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Homicidios, a la alza en la 4T en comparación con otros mandatos
El número de homicidios ha incrementado al inicio de la 4T de López Obrador; La Orquesta comparó los mandatos de los últimos 4 presidentes
Por: El Saxofón
En la conferencia de prensa matutina del viernes 12 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos sostuvieron un enfrentamiento verbal para contrastar los datos sobre la estadística de homicidios dolosos en el país.
Ramos, que como periodista también se ha convertido en protagonista de la noticia, cuestionó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, si según cifras oficiales, en los primeros dos meses del 2019 los asesinatos subieron un 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.
Las versiones periodísticas que se escribieron al respecto, se centraron en los dichos del presidente y el informador, pero no mencionaron las cifras ni de uno ni de otro. Lo que sigue líneas abajo, es una revisión de las cifras de homicidios que se han registrado en México en los últimos tres sexenios: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; para contrastarlas con las cifras iniciales de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que apenas arranca.
Vicente Fox: la Alternancia en el Poder
En el primer año de Vicente Fox como presidente de la República (2001), los homicidios reflejaron un pequeño repunte con respecto al año 2000. De 13 mil 828 carpetas de investigación abiertas, el número se elevó a 13 mil 855 (3 mil 512 por arma de fuego).
Sin embargo, al siguiente año 2002, los números bajaron levemente a 13 mil 148 asesinatos, 2 mil 616 de ellos cometidos con arma de fuego.
Para el 2003, hubo una baja más considerable. México reportó solo 2 mil 676 homicidios, aunque aumentaron los homicidios por disparos de arma de fuego a 3 mil 6; en los tres años que siguieron, la violencia homicida siguió en descenso: 11 mil 658 en 2004; 11 mil 246 en 2005, y un repunte al cierre en 2006, con 11 mil 806. En tanto, el uso de armas de fuego iba en incremento, pues en ese año fueron 3 mil 610 los asesinatos cometidos de esta manera.
Felipe Calderón: la Guerra contra el narco
De entrada, hay que decir que, desde el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registra una tendencia al alza que ni ese, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron contener. El fenómeno de la violencia avanzó y sigue avanzando con una inercia que, hasta el momento, ha sido imposible frenar; pero veamos las cifras:
En diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió el gobierno de un país que, en ese año, el último de Vicente Fox al frente de la administración federal, registró 11 mil 806 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales el 30.57 por ciento, fueron asesinatos con arma de fuego.
En este punto, vale la pena volver la vista atrás, y remontarnos al año 2000, el año de la alternancia. En ese periodo anual, al cierre del sexenio del priista Ernesto Zedillo, se abrieron 13 mil 828 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esto quiere decir, que en los seis años siguientes, durante la administración foxista, el homicidio doloso disminuyó 14.62 por ciento.
Sin embargo, durante el sexenio calderonista, el panorama cambió abruptamente: seis años después de que Calderón asumió el poder -e inició la llamada Guerra Contra el Narco-, al cierre de 2012, se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidios dolosos, de los cuales 11 mil 391 fueron cometidos con arma de fuego (53%).
La evolución de los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón fue la siguiente:
En el primer año de Calderón como mandatario (2007), las carpetas de investigación por homicidio se redujeron a 10 mil 253, una disminución de 13.15 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios por arma de fuego alcanzó los 4 mil 40 casos, el 39.40 por ciento del total.
Ese fue el único año en el que la estrategia calderonista pareció funcionar. Para el 2008, los homicidios incrementaron un 28.30 por ciento, con 13 mil 155 carpetas de investigación abiertas, 5 mil 85 por asesinato con arma de fuego (38.65%).
Ya en 2009, los homicidios dejaron al menos 16 mil 118 víctimas, un aumento de 22.52 por ciento, con respecto al año previo. Del total de asesinatos, 8 mil 804 fueron cometidos con armas de fuego, cantidad equivalente al 54.6%.
En 2010 el homicidio doloso alcanzó las 20 mil 143 víctimas, en base al número de carpetas de investigación abiertas. En comparación con el 2009, el aumento fue del 24.97 por ciento. En este año, los homicidios por arma de fuego representaron el 59.5 por ciento del total.
