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Homicidios, a la alza en la 4T en comparación con otros mandatos
El número de homicidios ha incrementado al inicio de la 4T de López Obrador; La Orquesta comparó los mandatos de los últimos 4 presidentes
Por: El Saxofón
En la conferencia de prensa matutina del viernes 12 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos sostuvieron un enfrentamiento verbal para contrastar los datos sobre la estadística de homicidios dolosos en el país.
Ramos, que como periodista también se ha convertido en protagonista de la noticia, cuestionó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, si según cifras oficiales, en los primeros dos meses del 2019 los asesinatos subieron un 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.
Las versiones periodísticas que se escribieron al respecto, se centraron en los dichos del presidente y el informador, pero no mencionaron las cifras ni de uno ni de otro. Lo que sigue líneas abajo, es una revisión de las cifras de homicidios que se han registrado en México en los últimos tres sexenios: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; para contrastarlas con las cifras iniciales de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que apenas arranca.
Vicente Fox: la Alternancia en el Poder
En el primer año de Vicente Fox como presidente de la República (2001), los homicidios reflejaron un pequeño repunte con respecto al año 2000. De 13 mil 828 carpetas de investigación abiertas, el número se elevó a 13 mil 855 (3 mil 512 por arma de fuego).
Sin embargo, al siguiente año 2002, los números bajaron levemente a 13 mil 148 asesinatos, 2 mil 616 de ellos cometidos con arma de fuego.
Para el 2003, hubo una baja más considerable. México reportó solo 2 mil 676 homicidios, aunque aumentaron los homicidios por disparos de arma de fuego a 3 mil 6; en los tres años que siguieron, la violencia homicida siguió en descenso: 11 mil 658 en 2004; 11 mil 246 en 2005, y un repunte al cierre en 2006, con 11 mil 806. En tanto, el uso de armas de fuego iba en incremento, pues en ese año fueron 3 mil 610 los asesinatos cometidos de esta manera.
Felipe Calderón: la Guerra contra el narco
De entrada, hay que decir que, desde el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registra una tendencia al alza que ni ese, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron contener. El fenómeno de la violencia avanzó y sigue avanzando con una inercia que, hasta el momento, ha sido imposible frenar; pero veamos las cifras:
En diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió el gobierno de un país que, en ese año, el último de Vicente Fox al frente de la administración federal, registró 11 mil 806 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales el 30.57 por ciento, fueron asesinatos con arma de fuego.
En este punto, vale la pena volver la vista atrás, y remontarnos al año 2000, el año de la alternancia. En ese periodo anual, al cierre del sexenio del priista Ernesto Zedillo, se abrieron 13 mil 828 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esto quiere decir, que en los seis años siguientes, durante la administración foxista, el homicidio doloso disminuyó 14.62 por ciento.
Sin embargo, durante el sexenio calderonista, el panorama cambió abruptamente: seis años después de que Calderón asumió el poder -e inició la llamada Guerra Contra el Narco-, al cierre de 2012, se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidios dolosos, de los cuales 11 mil 391 fueron cometidos con arma de fuego (53%).
La evolución de los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón fue la siguiente:
En el primer año de Calderón como mandatario (2007), las carpetas de investigación por homicidio se redujeron a 10 mil 253, una disminución de 13.15 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios por arma de fuego alcanzó los 4 mil 40 casos, el 39.40 por ciento del total.
Ese fue el único año en el que la estrategia calderonista pareció funcionar. Para el 2008, los homicidios incrementaron un 28.30 por ciento, con 13 mil 155 carpetas de investigación abiertas, 5 mil 85 por asesinato con arma de fuego (38.65%).
Ya en 2009, los homicidios dejaron al menos 16 mil 118 víctimas, un aumento de 22.52 por ciento, con respecto al año previo. Del total de asesinatos, 8 mil 804 fueron cometidos con armas de fuego, cantidad equivalente al 54.6%.
En 2010 el homicidio doloso alcanzó las 20 mil 143 víctimas, en base al número de carpetas de investigación abiertas. En comparación con el 2009, el aumento fue del 24.97 por ciento. En este año, los homicidios por arma de fuego representaron el 59.5 por ciento del total.
