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Homicidios en SLP durante 2018: la mayoría jóvenes entre 15 y 35 años
Durante 2018, el 56 por ciento de las personas asesinadas tenía entre 15 y 34 años; además, el 83 por ciento tenía un empleo
Por: El Saxofón
En 2018, los homicidios dolosos cobraron la vida de 316 jóvenes entre los 15 y los 34 años en San Luis Potosí, según las cifras más recientes del Inegi. Además seis menores 15 años fueron asesinados a lo largo del año, entre ellos un bebé de menos de un año, uno de 1 a 4 años, dos de 5 a 9 años, y dos más de 10 a 14 años.
El número de jóvenes víctimas de homicidio creció en San Luis Potosí durante el 2018. Según el Inegi, el año pasado, el 56.4 por ciento de las víctimas de asesinato en San Luis fueron jóvenes entre los 15 y los 34 años de edad, cifra que supera la proporción víctimas en este grupo de edad, que fue de 54.6 por ciento en 2017.
El Inegi dio a conocer en días pasados, las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2018.
Las estadísticas revelan que en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios de 1990 a 2017.
En San Luis Potosí, a lo largo de 2018, el asesinato intencional fue la causa de muerte de 560 personas, de las cuales 316 eran jóvenes entre los 15 y los 34 años, según el Inegi.
En 2018, por grupos de edad, se registraron 61 víctimas de entre 15 y 19 años; 78 cuyas edades oscilaban entre los 20-24 años; 97, de entre 25-29; 80 entre 30-34; 67 entre 35-39; 48 entre los 40-44; 30 de entre 45-49; 26 de entre 50-54; 13 de entre 55-59; 8 de entre 60-64; 7 de entre 65-69; 6 de entre 70-74; 7 de entre 75-79; 1 de entre 80-84; y 2 de 85 años y más.
En 23 homicidios no se especificó la edad de la víctima.
Las cifras anteriores indican que el grupo de edad que acumuló mayor número de víctimas fue el de 25 a 29 años, con 97, equivalente al 17.32 por ciento del total de homicidios cometidos en el año.
En este mismo sentido, gracias a las cifras del Inegi, se sabe que el 14.28 por ciento de las víctimas de homicidio en 2018 oscilaba entre los 30 y los 34 años de edad, mientras que el 13.92 por ciento tenían de 20 a 24, y el 10.89 por ciento iban de los 15 a los 19.
Víctimas entre los 15 y 34 años
- En 2018, solo el grupo de 20 A 24 años bajó su número de homicidios respecto a 2017
| VÍCTIMAS | |||
| 2017 | 2018 | ||
| 15-19 | 44 | 61 | |
| 20-24 | 82 | 78 | |
| 25-29 | 89 | 97 | |
| 30-34 | 58 | 80 | |
Cabe resaltar que los homicidios de jóvenes de 15 a 19 años de edad, pasaron de 44 víctimas en 2017 a 61 en 2018, lo que representa un incremento del 38.63 por ciento. En tanto, los asesinatos de jóvenes de entre 20 y 24 años, disminuyeron un 4.87 por ciento, al pasar de 82 en 2017 a 78 en 2018.
Sin embargo, las víctimas de 25 a 29 años también aumentaron al pasar de 89 en 2017 a 97 el año pasado, un incremento del 8.98 por ciento. Lo mismo ocurrió en el grupo de edad de 30 a 34 años, que en 2017 registró 58 víctimas, y en 2018 registró 80, con un incremento del 37.93 por ciento.
Desde 2017, los asesinatos son la principal causa de muerte entre los jóvenes y adultos entre los 15 y los 44 años de edad, según las estadísticas del Inegi.
No eran “ninis”
Contrario a lo que se pudiera pensar, la mayoría de los jóvenes asesinados contaban con un empleo al momento de perder la vida.
De los 316 jóvenes que fueron asesinados durante el 2018, 262 tenían un empleo, según los datos del Inegi, y solo 54 no realizaban ningún trabajo remunerado. Esto quiere decir que el 82.9 por ciento de las personas entre 15 y 34 años víctimas de homicidio doloso tenían un empleo, y solo el 17.08 por ciento carecían de él.
Por grupos de edad, de entre las víctimas de 15-19 años, 40 de ellos trabajaban (65.5%), y solo 21 no lo hacían (34.4%).
Entre las víctimas de 20-24 años, 65 de ellas contaban con un empleo (83.3%) y solo 13 estaban desempleados, es decir, solo el 16.6 por ciento no trabajaban.
En el grupo de 25-29 años, 82 desempeñaban un trabajo (84.5%) mientras que 15 de ellos estaban desocupados (15.46%).
Entre las víctimas de 30-34 años, fueron las que registraron menos desempleo, pues 75 de ellas laboraban, y solo cinco no desarrollaban ninguna actividad remunerada, esto representa que el 93.7 por ciento de ellos estaban trabajando y el 6.25 por ciento no lo hacían.
Mencionar estos datos es importante, pues muchas veces el discurso de las autoridades, incluso la propia ciudadanía, presupone que las víctimas de homicidio eran personas que no desempeñaban ninguna actividad económica y que dada su condición de desempleo estaban vinculadas con actividades ilícitas.
Así, el prejuicio del “nini” revictimiza a los jóvenes que ya de por sí, en el México actual, enfrentan un panorama adverso, marcado por la discriminación, la falta de oportunidades y apoyo, en medio de un contexto cada vez más violento.
Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
También lee: Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal
Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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