Ya en 2011, en la recta final de la administración de Felipe Calderón, se registraron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio. La cifra más alta del sexenio, que representó un repunte del 11.24 por ciento, con respecto al año anterior. Del total de asesinatos, el 56.29 por ciento fueron por arma de fuego.
Así, en el último año de su gobierno, Felipe Calderón dejó un país con 21 mil 459 muertos por homicidio, una reducción marginal del 4.23 por ciento con respecto al 2011. El 53.08 por ciento de estas muertes fue con arma de fuego.
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede concluir que, en general, durante el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registró un comportamiento a la alza, y terminó con un aumento del 81.76 por ciento, con respecto a las cifras registradas al cierre del sexenio de Vicente Fox. La estrategia calderonista, consistente en sacar al Ejército a las calles, fue un fracaso.
Enrique Peña Nieto: Saving México
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró en los primeros tres años (2013, 2014 y 2015), reducir considerablemente las cifras de homicidios; todavía en el cuarto año (2016), la cuota de sangre se colocó por debajo de la cifra heredada por Felipe Calderón, pero en 2017, la violencia explotó y el estallido se extendió hasta el 2018.
Revisemos las cifras oficiales: en 2013, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso bajaron de 21 mil 459 en 2012, a 18 mil 106, una disminución del 15.62 por ciento. Del total indagatorias 9 mil 774 fueron muertes por arma de fuego, lo que representa el 53.98 por ciento.
Para el 2014, continuó la tendencia a la baja, y ese año, se abrieron indagatorias por 15 mil 520 homicidios, una disminución del 14.28 por ciento, con respecto al año previo, y una baja de 27.67 por ciento con respecto al último año de Calderón como presidente. En este año, el 55.34 por ciento de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.
Ya en 2015, hubo un repunte de 8.9 por ciento, con respecto al 2014, pues se registraron 16 mil 909 carpetas de investigación por asesinatos intencionales (55.34 por ciento de ellos, con arma de fuego). Pero fue en 2016 cuando la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo agua. Ese año la violencia en México dejó al menos 20 mil 547 víctimas (este fue el número de carpetas de investigación abiertas). El repunte del 21.51 por ciento casi alcanzó las peores cifras registradas en el sexenio de Felipe Calderón, y confirmó la tendencia alcista del uso de armas de fuego en los asesinatos, pues el 61.33 por ciento fueron cometidos en esta modalidad.
En 2017, la violencia homicida volvió a sentar sus reales en el país: con 25 mil 499 homicidios, 16 mil 949 de ellos con arma de fuego (66.46%); el 2017 fue registrado en la prensa como el más violento en la historia del país.
El 2018 volvió a marcar la misma tendencia, y también mereció el título de “el año más violento” de México en la prensa nacional e internacional. Cabe mencionar que en ese año, por primera vez, además de publicar el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, se hizo público el número de víctimas el cual es, desde luego, superior, pues en ocasiones se abre una sola carpeta de investigación por dobles homicidios o incluso por homicidios múltiples.
De esta forma, nos enteramos que el año pasado se abrieron 28 mil 839 carpetas de investigación por homicidio; 19 mil 966 de ellos, cometidos con arma de fuego, cantidad equivalente al 69.23 por ciento del total, sin embargo, el número de víctimas fue de 33 mil 369, y 23 mil 713 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, es decir el 71.06 por ciento.
En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto inició con buenos números en el combate a la violencia homicida, fueron tres años en los que la estrategia implementada y probablemente otros factores aún por determinar, permitieron que los asesinatos intencionales se contrajeran de manera considerable.
Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio, el estallido de violencia fue aún mayor que el registrado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué ocurrió?
Algunos analistas opinan que el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, la captura de capos y líderes regionales o de grupos específicos, originó una fragmentación que propició la creación de pequeñas células delincuenciales que ampliaron su espectro criminal, y que no conocían más método que la violencia homicida para imponerse sobre los grupos contrarios.
López Obrador: la Cuarta Transformación
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas inicia, y efectivamente, las cifras, a diferencia del primer año de Felipe Calderón, y de los primeros tres de Peña Nieto, no son esperanzadoras.
A contracorriente del discurso oficial, en los dos primeros meses del año suman 5 mil 649 víctimas de homicidio doloso; 2 mil 853 en enero y 2 mil 796 en febrero.
