noviembre 12, 2026

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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron

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El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido

Por: Ana G. Silva

En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.

Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.

En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos. 

Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.

El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.

Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.

Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.

De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.

Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo

, en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.

De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.

Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido

y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.

Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.

En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.

Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.

La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.

Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.

Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.  

La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.

El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.

También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva

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David Azuara y el basurero | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

 

Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:

En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.

La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.

El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.

Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.

Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.

Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.

Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.

“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.

Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?

Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.

Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.

Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.

Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.

El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: “Cien hilos” entre los Azuara, el Huasteco, el PAN y el crimen

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Nueve municipios no han subido el sueldo a sus policías: Gallardo

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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno

Por: Redacción

Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.

“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.

Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.

La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación

del funcionario responsable.

El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.

Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.

También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC

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SLP, quinto lugar nacional en robos y asaltos contra negocios

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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó

Por: Ana G Silva

Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.

En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.

Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.

Más caro que hace dos años

La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.

San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos

por negocio. El promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos.

Pequeñas y grandes, las más expuestas

La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.

En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.

Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.

En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.

El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.

También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP

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