El gobernador atribuyó los delitos a personas provenientes de Nuevo León y Guanajuato

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que los principales problemas de seguridad en la entidad se concentran en los municipios de Matehuala y Villa de Reyes los cuales identificó como puntos de ingreso para personas provenientes de otros estados con intenciones delictivas.

El mandatario explicó que, en el caso de Matehuala, la cercanía con el sur de Nuevo León facilita la llegada de personas que buscan delinquir en esa zona.

“Es gente que baja de Nuevo León a querer delinquir en Matehuala”, señaló, al tiempo que afirmó que ya existe presencia de corporaciones de seguridad para evitar que grupos delictivos se establezcan en el municipio.

En cuanto a Villa de Reyes, indicó que su ubicación colindante con Guanajuato —entidad que se mantiene entre las de mayor incidencia delictiva a nivel nacional— la convierte en otro punto vulnerable.

A pesar de estos focos, Gallardo Cardona sostuvo que el estado atraviesa su mejor momento en materia de seguridad en las últimas dos década

El gobernador destacó que México Evalúa ubica a San Luis Potosí entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, particularmente en delitos de alto impacto y homicidio doloso.

De acuerdo con el informe, el estado registra una tasa de 0.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, colocándose entre los más bajos del país, junto con Yucatán y Coahuila.

En otros indicadores, la entidad se posiciona en el lugar 15 en feminicidio, con una tasa de 0.03 casos por cada 100 mil mujeres; en el sitio 12 en delitos contra la vida y la integridad corporal, y en el lugar 11 en homicidio culposo.

También lee: Gallardo entre los tres mejores gobernadores de México

Avionetas sobrevolaron la Huasteca Potosina para liberar moscas estériles y combatir la plaga

Por: Redacción

Habitantes de la Huasteca Potosina y de zonas colindantes en Hidalgo reportaron el sobrevuelo de avionetas durante el domingo 15 de marzo, como parte de las acciones para contener la plaga de gusano barrenador que afecta a la región.

De acuerdo con información de Código San Luis, las aeronaves participaron en la liberación de moscas estériles, una estrategia biológica utilizada para frenar la reproducción de la mosca que origina esta plaga, la cual impacta principalmente al ganado bovino, como vacas, toros y búfalos.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en San Luis Potosí se han registrado 52 casos de esta plaga, informó el subdelegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Ante este panorama, autoridades señalaron que la comercialización de ganado en la región no se ha detenido; sin embargo, la importación de animales se encuentra suspendida como medida preventiva.

También precisaron que los animales infectados reciben tratamiento especializado, el cual suele tener una duración aproximada de 20 días, tras lo cual el parásito es eliminado.

Finalmente, destacaron que esta plaga no representa riesgo para el consumo humano, ya que únicamente afecta a animales vivos, por lo que la carne procesada y los productos cárnicos se mantienen seguros.

También lee: Matehuala y Villa de Reyes concentran problemas de seguridad: Gallardo

El objetivo es armonizar su contenido con la legislación federal , para adoptar el término “violencias” como reconocimiento a la complejidad de agresiones que enfrentan las mujeres

Por: Redacción

La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí a efecto de armonizar su contenido con la legislación federal en la materia, y adoptar el término de “violencias” como un reconocimiento normativo de la diversidad y complejidad de las agresiones que enfrentan las mujeres.

La legisladora señala que el término plural visibiliza que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que se expresa en distintos ámbitos: familiar, laboral, institucional, comunitario, digital y político. La propuesta establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de acciones reforzadas de protección.

Agrega que la violencia contra las mujeres trata de una manifestación estructural de desigualdad histórica que se expresa de manera diferenciada según las condiciones particulares de cada mujer. El enfoque interseccional reconoce que factores como la edad, la pertenencia indígena, la discapacidad, la condición socio económica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación migratoria o el contexto rural o urbano

“Desde esta perspectiva, el singular resulta conceptualmente insuficiente. La violencia no se manifiesta de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones que pueden coexistir y reforzarse entre sí”. Indica que en la actualidad, el orden jurídico reconoce diversas manifestaciones: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial; así como modalidades específicas como la violencia política en razón de género, la violencia digital, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia vicaria, entre otras. Cada una de ellas impacta de manera distinta la autonomía, la dignidad y el ejercicio de derechos de las mujeres.

Lee también: Dip. Rivera presenta iniciativa de reforma a la Ley de Educación