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Homicidios, a la alza en la 4T en comparación con otros mandatos
El número de homicidios ha incrementado al inicio de la 4T de López Obrador; La Orquesta comparó los mandatos de los últimos 4 presidentes
Por: El Saxofón
En la conferencia de prensa matutina del viernes 12 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos sostuvieron un enfrentamiento verbal para contrastar los datos sobre la estadística de homicidios dolosos en el país.
Ramos, que como periodista también se ha convertido en protagonista de la noticia, cuestionó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, si según cifras oficiales, en los primeros dos meses del 2019 los asesinatos subieron un 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.
Las versiones periodísticas que se escribieron al respecto, se centraron en los dichos del presidente y el informador, pero no mencionaron las cifras ni de uno ni de otro. Lo que sigue líneas abajo, es una revisión de las cifras de homicidios que se han registrado en México en los últimos tres sexenios: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; para contrastarlas con las cifras iniciales de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que apenas arranca.
Vicente Fox: la Alternancia en el Poder
En el primer año de Vicente Fox como presidente de la República (2001), los homicidios reflejaron un pequeño repunte con respecto al año 2000. De 13 mil 828 carpetas de investigación abiertas, el número se elevó a 13 mil 855 (3 mil 512 por arma de fuego).
Sin embargo, al siguiente año 2002, los números bajaron levemente a 13 mil 148 asesinatos, 2 mil 616 de ellos cometidos con arma de fuego.
Para el 2003, hubo una baja más considerable. México reportó solo 2 mil 676 homicidios, aunque aumentaron los homicidios por disparos de arma de fuego a 3 mil 6; en los tres años que siguieron, la violencia homicida siguió en descenso: 11 mil 658 en 2004; 11 mil 246 en 2005, y un repunte al cierre en 2006, con 11 mil 806. En tanto, el uso de armas de fuego iba en incremento, pues en ese año fueron 3 mil 610 los asesinatos cometidos de esta manera.
Felipe Calderón: la Guerra contra el narco
De entrada, hay que decir que, desde el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registra una tendencia al alza que ni ese, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron contener. El fenómeno de la violencia avanzó y sigue avanzando con una inercia que, hasta el momento, ha sido imposible frenar; pero veamos las cifras:
En diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió el gobierno de un país que, en ese año, el último de Vicente Fox al frente de la administración federal, registró 11 mil 806 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales el 30.57 por ciento, fueron asesinatos con arma de fuego.
En este punto, vale la pena volver la vista atrás, y remontarnos al año 2000, el año de la alternancia. En ese periodo anual, al cierre del sexenio del priista Ernesto Zedillo, se abrieron 13 mil 828 carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esto quiere decir, que en los seis años siguientes, durante la administración foxista, el homicidio doloso disminuyó 14.62 por ciento.
Sin embargo, durante el sexenio calderonista, el panorama cambió abruptamente: seis años después de que Calderón asumió el poder -e inició la llamada Guerra Contra el Narco-, al cierre de 2012, se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidios dolosos, de los cuales 11 mil 391 fueron cometidos con arma de fuego (53%).
La evolución de los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón fue la siguiente:
En el primer año de Calderón como mandatario (2007), las carpetas de investigación por homicidio se redujeron a 10 mil 253, una disminución de 13.15 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios por arma de fuego alcanzó los 4 mil 40 casos, el 39.40 por ciento del total.
Ese fue el único año en el que la estrategia calderonista pareció funcionar. Para el 2008, los homicidios incrementaron un 28.30 por ciento, con 13 mil 155 carpetas de investigación abiertas, 5 mil 85 por asesinato con arma de fuego (38.65%).
Ya en 2009, los homicidios dejaron al menos 16 mil 118 víctimas, un aumento de 22.52 por ciento, con respecto al año previo. Del total de asesinatos, 8 mil 804 fueron cometidos con armas de fuego, cantidad equivalente al 54.6%.
