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Homicidios, a la alza en la 4T en comparación con otros mandatos
El número de homicidios ha incrementado al inicio de la 4T de López Obrador; La Orquesta comparó los mandatos de los últimos 4 presidentes
Por: El Saxofón
En la conferencia de prensa matutina del viernes 12 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos sostuvieron un enfrentamiento verbal para contrastar los datos sobre la estadística de homicidios dolosos en el país.
Ramos, que como periodista también se ha convertido en protagonista de la noticia, cuestionó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, si según cifras oficiales, en los primeros dos meses del 2019 los asesinatos subieron un 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.
Las versiones periodísticas que se escribieron al respecto, se centraron en los dichos del presidente y el informador, pero no mencionaron las cifras ni de uno ni de otro. Lo que sigue líneas abajo, es una revisión de las cifras de homicidios que se han registrado en México en los últimos tres sexenios: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; para contrastarlas con las cifras iniciales de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que apenas arranca.
Vicente Fox: la Alternancia en el Poder
En el primer año de Vicente Fox como presidente de la República (2001), los homicidios reflejaron un pequeño repunte con respecto al año 2000. De 13 mil 828 carpetas de investigación abiertas, el número se elevó a 13 mil 855 (3 mil 512 por arma de fuego).
Sin embargo, al siguiente año 2002, los números bajaron levemente a 13 mil 148 asesinatos, 2 mil 616 de ellos cometidos con arma de fuego.
Para el 2003, hubo una baja más considerable. México reportó solo 2 mil 676 homicidios, aunque aumentaron los homicidios por disparos de arma de fuego a 3 mil 6; en los tres años que siguieron, la violencia homicida siguió en descenso: 11 mil 658 en 2004; 11 mil 246 en 2005, y un repunte al cierre en 2006, con 11 mil 806. En tanto, el uso de armas de fuego iba en incremento, pues en ese año fueron 3 mil 610 los asesinatos cometidos de esta manera.
Felipe Calderón: la Guerra contra el narco
De entrada, hay que decir que, desde el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registra una tendencia al alza que ni ese, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron contener. El fenómeno de la violencia avanzó y sigue avanzando con una inercia que, hasta el momento, ha sido imposible frenar; pero veamos las cifras:
En diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió el gobierno de un país que, en ese año, el último de Vicente Fox al frente de la administración federal, registró 11 mil 806 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales el 30.57 por ciento, fueron asesinatos con arma de fuego.
En este punto, vale la pena volver la vista atrás, y remontarnos al año 2000, el año de la alternancia. En ese periodo anual, al cierre del sexenio del priista Ernesto Zedillo, se abrieron 13 mil 828 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esto quiere decir, que en los seis años siguientes, durante la administración foxista, el homicidio doloso disminuyó 14.62 por ciento.
Sin embargo, durante el sexenio calderonista, el panorama cambió abruptamente: seis años después de que Calderón asumió el poder -e inició la llamada Guerra Contra el Narco-, al cierre de 2012, se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidios dolosos, de los cuales 11 mil 391 fueron cometidos con arma de fuego (53%).
La evolución de los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón fue la siguiente:
En el primer año de Calderón como mandatario (2007), las carpetas de investigación por homicidio se redujeron a 10 mil 253, una disminución de 13.15 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios por arma de fuego alcanzó los 4 mil 40 casos, el 39.40 por ciento del total.
Ese fue el único año en el que la estrategia calderonista pareció funcionar. Para el 2008, los homicidios incrementaron un 28.30 por ciento, con 13 mil 155 carpetas de investigación abiertas, 5 mil 85 por asesinato con arma de fuego (38.65%).
Ya en 2009, los homicidios dejaron al menos 16 mil 118 víctimas, un aumento de 22.52 por ciento, con respecto al año previo. Del total de asesinatos, 8 mil 804 fueron cometidos con armas de fuego, cantidad equivalente al 54.6%.
En 2010 el homicidio doloso alcanzó las 20 mil 143 víctimas, en base al número de carpetas de investigación abiertas. En comparación con el 2009, el aumento fue del 24.97 por ciento. En este año, los homicidios por arma de fuego representaron el 59.5 por ciento del total.
Ya en 2011, en la recta final de la administración de Felipe Calderón, se registraron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio. La cifra más alta del sexenio, que representó un repunte del 11.24 por ciento, con respecto al año anterior. Del total de asesinatos, el 56.29 por ciento fueron por arma de fuego.
Así, en el último año de su gobierno, Felipe Calderón dejó un país con 21 mil 459 muertos por homicidio, una reducción marginal del 4.23 por ciento con respecto al 2011. El 53.08 por ciento de estas muertes fue con arma de fuego.
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede concluir que, en general, durante el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registró un comportamiento a la alza, y terminó con un aumento del 81.76 por ciento, con respecto a las cifras registradas al cierre del sexenio de Vicente Fox. La estrategia calderonista, consistente en sacar al Ejército a las calles, fue un fracaso.
Enrique Peña Nieto: Saving México
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró en los primeros tres años (2013, 2014 y 2015), reducir considerablemente las cifras de homicidios; todavía en el cuarto año (2016), la cuota de sangre se colocó por debajo de la cifra heredada por Felipe Calderón, pero en 2017, la violencia explotó y el estallido se extendió hasta el 2018.
Revisemos las cifras oficiales: en 2013, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso bajaron de 21 mil 459 en 2012, a 18 mil 106, una disminución del 15.62 por ciento. Del total indagatorias 9 mil 774 fueron muertes por arma de fuego, lo que representa el 53.98 por ciento.
