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Homicidios, a la alza en la 4T en comparación con otros mandatos
El número de homicidios ha incrementado al inicio de la 4T de López Obrador; La Orquesta comparó los mandatos de los últimos 4 presidentes
Por: El Saxofón
En la conferencia de prensa matutina del viernes 12 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos sostuvieron un enfrentamiento verbal para contrastar los datos sobre la estadística de homicidios dolosos en el país.
Ramos, que como periodista también se ha convertido en protagonista de la noticia, cuestionó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, si según cifras oficiales, en los primeros dos meses del 2019 los asesinatos subieron un 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.
Las versiones periodísticas que se escribieron al respecto, se centraron en los dichos del presidente y el informador, pero no mencionaron las cifras ni de uno ni de otro. Lo que sigue líneas abajo, es una revisión de las cifras de homicidios que se han registrado en México en los últimos tres sexenios: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; para contrastarlas con las cifras iniciales de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que apenas arranca.
Vicente Fox: la Alternancia en el Poder
En el primer año de Vicente Fox como presidente de la República (2001), los homicidios reflejaron un pequeño repunte con respecto al año 2000. De 13 mil 828 carpetas de investigación abiertas, el número se elevó a 13 mil 855 (3 mil 512 por arma de fuego).
Sin embargo, al siguiente año 2002, los números bajaron levemente a 13 mil 148 asesinatos, 2 mil 616 de ellos cometidos con arma de fuego.
Para el 2003, hubo una baja más considerable. México reportó solo 2 mil 676 homicidios, aunque aumentaron los homicidios por disparos de arma de fuego a 3 mil 6; en los tres años que siguieron, la violencia homicida siguió en descenso: 11 mil 658 en 2004; 11 mil 246 en 2005, y un repunte al cierre en 2006, con 11 mil 806. En tanto, el uso de armas de fuego iba en incremento, pues en ese año fueron 3 mil 610 los asesinatos cometidos de esta manera.
Felipe Calderón: la Guerra contra el narco
De entrada, hay que decir que, desde el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registra una tendencia al alza que ni ese, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron contener. El fenómeno de la violencia avanzó y sigue avanzando con una inercia que, hasta el momento, ha sido imposible frenar; pero veamos las cifras:
En diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió el gobierno de un país que, en ese año, el último de Vicente Fox al frente de la administración federal, registró 11 mil 806 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales el 30.57 por ciento, fueron asesinatos con arma de fuego.
En este punto, vale la pena volver la vista atrás, y remontarnos al año 2000, el año de la alternancia. En ese periodo anual, al cierre del sexenio del priista Ernesto Zedillo, se abrieron 13 mil 828 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esto quiere decir, que en los seis años siguientes, durante la administración foxista, el homicidio doloso disminuyó 14.62 por ciento.
Sin embargo, durante el sexenio calderonista, el panorama cambió abruptamente: seis años después de que Calderón asumió el poder -e inició la llamada Guerra Contra el Narco-, al cierre de 2012, se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidios dolosos, de los cuales 11 mil 391 fueron cometidos con arma de fuego (53%).
La evolución de los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón fue la siguiente:
En el primer año de Calderón como mandatario (2007), las carpetas de investigación por homicidio se redujeron a 10 mil 253, una disminución de 13.15 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios por arma de fuego alcanzó los 4 mil 40 casos, el 39.40 por ciento del total.
Ese fue el único año en el que la estrategia calderonista pareció funcionar. Para el 2008, los homicidios incrementaron un 28.30 por ciento, con 13 mil 155 carpetas de investigación abiertas, 5 mil 85 por asesinato con arma de fuego (38.65%).
Ya en 2009, los homicidios dejaron al menos 16 mil 118 víctimas, un aumento de 22.52 por ciento, con respecto al año previo. Del total de asesinatos, 8 mil 804 fueron cometidos con armas de fuego, cantidad equivalente al 54.6%.
En 2010 el homicidio doloso alcanzó las 20 mil 143 víctimas, en base al número de carpetas de investigación abiertas. En comparación con el 2009, el aumento fue del 24.97 por ciento. En este año, los homicidios por arma de fuego representaron el 59.5 por ciento del total.
