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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron
El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido
Por: Ana G. Silva
En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.
Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.
En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos.
Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.
El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.
Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.
Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.
De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.
Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo , en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.
De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.
Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.
Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.
En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.
Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.
La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.
Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.
Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.
La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.
El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.
También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva
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“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro
Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista
Por: Ana G Silva
“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.
“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.
Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal, Jesús “Chuy” Nava Loredo.
La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.
Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.
Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.
Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.
Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.
Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.
Una denuncia desde 2023
El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.
Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.
Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.
La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.
También afirma que fue amenazada de muerte.
“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.
Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.
El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.
Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.
El antecedente de la detención de julio
La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.
En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.
Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.
De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.
A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.
El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.
Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.
Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.
El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.
Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.
También lee: Caso Cerro de San Pedro: Gobierno pide que la Fiscalía actúe sin privilegios
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Casos de dengue caen 92% en San Luis Potosí durante 2026
La caída estatal casi triplica el ritmo con el que baja el dengue en el país
Por: Carlos Ruíz
San Luis Potosí registró 22 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, una caída de 91.8% frente a los 269 casos del mismo corte del año anterior, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.
La reducción estatal contrasta con la nacional: los casos confirmados de dengue en el país bajaron de 6,405 a 4,152 en el mismo periodo —una caída de 35.2%—, mientras las defunciones pasaron de 32 a siete, según el corte a la Semana Epidemiológica 32, con información al 17 de agosto de 2026.
De los 22 casos confirmados en la entidad, 10 corresponden a dengue no grave, 10 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave. San Luis Potosí no registra defunciones por la enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.
La tasa de incidencia estatal es de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del 3.09 nacional. El único serotipo identificado por pruebas de PCR en tiempo real en la entidad es el DENV-3, presente en los seis casos con serotipo confirmado.
El 72% de los casos confirmados en el país se concentra en cinco estados: Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur. San Luis Potosí no forma parte de ese grupo.
El Panorama Epidemiológico de Dengue se actualiza cada semana; el corte usado aquí corresponde a la Semana Epidemiológica 32, publicada este jueves 20 de agosto.
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Gallardo atribuye los apagones de la Huasteca a la sobrecarga por calor
El gobernador pidió a la CFE anunciar las líneas y transformadores nuevos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Huasteca Potosina es la región del estado con más apagones recurrentes, y que San Luis Potosí figura entre los tres estados con más cortes de luz del país, de acuerdo con una investigación de NMAS Monterrey.
Gallardo atribuyó el problema a la sobrecarga de las líneas por el uso masivo de aires acondicionados en temporada de calor, y dijo que la falla se repite desde hace unos 20 años en toda la franja huasteca del país, incluidos Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Precisó que no es un problema frecuente en la zona metropolitana de la capital.
El mandatario dijo que ya hay diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y calificó de “muy buen delegado” a Elizondo, representante de la dependencia en el estado, a quien atribuyó capacidad de respuesta rápida cuando ocurren las fallas.
Gallardo adelantó que la CFE prepara “cuatro inversiones fuertes” en la región, aunque no dio montos, líneas ni número de transformadores a sustituir; dijo que corresponde a la propia dependencia federal detallar esa información en una rueda de prensa.
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