noviembre 21, 2024

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Garza y Castillo Celestino; ¿ancla o motor para resolver el caso Cayeyo?

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El lunes se llevó a cabo la octava audiencia en contra del Cayeyo Jr, donde rindieron su declaración el Fiscal General y el titular de la Policía Ministerial de SLP

Por: María José Puente Zavala

Este lunes, durante la octava audiencia que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado siguen en contra del Cayeyo Jr; tanto Federico Garza Herrera, como José Guadalupe Castillo Celestino fueron despachados por la defensa del acusado; es decir, no serán parte de un nuevo interrogatorio durante las jornadas que corresponden al equipo de abogados que busca lograr la pena mínima para el presunto homicida.

Previamente, entre el jueves y viernes pasado, ambos funcionarios declararon ante el tribunal a cargo del proceso, pues el imputado les involucró de manera directa durante la madrugada del 5 de mayo, minutos después de dispararle a su víctima.

Castillo Celestino: “El Cayeyo intentó escapar”

Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el exclusivo residencial Campestre.

En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.

Al arribo de su subordinado, Garza Herrera habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.

Posteriormente, aseguró Castillo, fue el propio Garza Herrera quien lo condujo al domicilio que albergaba la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar a la escena del crimen.

Los tropiezos del encargado de la Policía Ministerial comenzaron con la avalancha interrogativa de la defensa.

Profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar severas fallas en el protocolo para identificar, recorrer y procesar la escena del crimen, y de paso estableció que la relación del procurador general con el caso habría terminado por entorpecerlo.

En un intento desesperado por bajar la guardia de la defensa, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres, quienes denunciaron haber sido llevadas a la fuerza a un motel.

Hacia el cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la detención del acusado.

En dicho episodio, narró el encargado de la Policía Ministerial que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó tres forcejeos que le dejaron marcas en los antebrazos.

Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con el titular de la Policía Ministerial, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público; sin embargo, pasadas las seis de la mañana, la investigación por el homicidio de su amigo había quedado formalmente abierta.

Garza: entre la espada y la pared

Minutos después de dispararle a su compañero de fiesta; El Cayeyo Jr hizo una llamada al 911 para confesar el crimen y posteriormente tomó la decisión de dirigirse al domicilio de uno de sus vecinos: Federico Garza Herrera, entonces procurador general de Justicia en el estado.

Según la versión del funcionario, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a José Guadalupe Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.

Durante el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre el criterio que le condujo a llamar a un policía y no a una ambulancia; sin embargo, el abogado de 60 años de edad insistió en que lo consideró la medida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.

edida correcta y abundó que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo Celestino no cruzó palabra alguna con el ahora imputado.

El funcionario estatal, además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, toda vez que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija.

Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.

Tanto la defensa del tirador como la representación social, constituida por los agentes del Ministerio Público y los asesores legales de la familia de la víctima, demostraron deferencia en el trato con el fiscal durante sus respectivas rondas de preguntas, otorgando, incluso, licencias para ampliar sus argumentos, un detalle no observado con otros testigos a quienes se cuestionó con aspereza.

De esta forma, en el aire quedaron preguntas para el fiscal, tales como:

¿Por qué no detuvo al acusado cuando tuvo conocimiento de que había cometido un delito?; o ¿Por qué no se excusó de conocer el expediente?; o ¿Por qué no explicó su relación, tanto con la víctima como con el victimario en su primera entrevista con el Ministerio Público?

Ante la determinación de la defensa para liberar, tanto al fiscal como al titular de la Policía Ministerial, estos (u otros) cuestionamientos no volverán a ser planteados, aunque su exposición en un primer momento los convirtió en objeto de la evaluación del tribunal, hacia el dictamen de la sentencia.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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