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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron
El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido
Por: Ana G. Silva
En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.
Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.
En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos.
Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.
El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.
Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.
Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.
De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.
Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tab la que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo , en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.
De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.
Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.
Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar, en contra del el Instituto.
En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.
Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.
La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.
Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.
Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.
A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.
La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.
El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.
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Gobierno y UASLP reconocen diferencias de “interpretación”, pero confían en acuerdo
La universidad exige liquidez en 2025; pago en obra solo sería posible en ejercicios pasados y con autorización de la SEP
Por: Redacción
Las negociaciones para resolver la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) avanzan “por buen camino”, aseguraron tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra como Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas. Ambos reconocieron que las diferencias entre la institución y la administración estatal no han sido de fondo, sino producto de “problemas de interpretación”.
El rector explicó que la discrepancia surge en torno a las aportaciones estatales que complementan el convenio Federación-Estado, pues mientras los recursos federales llegan puntualmente a la universidad y se entregan de inmediato, existe una diferencia en la parte que corresponde al gobierno estatal.
“Ahí es donde tenemos la diferencia. La secretaria de Finanzas tenía un concepto, que ayer creo que quedó aclarado, de que se podía pagar en obra. No. Este año, el 2025, el recurso está perfectamente claro que tiene que ser en líquido”, sostuvo.
Zermeño advirtió que la universidad requiere recursos frescos para cubrir sus compromisos más inmediatos. “Tenemos considerado ese ingreso para poder concluir nuestras actividades de este año. De no resolverse antes de noviembre, tendríamos problemas para cubrir la nómina, los aguinaldos y otras obligaciones básicas”, señaló.
Por su parte, García Vidal defendió la postura del Gobierno del Estado al recordar que ha sido esta administración la única que ha incrementado año con año el presupuesto aprobado por el Congreso a la UASLP. Reconoció que las diferencias han sido en la manera de interpretar los convenios y en las posibilidades de cubrir adeudos con obra, pero insistió en que existe disposición y diálogo para encontrar una salida.
“Es un tema complicado de interpretación, pero la negociación va por buen camino”, afirmó.
La funcionaria también expresó que la universidad mantiene un prestigio invaluable para San Luis Potosí, por lo que el gobierno no dejará solos a los estudiantes. Sin embargo, calificó como lamentables algunas declaraciones mediáticas que, a su juicio, han puesto en entredicho el esfuerzo realizado por la administración estatal.
Tanto el rector como la funcionaria coincidieron en que el mecanismo para resolver la situación debe ser el diálogo, descartando la ruta de las manifestaciones o confrontaciones. “Somos una institución educativa y tenemos que mostrar a la sociedad que sabemos resolver los problemas con inteligencia”, enfatizó Zermeño.
El plazo es claro: si en noviembre no se concreta una solución en torno a la liquidez, la universidad se vería en aprietos para continuar sus operaciones. Mientras tanto, las mesas de negociación siguen abiertas, con la promesa de que, ahora sí, los malentendidos de “interpretación” no se interpongan en la solución definitiva.
También lee: Avanza el diálogo entre el Gobierno del Estado y la UASLP
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Por falta de recursos, proyectos federales no ven la luz en SLP
El gobernador Ricardo Gallardo indicó que se ha intervenido desde el estado en obras de infraestructura como caminos y carreteras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reconoció que el primer año del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha sido complicado en términos de inversión para la entidad potosina, ya que hasta el momento no se ha iniciado ningún proyecto de la Federación en el estado.
Señaló que el flujo de recursos desde el Gobierno Federal ha sido limitado, lo que ha afectado la ejecución de proyectos en territorio potosino. Ante ello, aseguró que el gobierno estatal ha asumido proyectos de infraestructura que le corresponden a la Federación, con recursos propios.
“Hoy todavía no tenemos un proyecto federal que esté arrancando. Ya tenemos varios listos para 2026, pero era normal que en el primer año llegues y te acomodes; no hay la lana como para llegar a empezar a hacer, lo entendemos. Por eso hemos tenido mucha paciencia”
, declaró el mandatario.Gallardo explicó que su administración ya ha comenzado a ejecutar obras estratégicas, como la Vía Alterna a la Zona Industrial, que actualmente beneficia a más de 300 mil trabajadores en la zona metropolitana. “Se acortó el tiempo de más de 1 hora 20 minutos a ir a trabajar a media hora. Ya tenemos un flujo en la vía alterna de 2 mil vehículos cada hora al día de hoy”, afirmó.
A pesar de los avances, el gobernador pidió comprensión a la ciudadanía, al asegurar que aún queda mucho por hacer: “Las obras están funcionando, están jalando, y como les digo, falta mucho por hacer, pero que nos tengan poquito paciencia porque lo vamos a hacer”.
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Responsable de caso Nayeli Alfaro no quedará libre: asegura FGESLP
La fiscal García Cazares indicó que los retrasos en el caso se deben a recursos de la defensa; rechazó que el caso esté “atorado”
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), respondió sobre el estado del caso de Na yeli Alfaro Silva, joven fisicoculturista víctima de feminicidio en 2022 , cuyo presunto responsable —Uriel “N”, pareja de la víctima— fue detenido hace tres años.
La funcionaria rechazó que el caso esté “atorado”, como señalan representantes legales de la familia de Alfaro, y explicó que los retrasos obedecen a recursos legales interpuestos por la defensa del acusado.
“La ley permite que los actos se puedan ampliar dentro del proceso. La Fiscalía tiene que esperar los tiempos para que las partes promuevan amparos y éstos se resuelvan, para poder llegar a una conclusión en el caso”, señaló García Cázares.
La fiscal recalcó que no existe riesgo de que el presunto feminicida quede en libertad, pues los recursos legales presentados no interrumpen la medida cautelar.
“De ninguna manera puede quedar libre. Son autos de defensa, pero no corren términos para que pueda seguir en libertad”, afirmó.
Finalmente, la titular de la FGESLP evitó dar una cifra sobre cuántos casos se encuentran bajo condiciones similares, pero aseguró que no son la mayoría.
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