80 senadores que votaron a favor de ello. O no leyeron lo que estaban votando, o votaron bajo consigna, o no cuentan con los conocimientos jurídicos mínimos para el ejercicio de sus funciones como legisladores y legisladoras. Haya sido la razón que sea, las tres son, considero, igualmente graves.

Con ello en mente, decidí escribirle un correo electrónico al entonces senador Primo Dothé Mata (renunció a su curul y a Morena algunas semanas después de la votación) y a la senadora María Graciela Gaitán Díaz (del Partido Verde, suplente de Leonor Noyola). En el correo electrónico les solicité que me explicaran detalladamente los argumentos o razones que les llevaron a votar en favor del régimen transitorio de la Ley, sin embargo, pasaron ocho días y no recibí respuesta alguna.

Volví a escribirles, ahora recordándoles que el artículo 8 constitucional reconoce mi derecho de petición, el cual consiste en que toda petición realizada por la ciudadanía de manera respetuosa, pacífica y por escrito a una autoridad debe ser respondida de manera rápida, completa, fundada y motivada. También aproveché para comentarles muy respetuosamente que si no me respondían, me vería orillado a tener que acudir a la justicia federal para obtener mi respuesta, vía demanda de amparo indirecto.  

El senador Primo Dothé nunca respondió. Sin embargo, la senadora Gaitán Díaz me respondió un par de minutos después, aunque, debo decir, su respuesta no fue exactamente lo que yo esperaba. Lejos de responder con razones y conforme al mandato del artículo 8 constitucional, la senadora Gaitán Díaz me respondió con un muy elocuente y tajante “Buen día, Víctor Meade Canales.” Ni una palabra más, ni una palabra menos.

El 29 de abril decidí presentar una demanda de amparo indirecto en contra de la inconstitucionalidad de la respuesta de la senadora Gaitán Díaz, la cual fue admitida el 10 de mayo por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de expediente 504/2021. En la admisión de la demanda, el juez requirió a la senadora Gaitán Díaz para que respondiera a mi petición en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de que se le notifique formalmente.

Desde entonces ha sido imposible encontrar a la senadora Gaitán Díaz. En la primera diligencia, personal de juzgado se presentó en la Puerta 3 del Senado y los guardias de seguridad le comentaron que no había nadie en la oficina de la senadora y que ellos no le podían recibir ningún documento. Por tanto, el juez solicitó a diversas autoridades federales —SAT, Secretaría de Hacienda y al Senado de la República— que proporcionaran el domicilio actual, completo y correcto de la senadora. El SAT respondió que no tiene registros bajo ese nombre y Hacienda dijo que este asunto está fuera de su ámbito competencial, por lo que no aportaron información alguna. El Senado, por su parte, reportó que el domicilio de la senadora se encuentra aquí en el Estado de San Luis Potosí.

Ya habiendo pasado dos meses desde la admisión de la demanda, personal del juzgado trató de notificar a la senadora vía correo electrónico, sin embargo, corrieron con el mismo éxito que yo. La senadora evidentemente no respondió y el juzgado comentó que le era imposible determinar si el correo fue recibido o no. De esto hubo un segundo intento un par de semanas después y el resultado fue similar: reportaron que «se produjo un problema al enviar el mensaje a esa dirección de correo».

El juez, entonces, decidió remitir el expediente a un juzgado de San Luis Potosí para que le auxiliaran con la notificación. Personal del juzgado potosino se constituyó en el domicilio de la senadora y —sorpresa— abrió la puerta una supuesta cuñada de la senadora, quien comentó amablemente que, en efecto, el domicilio es correcto, pero que la senadora Gaitán ya no vive ahí desde hace un año y —sorpresa— no tiene manera de contactarla.

Ante la ya acostumbrada imposibilidad de encontrar a la senadora Gaitán, el juzgado tuvo que recurrir a lo más lógico: preguntarle a todo el mundo si alguien ha visto a María Graciela. El juzgado requirió, por si acaso, a Pemex para que avisara si por alguna razón tiene el domicilio correcto de la senadora. También le realizó el mismo requerimiento a Telmex, Totalplay, Dish y a otras cinco empresas proveedoras de internet, cable y telefonía. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero se los contaré de todos modos: tal parece que la senadora no tiene contratado servicio alguno de internet, cable o telefonía. Lo de Pemex sigue en suspenso.

Han pasado cinco meses desde que el juzgado admitió mi demanda de amparo indirecto y aún no han podido pasar ni por las puertas del Senado, ni la han podido encontrar por correo electrónico o en su domicilio. La información de la senadora Gaitán disponible en el sitio web del Senado de la República no muestra número de teléfono ni informes de actividades legislativas y, según entiendo, la senadora tampoco cuenta con una casa de enlace con la ciudadanía.

En nuestra democracia constitucional, un asunto así nunca debió de judicializarse, ni la rendición de cuentas tendría que ser así de oprobiosa para la ciudadanía. La Suprema Corte está próxima a resolver la inconstitucionalidad de lo votado por nuestros legisladores y legisladoras, y aún no se les puede encontrar para que justifiquen sus motivos.

De esta manera, la representación popular y la base de nuestro sistema democrático está por los suelos. ¿Cómo puede existir representación si ni siquiera se le pueden exigir cuentas a nuestros representantes? ¿Cómo puede existir representación si ni siquiera se les puede llamar a juicio?

Mejor les dejo a Ibargüengoitia (“¡Arriba la democracia! (I)”, en Instrucciones para vivir en México):

Vamos a suponer que elegimos a un diputado. La cosa no acaba allí. No se trata de meterlo en la Cámara y ya. El diputado es nuestro representante. Es la vía por medio de la cual podemos ejercer nuestra influencia sobre las decisiones gubernamentales.

Para que un diputado sirva de algo tiene que estar sujeto a presiones de parte de los electores de su región. Tiene que estar en comunicación con ellos.

Aquí nos encontramos ante una situación compleja. ¿Cuántos mexicanos saben el nombre de su diputado? ¿Cuántos lo conocen de vista? ¿Cuántos han hablado con él? ¿Cuántos le han mandado cartas expresándole sus opiniones? ¿Cuántos mexicanos han sabido que su diputado diga algo en la Cámara? ¿Cuántos han estado de acuerdo con lo dicho?

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