Ya en 2011, en la recta final de la administración de Felipe Calderón, se registraron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio. La cifra más alta del sexenio, que representó un repunte del 11.24 por ciento, con respecto al año anterior. Del total de asesinatos, el 56.29 por ciento fueron por arma de fuego.
Así, en el último año de su gobierno, Felipe Calderón dejó un país con 21 mil 459 muertos por homicidio, una reducción marginal del 4.23 por ciento con respecto al 2011. El 53.08 por ciento de estas muertes fue con arma de fuego.
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede concluir que, en general, durante el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registró un comportamiento a la alza, y terminó con un aumento del 81.76 por ciento, con respecto a las cifras registradas al cierre del sexenio de Vicente Fox. La estrategia calderonista, consistente en sacar al Ejército a las calles, fue un fracaso.
Enrique Peña Nieto: Saving México
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró en los primeros tres años (2013, 2014 y 2015), reducir considerablemente las cifras de homicidios; todavía en el cuarto año (2016), la cuota de sangre se colocó por debajo de la cifra heredada por Felipe Calderón, pero en 2017, la violencia explotó y el estallido se extendió hasta el 2018.
Revisemos las cifras oficiales: en 2013, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso bajaron de 21 mil 459 en 2012, a 18 mil 106, una disminución del 15.62 por ciento. Del total indagatorias 9 mil 774 fueron muertes por arma de fuego, lo que representa el 53.98 por ciento.
Para el 2014, continuó la tendencia a la baja, y ese año, se abrieron indagatorias por 15 mil 520 homicidios, una disminución del 14.28 por ciento, con respecto al año previo, y una baja de 27.67 por ciento con respecto al último año de Calderón como presidente. En este año, el 55.34 por ciento de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.
Ya en 2015, hubo un repunte de 8.9 por ciento, con respecto al 2014, pues se registraron 16 mil 909 carpetas de investigación por asesinatos intencionales (55.34 por ciento de ellos, con arma de fuego). Pero fue en 2016 cuando la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo agua. Ese año la violencia en México dejó al menos 20 mil 547 víctimas (este fue el número de carpetas de investigación abiertas). El repunte del 21.51 por ciento casi alcanzó las peores cifras registradas en el sexenio de Felipe Calderón, y confirmó la tendencia alcista del uso de armas de fuego en los asesinatos, pues el 61.33 por ciento fueron cometidos en esta modalidad.
En 2017, la violencia homicida volvió a sentar sus reales en el país: con 25 mil 499 homicidios, 16 mil 949 de ellos con arma de fuego (66.46%); el 2017 fue registrado en la prensa como el más violento en la historia del país.
El 2018 volvió a marcar la misma tendencia, y también mereció el título de “el año más violento” de México en la prensa nacional e internacional. Cabe mencionar que en ese año, por primera vez, además de publicar el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, se hizo público el número de víctimas el cual es, desde luego, superior, pues en ocasiones se abre una sola carpeta de investigación por dobles homicidios o incluso por homicidios múltiples.
De esta forma, nos enteramos que el año pasado se abrieron 28 mil 839 carpetas de investigación por homicidio; 19 mil 966 de ellos, cometidos con arma de fuego, cantidad equivalente al 69.23 por ciento del total, sin embargo, el número de víctimas fue de 33 mil 369, y 23 mil 713 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, es decir el 71.06 por ciento.
En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto inició con buenos números en el combate a la violencia homicida, fueron tres años en los que la estrategia implementada y probablemente otros factores aún por determinar, permitieron que los asesinatos intencionales se contrajeran de manera considerable.
Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio, el estallido de violencia fue aún mayor que el registrado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué ocurrió?
Algunos analistas opinan que el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, la captura de capos y líderes regionales o de grupos específicos, originó una fragmentación que propició la creación de pequeñas células delincuenciales que ampliaron su espectro criminal, y que no conocían más método que la violencia homicida para imponerse sobre los grupos contrarios.
López Obrador: la Cuarta Transformación
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas inicia, y efectivamente, las cifras, a diferencia del primer año de Felipe Calderón, y de los primeros tres de Peña Nieto, no son esperanzadoras.
