junio 15, 2026

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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron

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El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido

Por: Ana G. Silva

En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.

Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.

En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos. 

Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.

El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.

Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.

Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.

De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.

Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo

, en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.

De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.

Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido

y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.

Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.

En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.

Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.

La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.

Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.

Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.  

La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.

El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.

También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva

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Proyecto de El Saucito no tiene sobreprecio: Galindo

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Además, afirmó que el Ayuntamiento cumplió con todos los requisitos desde marzo y acusó a la Contraloría Estatal de retrasar el proceso de licitación

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, rechazó que el proyecto del paso a desnivel de El Saucito contemple un sobrecosto y aseguró que los retrasos para liberar la licitación obedecen a decisiones de la Contraloría General del Estado que calificó como actuaciones de “mala fe”.

Las declaraciones surgen luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalara que el Ayuntamiento debía solventar observaciones relacionadas con el presupuesto de la obra y sugiriera que el proyecto podría estar contemplando un gasto superior al necesario.

Galindo sostuvo que la Contraloría Estatal no tiene atribuciones para determinar si una obra pública es cara o barata ni para emitir valoraciones técnicas sobre su costo. Explicó que la función de esa dependencia se limita a revisar y autorizar las bases de licitación, por lo que consideró improcedentes los señalamientos sobre un supuesto sobreprecio.

El presidente municipal afirmó que, hasta el momento, la Contraloría no ha emitido observaciones relacionadas con el monto de inversión del proyecto, por lo que insistió en que no existe evidencia técnica que sustente las acusaciones de sobrecosto.

Como argumento, recordó que el mismo proyecto fue licitado en administraciones anteriores por montos superiores a los 250 millones de pesos,

incluso antes del incremento en los costos de materiales de construcción registrado en los últimos años. Por ello, cuestionó versiones que sugieren que la obra podría ejecutarse con apenas 100 millones de pesos.

“Es imposible comparar los costos actuales con estimaciones que no toman en cuenta las condiciones reales del proyecto“, sostuvo.

Respecto al avance administrativo, Galindo aseguró que el Ayuntamiento entregó desde marzo toda la documentación y requisitos solicitados por la Contraloría Estatal. Sin embargo, señaló que la dependencia permaneció más de un mes sin emitir respuesta y posteriormente recomendó reiniciar el procedimiento desde el inicio, situación que ha retrasado la publicación de la licitación.

El alcalde lamentó que el debate público se esté centrando en presuntos sobrecostos que, aseguró, no han sido acreditados por ninguna instancia técnica o administrativa, mientras la obra continúa detenida por trámites pendientes.

También lee: Gallardo infiere sobrecosto en obra del Saucito

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SSPC Capital privilegia el diálogo y la revisión institucional de procedimientos

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Ambas partes coincidieron en la importancia de revisar los procedimientos de actuación policial con respeto a los derechos humanos

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, sostuvo un diálogo con la abogada Celia García Valdivieso, quien intervino en un suceso de seguridad ocurrido la mañana de este domingo.

Durante el encuentro se escucharon los planteamientos de la profesionista y se intercambiaron puntos de vista respecto a los acontecimientos, en un marco de respeto, apertura institucional y disposición al diálogo.

Como resultado, ambas partes coincidieron en la importancia de revisar los procedimientos de actu ación policial, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las buenas prácticas institucionales.

Villa Gutiérrez sostuvo el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la confianza, la cercanía y el bienestar común.

Cabe señalar que los hechos que dieron origen a este encuentro se registraron la mañana de este domingo en la colonia El Paseo, durante una intervención preventiva de la Policía de la Capital relacionada con una presunta falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno.

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Ciudad

Red Defensoras Dh México emite comunicado por detención de Celia García Valdivieso

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Se informó que la defensora continúa retenida en la Comandancia Poniente Horizontes de la ciudad de San Luis Potosí

Por: Redacción

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos la detención arbitraria e ilegal de la defensora de derechos humanos feminista Celia García Valdivieso, abogada, fundadora y directora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A. C., ocurrida el día de hoy, 14 de junio de 2026, en la ciudad de San Luis Potosí.
De acuerdo con la información disponible, la detención ocurrió mientras la defensora se encontraba participando en un retiro espiritual. Los hechos se desencadenaron a partir del intento de detención de un joven en las inmediaciones del lugar, situación que, según testimonios, se habría realizado de manera arbitraria e injustificada.
En el ejercicio legítimo de su labor como defensora de derechos humanos y abogada, Celia García Valdivieso intervino para señalar posibles irregularidades en la actuación policial y advertir sobre un presunto abuso de autoridad, al considerar que se trataba de una detención injustificada. Como consecuencia de ello, fue detenida por elementos de la policía municipal de la capital potosina.
Al momento de la emisión de la presente alerta, la defensora continúa retenida en la Comandancia Poniente Horizontes de la ciudad de San Luis Potosí. De acuerdo con la información recibida, permanece aislada, sin acceso a sus abogados y sin que hasta el momento se le hayan informado cargos que justifiquen su detención. Estos hechos resultan sumamente preocupantes y podrían constituir graves violaciones al debido proceso, al derecho a una defensa adecuada y a la libertad personal.
La detención de una persona defensora por cuestionar la legalidad de una actuación policial constituye un hecho alarmante y representa una agresión al derecho a defender derechos humanos. Las personas defensoras desempeñan una labor fundamental en la construcción de sociedades democráticas y deben contar con garantías para ejercer su trabajo sin intimidaciones, represalias ni criminalización.
Exigimos a las autoridades de San Luis Potosí la liberación inmediata de la defensora Celia García Valdivieso, así como el pleno respeto a su integridad física y psicológica, el acceso inmediato a su representación legal y el esclarecimiento de los hechos ocurridos.
Asimismo, demandamos que se investigue la actuación de los elementos policiales involucrados en estos hechos y que se garanticen condiciones para el ejercicio seguro de la defensa de los derechos humanos en el estado de San Luis Potosí y en todo el país.
Desde la Red Nacional de Defensoras nos mantenemos atentas al desarrollo de la situación y reiteramos nuestra solidaridad con Celia Valdivieso, con el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A. C. y con todas las personas que acompañan este caso.
Defender derechos humanos no es delito. Exigimos libertad inmediata para Celia García Valdivieso.
Al respecto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde se señaló que durante labores preventivas de vigilancia en calles de la colonia El Paseo, elementos de Policía de la Capital realizaron el aseguramiento de un joven por una presunta falta administrativa. Durante la intervención, una ciudadana participó de manera activa para impedir el desarrollo de la actuación policial, por lo que ambas personas fueron canalizadas al Juzgado Cívico.En este sentido, el joven y la ciudadana fueron presentados ante el Juez Cívico, autoridad encargada de determinar su situación conforme a lo establecido en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Luis Potosí. Su traslado y presentación se realizaron bajo los protocolos institucionales vigentes para personas presuntamente infractoras, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y garantías individuales.

Respecto a los hechos difundidos mediante un video en redes sociales, la SSPC de la Capital precisa que la actuación de los elementos municipales se desarrolló conforme a los lineamientos, procedimientos y protocolos aplicables para este tipo de intervenciones, por lo que corresponderá a la autoridad cívica competente emitir la determinación correspondiente.

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Opinión

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