Si se compara solo este periodo bimestral con los primeros bimestres de los 4 años anteriores, lo más que se puede decir es que si bien la tendencia a la alza se mantiene, esta se ha reducido.
En el bimestre enero-febrero de 2016, los homicidios dolosos incrementaron 13.78 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2015.
En 2017, aumentaron 35.03 por ciento, con respecto al primer bimestre de 2016, y en 2018 aumentaron 18.13 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2017.
En tanto, en el primer bimestre de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los homicidios aumentaron 13.5 por ciento, con respecto al 2018. Es decir, aumentaron menos, pero a final de cuentas aumentaron.
En detrimento de López Obrador, se puede decir que el número de víctimas de homicidios registrados en los dos primeros meses del año son superiores a las del año anterior: en enero del 2018 se registraron 2 mil 563 víctimas y 2 mil 414 en febrero, para hacer un total de 4 mil 977.
Esto quiere decir que en el primer bimestre de 2019, se ha registrado un aumento de 13.50 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ocurre?
Sin duda, el actual gobierno enfrenta una fuerte inercia en el uso de la violencia homicida como manera de solucionar conflictos tanto entre delincuentes particulares, como entre grupos del crimen organizado. Contener esta tendencia requiere una estrategia que vaya mucho más allá del simple despliegue de fuerzas policiacas y castrenses. Así quedó demostrado en el sexenio de Felipe Calderón.
Hace falta un análisis profundo de lo que ocurrió durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto que nos pudiera explicar qué fue lo que pasó entonces para que pudiera disminuir el número de homicidios, y qué pasó después para que volvieran a incrementar a tal grado.
En el mandato de Peña Nieto se creó la llamada Gendarmería Nacional, pero sus resultados al parecer fueron magros, sobre sus logros hay poco que decir, y en cambio se sabe más de cómo terminó: con sus elementos siendo desalojados de los hoteles donde se hospedaban, por falta de pago por parte de la institución a la cual estaban adscritos: la Policía Federal.
La apuesta y la promesa de Peña Nieto también era regresar el Ejército a los cuarteles, pero no pudo cumplirla. En contraste, la segunda mitad del sexenio peñanietista fue un baño de sangre, en el cual se vivieron varios episodios de violencia protagonizados por personal de las dos instituciones castrenses del país: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.
Hoy, López Obrador apuesta por otra forma de militarización: la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por personal con formación militar, comandado por militares en retiro, presuntamente orientado a brindar seguridad pública con un enfoque civil y de respeto a los derechos humanos. Esa es la propuesta: queda por ver si en realidad va a ocurrir así.
Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí
Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx
Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.
Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.
Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.
Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.
Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.
Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.
El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.
Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.
Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.
En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.
Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:
Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.
Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.
Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.
Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.
Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.
Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.
Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.
Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.
Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.
Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.
Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49
Pónganlo en términos de barrio.
No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.
Traigo tres propuestas concretas.
Primera, un acuerdo con las universidades.
Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.
¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.
Segunda, una comisión ciudadana y académica.
Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.
Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.
Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.
Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.
Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.
Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.
Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.
Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.
El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.
Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.
Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.
Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:
Yo soy Jorge Saldaña.
Karen Tapia creó “Memoria Esmeralda”, una inteligencia artificial que reconoce en menos de un minuto las prendas halladas por colectivos de buscadoras
Por: Haniel Valdés Velázquez
Karen Tapia Torres, ingeniera en sistemas de información egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desarrolló Memoria Esmeralda, una plataforma con inteligencia artificial que identifica y clasifica automáticamente las fotografías de prendas halladas en búsquedas de personas desaparecidas, con una exactitud del 99.02 por ciento.
La herramienta funciona con una red neuronal convolucional: los colectivos suben las fotografías de un hallazgo a la página web y el sistema reconoce en menos de un minuto qué es cada imagen —una camisa, un pantalón—, aunque se trate de 500 archivos sin nombre ni clasificación. Cada registro se guarda en una base de datos centralizada junto con quién lo subió, la fecha, el lugar del hallazgo y el destino de las prendas.
Actualmente ese trabajo es manual: los colectivos de madres buscadoras documentan los hallazgos en redes sociales, sobre todo en Facebook, donde la información se pierde entre canales y difícilmente llega de un estado a otro. “La idea es que la tecnología apoye a que la lucha sea más humana y más digna”, afirmó Tapia.
