Estado
Gobierno de Carreras pagaba 42 millones anuales para rentar oficinas
La actual administración pretender reducir el gasto en un 25%
Por: Redacción
La Oficialía Mayor del Estado proyecta el cambio de al menos cinco dependencias a inmuebles propiedad del Gobierno del Estado para continuar generando ahorros dentro de la administración estatal derivado de la disminución de pago por arrendamientos.
La dependencia anunció que, actualmente se erogan por este concepto más de 42 millones de pesos anuales que impiden tener mayor margen del recurso en obras y acciones de beneficio para las y los potosinos de las cuatro regiones del Estado, por lo que se busca reducir este egreso en un 25 por ciento.
Es por ello que la Oficialía Mayor tiene programado eliminar el gasto por renta de inmuebles en las cinco dependencias en que más destina por este rubro: la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas; Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y la Contraloría General del Estado.
Es por lo anterior que, se está en evaluación migrar dichas oficinas gubernamentales a edificios de propiedad estatal como es el Centro de las Artes, Museo del Ferrocarril, Tradiciones Potosinas, Museo del Virreinato o el Museo “Julián Carrillo”, de manera que se permita continuar con las rentas que sean justificables.
Así mismo, la dependencia aseveró que se investiga por parte de la Contraloría General del Estado acuerdos de beneficio propio en el alquiler de inmuebles derivado de las prácticas corruptas que dañaron el recurso del pueblo potosino: “se nos ha enterado que había rentas arregladas en la gestión anterior, es decir, si un inmueble costaba 50 mil pesos lo inflaban a 70 mil para hacer ajustes por debajo de la mesa”.
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Destacadas
Valeo “simula” resolución; quiere negar el pago de utilidades 2016
El comité de extrabajadores señaló que administrativos de la empresa presentó supuestas resoluciones finales, cuando en realidad fueron acuses de recibo
Por: Redacción
El Comité de Extrabajadores de Valeo en San Luis Potosí, quienes esperan el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) desde 2016, señalaron un intento de simulación, manipulación y engaño por parte de la empresa y su firma de abogados, tras aparentar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había emitido las resoluciones finales, cuando en realidad se trataba de acuses de recibo.
Según el propio comité, dio a conocer que los abogados de Valeo habrían presentado la resolución final del recurso de revocación relativo a la PTU 2016. A través de diferentes oficios, el equipo legal de la empresa señaló que lo único pendiente era un “cierre oficial” del recurso de revocación. Además, que la declaración complementaria ya reflejaba los montos definitivos, tal y como se habían ingresado al sistema del SAT, y que ello debía entenderse como el cumplimiento de la resolución.
No obstante, de acuerdo a documentos en poder de este medio de comunicación, ninguno de los documentos presentados correspondería a la resolución del recurso de revocación del 30 de junio de 2025. Mientras que en otros casos, como el de la declaración complementaria, no implica aceptación ni conclusión del recurso.
Además que otro de los oficios es un acto accesorio de recaudación (reducción de multas y recargos), que se deriva de la autocorrección de Valeo, pero no resuelve el fondo del asunto ni el reparto adicional de PTU 2016.
Para las y los ex trabajadores de Valeo, estos documentos entregados no constituyen la resolución definitiva del recurso de revocación, sino únicamente actos accesorios de recaudación y acuses de recibo, que no responden al reparto adicional de PTU que se les debe por lo laborado durante 2016.
El comité reiteró que continuarán su lucha por los cauces legales y sociales hasta que se reponga el pago de lo concerniente. Además que las medidas del colectivo se endurecerán como respuesta a este acto de opacidad y falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y extrabajadores.
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Destacadas
Fracking en la Huasteca: Gobierno de SLP promete resistencia total
El secretario general de Gobierno reiteró que su prioridad es proteger la Huasteca potosina
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que la administración estatal mantendrá una postura firme contra el fracking en San Luis Potosí, particularmente en la Huasteca, donde comunidades han manifestado preocupación por los posibles impactos ambientales de esa práctica.
“Nosotros somos un gobierno verde, no solo de color, sino de postura. Defendemos a capa y espada el medio ambiente. Es sumamente valioso nuestro patrimonio natural: los árboles, los bosques, la flora y fauna”, declaró el funcionario.
Torres Sánchez sostuvo que el Estado respaldará las decisiones municipales que busquen blindar a sus comunidades contra esta técnica extractiva. “Nuestra postura al día de hoy es defender frente a todo nuestra Huasteca potosina”, reiteró.
Al ser cuestionado sobre si podría plantearse alguna iniciativa en el Congreso del Estado para prohibir el fracking, respondió: “Vamos a hacer cualquier cosa con el propósito de defender”.
En Ciudad Valles, regidores propusieron en el Cabildo impulsar un acuerdo para prohibir esta técnica, ante el temor de que con nuevos planes de Pemex se abra la puerta a su aplicación en la región.
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Congreso del Estado
Congreso busca garantizar protección y cuidado de animales
En el ámbito nacional e internacional se han generado innovaciones para garantizar una protección y cuidado de animales
Por: Redacción
Con el objetivo de fomentar una cultura de bienestar animal y de tutelaresponsable, la legisladora Nancy Jeanine García Martínez presentó una iniciativa para modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí.
Señala que es necesario realizar actualizaciones y complementar diversos preceptos jurídicos de la Ley en materia de protección animal, ya que en el ámbito nacional e internacional se han generado innovaciones y reformas que requieren incorporarse al ordenamiento estatal, para garantizar una protección, cuidado, atención y bienestar más amplios para los animales y procurarles las mejores condiciones para su desarrollo y bienestar.
Destaca la incorporación de una cultura de bienestar animal y de tutela responsable, entendido como la obligación de salvaguardar el trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental en cualquier animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad, evitando cualquier acto de sufrimiento, maltrato, crueldad y cualquier otra acción prohibida.
Se perfecciona y fortalece el contenido de los principios básicos para el trato digno y respetuoso de los animales, en concordancia con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y con la Ley General de Vida Silvestre que establece que corresponde a las entidades federativas y a los municipios implementar medidas de trato digno y respetuoso, a fin de evitar o reducir la tensión, el sufrimiento, el traumatismo y el dolor que pudieran ocasionarse a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización o sacrificio.
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