Destacadas
Homicidios en SLP durante 2018: la mayoría jóvenes entre 15 y 35 años
Durante 2018, el 56 por ciento de las personas asesinadas tenía entre 15 y 34 años; además, el 83 por ciento tenía un empleo
Por: El Saxofón
En 2018, los homicidios dolosos cobraron la vida de 316 jóvenes entre los 15 y los 34 años en San Luis Potosí, según las cifras más recientes del Inegi. Además seis menores 15 años fueron asesinados a lo largo del año, entre ellos un bebé de menos de un año, uno de 1 a 4 años, dos de 5 a 9 años, y dos más de 10 a 14 años.
El número de jóvenes víctimas de homicidio creció en San Luis Potosí durante el 2018. Según el Inegi, el año pasado, el 56.4 por ciento de las víctimas de asesinato en San Luis fueron jóvenes entre los 15 y los 34 años de edad, cifra que supera la proporción víctimas en este grupo de edad, que fue de 54.6 por ciento en 2017.
El Inegi dio a conocer en días pasados, las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2018.
Las estadísticas revelan que en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios de 1990 a 2017.
En San Luis Potosí, a lo largo de 2018, el asesinato intencional fue la causa de muerte de 560 personas, de las cuales 316 eran jóvenes entre los 15 y los 34 años, según el Inegi.
En 2018, por grupos de edad, se registraron 61 víctimas de entre 15 y 19 años; 78 cuyas edades oscilaban entre los 20-24 años; 97, de entre 25-29; 80 entre 30-34; 67 entre 35-39; 48 entre los 40-44; 30 de entre 45-49; 26 de entre 50-54; 13 de entre 55-59; 8 de entre 60-64; 7 de entre 65-69; 6 de entre 70-74; 7 de entre 75-79; 1 de entre 80-84; y 2 de 85 años y más.
En 23 homicidios no se especificó la edad de la víctima.
Las cifras anteriores indican que el grupo de edad que acumuló mayor número de víctimas fue el de 25 a 29 años, con 97, equivalente al 17.32 por ciento del total de homicidios cometidos en el año.
En este mismo sentido, gracias a las cifras del Inegi, se sabe que el 14.28 por ciento de las víctimas de homicidio en 2018 oscilaba entre los 30 y los 34 años de edad, mientras que el 13.92 por ciento tenían de 20 a 24, y el 10.89 por ciento iban de los 15 a los 19.
Víctimas entre los 15 y 34 años
- En 2018, solo el grupo de 20 A 24 años bajó su número de homicidios respecto a 2017
| VÍCTIMAS | |||
| 2017 | 2018 | ||
| 15-19 | 44 | 61 | |
| 20-24 | 82 | 78 | |
| 25-29 | 89 | 97 | |
| 30-34 | 58 | 80 | |
Cabe resaltar que los homicidios de jóvenes de 15 a 19 años de edad, pasaron de 44 víctimas en 2017 a 61 en 2018, lo que representa un incremento del 38.63 por ciento. En tanto, los asesinatos de jóvenes de entre 20 y 24 años, disminuyeron un 4.87 por ciento, al pasar de 82 en 2017 a 78 en 2018.
Sin embargo, las víctimas de 25 a 29 años también aumentaron al pasar de 89 en 2017 a 97 el año pasado, un incremento del 8.98 por ciento. Lo mismo ocurrió en el grupo de edad de 30 a 34 años, que en 2017 registró 58 víctimas, y en 2018 registró 80, con un incremento del 37.93 por ciento.
Desde 2017, los asesinatos son la principal causa de muerte entre los jóvenes y adultos entre los 15 y los 44 años de edad, según las estadísticas del Inegi.
No eran “ninis”
Contrario a lo que se pudiera pensar, la mayoría de los jóvenes asesinados contaban con un empleo al momento de perder la vida.
De los 316 jóvenes que fueron asesinados durante el 2018, 262 tenían un empleo, según los datos del Inegi, y solo 54 no realizaban ningún trabajo remunerado. Esto quiere decir que el 82.9 por ciento de las personas entre 15 y 34 años víctimas de homicidio doloso tenían un empleo, y solo el 17.08 por ciento carecían de él.
Por grupos de edad, de entre las víctimas de 15-19 años, 40 de ellos trabajaban (65.5%), y solo 21 no lo hacían (34.4%).
Entre las víctimas de 20-24 años, 65 de ellas contaban con un empleo (83.3%) y solo 13 estaban desempleados, es decir, solo el 16.6 por ciento no trabajaban.
En el grupo de 25-29 años, 82 desempeñaban un trabajo (84.5%) mientras que 15 de ellos estaban desocupados (15.46%).
Entre las víctimas de 30-34 años, fueron las que registraron menos desempleo, pues 75 de ellas laboraban, y solo cinco no desarrollaban ninguna actividad remunerada, esto representa que el 93.7 por ciento de ellos estaban trabajando y el 6.25 por ciento no lo hacían.
Mencionar estos datos es importante, pues muchas veces el discurso de las autoridades, incluso la propia ciudadanía, presupone que las víctimas de homicidio eran personas que no desempeñaban ninguna actividad económica y que dada su condición de desempleo estaban vinculadas con actividades ilícitas.
Así, el prejuicio del “nini” revictimiza a los jóvenes que ya de por sí, en el México actual, enfrentan un panorama adverso, marcado por la discriminación, la falta de oportunidades y apoyo, en medio de un contexto cada vez más violento.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
También lee: Sara Rocha respalda la manifestación del 8M, siempre que no incomode al patrimonio
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado2 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas3 años
SLP podría volver en enero a clases online
