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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” 
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio
Por: Ana G Silva
Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.
La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.
El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.
Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.
Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.
El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.
La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.
Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.
Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.
La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.
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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.
“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.
Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.
Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.
El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.
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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.
La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.
El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.
En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo
Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.
El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.
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