A contracorriente del discurso oficial, en los dos primeros meses del año suman 5 mil 649 víctimas de homicidio doloso; 2 mil 853 en enero y 2 mil 796 en febrero.
Si se compara solo este periodo bimestral con los primeros bimestres de los 4 años anteriores, lo más que se puede decir es que si bien la tendencia a la alza se mantiene, esta se ha reducido.
En el bimestre enero-febrero de 2016, los homicidios dolosos incrementaron 13.78 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2015.
En 2017, aumentaron 35.03 por ciento, con respecto al primer bimestre de 2016, y en 2018 aumentaron 18.13 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2017.
En tanto, en el primer bimestre de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los homicidios aumentaron 13.5 por ciento, con respecto al 2018. Es decir, aumentaron menos, pero a final de cuentas aumentaron.
En detrimento de López Obrador, se puede decir que el número de víctimas de homicidios registrados en los dos primeros meses del año son superiores a las del año anterior: en enero del 2018 se registraron 2 mil 563 víctimas y 2 mil 414 en febrero, para hacer un total de 4 mil 977.
Esto quiere decir que en el primer bimestre de 2019, se ha registrado un aumento de 13.50 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ocurre?
Sin duda, el actual gobierno enfrenta una fuerte inercia en el uso de la violencia homicida como manera de solucionar conflictos tanto entre delincuentes particulares, como entre grupos del crimen organizado. Contener esta tendencia requiere una estrategia que vaya mucho más allá del simple despliegue de fuerzas policiacas y castrenses. Así quedó demostrado en el sexenio de Felipe Calderón.
Hace falta un análisis profundo de lo que ocurrió durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto que nos pudiera explicar qué fue lo que pasó entonces para que pudiera disminuir el número de homicidios, y qué pasó después para que volvieran a incrementar a tal grado.
En el mandato de Peña Nieto se creó la llamada Gendarmería Nacional, pero sus resultados al parecer fueron magros, sobre sus logros hay poco que decir, y en cambio se sabe más de cómo terminó: con sus elementos siendo desalojados de los hoteles donde se hospedaban, por falta de pago por parte de la institución a la cual estaban adscritos: la Policía Federal.
La apuesta y la promesa de Peña Nieto también era regresar el Ejército a los cuarteles, pero no pudo cumplirla. En contraste, la segunda mitad del sexenio peñanietista fue un baño de sangre, en el cual se vivieron varios episodios de violencia protagonizados por personal de las dos instituciones castrenses del país: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.
Hoy, López Obrador apuesta por otra forma de militarización: la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por personal con formación militar, comandado por militares en retiro, presuntamente orientado a brindar seguridad pública con un enfoque civil y de respeto a los derechos humanos. Esa es la propuesta: queda por ver si en realidad va a ocurrir así.
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El Realito: la presa con huellas de Televisa y Slim
Detrás de las fallas de agua que ya suman casi un centenar de reportes desde 2021, hay un consorcio con dueños muy conocidos que maneja el contrato que blinda su pago… pase lo que pase
Por: Carlos Ruíz
Están bien documentados los numerosos problemas que ha tenido San Luis Potosí con la Presa El Realito, un proyecto diseñado para surtir de agua a alrededor de 46 colonias de la Zona Metropolitana potosina, pero que tan solo en lo que va del año, ya ha fallado en al menos siete ocasiones. Múltiples veces se ha propuesto retirarle la concesión a la empresa operadora, la cual tiene a personajes muy poderosos detrás.
El consorcio Aquos El Realito, operador del acueducto que ha fallado al menos 73 veces desde 2021 y dejado 277 días sin agua a las colonias que dependen de él, pertenece a dos de los grupos empresariales más grandes de México: uno controlado por el magnate Carlos Slim, y otro por el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, en sociedad con la cúpula de Grupo Televisa.
Aquos El Realito es una sociedad integrada por Aqualia Gestión Integral de Agua (44%) y Aqualia Infraestructura (5%), filiales del grupo español FCC; Conoinsa (50.999%), filial de Empresas ICA; y Servicios de Agua Trident (0.001%), filial de la japonesa Mitsui.
