julio 23, 2026

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Gold Corp, la empresa que quiere llevarse el litio de SLP

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Señalada en diversas zonas de México por sus tratos abusivos, corrupción y uso excesivo de agua, la compañía canadiense llega a nuestro estado

Por: Ana G Silva

La empresa minera canadiense Advanced Gold Corp firmó un acuerdo con la compañía mexicana Hot Spring Mining por los derechos de adquisición de yacimientos de litio, boro y potasio ubicados en Salinas, San Luis Potosí; la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en México a pesar de que en su país es denominada como una empresa ejemplar.

A lo largo de los años, Gold Corp ha sido acusada de pagar impuestos muy bajos al país, de contaminación y envenenamiento de agua en los lugares cercanos en donde se ubican, no dan oportunidad de empleo a los campesinos cercanos a las minas e incumplir las leyes laborales.

En 2013, Advanced Gold Corp prefirió realizar trabajos de explotación de una mina de oro en Sonora en lugar de ampliar sus operaciones en Canadá esto debido a que en su país la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica le solicita a este tipo de compañías altos estándares ambientales, importantes pago de impuestos, compromiso social y concesiones mucho más cortas que las mexicanas (que son de 50 años), mientras que en México los requisitos fueron mínimo para explotar las 70 mil 900 hectáreas concesionadas en donde explota una mina de oro. En ese año, solo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pero pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades.

Gold Corp vendió en 2007 una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

La empresa es conocida por no contratar a empleados locales como lo mencionaron personas de la comunidad de Mazapil, en Zacatecas, quienes no fueron empleados a pesar de la promesa de empleo y peor aún son los problemas de falta de agua para Mazapil que iban en aumento, pues la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad. La minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Una denuncia parecida fue la que se realizó en 2019 por el Frente Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) cuando acusó a la empresa canadiense de haber agotado las reservas de agua en la región de la Mina Peñasquito en Zacatecas. La afectación que vivió esta zona se debe a la filtración de metales pesados como el selenio, mercurio, plomo y arsénico, por lo que exigen un alto a la explotación minera. Además de la contaminación que generó esta compañía extranjera, para su funcionamiento la trasnacional extrajo los manantiales y acuíferos del sitio, lo que perjudicó a más de 30 mil personas que vivían en la cercanía.

La concentración de la riqueza mineral del país de empresas canadienses es un saldo de las políticas impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Por lo que ahora estas empresas canadienses tienen el 60 por ciento de las minas en México.

En 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito; sin embargo, meses antes, Tomás Iturriaga, entonces vicepresidente de Goldcorp para México, comentó que los derechos de uso superficial típicamente son ejidos y la coexistencia con empresas privadas no estaba regulada, no tenían el marco jurídico que regula esa relación y los costos de esta tenencia de la tierra para las mineras ha ido crescendo.

Goldcorp también ha tenido diferentes beneficios pues en 2007 vendió una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

Para 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito, sin embargo dichos acuerdos no estaban regulados, por lo que no existía un marco jurídico que regulara la relación.

No fue hasta 2009 que el Ejido Cerro Gordo inició una acción legal en contra de Peñasquito en el Tribunal Agrario mexicano, impugnando el acuerdo de uso de tierra. El Tribunal Agrario dictaminó el 18 de junio del 2013 que el acuerdo de ocupación temporal era nulo y ordenaba la restitución de la tierra a los ejidatarios.

El acuerdo en San Luis Potosí establece que Advanced Gold obtendrá de Hot Springs Mining el 90 por ciento de los derechos en los salares con potencial de contener esos minerales. La empresa vendedora conservará el porcentaje restante y recibirá cinco millones de acciones de la empresa compradora.

La compañía tiene actualmente una participación del 11.79 por ciento en el proyecto de oro avanzado Kakamega en Kenia. El 88.21 por ciento restante del proyecto Kakamega está en manos de Acacia Exploration Kenya Ltd. Recientemente ha adquirido una participación del 100 por ciento en la mina de plata Tabasqueña en Zacatecas, México.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Ciudad

Lavacoches siguen quitándole el agua a los peces koi de la Alameda

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El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo

Por: Redacción

La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.

El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.

Agregó que el problema no se limita al estanque de los peces, pues antes también se presentaba en el área de los patos, previo al inicio de los trabajos de rehabilitación.

Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.

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“No aplicará tarifas dinámicas”: SCT sobre nueva app de taxis

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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital

que calculará el costo del viaje según los kilómetros recorridos y las tarifas autorizadas por la legislación estatal para cada horario.

Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.

La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.

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