En 2010 el homicidio doloso alcanzó las 20 mil 143 víctimas, en base al número de carpetas de investigación abiertas. En comparación con el 2009, el aumento fue del 24.97 por ciento. En este año, los homicidios por arma de fuego representaron el 59.5 por ciento del total.
Ya en 2011, en la recta final de la administración de Felipe Calderón, se registraron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio. La cifra más alta del sexenio, que representó un repunte del 11.24 por ciento, con respecto al año anterior. Del total de asesinatos, el 56.29 por ciento fueron por arma de fuego.
Así, en el último año de su gobierno, Felipe Calderón dejó un país con 21 mil 459 muertos por homicidio, una reducción marginal del 4.23 por ciento con respecto al 2011. El 53.08 por ciento de estas muertes fue con arma de fuego.
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede concluir que, en general, durante el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio doloso registró un comportamiento a la alza, y terminó con un aumento del 81.76 por ciento, con respecto a las cifras registradas al cierre del sexenio de Vicente Fox. La estrategia calderonista, consistente en sacar al Ejército a las calles, fue un fracaso.
Enrique Peña Nieto: Saving México
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró en los primeros tres años (2013, 2014 y 2015), reducir considerablemente las cifras de homicidios; todavía en el cuarto año (2016), la cuota de sangre se colocó por debajo de la cifra heredada por Felipe Calderón, pero en 2017, la violencia explotó y el estallido se extendió hasta el 2018.
Revisemos las cifras oficiales: en 2013, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso bajaron de 21 mil 459 en 2012, a 18 mil 106, una disminución del 15.62 por ciento. Del total indagatorias 9 mil 774 fueron muertes por arma de fuego, lo que representa el 53.98 por ciento.
Para el 2014, continuó la tendencia a la baja, y ese año, se abrieron indagatorias por 15 mil 520 homicidios, una disminución del 14.28 por ciento, con respecto al año previo, y una baja de 27.67 por ciento con respecto al último año de Calderón como presidente. En este año, el 55.34 por ciento de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.
Ya en 2015, hubo un repunte de 8.9 por ciento, con respecto al 2014, pues se registraron 16 mil 909 carpetas de investigación por asesinatos intencionales (55.34 por ciento de ellos, con arma de fuego). Pero fue en 2016 cuando la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo agua. Ese año la violencia en México dejó al menos 20 mil 547 víctimas (este fue el número de carpetas de investigación abiertas). El repunte del 21.51 por ciento casi alcanzó las peores cifras registradas en el sexenio de Felipe Calderón, y confirmó la tendencia alcista del uso de armas de fuego en los asesinatos, pues el 61.33 por ciento fueron cometidos en esta modalidad.
En 2017, la violencia homicida volvió a sentar sus reales en el país: con 25 mil 499 homicidios, 16 mil 949 de ellos con arma de fuego (66.46%); el 2017 fue registrado en la prensa como el más violento en la historia del país.
El 2018 volvió a marcar la misma tendencia, y también mereció el título de “el año más violento” de México en la prensa nacional e internacional. Cabe mencionar que en ese año, por primera vez, además de publicar el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, se hizo público el número de víctimas el cual es, desde luego, superior, pues en ocasiones se abre una sola carpeta de investigación por dobles homicidios o incluso por homicidios múltiples.
De esta forma, nos enteramos que el año pasado se abrieron 28 mil 839 carpetas de investigación por homicidio; 19 mil 966 de ellos, cometidos con arma de fuego, cantidad equivalente al 69.23 por ciento del total, sin embargo, el número de víctimas fue de 33 mil 369, y 23 mil 713 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, es decir el 71.06 por ciento.
En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto inició con buenos números en el combate a la violencia homicida, fueron tres años en los que la estrategia implementada y probablemente otros factores aún por determinar, permitieron que los asesinatos intencionales se contrajeran de manera considerable.
Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio, el estallido de violencia fue aún mayor que el registrado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué ocurrió?