El bloque Aqualia (49% del consorcio) responde, en última instancia, a Carlos Slim: de acuerdo con registros financieros citados por Bankinter y El Economista en octubre de 2025, Slim controla 81.46% de FCC de forma directa y otro 7.247% a través de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión. FCC, a su vez, mantiene 51% de Aqualia después de vender 49% de esa filial al fondo australiano IFM Investors.
Históricamente propiedad de la familia Koplowitz, FCC se consolidó como una de las constructoras más importantes de España, pero fue acumulando una deuda que la dejó al borde de la quiebra a mediados de la década pasada, hasta que el ingeniero Slim inyectó el capital necesario para salvar a la compañía y convertirse en su principal accionista. Desde su llegada, se han hecho con proyectos de la talla de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y de la ampliación del Metro de Nueva York.
El vínculo de Slim con El Realito no se limita a su participación como socio operador. La propia constructora de Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), fue la que diseñó y construyó físicamente la presa, bajo un contrato adjudicado en 2008. Así lo documenta el propio sitio de CICSA, que enlista la obra en su portafolio de proyectos de agua, junto con reportes de la revista Expansión y los reportes anuales de Grupo Carso, que reportan el avance de la construcción en 2008 y su conclusión en 2012. Es decir: antes de cobrar por operar el acueducto, Slim ya había cobrado por levantarlo.
El otro bloque, Conoinsa/Empresas ICA (50.999% del consorcio, la porción mayor), no es de Slim (o no del todo). Según documentó el periodista Mathieu Tourliere en un reportaje de investigación para la revista Proceso (15 de marzo de 2025), con actas de asamblea y registros públicos, el conglomerado ICA lo controla desde el rescate financiero de 2016-2018 el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, vía vehículos de Luxemburgo ligados a su fondo Fintech Advisory, en sociedad con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes de Grupo Televisa.
La estructura accionaria de ICA Tenedora se ha modificado con el tiempo: tras la venta a la francesa Vinci, en diciembre de 2022, de la participación conjunta en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quedó en 30% para Martínez y 23.95% para cada uno de los dos ejecutivos de Televisa y un 1.2% de Control Empresarial de Capitales, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, es decir, el propio Slim también tiene una participación minoritaria, aunque simbólica, dentro del bloque de ICA.
Gómez y De Angoitia han sido por muchos años los hombre de confianza de Emilio Azcárraga Jean, al grado que cuando en 2024 este último dio un paso al costado de la presidencia de Grupo Televisa en medio de las investigaciones por el presunto soborno a ejecutivos de la FIFA para asegurar los derechos del Mundial, fueron ellos dos quienes asumieron el puesto de Co-Presidentes Ejecutivo s.
Su relación con Martínez no se limita a Empresas ICA, pues desde octubre de 2024 (justo unos días antes del cambio en la presidencia) el oriundo de Monterrey ha comprado, además, acciones de la propia Televisa. Empezó con 7.8%, lo que lo volvió su tercer mayor accionista; y hace unas semanas, se acabó se consolidar. El pasado mes de junio, como parte de un aumento de capital de alrededor de 7 mil millones de pesos aprobado por los accionistas de Televisa, la empresa informó que la participación de Martínez podría llegar a 22.3% una vez se conviertan las obligaciones que compró, lo que lo convertiría en el mayor accionista individual de la compañía.
Esa conversión todavía no ocurre: se proyecta para 2027. Azcárraga ha reducido considerablemente sus acciones de la compañía, aunque conserva (vía un fideicomiso familiar y una clase especial de acciones) el control formal del voto de la empresa, independientemente de cuánto capital tenga cada quien. En resumidas cuentas, aunque Emilio Azcárraga tiene el poder de decisión, el mismo financiero que reparte el control de El Realito con los dos hombres más poderosos de Televisa está, al mismo tiempo, camino a convertirse en el mayor dueño accionario de la propia televisora.