Ya en 2011, en la recta final de la administración de Felipe Calderón, se registraron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio. La cifra más alta del sexenio, que representó un repunte del 11.24 por ciento, con respecto al año anterior. Del total de asesinatos, el 56.29 por ciento fueron por arma de fuego.
Así, en el último año de su gobierno, Felipe Calderón dejó un país con 21 mil 459 muertos por homicidio, una reducción marginal del 4.23 por ciento con respecto al 2011. El 53.08 por ciento de estas muertes fue con arma de fuego.
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede concluir que, en general, durante el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registró un comportamiento a la alza, y terminó con un aumento del 81.76 por ciento, con respecto a las cifras registradas al cierre del sexenio de Vicente Fox. La estrategia calderonista, consistente en sacar al Ejército a las calles, fue un fracaso.
Enrique Peña Nieto: Saving México
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró en los primeros tres años (2013, 2014 y 2015), reducir considerablemente las cifras de homicidios; todavía en el cuarto año (2016), la cuota de sangre se colocó por debajo de la cifra heredada por Felipe Calderón, pero en 2017, la violencia explotó y el estallido se extendió hasta el 2018.
Revisemos las cifras oficiales: en 2013, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso bajaron de 21 mil 459 en 2012, a 18 mil 106, una disminución del 15.62 por ciento. Del total indagatorias 9 mil 774 fueron muertes por arma de fuego, lo que representa el 53.98 por ciento.
Para el 2014, continuó la tendencia a la baja, y ese año, se abrieron indagatorias por 15 mil 520 homicidios, una disminución del 14.28 por ciento, con respecto al año previo, y una baja de 27.67 por ciento con respecto al último año de Calderón como presidente. En este año, el 55.34 por ciento de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.
Ya en 2015, hubo un repunte de 8.9 por ciento, con respecto al 2014, pues se registraron 16 mil 909 carpetas de investigación por asesinatos intencionales (55.34 por ciento de ellos, con arma de fuego). Pero fue en 2016 cuando la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo agua. Ese año la violencia en México dejó al menos 20 mil 547 víctimas (este fue el número de carpetas de investigación abiertas). El repunte del 21.51 por ciento casi alcanzó las peores cifras registradas en el sexenio de Felipe Calderón, y confirmó la tendencia alcista del uso de armas de fuego en los asesinatos, pues el 61.33 por ciento fueron cometidos en esta modalidad.
En 2017, la violencia homicida volvió a sentar sus reales en el país: con 25 mil 499 homicidios, 16 mil 949 de ellos con arma de fuego (66.46%); el 2017 fue registrado en la prensa como el más violento en la historia del país.
El 2018 volvió a marcar la misma tendencia, y también mereció el título de “el año más violento” de México en la prensa nacional e internacional. Cabe mencionar que en ese año, por primera vez, además de publicar el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, se hizo público el número de víctimas el cual es, desde luego, superior, pues en ocasiones se abre una sola carpeta de investigación por dobles homicidios o incluso por homicidios múltiples.
De esta forma, nos enteramos que el año pasado se abrieron 28 mil 839 carpetas de investigación por homicidio; 19 mil 966 de ellos, cometidos con arma de fuego, cantidad equivalente al 69.23 por ciento del total, sin embargo, el número de víctimas fue de 33 mil 369, y 23 mil 713 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, es decir el 71.06 por ciento.
En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto inició con buenos números en el combate a la violencia homicida, fueron tres años en los que la estrategia implementada y probablemente otros factores aún por determinar, permitieron que los asesinatos intencionales se contrajeran de manera considerable.
Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio, el estallido de violencia fue aún mayor que el registrado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué ocurrió?
Algunos analistas opinan que el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, la captura de capos y líderes regionales o de grupos específicos, originó una fragmentación que propició la creación de pequeñas células delincuenciales que ampliaron su espectro criminal, y que no conocían más método que la violencia homicida para imponerse sobre los grupos contrarios.
López Obrador: la Cuarta Transformación
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas inicia, y efectivamente, las cifras, a diferencia del primer año de Felipe Calderón, y de los primeros tres de Peña Nieto, no son esperanzadoras.
A contracorriente del discurso oficial, en los dos primeros meses del año suman 5 mil 649 víctimas de homicidio doloso; 2 mil 853 en enero y 2 mil 796 en febrero.
