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#FronteraSangrienta | ¿Por qué decenas de cuerpos son dejados entre SLP y Zacatecas?

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De poco han servido los esfuerzos de las autoridades de ambos estados, solo en 2020 se han encontrado 32 cadáveres en municipios de San Luis que están en la frontera zacatecana 

Por: Redacción 

La mañana del lunes 5 de octubre, el hallazgo de 13 cadáveres en un  paraje del municipio de Villa de Ramos prendió los focos rojos en San Luis Potosí. Apenas el domingo 4, habían sido encontrados seis cuerpos encobijados a la orilla de la carretera federal 62, en Vanegas, otro municipio ubicado en la frontera con Zacatecas.

Las autoridades potosinas se apresuraron a aseverar que las 12 víctimas de Villa de Ramos eran procedentes del estado vecino y, aunque en un primer momento sus pares de Zacatecas lo negaron, al día siguiente, el secretario de gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, confirmó que, efectivamente, los cuerpos pertenecían a personas que en vida habitaron los municipios de Guadalupe, Villa de Cos, Jerez y Fresnillo.

En San Luis Potosí la franja fronteriza con Zacatecas está integrada por nueve municipios: Vanegas, Catorce, Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Moctezuma, Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga. Tres carreteras federales, la 49, la 62 y la 63. cruzan estas demarcaciones, y las unen con el centro del estado.

Aunque la violencia en esta zona no parece ser endémica, desde septiembre de 2017, La Orquesta advirtió sobre la presencia de grupos del crimen organizado que solían abandonar los cuerpos de sus víctimas en carreteras, caminos y parajes de la región. Un reportaje titulado, “Santo Domingo, tiradero de cadáveres” dio cuenta del hallazgo de al menos 11 personas ejecutadas en un periodo de nueve meses: 5 en Villa de Ramos y 6 en Santo Domingo, (estos últimos arrojados ahí entre agosto y septiembre).

De ese tiempo a la fecha, la situación ha empeorado. En lo que va del 2020, se han encontrado al menos 32 cuerpos con huellas de tortura y ejecución. Es decir, antes de la masacre del lunes, ya se habían encontrado 19 cuerpos, sin embargo, hasta entonces a nadie parecía preocuparle que la zona se estuviera convirtiendo, prácticamente, en un cementerio a cielo abierto.

De poco o nada han servido los acuerdos de seguridad firmados por los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí, para “blindar” la frontera. Los cadáveres “importados”, siguen apareciendo. ¿Por qué los tiran en San Luis? Misterio. Al gobierno potosino le ha bastado probar que los cuerpos encontrados el lunes 5 eran de zacatecanos para echar tierra al asunto, por su parte, el gobierno de Zacatecas, a cargo de Alejandro Tello, guarda silencio.

Hasta ahora se ha hecho público el hecho de que diez de las 13 víctimas fueron reclamadas por familias de Zacatecas y, hasta el viernes 9 de octubre, había tres en calidad de desconocidos. Entre tanto, de los 6 encobijados de Vanegas nada se ha dicho, no se sabe si ya fueron identificados o reclamados, ni tampoco se ha dado a conocer su procedencia.

Estas ejecuciones se atribuyeron a las pugnas que se registran en territorio zacatecano entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En los días posteriores, mandos policiacos de San Luis Potosí y Zacatecas, se reunieron para dar seguimiento al caso; los gobernadores Alejandro Tello y Juan Manuel Carreras entablaron diálogo.

 

Incidencia delictiva en la zona 

En los municipios de la franja fronteriza con Zacatecas, como en cualquier pueblo pequeño, la incidencia delictiva es baja. Podría decirse que la mayoría de los delitos que se denuncian son algunos robos y de índole sexuales, principalmente. Sin embargo, de cuando en cuando, algún asesinato viene a perturbar la tranquilidad de los habitantes. Hasta el 30 de septiembre pasado, de acuerdo con las cifras oficiales, tres de las 9 localidades no registraban ningún homicidio: Moctezuma, Santo Domingo y Vanegas. Sin embargo, apenas inició octubre, la situación cambió y ya solo queda Moctezuma en esta condición.

En los últimos años, y especialmente este 2020, los hechos violentos han aumentado. Villa de Ramos registra 8 homicidios dolosos, 4 de ellos con arma de fuego; Villa de Arriaga registra 5, 4 con arma de fuego; Mexquitic acumula 5 homicidios con arma de fuego y un feminicidio; y Salinas de Hidalgo registra dos homicidios. En tanto, Catorce, Santo Domingo y Ahualulco registran un asesinato intencional cada  uno, mientras que Moctezuma no registra ningún caso. En todas las localidades hay casos de lesiones perpetradas con arma de fuego.

Mención especial merece Vanegas, un pequeño pueblo con menos de 8 mil habitantes que, hasta antes de que vinieran a tirar los cinco cuerpos en la carretera 62, registraba cero homicidios, cero feminicidios y solo 5 casos de lesiones, 1 con arma blanca y 4 con otro elemento.

Desde luego, el hallazgo de los 13 cadáveres en Villa de Ramos representa una muestra superlativa de la soterrada violencia que asola la región, sin embargo no es más que el síntoma más notorio, hasta ahora, del malestar que aqueja esos lares.

El 13 de enero de este año, un ataque a policías se saldó con dos muertos, un hombre y una mujer, en la carretera a Villa de Arriaga.