Algunos analistas opinan que el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, la captura de capos y líderes regionales o de grupos específicos, originó una fragmentación que propició la creación de pequeñas células delincuenciales que ampliaron su espectro criminal, y que no conocían más método que la violencia homicida para imponerse sobre los grupos contrarios.
López Obrador: la Cuarta Transformación
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas inicia, y efectivamente, las cifras, a diferencia del primer año de Felipe Calderón, y de los primeros tres de Peña Nieto, no son esperanzadoras.
A contracorriente del discurso oficial, en los dos primeros meses del año suman 5 mil 649 víctimas de homicidio doloso; 2 mil 853 en enero y 2 mil 796 en febrero.
Si se compara solo este periodo bimestral con los primeros bimestres de los 4 años anteriores, lo más que se puede decir es que si bien la tendencia a la alza se mantiene, esta se ha reducido.
En el bimestre enero-febrero de 2016, los homicidios dolosos incrementaron 13.78 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2015.
En 2017, aumentaron 35.03 por ciento, con respecto al primer bimestre de 2016, y en 2018 aumentaron 18.13 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2017.
En tanto, en el primer bimestre de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los homicidios aumentaron 13.5 por ciento, con respecto al 2018. Es decir, aumentaron menos, pero a final de cuentas aumentaron.
En detrimento de López Obrador, se puede decir que el número de víctimas de homicidios registrados en los dos primeros meses del año son superiores a las del año anterior: en enero del 2018 se registraron 2 mil 563 víctimas y 2 mil 414 en febrero, para hacer un total de 4 mil 977.
Esto quiere decir que en el primer bimestre de 2019, se ha registrado un aumento de 13.50 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué ocurre?
Sin duda, el actual gobierno enfrenta una fuerte inercia en el uso de la violencia homicida como manera de solucionar conflictos tanto entre delincuentes particulares, como entre grupos del crimen organizado. Contener esta tendencia requiere una estrategia que vaya mucho más allá del simple despliegue de fuerzas policiacas y castrenses. Así quedó demostrado en el sexenio de Felipe Calderón.
Hace falta un análisis profundo de lo que ocurrió durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto que nos pudiera explicar qué fue lo que pasó entonces para que pudiera disminuir el número de homicidios, y qué pasó después para que volvieran a incrementar a tal grado.
En el mandato de Peña Nieto se creó la llamada Gendarmería Nacional, pero sus resultados al parecer fueron magros, sobre sus logros hay poco que decir, y en cambio se sabe más de cómo terminó: con sus elementos siendo desalojados de los hoteles donde se hospedaban, por falta de pago por parte de la institución a la cual estaban adscritos: la Policía Federal.
La apuesta y la promesa de Peña Nieto también era regresar el Ejército a los cuarteles, pero no pudo cumplirla. En contraste, la segunda mitad del sexenio peñanietista fue un baño de sangre, en el cual se vivieron varios episodios de violencia protagonizados por personal de las dos instituciones castrenses del país: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.
Hoy, López Obrador apuesta por otra forma de militarización: la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por personal con formación militar, comandado por militares en retiro, presuntamente orientado a brindar seguridad pública con un enfoque civil y de respeto a los derechos humanos. Esa es la propuesta: queda por ver si en realidad va a ocurrir así.
APUNTES
Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.
En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.
En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.
Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.
Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)
Ahora si, vamos de uno por uno:
Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.
Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.
La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.
Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.
O ir juntos… pero no con Ruth.
Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.
En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.
Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.
La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.
Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?
No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.
¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.
Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.
No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.
Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.
Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.
Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.
Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.
Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.
Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.
Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)
En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.
¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?
Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México
El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.
En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.
Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.
Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.
Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.
Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.
Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.
El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).
El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.
Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:
El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.
Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.
No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.
Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.
El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).
El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.
AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.
Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.
Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.
¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.
Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.
Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña
Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo
Por: Redacción
El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.
Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.
“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.
Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo
El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.
Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.
Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata
La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.
“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.
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