Si se compara solo este periodo bimestral con los primeros bimestres de los 4 años anteriores, lo más que se puede decir es que si bien la tendencia a la alza se mantiene, esta se ha reducido.
En el bimestre enero-febrero de 2016, los homicidios dolosos incrementaron 13.78 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2015.
En 2017, aumentaron 35.03 por ciento, con respecto al primer bimestre de 2016, y en 2018 aumentaron 18.13 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2017.
En tanto, en el primer bimestre de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los homicidios aumentaron 13.5 por ciento, con respecto al 2018. Es decir, aumentaron menos, pero a final de cuentas aumentaron.
En detrimento de López Obrador, se puede decir que el número de víctimas de homicidios registrados en los dos primeros meses del año son superiores a las del año anterior: en enero del 2018 se registraron 2 mil 563 víctimas y 2 mil 414 en febrero, para hacer un total de 4 mil 977.
Esto quiere decir que en el primer bimestre de 2019, se ha registrado un aumento de 13.50 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ocurre?
Sin duda, el actual gobierno enfrenta una fuerte inercia en el uso de la violencia homicida como manera de solucionar conflictos tanto entre delincuentes particulares, como entre grupos del crimen organizado. Contener esta tendencia requiere una estrategia que vaya mucho más allá del simple despliegue de fuerzas policiacas y castrenses. Así quedó demostrado en el sexenio de Felipe Calderón.
Hace falta un análisis profundo de lo que ocurrió durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto que nos pudiera explicar qué fue lo que pasó entonces para que pudiera disminuir el número de homicidios, y qué pasó después para que volvieran a incrementar a tal grado.
En el mandato de Peña Nieto se creó la llamada Gendarmería Nacional, pero sus resultados al parecer fueron magros, sobre sus logros hay poco que decir, y en cambio se sabe más de cómo terminó: con sus elementos siendo desalojados de los hoteles donde se hospedaban, por falta de pago por parte de la institución a la cual estaban adscritos: la Policía Federal.
La apuesta y la promesa de Peña Nieto también era regresar el Ejército a los cuarteles, pero no pudo cumplirla. En contraste, la segunda mitad del sexenio peñanietista fue un baño de sangre, en el cual se vivieron varios episodios de violencia protagonizados por personal de las dos instituciones castrenses del país: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.
Hoy, López Obrador apuesta por otra forma de militarización: la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por personal con formación militar, comandado por militares en retiro, presuntamente orientado a brindar seguridad pública con un enfoque civil y de respeto a los derechos humanos. Esa es la propuesta: queda por ver si en realidad va a ocurrir así.
APUNTES
Culto Público, hijos de la memoria selectiva:
Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.
Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.
Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.
Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.
La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.
La historia se incendió.
Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.
¿Así de fácil?
Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.
El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.
La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.
Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.
Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.
Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.
Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.
A ver…
El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.
Eso es charoleo del más chafa.
La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.
Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.
Sí, así de ridículo.
Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.
La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.
La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.
Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:
¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?
Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.
Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.
Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial,
En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.
A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.
No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.
Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.
Pero aquí viene el giro:
Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese
ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.
Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:
¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?
¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?
Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.
Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.
Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.
En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.
Porque, a ver:
¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?
¿Quién tiene los recursos para hacerlo?
¿Quiénes son sus operadores mediáticos?
¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?
No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.
La última porque ya me dio sueño:
A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?
¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?
La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.
El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: ¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña
Habitantes aseguran que durante la madrugada se liberan gases y partículas tóxicas que ya afectan la salud de familias enteras
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, confirmó que el Ayuntamiento ya investiga las denuncias ciudadanas por presunta contaminación ambiental en la zona poniente de la capital, donde habitantes acusan desde hace años afectaciones a la salud derivadas de emisiones contaminantes atribuidas presuntamente a la empresa Pintone.
El edil reconoció que la Dirección de Ecología municipal ya realiza inspecciones y análisis en la zona, aunque advirtió que el problema podría ir más allá de una sola empresa, debido a la presencia de tiraderos clandestinos y quema constante de basura.
“Yo creo que ahí hay algo más complejo, no solo el tema de esta empresa”, declaró Galindo.
Las denuncias fueron presentadas por vecinos de colonias como Alborada, Amanecer, La Brisa, Villas de Jacarandas y Morales Saucito, quienes aseguran que durante años han padecido malos olores, vapores químicos y emisiones atmosféricas, principalmente durante la madrugada.
