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Gold Corp, la empresa que quiere llevarse el litio de SLP
Señalada en diversas zonas de México por sus tratos abusivos, corrupción y uso excesivo de agua, la compañía canadiense llega a nuestro estado
Por: Ana G Silva
La empresa minera canadiense Advanced Gold Corp firmó un acuerdo con la compañía mexicana Hot Spring Mining por los derechos de adquisición de yacimientos de litio, boro y potasio ubicados en Salinas, San Luis Potosí; la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en México a pesar de que en su país es denominada como una empresa ejemplar.
A lo largo de los años, Gold Corp ha sido acusada de pagar impuestos muy bajos al país, de contaminación y envenenamiento de agua en los lugares cercanos en donde se ubican, no dan oportunidad de empleo a los campesinos cercanos a las minas e incumplir las leyes laborales.
En 2013, Advanced Gold Corp prefirió realizar trabajos de explotación de una mina de oro en Sonora en lugar de ampliar sus operaciones en Canadá esto debido a que en su país la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica le solicita a este tipo de compañías altos estándares ambientales, importantes pago de impuestos, compromiso social y concesiones mucho más cortas que las mexicanas (que son de 50 años), mientras que en México los requisitos fueron mínimo para explotar las 70 mil 900 hectáreas concesionadas en donde explota una mina de oro. En ese año, solo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pero pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades.
Gold Corp vendió en 2007 una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.
La empresa es conocida por no contratar a empleados locales como lo mencionaron personas de la comunidad de Mazapil, en Zacatecas, quienes no fueron empleados a pesar de la promesa de empleo y peor aún son los problemas de falta de agua para Mazapil que iban en aumento, pues la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad. La minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
Una denuncia parecida fue la que se realizó en 2019 por el Frente Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) cuando acusó a la empresa canadiense de haber agotado las reservas de agua en la región de la Mina Peñasquito en Zacatecas. La afectación que vivió esta zona se debe a la filtración de metales pesados como el selenio, mercurio, plomo y arsénico, por lo que exigen un alto a la explotación minera. Además de la contaminación que generó esta compañía extranjera, para su funcionamiento la trasnacional extrajo los manantiales y acuíferos del sitio, lo que perjudicó a más de 30 mil personas que vivían en la cercanía.
La concentración de la riqueza mineral del país de empresas canadienses es un saldo de las políticas impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Por lo que ahora estas empresas canadienses tienen el 60 por ciento de las minas en México.
En 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito; sin embargo, meses antes, Tomás Iturriaga, entonces vicepresidente de Goldcorp para México, comentó que los derechos de uso superficial típicamente son ejidos y la coexistencia con empresas privadas no estaba regulada, no tenían el marco jurídico que regula esa relación y los costos de esta tenencia de la tierra para las mineras ha ido crescendo.
Goldcorp también ha tenido diferentes beneficios pues en 2007 vendió una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.
Para 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito, sin embargo dichos acuerdos no estaban regulados, por lo que no existía un marco jurídico que regulara la relación.
No fue hasta 2009 que el Ejido Cerro Gordo inició una acción legal en contra de Peñasquito en el Tribunal Agrario mexicano, impugnando el acuerdo de uso de tierra. El Tribunal Agrario dictaminó el 18 de junio del 2013 que el acuerdo de ocupación temporal era nulo y ordenaba la restitución de la tierra a los ejidatarios.
El acuerdo en San Luis Potosí establece que Advanced Gold obtendrá de Hot Springs Mining el 90 por ciento de los derechos en los salares con potencial de contener esos minerales. La empresa vendedora conservará el porcentaje restante y recibirá cinco millones de acciones de la empresa compradora.
La compañía tiene actualmente una participación del 11.79 por ciento en el proyecto de oro avanzado Kakamega en Kenia. El 88.21 por ciento restante del proyecto Kakamega está en manos de Acacia Exploration Kenya Ltd. Recientemente ha adquirido una participación del 100 por ciento en la mina de plata Tabasqueña en Zacatecas, México.
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“Ni siquiera han sesionado”: diputada sobre salida de Soledad del Interapas
Nancy Jeanine García aseguró que no existe todavía una sesión de cabildo para aprobar la salida de Soledad del Interapas
Por: Redacción
La diputada local Nancy Jeanine García Martínez aseguró que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal ni acuerdos oficiales para concretar la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas, pese a que autoridades municipales han mencionado públicamente que el proceso podría presentarse antes del 30 de mayo.
La legisladora explicó que, hasta donde tiene conocimiento, ninguno de los cabildos involucrados ha sesionado para abordar el tema, por lo que el procedimiento legal todavía no ha comenzado formalmente.
