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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” .
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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