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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron
El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido
Por: Ana G. Silva
En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.
Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.
En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos.

Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.
El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.

Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.
Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.
De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.

Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo , en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.
De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.

Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.
Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.
En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.

Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.
La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.
Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.

Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.
La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.
El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.

También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva
Destacadas
Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos
Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto
Por: Ana G Silva
El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.
Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.
Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.
Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%
del monto.La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.
Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.
También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale
Ciudad
En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento
El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.
Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.
El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.
Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días
para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.
Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.
Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.
Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.
También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo
Destacadas
Segam reconoce que mide solo parte de la calidad del aire
Sonia Mendoza dijo que el aire se complica en horas pico y que el frío puede acumular contaminantes
Por: Redacción
Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que el monitoreo de la calidad del aire en San Luis Potosí da “un panorama incompleto” del estado.
Según ella, con la información disponible, el estado ha tenido buena calidad del aire este año. La excepción son las horas pico: por la mañana, cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, y a la hora de salida del trabajo.
Hoy el estado opera cinco casetas de monitoreo. En su Quinto Informe, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantenerlas y operarlas. También reportó 1.1 millones para la primera etapa del ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.
Para 2027, Segam pidió dos casetas
más, de unos 6 millones de pesos cada una. Forman parte de un aumento presupuestal que Mendoza Díaz estimó en alrededor de 30 millones.Las cámaras empresariales piden lo mismo. A mediados de octubre, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dijo que lo que más preocupa a los empresarios en la mesa ambiental con el Gobierno del Estado es que se instale otra estación de monitoreo.
Sobre la temporada de frío, la funcionaria advirtió que en esos meses la contaminación se estabiliza y puede acumularse. “Esperemos que no tengamos mala calidad del aire en estos tiempos”, dijo.
También lee: “El tema no se trata de multas”: Sedeco ante propuestas ambientales de empresarios
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