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“Han de ser los vales”; diputados justifican irregularidades en sus 3de3
Los diputados del Congreso del Estado dijeron que sus sueldos varían por el hecho de que algunos no perciben vales de gasolina, entre otras cosas
Por: José Luis Vázquez
Con desconocimiento, confusión y hasta los vales de despensa, los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí justificaron las inconsistencias en sus respectivas declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, mismas que La Orquesta expuso este martes.
Según la información de 26 declaraciones patrimoniales (excepto la de Pedro Carrizales Becerra que no existe), los diputados potosinos perciben diferentes remuneraciones mensuales, pues hay quienes reportan una ganancia mensual que ronda los 162 mil pesos, unos más que ganan poco más de 90 mil pesos y hasta una legisladora que recibe cero pesos por desempeñarse dicho cargo público.
El primero en dar una declaración al respecto fue el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, quien según su declaración patrimonial gana 115 mil 800 pesos mensuales: “ha de ser por la cuestión de los vales, yo rechacé vehículo, no uso vales de gasolina, yo me sumaría a que cada diputado fuera responsable, yo no estoy peleado con los salarios, ni tampoco con hacerlo público; lo único que digo es que desquitemos lo que ganemos”.
Por su parte, en su declaración patrimonial, Paola Arreola Nieto, diputada del Partido del Trabajo (PT) señaló que recibe cero pesos al desempeñarse como legisladora, pero explicó: “sucede que cuando presenté mi declaración y los documentos necesarios y la información detallada, yo no tenía el conocimiento todavía de cuál iba a ser el sueldo que percibiría como diputada, por eso lo pusimos en cero pesos, pero ya le pedí a mi contador que revise este tema para que quede la cantidad que voy a ganar ya con el descuento que vamos a tener que hacer”.
Al cuestionarle por qué testar datos como el género al que pertenece o las propiedades de las que es dueña, respondió: la verdad no sé por qué (están testados), son detalles que se revisan y que se subsanan, pero siento que no es relevante; es más importante el tema de la transparencia no tanto el género 
Por otra parte, el morenista Edson de Jesús Quintanar Sánchez, se limitó a decir que todo se trata de una confusión: “hubo ahí una confusión, algunos diputados pusieron el sueldo bruto y algunos el neto, pero esa es la cuestión: los que pusieron neto son los 115 (mil), y en cuanto al sueldo bruto pues son los 162 (mil); sin embargo, cada uno de los 27 diputados gana lo mismo”.
Por ejemplo, de acuerdo con la declaración patrimonial de Martha Barajas García, ella recibe aproximadamente 56 mil pesos mensuales, y al cuestionarle la razón, comentó: “yo sé que nosotros tenemos que ganar 104 mil 500. No he checado cuando gano, la verdad, te soy sincera, pero debería estar ganando igual que los demás. Voy a rectificar, soy una convencida de la transparencia, siempre le he apostado, soy una persona que vive del trabajo que tiene, no tengo empresas, no tengo grandes propiedades, entonces creo que estaré transparentando mis recursos y mis bienes”.
Al mencionarle que los datos de bienes muebles o inmuebles, así como los vehículos de los que son dueños están testados, dijo: “yo he sido muy transparente en mi vida de maestra, yo solo tengo una casa de interés social que pagué y tengo dos vehículos. Ese es mi patrimonio, no tengo más propiedades. Desconozco por qué los testan, porque nosotros los ponemos públicos, quien los sube yo creo que los pone. Quiero pensar que es por seguridad, pero yo no tengo inconvenientes en decir lo que tengo”.
Finalmente, al intentar entrevistar al congresista, Pedro César Carrizales Becerra, sobre la falta de su declaración 3de3 en el portal web del Congreso de San Luis Potosí, este se negó a hablar y acusó al reportero de este medio: “¿para qué?, siempre ponen lo que quieren”.
https://laorquesta.mx/altisimos-y-opacos-los-sueldos-de-la-alta-burocracia-en-slp/
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También lee: Pozos no ha pagado su deuda: Galindo
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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