septiembre 1, 2026

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Gold Corp, la empresa que quiere llevarse el litio de SLP

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Señalada en diversas zonas de México por sus tratos abusivos, corrupción y uso excesivo de agua, la compañía canadiense llega a nuestro estado

Por: Ana G Silva

La empresa minera canadiense Advanced Gold Corp firmó un acuerdo con la compañía mexicana Hot Spring Mining por los derechos de adquisición de yacimientos de litio, boro y potasio ubicados en Salinas, San Luis Potosí; la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en México a pesar de que en su país es denominada como una empresa ejemplar.

A lo largo de los años, Gold Corp ha sido acusada de pagar impuestos muy bajos al país, de contaminación y envenenamiento de agua en los lugares cercanos en donde se ubican, no dan oportunidad de empleo a los campesinos cercanos a las minas e incumplir las leyes laborales.

En 2013, Advanced Gold Corp prefirió realizar trabajos de explotación de una mina de oro en Sonora en lugar de ampliar sus operaciones en Canadá esto debido a que en su país la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica le solicita a este tipo de compañías altos estándares ambientales, importantes pago de impuestos, compromiso social y concesiones mucho más cortas que las mexicanas (que son de 50 años), mientras que en México los requisitos fueron mínimo para explotar las 70 mil 900 hectáreas concesionadas en donde explota una mina de oro. En ese año, solo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pero pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades.

Gold Corp vendió en 2007 una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

La empresa es conocida por no contratar a empleados locales como lo mencionaron personas de la comunidad de Mazapil, en Zacatecas, quienes no fueron empleados a pesar de la promesa de empleo y peor aún son los problemas de falta de agua para Mazapil que iban en aumento, pues la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad. La minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Una denuncia parecida fue la que se realizó en 2019 por el Frente Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) cuando acusó a la empresa canadiense de haber agotado las reservas de agua en la región de la Mina Peñasquito en Zacatecas. La afectación que vivió esta zona se debe a la filtración de metales pesados como el selenio, mercurio, plomo y arsénico, por lo que exigen un alto a la explotación minera. Además de la contaminación que generó esta compañía extranjera, para su funcionamiento la trasnacional extrajo los manantiales y acuíferos del sitio, lo que perjudicó a más de 30 mil personas que vivían en la cercanía.

La concentración de la riqueza mineral del país de empresas canadienses es un saldo de las políticas impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Por lo que ahora estas empresas canadienses tienen el 60 por ciento de las minas en México.

En 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito; sin embargo, meses antes, Tomás Iturriaga, entonces vicepresidente de Goldcorp para México, comentó que los derechos de uso superficial típicamente son ejidos y la coexistencia con empresas privadas no estaba regulada, no tenían el marco jurídico que regula esa relación y los costos de esta tenencia de la tierra para las mineras ha ido crescendo.

Goldcorp también ha tenido diferentes beneficios pues en 2007 vendió una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

Para 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito, sin embargo dichos acuerdos no estaban regulados, por lo que no existía un marco jurídico que regulara la relación.

No fue hasta 2009 que el Ejido Cerro Gordo inició una acción legal en contra de Peñasquito en el Tribunal Agrario mexicano, impugnando el acuerdo de uso de tierra. El Tribunal Agrario dictaminó el 18 de junio del 2013 que el acuerdo de ocupación temporal era nulo y ordenaba la restitución de la tierra a los ejidatarios.

El acuerdo en San Luis Potosí establece que Advanced Gold obtendrá de Hot Springs Mining el 90 por ciento de los derechos en los salares con potencial de contener esos minerales. La empresa vendedora conservará el porcentaje restante y recibirá cinco millones de acciones de la empresa compradora.

La compañía tiene actualmente una participación del 11.79 por ciento en el proyecto de oro avanzado Kakamega en Kenia. El 88.21 por ciento restante del proyecto Kakamega está en manos de Acacia Exploration Kenya Ltd. Recientemente ha adquirido una participación del 100 por ciento en la mina de plata Tabasqueña en Zacatecas, México.

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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales

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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades

Por: Ana G Silva

San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.

Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.

En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.

Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.

Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas

A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.

Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.

En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.

Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.

En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.

Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.

Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.

Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.

Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.

Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.

El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.

Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.

Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.

El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.

Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.

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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente

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En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente

Por: Haniel Valdés

Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.

La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.

Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.

El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.

Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.

Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.

El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.

Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”

. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.

En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.

Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.

Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.

Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.

Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.

Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.

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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans

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Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.

El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.

De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.

Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.

El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.

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