noviembre 2, 2026

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#4 Tiempos

Hacia una nueva política de drogas | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

Hace unos días me encontré con un informe realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) que lleva a cabo el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su sede Región Centro, ubicada en Aguascalientes. El informe —publicado en octubre del año pasado— lleva por título «La prohibición de las drogas en San Luis Potosí: elementos para una reforma» y fue patrocinado por el Gobierno del Estado de SLP, con información aportada por la Fiscalía estatal, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y diversas instituciones del sector salud. El propósito del informe es recopilar, analizar y presentar evidencia básica de la situación del uso problemático de drogas en el estado para poder tener una discusión informada sobre el impacto que han tenido las políticas prohibitivas en la sociedad e instituciones de San Luis Potosí.

El informe parte del supuesto de que las políticas prohibicionistas del uso de drogas han servido como fundamento para reprimir a las personas usuarias y que; además, pierden de vista que el verdadero problema no se trata del uso de drogas sino de su uso problemático. Esta criminalización a las personas usuarias de drogas —sin entender la problemática como un fenómeno social y de salud pública— resulta, entre otras cosas, en un uso ineficiente de los recursos públicos, en una sobrecarga al sistema penal y en violaciones a derechos humanos. Bajo estas premisas, el informe procede a analizar cuatro elementos importantes de la situación del uso de drogas en SLP, de los cuales me permito resaltar sus generales a continuación.

El primer capítulo del informe (La oferta de tratamiento para el uso problemático de drogas y sus usuarios en San Luis Potosí) analiza el acceso y la calidad de los centros de tratamiento en el Estado para las personas cuyo uso de drogas se considera como problemático. Como uno de sus principales hallazgos, el informe subraya que los centros de tratamiento consideran a los usuarios de drogas como pacientes con alguna patología.

Esto quiere decir que, de entrada, buscan tratar el uso de drogas como si se tratara del padecimiento de una enfermedad, lo cual implica desconocer tanto la dimensión placentera del uso de sustancias como el papel que dicho uso juega en las redes y vínculos con la comunidad. Entender al consumo de drogas como una enfermedad deriva, a su vez, en que la mayoría de los tratamientos contemplan el uso de medicamentos y atención psiquiátrica, lo cual dificulta aún más que las personas terminen los tratamientos.

Ante las problemáticas identificadas que prevalecen en los centros de tratamiento, el informe sugiere, entre otras cosas, transitar a un enfoque sociológico y antropológico que transforme la manera en que las personas se relacionan con las drogas y abandonar la postura centrada en la “rehabilitación” de los “adictos”. En ese sentido, el informe también sugiere tomar medidas que posterguen la edad en que las personas inician su consumo de sustancias, lo cual, indican, se trata de una cuestión de información. En el entendido de que las drogas —legales e ilegales— están ahí, lo importante está en brindar a las y los jóvenes la información completa y herramientas necesarias para decidir qué hacer frente a la alta disponibilidad de sustancias, así como entrenarles para lidiar con la presión social y manejar sus emociones de manera adecuada. Andar entre sombras y a media luz difícilmente lleva a buen puerto, en cualquier situación.

En el segundo apartado (Delitos contra la salud en el estado de San Luis Potosí), el informe analiza el procesamiento de los delitos contra la salud en el estado, así como el funcionamiento de las instituciones policiales y ministeriales. Sobre esto, encuentran que la mayoría de las detenciones por delitos contra la salud se realizan en la capital, por policías estatales, en la vía pública y a hombres de entre 18 y 24 años. El 100% de las detenciones se realizan en flagrancia (motivada por “actitud sospechosa”) y por posesión simple y, en la mayoría de los casos, solo hay una sustancia involucrada. Estas detenciones tienen por resultado castigar al consumo como una política preventiva de otros posibles delitos. Es decir, el punto de partida es, según los cuerpos policiales, que el consumidor va a cometer otro tipo de delitos. Esta estrategia de detenciones a gran escala implica desatender casi por completo la investigación de cómo opera el mercado de drogas ilícitas. Además, las autoridades procesan por posesión simple tanto a comerciantes como a usuarios

, sin distinguir efectivamente entre unos u otros.

