febrero 9, 2023

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Guerra política revivió denuncias contra RGC: periodista de El Universal

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AGIL

Habría sido el alcalde Xavier Nava Palacios quien movió nuevamente antiguas investigaciones

Por: Redacción

¿Qué ocurrió? El periodista Salvador García Soto, columnista del diario El Universal, publicó en su espacio de este martes que la nueva persecusión en contra de Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal por el Partido Verde, se debe a una guerra política. “Desde el poder estatal han pedido que las instancias federales revivan las denuncias y acusaciones”, menciona la colaboración de García Soto.

¿De dónde viene la persecución? Según García Soto, habría sido el alcalde Xavier Nava Palacios quien movió nuevamente antiguas investigaciones contra Gallardo Cardona. El presidente municipal contrató al abogado Javier Coello Trejo para revivir las acusaciones contra el exalcalde de Soledad.

¿Quién es Javier Coello Trejo? Nada más, para que se den un quemón, fue el abogado defensor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hasta el último día del mes de junio, poco antes de la extradición de Lozoya a México. Como litigante ha representado además a Jorge Vergara, el recientemente fallecido propietario de las Chivas de Guadalajara, en las acusaciones de fraude contra su exesposa Angélica Fuentes; y también a la directora del Colegio Rébsamen, Mónica García, detenida por el colapso de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017; entre otras personalidades.

¿Quién paga a Coello Trejo? García Soto puso la situación en el mapa, pues publicó que “se dice” que el alcalde Xavier Nava Palacios contrató a Coello Trejo para seguir con las denuncias. Sin embargo, durante la administración municipal actual, ya se ha pagado con recursos públicos a firmas de abogados

para persecuciones políticas de Nava Palacios. Hasta febrero de 2019, cuando apenas se habían cumplido cuatro meses de Nava como alcalde, se habían pagado 2.5 millones de pesos en asesores jurídicos y despachos externos, incluyendo 2.2 millones a empresas propiedad del exgobernador Marcelo de los Santos, todos ellos con dinero público, obtenido con los impuestos de todos los potosinos.

¿Quién paga a Coello Trejo entonces? No lo sabemos, pero es probable que esa persecución política se esté cargando a las cuentas del Ayuntamiento… y por el historial de Javier Coello Trejo debe ser carísimo, por cierto.

¿Cuál es el interés en revivir estos casos? Salvador García Soto dio a conocer en su espacio “Serpientes y escaleras” que Gallardo Cardona figura como líder en las preferencias electorales en estudios de varias casas encuestadoras, como Consulta Mitofsky y Gabinete de Comunicación Estratégica. Nava Palacios iría segundo lugar… de ahí viene esta guerra política.

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Ricardo Gallardo exigió al Congreso nombrar a Pozos municipio

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El gobernador aseguró que ya hay un acuerdo con el alcalde Enrique Galindo para que apoye la decisión

Por: Karina González

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que hará un llamado al Congreso del Estado para exigirles que otorguen, “cuanto antes”, el nombramiento para que la Delegación de Villa de Pozos sea reconocida como el municipio 59 del estado.

El gobernador indicó que ya se cumplió con la meta de las firmas de parte de los habitantes de la delegación, quienes respaldan esta iniciativa para convertirse en un municipio más; incluso, dijo que ya dialogó con Enrique Galindo, alcalde de l a capital potosina, quien en su momento mostró renuencia a la propuesta, y se llegó a un acuerdo político para lograr que apoye la iniciativa.

“Es un sueño de la gente de Pozos, el de ser municipio y se lo vamos a cumplir. Y en este año tiene que quedar”, aseveró el gobernador.

Si Pozos finalmente logra convertirse en municipio, pasaría a ser la tercera ciudad más grande del estado, con una población de 148 mil habitantes, lo que equivale al 16.22% de la población que actualmente vive en la capital; la determinación también le daría autonomía política y presupuestal.