David Martínez es apodado coloquialmente como “El Fantasma de Wall Street”, y ha adquirido un poder inmenso en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde ha servido como negociador para la deuda nacional y en 2017, fue considerado por Forbes como el hombre más rico de dicho país. El regiomontano tiene un historial documentado de tomar control de empresas en dificultades financieras a partir de deuda: lo hizo con la textilera CYDSA en los años 90, con la vidriera Vitro entre 2009 y 2012, y con las ya mencionadas Empresas ICA desde 2016.
Algo similar realizó en 2020 con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador de, entre otros, el Aeropuerto Ponciano Arriaga de la capital potosina. Fintech compró primero acciones especiales que garantizaban el control de la aeroportuaria y luego concretó una oferta pública con la que en julio de 2021, alcanzó el 30.1% de participación económica, suficiente para mantener el control hasta que lo vendieron a la francesa Vinci Airports en 2022 (El Economista, dic. 2020 y jul. 2021; Folleto Informativo Definitivo, Bolsa Mexicana de Valores, may. 2021).
Si bien todos estos empresarios se han aliado en otras ocasiones (en 2017 ganaron la licitación para construir el ahora cancelado Aeropuerto de Texcoco), cuando se otorgó la concesión para la administración de El Realito, ni Slim ni Martínez ni los copresidentes de Televisa tenían sus actuales injerencias en Aquos, por lo que se podría decir que ésta fue heredada, y acabó dejando el control de la presa en las manos de cuatro de los hombres más poderosos del país.
Desde entonces, al menos tres intentos de rescindir o modificar el contrato se han hecho sin haber prosperado: en agosto de 2018, la Comisión Estatal del Agua abrió un expediente que no avanzó pese a 350 mil afectados y una queja de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en abril de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un “a lo mejor se lo cambiamos” que no derivó en ningún trámite documentado; y desde 2025, la Comisión Nacional del Agua asegura estar “evaluando” el retiro de la concesión, hasta el momento, sin resolución.
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Ejército y Guardia Nacional refuerzan la seguridad en la zona aguacatera de Michoacán
El operativo tiene como objetivo resguardar la cadena productiva y restablecer las condiciones de exportación hacia Estados Unidos
Por: Roberto Mendoza
Un contingente de 1,557 elementos de seguridad, compuesto por 900 efectivos del Ejército y 657 de la Guardia Nacional, inició un despliegue terrestre hacia Michoacán. Las tropas se integran a la 21 y 43 Zonas Militares para concentrar sus operaciones tácticas en nueve municipios específicos: Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.
El operativo establece un esquema de vigilancia enfocado en la principal actividad agroindustrial de la región. El personal militar tiene asignado el resguardo de las huertas, los centros de empaque y las vías de comunicación terrestre, además de proporcionar acompañamiento físico a los inspectores adscritos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El despliegue territorial ocurre en un contexto de parálisis comercial para este sector. La movilización se ejecuta luego de que el gobierno de Estados Unidos frenara las operaciones de su personal de inspección, suspendiera la importación del producto y emitiera una alerta de seguridad para restringir los viajes a la entidad tras los bloqueos carreteros y la violencia registrada en días recientes.
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Pemex negó actividades de fracking en SLP, asegura SEGAM
Sonia Mendoza señaló que la presidenta de México prohibió esta práctica en la Huasteca
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) aseguró que no cuenta con información sobre trabajos de fracking en la Huasteca Potosina y afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) negó la existencia de este tipo de actividades en la región.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que hasta el momento el tema únicamente había sido manejado como un rumor y que no tenían reportes oficiales sobre operaciones relacionadas con esta práctica.
“Nosotros hasta ahorita no tenemos conocimi ento más que lo que ya se les informó, que hay rumores nada más, pero ya lo dijo Pemex: negó la existencia de los trabajos”, declaró.
La funcionaria fue cuestionada luego de que se informara sobre la postura del gobierno federal respecto a la prohibición del fracking en la Huasteca Potosina.
Ante ello, Mendoza Díaz señaló que no existe posibilidad de que este tipo de actividades se desarrollen en la región, particularmente en municipios de la zona Huasteca.
“La presidenta de la República lo prohibió; no hay manera de que haya ese tipo de actividades en la Huasteca Potosina”, afirmó.
El fracking es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas, una práctica que ha generado debate por sus posibles impactos ambientales y sobre los recursos hídricos.
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