octubre 8, 2026

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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron

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El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido

Por: Ana G. Silva

En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.

Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.

En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos. 

Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.

El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.

Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.

Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.

De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.

Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo

, en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.

De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.

Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido

y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.

Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.

En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.

Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.

La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.

Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.

Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.  

La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.

El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.

También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva

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Tribunal tumba las “boletas planchadas”

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La resolución obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece una regla uniforme para los cómputos

Por: Redacción

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las llamadas “boletas planchadas”, es decir, las que no presentan las marcas de doblez necesarias para haber sido introducidas en la urna, no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.

De acuerdo con el partido, la resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, que promovió contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El PAN explicó que había advertido que el mecanismo original permitía reservar una boleta sin las marcas de doblez y que, después, un Consejo Distrital decidiera mediante votación si debía contabilizarse o no. Según el partido, ese esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar boletas sobre las que existía una duda objetiva respecto de si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.

La Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta sin los dobleces necesarios, deberá considerarse inválida.

“Ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende”, sostuvo el PAN

.

Con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados. Además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.

La decisión sustituye el esquema aprobado originalmente por el INE, bajo el cual cada Consejo Distrital podía deliberar y votar sobre la validez de este tipo de boletas, y establece en su lugar un criterio uniforme para todos los órganos electorales.

El Tribunal reconoció que el INE cuenta con facultades para reglamentar los cómputos electorales, pero determinó que deben ejercerse con respeto a la legislación y a los principios constitucionales de certeza, autenticidad y secrecía del sufragio.

El PAN afirmó que continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos disponibles para defender la legalidad de las elecciones y garantizar que cada voto sea contado exactamente como fue emitido.

“Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana”, concluyó.

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Cárceles de SLP, al 120%: Gallardo promete sexto penal para 2027

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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos

Por: Redacción

Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.

“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.

De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.

“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.

Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.

Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.

Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.

Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.

También lee: INE credencializará a reos de los cinco penales de SLP en septiembre

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Fiscalía de SLP arrastra más de 50 mil investigaciones pendientes

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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales

Por: Ana G Silva

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.

En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.

El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.

La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.

También aumenta el rezago de órdenes judiciales

La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.

Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales

pendientes de cumplimentarse. Durante el año se giraron mil 475 y se concluyeron mil 305; al cierre del ejercicio quedaron mil 610 pendientes.

Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.

El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.

La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene

El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.

El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.

Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.

El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.

También lee: Guajardo dice que el rezago judicial sigue igual pese a la reforma

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Opinión

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