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Funcionarios de Juan Manuel Carreras compraron un terreno inútil por 54 millones

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El suelo del inmueble, que iba a ser usado para ampliar el aeropuerto de Tamuín, presenta condiciones fangosas, por lo que no se puede construir sobre él

Por: Karina González

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que se abrió una investigación contra tres ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, los cuales laboraban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la compra de un terreno con sobrecosto de aproximadamente 35 millones de pesos y que, además, no es apto para la construcción, debido a que presenta hundimientos.

El gobernador detalló que se trata del terreno para la ampliación de la pista del aeropuerto de Tamuín. Tema del que incluso, se dio conocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador en su pasada visita, debido a que el gobierno federal apoyará con la compra de un nuevo terreno, en conjunto con la concesionaria ASA.

“El gobierno pasado presentó un terreno que no sirve porque es fangoso, no se puede construir ahí ninguna pista, aun así lo compraron por 54 millones de pesos a un empresario de la huasteca,

no vale ni 15 del avalúo, ahí ya hay un dolo de 35 millones que se robaron”, acusó Gallardo.

El mandatario estatal señaló que ya se tiene identificadas a las personas que firmaron el acuerdo de compra. La investigación, que ya inició la Fiscalía General del Estado (FGE), fue solicitada también por el Gobierno Federal, aseguró el gobernador porque es quien va a aportar los recursos para la compra del terreno nuevo.

Para estas obras, la concesionaria aportará 550 millones de pesos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 150 millones de pesos, mismos que serán utilizados para la construcción de la carretera hacia el aeropuerto y en la compra del terreno de Gastón Santos para hacer la ampliación de la pista. En tanto, la concesionaria se encargará de la remodelación del aeropuerto.

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Nava perdió el amparo contra su inhabilitación por 18 años para ejercer cargos

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Volvió a tener efecto la sanción que le impuso el Congreso por haber construido en terrenos que no le pertenecían al Ayuntamiento

Por: Redacción

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó el amparo que había obtenido Xavier Nava Palacios, ex alcalde de San Luis Potosí, en diciembre de 2022, contra la inhabilitación que dictó Congreso del Estado por 18 años para ejercer un cargo público, esto debido a que durante su gobierno se construyó un puente sobre terrenos que le pertenecen a un particular.

Xavier Nava fue inhabilitado a finales de 2021. El Congreso del Estado determinó que el ex candidato de Morena a la alcaldía contravino le yes estatales

, la propia ley de Juicio Político y leyes de responsabilidades administrativas.

El Cabildo de San Luis Potosí tuvo que pagar 12 millones de pesos por la fracción del Ejido Rancho Viejo “La Libertad” en la que la administración de Xavier Nava construyó un puente, con lo que se cometió una violación a los derechos de decenas de personas propietarias del inmueble.

La nueva revocación ocurrió el 3 de febrero de 2023. El acuerdo se deriva de un incidente de revisión en el que las determinaciones fueron revocar el fallo de diciembre de 2022 y negar la suspensión definitiva del acto que, en consideración de Nava Palacios, cometió la Comisión Instructora del Congreso del Estado de San Luis Potosí al inhabilitarlo.

El equipo jurídico del ex alcalde explicó que nunca hubo suspensión que obstaculizara ejercer cargos públicos. Precisó que cualquier procedimiento de sanción contra un servidor o un ex servidor público, está reconocido como un asunto de interés general por los tribunales, por lo cual, aún y cuando se afecte el principio de presunción de inocencia, las acciones se mantienen hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Detallaron que el efecto de la suspensión otorgada por el Juzgado de Distrito, fue únicamente para no inscribir en el Sistema Estatal Anticorrupción las inhabilitaciones resueltas por el Congreso del Estado, por lo que esta resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Civil y Administrativa, tiene como único efecto tramitar ese registro. Advirtieron que el nuevo problema consistirá en que el procedimiento de juicio político no encuentra un apego jurídico.

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