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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” 
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
Comerciantes han denunciado en redes a una mujer que presuntamente roba en negocios aprovechando descuidos
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), señaló que hasta el momento no tiene información específica sobre el caso de una mujer que presuntamente se dedica a cometer robos en comercios del Centro Histórico de San Luis Potosí y que, según denuncias difundidas en redes sociales, contaría con varias carpetas de investigación en su contra.
Al ser cuestionada sobre el tema, la fiscal indicó que revisará la situación debido a que se trata de un delito que afecta a la sociedad y que además se persigue de oficio.
“No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad”, expresó.
En los últimos días, comerciantes del Centro Histórico han difundido videos en redes sociales en los que se observa a una mujer presuntamente sustraer carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos
Sobre este tipo de delitos, García Cázares explicó que generalmente se trata de robos sin violencia, en los que los responsables aprovechan momentos de distracción para cometer el ilícito.
Asimismo, señaló que en el Centro Histórico se han reforzado los rondines de vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí y de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, lo que ha contribuido a disminuir este tipo de incidentes en la zona.
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El rector Alejandro Zermeño explicó que el calendario de ministraciones estatales deja 196 millones sujetos a disponibilidad presupuestal, un escenario que podría replicar las tensiones financieras del año pasado para la universidad
Por: Jorge Saldaña
Aunque el convenio de financiamiento entre la federación y el gobierno estatal establece una aportación de 516 millones de pesos para la UASLP, el esquema de pagos previsto por la administración estatal solo garantiza 320 millones durante el año, cantidad autorizada por el Congreso del Estado, divididos en doce mensualidades.
Así lo explicó el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien detalló que en estos días la universidad ya recibió únicamente el 10 por ciento de la primera ministración federal, mientras que la aportación del gobierno está pendiente y se espera para los próximos días.
Entrevistado en el marco de la inauguración de la edición número 50 de la Feria Nacional del Libro de la UASLP, Zermeño Guerra precisó que el proceso de liberación de recursos sigue una cadena administrativa: primero la firma del convenio entre Federación y estado, (14 de enero) luego el envío del documento a la Federación, la ministración federal y posteriormente la aportación estatal.
“El recurso de la Federación nos fue ministrado hace tres días”, señaló, por lo que la universidad espera que en los próximos días llegue la parte estatal correspondiente a enero, febrero y lo que va de marzo.
El convenio global firmado con la Federación contempla un poco más de 3 mil millones de pesos, de los que el gobierno estatal se comprometió a aportar 516 millones. Sin embargo, el esquema de pagos que se notificó recientemente contempla solamente 320 millones lo que podría poner en una situación de crisis a la institución igual a la que se vivió el año pasado, con la diferencia que en este convenio se contempló una cláusula de disponibilidad presupuestal, es decir que gobierno podría no estar en condiciones de alcanzar la cantidad total.
“Hay cláusula respecto a la situación financiera de los gobiernos; nadie está obligado a lo imposible”, reconoció Zermeño, aunque subrayó que mantiene confianza en que el acuerdo pueda cumplirse en su totalidad.
“Yo tengo que seguir teniendo confianza porque confío en que una autoridad como nuestro gobernador, si firma un documento es porque seguramente va a tratar de cumplir”, expresó.
El rector también señaló que la universidad enfrenta adeudos cruzados con el gobierno estatal. Por un lado, la UASLP solicitó a inicios de año un préstamo al gobierno de 100 millones de pesos para cubrir compromisos de nómina.
Por otro lado, el gobierno estatal mantiene un adeudo superior a 20 millones de pesos relacionado con un pago que la universidad adelantó para cubrir una deuda con Conagua, operación que permitió reducir un pasivo que originalmente superaba los 50 millones.
A estos pendientes se suma un monto de 540 millones de pesos acumulados durante los últimos tres años, según explicó el rector.
Pese a este escenario financiero, Zermeño reiteró que mantiene expectativas de que el gobierno estatal cumpla con los compromisos asumidos.
“La esperanza muere al último”, dijo.
Nota completa: Inició Feria Nacional del Libro de la UASLP
El incendio más grande ocurrió en Santo Domingo, San Luis Potosí, con 15 mil 300 hectáreas afectadas
Por: Redacción
Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (Segam), informó que en los primeros meses del año el estado ha registrado una alta incidencia de incendios, con más de 20 mil 160 hectáreas afectadas.
La funcionaria explicó que actualmente se mantiene un incendio activo, y señaló que la cantidad de siniestros registrados en aproximadamente dos meses ha sido considerable, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención.
Mendoza Díaz destacó que uno de los incendios más graves ocurrió en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, donde se registraron 15 mil 300 hectáreas siniestradas, convirtiéndose en el incendio más grande del que se tenga registro en la historia del estado.
La titular de la Segam indicó que, debido a la magnitud de los daños, San Luis Potosí se encuentra actualmente en primer lugar a nivel nacional en territorio afectado por incendios, aunque aclaró que esto se refiere a superficie siniestrada y no al número total de incendios registrados.
Ante este panorama, la dependencia ha iniciado reuniones con alcaldes de distintas regiones para coordinar estrategias de prevención. Hace unos días se realizó un encuentro con presidentes municipales del Altiplano, zona que presenta alta peligrosidad debido a la sequía y a las condiciones de los pastizales.
Asimismo, este jueves fueron convocados los alcaldes de la zona centro, donde municipios como Mexquitic de Carmona, Zaragoza, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez han registrado una importante incidencia de incendios en los últimos días.
La funcionaria explicó que muchos de estos siniestros se originan por quemas agrícolas realizadas por habitantes de comunidades, quienes buscan limpiar sus terrenos, pero en ocasiones el fuego se sale de control.
Por ello, las autoridades estatales trabajan con los gobiernos municipales para reforzar campañas de concientización y pedir a la población evitar quemas sin previo aviso a las autoridades competentes, con el fin de prevenir nuevas contingencias y proteger a las comunidades cercanas.
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