“La consulta es pública: cualquier persona puede buscar, por ejemplo, “pantalones”, y la página arroja las coincidencias con su nivel de exactitud y los datos del hallazgo. La plataforma incluye además un apartado de pistas anónimas que no pide cuenta, sesión ni número telefónico; los reportes llegan a la administradora, quien los filtra y los canaliza al colectivo que corresponda”, explicó.
Tapia puso como ejemplo el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, donde se encontraron 388 imágenes de prendas que las familias tuvieron que revisar una por una. Ahí apareció una mochila parecida a la que llevaba Esmeralda Castillo Rincón el día que desapareció. “¿Cuántas imágenes tuvo que ver don José Luis Castillo para decir que lamentablemente no era la de su hija? ¿Cuánto tiempo perdió?”, cuestionó.
El proyecto lleva el nombre de Esmeralda, desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tapia conoció su historia en 2019, por la protesta pacífica de su padre, que arroja brillitos rosas al aire para recordarla. Para la ingeniera, esa historia es también la de los más de
La meta es lanzar la página antes de que termine el año. Hoy corre de manera local, sin hosting, mientras Tapia sostiene pláticas con los dos colectivos de su ciudad y con el Instituto de la Juventud; si no se concreta apoyo, asumirá los costos ella misma. La plataforma, aseguró, jamás cobrará a colectivos ni a la sociedad: “no se lucra con el amor y no se lucra con el dolor”.
Como trabajo futuro, contempló que los familiares registren la descripción o una foto de la ropa de su ser querido desaparecido, para recibir una notificación cada vez que se cargue una imagen coincidente. “En pleno 2026, con la tecnología que tenemos, se me hace imposible creer que nadie les ha dado una herramienta. Como sociedad, estamos fallando mucho“, sostuvo.
Karen no tiene entre sus familiares o círculo cercano alguna víctima de desaparición forzada, pero no es ajena a los constantes reportes y a las cifras que se dan a conocer a lo largo de todo el país donde son millares las personas que no han vuelto a casa, incluso más los familiares que no dejan de buscar y que alimentan sus esperanzas con cada nuevo indicio.
El desarrollo tecnológico debería siempre estar en función de lo útil, de lo necesario; aliviar el dolor de tantos buscadores es un deber moral, para eso fue creada Memoria Esmeralda, un proyecto que Karen busca llevar a todo el país y poner al servicio de los colectivos y Madres Buscadoras.
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El alcalde asegura que aún hay tiempo para que el Gobierno del Estado regularice sus trámites
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó sancionar, suspender o clausurar las obras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí que carecen de permisos municipales, y en su lugar invitó a la dependencia estatal a regularizar sus trámites.
Galindo Ceballos explicó que no se trata de una omisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí, sino de un trámite establecido en la normatividad que aplica no solo a obra y desarrollo urbano, sino a factibilidades de agua, uso de suelo y planificación de la ciudad. El Instituto Municipal de Planeación (INPLAN) es la máxima autoridad en la ciudad para definir hacia dónde se hacen algunas cosas u otras no, afirmó.
El alcalde señaló que dos obras en particular no cuentan con ningún permiso: el puente de la salida a Guadalajara y el desnivel de la FENAPO. “Déjame hablar nada más de los últimos dos puentes, y esos hoy definitivamente no tienen ninguna autorización”, sostuvo.
Pese a la irregularidad, Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento no tomará medidas contra las obras. “No es motivo para suspenderse, ni es la voluntad del ayuntamiento (…) los invito a que regularicen sus trámites”, dijo. Añadió que el proyecto del puente a la salida a Guadalajara ni siquiera ha iniciado y que la propia dependencia estatal reconoce que la licitación no está terminada, por lo que consideró que aún hay tiempo para subsanar el trámite.
El alcalde recordó que las obras sin los soportes requeridos son observadas por las Contralorías, por los Institutos de Fiscalización o por la Auditoría Superior de la Federación, según el origen de los recursos. Explicó que el Ayuntamiento sí podría sancionar, pero que cada caso se evaluaría por área: impacto ambiental, protección civil, desarrollo urbano o el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).
La confirmación de Galindo Ceballos se da después de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del Gobierno del Estado reconociera que carece de permisos municipales para ejecutar obras. El alcalde dijo que revisará el resto de las obras estatales para identificar en cuáles “posiblemente se configura algún tema”.
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