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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” .
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
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Proyecto busca tumbar a Ruiz Contreras, pero sigue firme hasta decisión de Sala Superior.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
José Luis Ruiz Contreras continúa en calidad de magistrado electo del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, pese a que circula un proyecto de sentencia que propone revocar su nombramiento. Dicho documento, elaborado por un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún no es una resolución definitiva, pues deberá discutirse y votarse en sesión de la Sala Superior el próximo 10 de septiembre.
El proyecto argumenta que Ruiz Contreras no cumplió con el requisito constitucional de haberse separado un año antes de su encargo como fiscal general del estado. Señala que presentó su renuncia en mayo de 2024, mientras que la convocatoria para magistraturas se publicó en enero de 2025, lo que lo colocaría en condición de inelegibilidad.
En contra parte, su defensa solicita a los magistrados ser más exhaustivos en el estudio del caso, teniendo como base que, si solicitó licencia de su cargo en el poder judicial para desempeñarse como fiscal, es porque tiene carrera judicial y por lo tanto, como lo marca la convocatoria, acceso al “pase directo” para haber sido postulado y votado.
De aprobarse el criterio del proyecto, la sentencia ordenaría al Congreso del Estado designar a otra persona en su lugar. Sin embargo, si el pleno de la Sala Superior rechaza el proyecto, su nombramiento quedará plenamente ratificado.
El documento surge a raíz de impugnaciones presentadas por otros aspirantes a magistraturas, inconformes con el proceso legislativo de selección. No obstante, el proyecto únicamente cuestiona la designación de Ruiz Contreras, y valida la legalidad de los demás nombramientos realizados por el Congreso local.
Hasta que la Sala Superior del TEPJF no se pronuncie en uno u otro sentido, José Luis Ruiz Contreras permanece en calidad de magistrado electo.
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Negligencia médica deja a niño de 6 años postrado en el IMSS de Zapata
Personal médico le aplicó un medicamento al que era alérgico; convulsionó siete veces y cayó en paro cardíaco
Por: Ana G Silva
Joaquín Ezequiel, un niño de apenas 6 años, enfrenta las secuelas de una presunta negligencia médica en el Hospital IMSS de Zapata. El menor ingresó el 12 de mayo de 2025 por neumonía, pero el 16 de mayo, el personal médico le administró ampicilina a pesar de que su madre había advertido que era alérgico.
Esto provocó que Joaquín convulsionara siete veces, y el personal de enfermería no aplicó los medicamentos indicados ni notificó al médico responsable, lo que derivó en un paro cardíaco. Fue únicamente la intervención de una pediatra quien logró estabilizarlo.
Actualmente, Joaquín permanece postrado en cama, con traqueostomía y gastrostomía, sin poder hablar ni sostener su cabeza. Requiere oxígeno permanente y terapias intensivas para recuperar la movilidad de sus extremidades. Según la madre, “es consciente de lo que sucede, pero no puede moverse ni hablar; es devastador verlo así”.
Además de la gravedad médica, la familia enfrenta la indiferencia y burla del personal que causó el daño. Tras presentar su queja, las enfermeras responsables —identificadas como Lourdes “N” y Concepción “N”— reaccionaron con comentarios sarcásticos y hostiles hacia la madre, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La situación económica de la familia también es crítica. Fabiola Hernández, madre de Joaquín, perdió su empleo tras solicitar incapacidades médicas, y su esposo no trabaja. Los tres hijos de la pareja dependen de ella, y actualmente no tienen recursos ni para útiles escolares ni uniformes, mucho menos para cubrir las necesidades médicas de Joaquín.
Para poder darle de alta y continuar con sus terapias, la familia solicita apoyo urgente para adquirir un tanque portátil de oxígeno, cuyo costo es de aproximadamente 4 mil pesos.
Datos para donaciones:
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Nombre: Fabiola Hernández
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Banco: BBVA
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Cuenta: 4152 3141 7994 9022
La familia pide a la ciudadanía apoyo para garantizar la atención mínima que su hijo necesita mientras continúa el proceso legal por la presunta negligencia médica, que podría tener consecuencias de por vida en la salud de Joaquín.
También lee: Hallan feto en baño de la Clínica 2 del IMSS en SLP
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Valeo “simula” resolución; quiere negar el pago de utilidades 2016
El comité de extrabajadores señaló que administrativos de la empresa presentó supuestas resoluciones finales, cuando en realidad fueron acuses de recibo
Por: Redacción
El Comité de Extrabajadores de Valeo en San Luis Potosí, quienes esperan el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) desde 2016, señalaron un intento de simulación, manipulación y engaño por parte de la empresa y su firma de abogados, tras aparentar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había emitido las resoluciones finales, cuando en realidad se trataba de acuses de recibo.
Según el propio comité, dio a conocer que los abogados de Valeo habrían presentado la resolución final del recurso de revocación relativo a la PTU 2016. A través de diferentes oficios, el equipo legal de la empresa señaló que lo único pendiente era un “cierre oficial” del recurso de revocación. Además, que la declaración complementaria ya reflejaba los montos definitivos, tal y como se habían ingresado al sistema del SAT, y que ello debía entenderse como el cumplimiento de la resolución.
No obstante, de acuerdo a documentos en poder de este medio de comunicación, ninguno de los documentos presentados correspondería a la resolución del recurso de revocación del 30 de junio de 2025. Mientras que en otros casos, como el de la declaración complementaria, no implica aceptación ni conclusión del recurso.
Además que otro de los oficios es un acto accesorio de recaudación (reducción de multas y recargos), que se deriva de la autocorrección de Valeo, pero no resuelve el fondo del asunto ni el reparto adicional de PTU 2016.
Para las y los ex trabajadores de Valeo, estos documentos entregados no constituyen la resolución definitiva del recurso de revocación, sino únicamente actos accesorios de recaudación y acuses de recibo, que no responden al reparto adicional de PTU que se les debe por lo laborado durante 2016.
El comité reiteró que continuarán su lucha por los cauces legales y sociales hasta que se reponga el pago de lo concerniente. Además que las medidas del colectivo se endurecerán como respuesta a este acto de opacidad y falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y extrabajadores.
También lee: Valeo se arregló con 900 trabajadores activos, pero dejó fuera a más de 5 mil ex empleados
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