Para el 2014, continuó la tendencia a la baja, y ese año, se abrieron indagatorias por 15 mil 520 homicidios, una disminución del 14.28 por ciento, con respecto al año previo, y una baja de 27.67 por ciento con respecto al último año de Calderón como presidente. En este año, el 55.34 por ciento de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.
Ya en 2015, hubo un repunte de 8.9 por ciento, con respecto al 2014, pues se registraron 16 mil 909 carpetas de investigación por asesinatos intencionales (55.34 por ciento de ellos, con arma de fuego). Pero fue en 2016 cuando la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo agua. Ese año la violencia en México dejó al menos 20 mil 547 víctimas (este fue el número de carpetas de investigación abiertas). El repunte del 21.51 por ciento casi alcanzó las peores cifras registradas en el sexenio de Felipe Calderón, y confirmó la tendencia alcista del uso de armas de fuego en los asesinatos, pues el 61.33 por ciento fueron cometidos en esta modalidad.
En 2017, la violencia homicida volvió a sentar sus reales en el país: con 25 mil 499 homicidios, 16 mil 949 de ellos con arma de fuego (66.46%); el 2017 fue registrado en la prensa como el más violento en la historia del país.
El 2018 volvió a marcar la misma tendencia, y también mereció el título de “el año más violento” de México en la prensa nacional e internacional. Cabe mencionar que en ese año, por primera vez, además de publicar el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, se hizo público el número de víctimas el cual es, desde luego, superior, pues en ocasiones se abre una sola carpeta de investigación por dobles homicidios o incluso por homicidios múltiples.
De esta forma, nos enteramos que el año pasado se abrieron 28 mil 839 carpetas de investigación por homicidio; 19 mil 966 de ellos, cometidos con arma de fuego, cantidad equivalente al 69.23 por ciento del total, sin embargo, el número de víctimas fue de 33 mil 369, y 23 mil 713 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, es decir el 71.06 por ciento.
En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto inició con buenos números en el combate a la violencia homicida, fueron tres años en los que la estrategia implementada y probablemente otros factores aún por determinar, permitieron que los asesinatos intencionales se contrajeran de manera considerable.
Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio, el estallido de violencia fue aún mayor que el registrado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué ocurrió?
Algunos analistas opinan que el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, la captura de capos y líderes regionales o de grupos específicos, originó una fragmentación que propició la creación de pequeñas células delincuenciales que ampliaron su espectro criminal, y que no conocían más método que la violencia homicida para imponerse sobre los grupos contrarios.
López Obrador: la Cuarta Transformación
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas inicia, y efectivamente, las cifras, a diferencia del primer año de Felipe Calderón, y de los primeros tres de Peña Nieto, no son esperanzadoras.
A contracorriente del discurso oficial, en los dos primeros meses del año suman 5 mil 649 víctimas de homicidio doloso; 2 mil 853 en enero y 2 mil 796 en febrero.
Si se compara solo este periodo bimestral con los primeros bimestres de los 4 años anteriores, lo más que se puede decir es que si bien la tendencia a la alza se mantiene, esta se ha reducido.
En el bimestre enero-febrero de 2016, los homicidios dolosos incrementaron 13.78 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2015.
En 2017, aumentaron 35.03 por ciento, con respecto al primer bimestre de 2016, y en 2018 aumentaron 18.13 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2017.
En tanto, en el primer bimestre de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los homicidios aumentaron 13.5 por ciento, con respecto al 2018. Es decir, aumentaron menos, pero a final de cuentas aumentaron.
En detrimento de López Obrador, se puede decir que el número de víctimas de homicidios registrados en los dos primeros meses del año son superiores a las del año anterior: en enero del 2018 se registraron 2 mil 563 víctimas y 2 mil 414 en febrero, para hacer un total de 4 mil 977.
Esto quiere decir que en el primer bimestre de 2019, se ha registrado un aumento de 13.50 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ocurre?
Sin duda, el actual gobierno enfrenta una fuerte inercia en el uso de la violencia homicida como manera de solucionar conflictos tanto entre delincuentes particulares, como entre grupos del crimen organizado. Contener esta tendencia requiere una estrategia que vaya mucho más allá del simple despliegue de fuerzas policiacas y castrenses. Así quedó demostrado en el sexenio de Felipe Calderón.
Hace falta un análisis profundo de lo que ocurrió durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto que nos pudiera explicar qué fue lo que pasó entonces para que pudiera disminuir el número de homicidios, y qué pasó después para que volvieran a incrementar a tal grado.
En el mandato de Peña Nieto se creó la llamada Gendarmería Nacional, pero sus resultados al parecer fueron magros, sobre sus logros hay poco que decir, y en cambio se sabe más de cómo terminó: con sus elementos siendo desalojados de los hoteles donde se hospedaban, por falta de pago por parte de la institución a la cual estaban adscritos: la Policía Federal.
La apuesta y la promesa de Peña Nieto también era regresar el Ejército a los cuarteles, pero no pudo cumplirla. En contraste, la segunda mitad del sexenio peñanietista fue un baño de sangre, en el cual se vivieron varios episodios de violencia protagonizados por personal de las dos instituciones castrenses del país: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.
Hoy, López Obrador apuesta por otra forma de militarización: la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por personal con formación militar, comandado por militares en retiro, presuntamente orientado a brindar seguridad pública con un enfoque civil y de respeto a los derechos humanos. Esa es la propuesta: queda por ver si en realidad va a ocurrir así.
Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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