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Indígena ganó laudo al Indepi y la reinstalaron… durante 50 minutos
A pesar de que Maribel Zúñiga fue reinstalada en su puesto del Indepi, fue despedida de nuevo; un caso de discriminación y violencia laboral por parte del instituto
Por: Abelardo Medellín
Tras cuatro años de haber sido irregularmente despedida, Maribel Zúñiga Martínez fue reinstalada en el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas (Indepi).
Llegó a las nueve de la mañana, como lo marca su horario, y en compañía de su abogado se firmó el acta de reinstalación su puesto como supervisora general del área de Planeación; sin embargo, cincuenta minutos después, una persona ajena al instituto le dijo que debía retirarse.
“Estás despedida desde este momento, me dijeron”, comenta y relata que este despido, que califica como injustificado, ocurrió en compañía de la subdirectora de Planeación y una persona de Comunicación Social del instituto; sin embargo, dice, en todo momento las amenazas y afrentas para que se retirara del edificio las hizo esta persona que no se identificó.
Durante 2015, relata, ya había sufrido un despido injustificado parecido a este; pues entró al instituto una nueva titular llamada Margarita Viñas quien le dijo: “que tenía compromisos políticos que cumplir. Me dijo “tengo que buscar gente de mi confianza, gente de mi línea, ¿tú me enti endes?”.
Cinco años después, tras imponer una demanda laboral, el laudo se emite a su favor y, entre los puntos que debía cumplir el Instituto, estaba la reinstalación de Maricela, cosa que debía ocurrir en forma el día 10 de octubre; sin embargo, en menos de una hora después, fue despedida de nuevo 
La afectada relató que intentó tramitar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ahí le pidieron que llamara testigos a declarar pero nadie quiso hablar: “ellos me dijeron que temían dar su testimonio, porque habían sido amenazados, bueno, Margarita Viñas en ese entonces los amenazó, que si acudían, así como a mí les iba a ir”.
Maribel Zúñiga comentó que este es un claro caso de discriminación, en el cual el Indepi volvió a incurrir en violencia laboral: “no me quise ir después del despido, yo les dije que este era un edificio público, entonces me dijeron ‘vamos a mandar llamar a Seguridad Pública, mandaron a llamar a la policía y entraron los elementos”.
Tras una discusión, comenta, decidió salir del edificio pues temía por su persona, pero asegura que casos, como el de la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, le dan motivos para evitar un problema mayor con las fuerzas policiacas.
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Una iniciativa busca revertir el decreto de diciembre de 2023, que obliga a la gratuidad de estacionamientos en plazas y centros comerciales
Por: Redacción
Alejandro Máximo Garzón García, ciudadano potosino, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, para permitir nuevamente que plazas y centros comerciales cobren por el uso del estacionamiento, decreto aprobado por la pasada legislatura en diciembre de 2023.
Consiste en una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 280 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de permitir nuevamente que los establecimientos comerciales y de servicios puedan decidir libremente si cobran o no por el uso de sus estacionamientos, sin que se requiera una concesión como servicio público.
Garzón busca derogar el decreto impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en 2023, y argumenta que la reforma aprobada en diciembre de 2023 transgrede derechos fundamentales como la libertad de comercio y el derecho a una retribución justa
La propuesta busca derogar el decreto aprobado el 18 de diciembre de 2023, impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A su vez, propone que el cobro sea opcional, según lo determine el titular del inmueble o concesionario, garantizando al menos quince minutos de tolerancia sin costo.
El decreto publicado en diciembre de 2023 generó polémica entre la ciudadanía, puesto que algunos centros comerciales, al día de hoy, mantienen el cobro de esta prestación debido a una serie de amparos interpuestos ante la autoridad judicial.
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Las embajadas mantienen alerta a la FGESLP cuando una persona sale al extranjero; entre ellas continúa el ex sacerdote acusado de pederastia
Por: Redacción
El ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista continúa bajo alerta internacional, confirmó la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, quien señaló que la ficha roja emitida por Interpol sigue activa y forma parte de un conjunto de alertas internacionales relacionadas con casos de años anteriores.
“Son varias fichas rojas, porque son de años anteriores. Lo que nosotros siempre pedimos es si la persona salió o no del país, y es una información que nos da la Embajada americana”, declaró la fiscal.
García Cázares explicó que estas alertas se emiten principalmente para rastrear movimientos migratorios
El ex sacerdote está señalado por diversos casos de abuso contra menores y permanece como uno de los casos más representativos de pederastia clerical en la entidad potosina. Aunque no se ha confirmado oficialmente su paradero, la FGESLP continúa en colaboración con organismos internacionales para dar seguimiento al caso.
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La fiscal García Cazares indicó que continúa la investigación por el presunto abuso sexual contra un animal doméstico en la Huasteca
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, informó que se ha iniciado una carpeta de investigación tras conocerse el caso de una perrita presuntamente abusada sexualmente en el municipio de Ciudad Valles.
Señaló que este hecho no tiene precedentes en la Fiscalía, y enfatizó que va más allá de un caso de maltrato animal, por lo que será investigado con todo el rigor legal.
Asimismo, explicó que situaciones como esta llegan a la institución en diversas ocasiones gracias a las denuncias públicas
La fiscal también señaló que el animal se encontraba privada de su libertad, y confirmó que se ha solicitado la exhumación del cuerpo con el fin de practicarle los exámenes periciales correspondientes para determinar la causa exacta de su muerte.
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