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Garza y Castillo Celestino; ¿ancla o motor para resolver el caso Cayeyo?
El lunes se llevó a cabo la octava audiencia en contra del Cayeyo Jr, donde rindieron su declaración el Fiscal General y el titular de la Policía Ministerial de SLP
Por: María José Puente Zavala
Este lunes, durante la octava audiencia que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado siguen en contra del Cayeyo Jr; tanto Federico Garza Herrera, como José Guadalupe Castillo Celestino fueron despachados por la defensa del acusado; es decir, no serán parte de un nuevo interrogatorio durante las jornadas que corresponden al equipo de abogados que busca lograr la pena mínima para el presunto homicida.
Previamente, entre el jueves y viernes pasado, ambos funcionarios declararon ante el tribunal a cargo del proceso, pues el imputado les involucró de manera directa durante la madrugada del 5 de mayo, minutos después de dispararle a su víctima.
Castillo Celestino: “El Cayeyo intentó escapar”
Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el exclusivo residencial Campestre.
En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.
Al arribo de su subordinado, Garza Herrera habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.
Posteriormente, aseguró Castillo, fue el propio Garza Herrera quien lo condujo al domicilio que albergaba la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar a la escena del crimen.
Los tropiezos del encargado de la Policía Ministerial comenzaron con la avalancha interrogativa de la defensa.
Profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar severas fallas en el protocolo para identificar, recorrer y procesar la escena del crimen, y de paso estableció que la relación del procurador general con el caso habría terminado por entorpecerlo.
En un intento desesperado por bajar la guardia de la defensa, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres, quienes denunciaron haber sido llevadas a la fuerza a un motel.
Hacia el cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la detención del acusado.
En dicho episodio, narró el encargado de la Policía Ministerial que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó tres forcejeos que le dejaron marcas en los antebrazos.
Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con el titular de la Policía Ministerial, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público; sin embargo, pasadas las seis de la mañana, la investigación por el homicidio de su amigo había quedado formalmente abierta.
Garza: entre la espada y la pared
Minutos después de dispararle a su compañero de fiesta; El Cayeyo Jr hizo una llamada al 911 para confesar el crimen y posteriormente tomó la decisión de dirigirse al domicilio de uno de sus vecinos: Federico Garza Herrera, entonces procurador general de Justicia en el estado.
Según la versión del funcionario, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a José Guadalupe Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.
Durante el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre el criterio que le condujo a llamar a un policía y no a una ambulancia; sin embargo, el abogado de 60 años de edad insistió en que lo consideró la medida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.
edida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.
El funcionario estatal, además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, toda vez que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija.
Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.
Tanto la defensa del tirador como la representación social, constituida por los agentes del Ministerio Público y los asesores legales de la familia de la víctima, demostraron deferencia en el trato con el fiscal durante sus respectivas rondas de preguntas, otorgando, incluso, licencias para ampliar sus argumentos, un detalle no observado con otros testigos a quienes se cuestionó con aspereza.
De esta forma, en el aire quedaron preguntas para el fiscal, tales como:
¿Por qué no detuvo al acusado cuando tuvo conocimiento de que había cometido un delito?; o ¿Por qué no se excusó de conocer el expediente?; o ¿Por qué no explicó su relación, tanto con la víctima como con el victimario en su primera entrevista con el Ministerio Público?
Ante la determinación de la defensa para liberar, tanto al fiscal como al titular de la Policía Ministerial, estos (u otros) cuestionamientos no volverán a ser planteados, aunque su exposición en un primer momento los convirtió en objeto de la evaluación del tribunal, hacia el dictamen de la sentencia.
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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
, informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
, con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres
La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
.
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
, ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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