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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” 
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
Denuncian fraude con supuestos empleos en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas, con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”. Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada gobernadora indígena del estado de San Luis Potosí y es señalada como la principal operadora del esquema.
Mariano Ávila #224
Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos
Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos
Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.
Supuesto manual de operaciones
Supuesto manual de operaciones
Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifosLos reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.
Formato de afiliación del supuesto sindicato
Formato de afiliación del supuesto sindicatoA pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 20 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida.
Este medio hace un llamado a las autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía General del Estado, para investigar de fondo el caso y deslindar responsabilidades penales, tanto por uso indebido de documentos oficiales como por presunto fraude masivo.
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El secretario Jesús Juárez dijo que las detenciones de tractocamiones ocurren en la carretera 57; los casos son canalizados a la FGR
Por: Redacción
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, habló sobre el problema del huachicoleo en San Luis Potosí. Informó que se han registrado altos índices de aseguramientos, principalmente de tractocamiones en la carretera 57.
“Todas las semanas realizamos entre tres y cuatro aseguramientos, mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Todo ha sido de la mano con la Fiscalía y la Guardia Nacional, que han hecho operativos contra el huachicol que serán permanentes”, declaró Juárez Hernández.
Detalló que la SSPC únicamente funge como entidad preventiva
Sobre los vehículos detenidos en la carretera 57, indicó que los arrestos se realizan en distintos puntos, principalmente en los tramos que van de la capital a Santa María del Río y de San Luis Potosí al Huizache.
Finalmente, aclaró que en lo que respecta al huachicoleo en ferrocarriles, la autoridad estatal no tiene injerencia, ya que se trata de infraestructura federal.
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Miguel Ángel Guzmán Michel fue detenido por la FGR, acusado de terrorismo; es representante de pueblos originarios y dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País
Por: Redacción
Desde el pasado viernes se dio a conocer la detención de Miguel Ángel Guzmán Michel, académico de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País (MLN-NP).
El operativo habría sido ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), quien supuestamente publicó la ficha en el Registro Nacional de Detenciones, en la que se acusa de terrorismo.
La aprehensión se realizó sobre la carretera federal Ciudad Valles–Tampico, frente a un establecimiento comercial en Plaza Punto Novel. Tras su captura, Guzmán Michel fue trasladado a la subsede de la FGR en Tampico, Tamaulipas, para una revisión médica obligatoria. Posteriormente, se informó que sería internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 CPS Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, un penal federal de máxima seguridad.
La organización MLN-NP publicó un comunicado, en el que señaló esta detención como una campaña de criminalización por su papel activo en la defensa del territorio indígena, ya que actualmente es representante legal de la nación Shi Ui (o Xi’úi), y comunidades pame y tének del ejido de La Palma, perteneciente al municipio de Tamasopo.
En el mismo comunicado señalan a Alfonso Cepeda Salas, actual Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como uno de los presunto responsable de esta detención, luego de que Guzman Michel elaboró la demanda legal que se presentará la semana entrante contra el dirigente sindical por violaciones a la Ley al usurpar funciones que no le corresponden.
La organización MLN-NP agregó que esta acción coincide con el descubrimiento de una veta de oro en la propiedad comunal de los Shi Ui de la comunidad de La Palma, con una extensión de 34 mil hectáreas.
Finalmente, el texto concluye con un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la liberación inmediata de Guzmán Michel y a que se procese judicialmente “a los verdaderos criminales”.
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