“No ha habido ni siquiera sesión en los cabildos, en ninguno”, declaró.
García Martínez recordó que la posible salida de Soledad del organismo operador requiere primero la aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente de los cabildos de los municipios involucrados mediante mayoría de votos.
Una vez cumplido ese paso, tendría que ser el propio Interapas quien remita al Congreso del Estado la solicitud oficial de desincorporación para iniciar el análisis legislativo correspondiente.
La diputada señaló que, hasta ahora, el Congreso únicamente se mantiene en espera de que exista un trámite formal y advirtió que el proceso implica una serie de responsabilidades administrativas, financieras y operativas que no pueden resolverse de manera inmediata.
“No nada más es así como que a la vuelta y mañana ya se me ocurre y quito todo”, expresó.
Entre los aspectos que tendrían que revisarse se encuentran la entrega-recepción del organismo, la definición de responsables administrativos, posibles liquidaciones, manejo financiero y el modelo con el que Soledad garantizaría el suministro de agua potable.
La legisladora insistió en que el Congreso deberá actuar de manera responsable cuando llegue la solicitud formal y aclaró que, mientras no existan acuerdos oficiales en cabildos, no hay ninguna acción legislativa que pueda realizarse.
Finalmente, reiteró que aunque el tema se mantiene en el debate público y político, el procedimiento legal aún no ha comenzado formalmente.
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Exdirector de Policía de Tamazunchale, enfrenta cargos por desaparición forzada
Según la investigación de la Fiscalía, un hombre fue detenido, ingresado a las celdas municipales… y después entregado a personas armadas. Hasta hoy sigue desaparecido
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ejecutó varias órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada relacionadas con un caso ocurrido en Tamazunchale, donde presuntamente participaron policías municipales y civiles en la entrega de un detenido a un grupo armado, cuyo paradero continúa desconocido.
Entre las personas detenidas se encuentra el exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro “N”, quien actualmente ya se encontraba bajo prisión preventiva por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, luego de una detención previa realizada por la Guardia Civil Estatal.
Además, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó mandamientos judiciales contra los policías activos Antonio “N” y Yadira “N”, así como contra Claudia “N” y Rodolfo “N”, señalados como presuntos participantes en los hechos registrados el 11 de enero de 2026.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima fue ingresada inicialmente a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale. Posteriormente, tres de los implicados habrían entregado al hombre a personas armadas y desde entonces no se conoce su ubicación.
La FGESLP señaló que las indagatorias permitieron reunir líneas de investigación sólidas para obtener las órdenes de aprehensión contra los cinco implicados.
Las autoridades estatales indicaron que todas las personas detenidas permanecerán recluidas en el centro penitenciario correspondiente mientras se desarrollan las audiencias ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público buscará su vinculación a proceso.
El caso ocurre en medio de diversos señalamientos y operativos recientes relacionados con la corporación policiaca de Tamazunchale, uno de los municipios donde las autoridades estatales han reconocido problemas persistentes de seguridad y presencia de grupos delictivos.
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Hospital de Valles atiende hasta 10 embarazos mensuales en menores de 15 años
Todos los casos son reportados a autoridades de protección y al Ministerio Público
Por: Redacción
El Hospital General de Ciudad Valles atiende en promedio hasta 10 casos mensuales de embarazos en menores de 15 años, una situación que mantiene en alerta al personal médico debido a los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las adolescentes.
Jesús Guillén Larraga, director del hospital, informó que tan solo durante la semana pasada fueron atendidos dos casos de niñas embarazadas de 12 y 13 años provenientes de colonias periféricas del municipio, lo que refleja la persistencia de este problema en la región Huasteca.
“Todo menor de 15 años se reporta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y menores de 18 años al Ministerio Público”, explicó el médico.
El especialista advirtió que cualquier embarazo en adolescentes representa un riesgo médico importante, incluso cuando existe control prenatal, debido a que el cuerpo de las menores todavía se encuentra en desarrollo y pueden presentarse complicaciones graves durante la gestación o el parto.
Además del aspecto clínico, Guillén Larraga señaló que muchos de estos embarazos están relacionados con contextos familiares complejos, violencia o entornos vulnerables que terminan influyendo en las decisiones de las menores.
“A veces los pensamientos de algunas jóvenes son embarazarse para salirse de sus casas porque no toleran el trato de sus papás”, comentó.
El director del Hospital General hizo un llamado a fortalecer la educación sexual, la comunicación familiar y el acompañamiento psicológico para prevenir embarazos a temprana edad y reducir los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes.
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