Los habitantes sostienen que las emisiones aumentan entre la una y las seis de la mañana, horario en el que presuntamente se liberan partículas y compuestos químicos aprovechando las condiciones atmosféricas y la menor supervisión.
La denuncia colectiva fue entregada ante instancias como SEGAM, COEPRIS, PROFEPA,
Como antecedente, los vecinos recordaron que el pasado 27 de marzo de 2026 la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental aplicó una clausura parcial a la empresa por presuntos vertimientos al drenaje; sin embargo, aseguran que las emisiones continúan.
Además, citaron estudios académicos realizados por investigadores de la UASLP, donde se documentaron concentraciones elevadas de partículas PM2.5 en marzo y abril, alcanzando niveles de hasta 145 microgramos por metro cúbico, por encima de los límites establecidos en la NOM-025-SSA1-2021.
De acuerdo con la denuncia, la exposición prolongada a estos contaminantes podría generar afectaciones respiratorias, cardiovasculares y riesgos crónicos para la salud, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.
Galindo afirmó que ya sostuvo reuniones con algunos vecinos afectados y evitó responsabilizar directamente a la empresa mientras no exista un dictamen técnico definitivo.
“Yo tengo unas fotos donde los propios vecinos me las han mandado y no parece que sea la empresa, pero no quiero emitir un juicio hasta no tener el dictamen final de Ecología”, señaló.
El alcalde reveló además que la capital enfrenta un problema recurrente de tiraderos clandestinos y quema de residuos, particularmente en esa zona de la ciudad.
Indicó que el Ayuntamiento recibe entre una y dos denuncias semanales por quema de basura y confirmó que en lo que va de 2026 se han clausurado y regenerado entre 12 y 13 tiraderos clandestinos.
“Hemos cerrado y regenerado varios tiraderos de ese tipo, pero como que hay una costumbre de ir a hacerlo allá”, declaró.
Finalmente, Enrique Galindo se comprometió a sostener nuevas reuniones con habitantes del sector y acudir personalmente a la zona para revisar el problema y buscar soluciones conjuntas.
También lee: “Por SLP seguiré siendo berrinchudo”: Galindo responde a Gallardo
El alcalde afirmó que la licitación de El Saucito lleva detenida desde marzo y acusó exceso de burocracia en la Contraloría estatal
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quienel día de ayer lo llamó “niño berrinchudo” por las quejas relacionadas con el retraso en la liberación de licitaciones de obra pública.
Galindo aseguró que las declaraciones del mandatario estatal se hicieron “sin información” y defendió que el retraso de al menos 20 obras municipales se debe a trámites atorados dentro de la Contraloría estatal, particularmente en el caso del paso a desnivel de El Saucito.
“Voy a seguir siendo berrinchudo por las obras de San Luis”, respondió el alcalde, al señalar que el expediente del proyecto fue ingresado desde el 21 de marzo y que, pese a que la normatividad obliga a responder en un máximo de cinco días, la Contraloría tardó más de un mes en emitir nuevas observaciones.
El edil capitalino explicó que actualmente solo dos proyectos han sido liberados para licitación: la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y el puente de Jacobo Payán sobre Río Españita, mientras que el resto continúa en revisión administrativa.
La polémica comenzó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo acusó al Ayuntamiento de no entregar documentación completa en algunas obras y c alificó como “política barata”
“Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo, quien afirmó que la Contraloría únicamente solicita información faltante y negó que exista bloqueo político contra el municipio.
En respuesta, Galindo rechazó hablar de mala fe o sabotaje, aunque sí criticó lo que calificó como “exceso de burocracia” dentro de la plataforma estatal de validación de licitaciones.
El alcalde detalló que uno de los nuevos requerimientos para el proyecto de El Saucito consiste en documentar fachadas e inmuebles cercanos mediante notario público, además de un acompañamiento del INAH, pese a que —afirmó— el instituto ya había emitido sus dictámenes correspondientes.
Galindo insistió en que su preocupación radica en cumplir los tiempos comprometidos con vecinos del sector, especialmente porque la obra debe concluir antes de las tradicionales fiestas de febrero en El Saucito.
Además, negó temer auditorías o revisiones estatales y recordó que las obras municipales ya son supervisadas por distintas instancias federales, estatales y municipales.
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