Para subsanar estas deficiencias, el informe recomienda

—entre otras cosas— aclarar con precisión cuáles son los objetivos de la política de drogas del estado y, con ello en mente, registrar con una metodología bien definida los datos de las personas detenidas. Esto permitiría a la Fiscalía entender quiénes son y en qué circunstancias fueron detenidas esas personas, pues hoy la investigación se realiza de manera informal y sin capacidades técnicas ni materiales, lo cual obstaculiza aún más la posibilidad de atender a las causas concretas. De nuevo, en este punto queda de manifiesto la necesidad de estudiar este fenómeno desde una perspectiva socio-antropológica.

El tercer apartado (El impacto de las detenciones por delitos contra la salud en el incremento de los homicidios. Evidencia de San Luis Potosí) busca determinar si existe una relación causal entre las detenciones por delitos contra la salud —principalmente posesión— y homicidios relacionados con el crimen organizado. Con datos proveídos por la Fiscalía sobre detenciones y homicidios de 2011 a 2020, el informe concluye que a mayor número de personas detenidas por delitos contra la salud, más incrementan las tasas de criminalidad de otros delitos. En vez de cumplir con su objetivo disuadir, las detenciones desencadenan una espiral de violencia. De nueva cuenta, las políticas punitivitas demuestran su ineficacia.

En el cuarto y último apartado (El crimen organizado y la violencia en San Luis Potosí), el informe encuentra que existe una mayor presencia de grupos delincuenciales en el estado de lo que indican las fuentes oficiales. Además, el informe reporta que el CJNG es el grupo criminal con mayor presencia en la entidad, mientras que en segundo lugar le sigue el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste en tercero. El informe sostiene que los enfrentamientos y escalada de violencia en estados colindantes (como Guanajuato y Jalisco) han provocado la presencia de más cárteles en el estado. La información documentada por el informe obliga a poner particular atención a la evolución de estos grupos delictivos, pues solo con una visión integral de la complejidad del asunto se le podrá hacer frente de manera adecuada a la crisis de violencia en el estado.

Siempre es una buena señal que los gobiernos —sea el federal, los locales o los municipales— echen mano de investigaciones independientes, serias y de alta calidad técnica, que les muestren una realidad distinta a la que leen solo con sus datos oficiales, generalmente con menos registros de los reales. Sin embargo, estos valiosos insumos proveídos por el CIDE servirán para muy poco si el gobierno entrante no retoma la batuta y le da continuidad a este proyecto solicitado por Carreras. Los hallazgos y recomendaciones del informe deben ser prioritarios para el desarrollo de la política de drogas que emprenda el gobierno de Ricardo Gallardo, pues, si sus intenciones políticas están en el lugar correcto, deberíamos de contar en el futuro cercano con una política de largo aliento y con la prevención del uso problemático y los derechos de las personas usuarias de sustancias en el centro. Este asunto deberá ser uno de los aspectos fundamentales al momento de designar a la persona que llegue a ocupar la Fiscalía.

De continuar con el paradigma punitivista, seguiremos siendo testigos de como San Luis Potosí rema contra corriente en materia de derechos humanos —como suele hacerlo— y el fin de los noventa años de gobiernos conservadores acabará siendo solo un discurso. Tanto a nivel federal como estatal, necesitamos urgentemente de menos retórica y menos gendarmería. La sociedad potosina requiere reestablecer el equilibrio social y avanzar, con innovación e información completa, hacía una política de drogas plural, regulada y sin tabúes.

Tanto la versión completa del informe como el resumen ejecutivo los pueden consultar aquí: https://politicadedrogas.org/site/proyecto/id/20.html.

Lee también: La senadora ha respondido | Columna de Víctor Meade C.

Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

También lee: Gallardo renueva transporte público urbano

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El Cronopio

Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.

Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Carlos Villatoro, actor del cine mudo y sonoro mexicano

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.

Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.

Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.

Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.

A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.

También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.

Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.

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El Cronopio

Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.

Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.

Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.

A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.

Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.

Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.

Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.

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