El 17 de enero de 2020, policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGESLP), se enfrentaron a balazos con secuestradores en la comunidad Rincón del Porvenir, en Ahualulco; la víctima, un  hombre de 76 años, fue rescatada con vida pero uno de los plagiarlos murió tras la balacera. Según versiones, los delincuentes dijeron pertenecer al CJNG.

El 14 de febrero en la comunidad Tepetate, Villa de Arriaga fue abandonado un cadáver calcinado, con señales de tortura; al principio se desconocía el género, después se supo que se trataba de una mujer.

El 11 de marzo, un hombre fue hallado sin vida en la Privada La Sierra, en la comunidad de Estanzuela, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona. En el lugar se halló un arma de fuego que pudo haber sido utilizada para privarlo de la vida. El cuerpo no fue identificado, los habitantes de la localidad dijeron que no era de ese lugar.

La tarde noche del 23 de abril, en un despoblado de la localidad de El Mezquital, en el municipio de Villa de Arriaga, un hombre fue ejecutado a balazos; al parecer viajaba a bordo de una camioneta y de pronto fue atacado por una persona o personas desconocidas. El cuerpo, que quedó cerca del vehículo, no fue identificado.

El lunes 24 de agosto se localizó un cadáver envuelto en un cobertor verde a unos kilómetros de la comunidad de Zaragoza, en la zona norte del Altiplano potosino. Luego de un reporte, elementos de la policía municipal de Vanegas acudieron al lugar de los hechos como primeros respondientes.

Reportes periodísticos refieren que el 23 de agosto previo, dos policías municipales de Vanegas habrían sido levantados mientras realizaban un recorrido de vigilancia; en el lugar sólo se encontró la patrulla que utilizaban, abandonada, con las puertas abiertas y sin señales de los oficiales. No hay más datos al respecto.

El 4 de septiembre fueron encontrados 5 cuerpos sin vida en Villa de Ramos. Cuatro de ellos, fueron asesinados a balazos a la mitad de un  camino de terracería en la comunidad de El Zacatón, mientras que uno más se halló calcinado  en el camino que va de la comunidad de Emiliano Zapata, Villa de Ramos, a El Saladillo, en Pánfilo Natera, Zacatecas. Al menos dos de las víctimas fueron identificadas como procedentes de este último municipio.

El 1 de octubre pasado, los cuerpos de tres hombres ejecutados fueron localizados a un costado de la carretera 62 en su tramo Vanegas-San Tiburcio, presentaban lesiones de arma de fuego y había cartuchos percutidos.

El 3 de octubre se reportó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en los límites del municipio de Vanegas con el estado de Zacatecas. Los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y fueron dejados a la orilla de la carretera federal conocida como El Bado a la comunidad Tanque de Guadalupe de la entidad zacatecana.

La tarde del domingo 4 de octubre, en el municipio de Santo Domingo en una milpa ubicada entre las comunidades de El Barril y Jesús María, fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida enredado en una cobija.

El lunes 5 fue el acabose: 13 cuerpos abandonados en dos camionetas fueron encontrados en la carretera interestatal El Barril (en Villa de Ramos) y Villa de Cos, en el entronque de la comunidad Dulce Grande. Luego de las primeras indagatorias sobre el caso, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías dijo a la prensa que las víctimas fueron asesinadas en dos domicilios de la comunidad de Chupaderos, perteneciente a Villa de Cos. Tras ejecutarlos, sus verdugos se desplazaron a lo largo de 33 kilómetros por la carretera Chaparrosa-Los Amarillos, cruzaron la frontera y se adentraron en territorio potosino para dejar los cadáveres en el entronque a la comunidad de Dulce Grande.

 

¿Coordinación?

Los cruentos hechos de Vanegas y Villa de Ramos, dejaron en evidencia que el supuesto “blindaje” de la frontera con Zacatecas en realidad no existe, el cruce de declaraciones entre funcionarios potosinos y zacatecanos, en primera instancia, echa por tierra la presunta coordinación existente en materia de seguridad.

«Hablé ayer con el Gobernador (Alejandro Tello), hemos tenido muchos incidentes, hechos que se realizan en el estado de Zacatecas y que se depositan algunos cuerpos de este lado», declaro Juan Manuel Carreras a la prensa al día siguiente de la masacre.

Por su parte el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías informó que “Se ubicaron dos domicilios en una localidad del municipio de Villa de Cos en donde fueron ejecutadas estas personas y ya se presentaron los familiares de 10 de los 13 fallecidos a identificar y reclamar los cuerpos. Algunos de ellos eran de Fresnillo, otros de Jerez y otros del mencionado municipio de Villa de Cos“. Tomando en cuenta esta información, aclaró que las muertes serán contabilizadas o formarán parte de las estadísticas de esa entidad. Lo que no queda claro es cual fiscalía llevará la investigación.

 

Convenios de seguridad, ineficaces

El diez de marzo de 2017, un boletín de prensa del gobierno de Zacatecas, dio noticia de la visita del gobernador  Alejandro Tello a San Luis Potosí, para reunirse con su homólogo Juan Manuel Carreras. El motivo del encuentro fue firmar un convenio en materia de procuración de justicia y de seguridad. El comunicado está plagado de los lugares comunes habituales en ese tipo de documentos:

“Alejandro Tello solicitó a las autoridades de seguridad de ambos estados generar una sinergia para combatir el delito y ofreció toda la disposición y garantía de la administración a su cargo para darle resultados a los zacatecanos y a los potosinos.

“El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, consideró que en la medida que se tenga mayor comunicación y coordinación entre los dos gobiernos vecinos, habrá mejores resultados en el combate al crimen, por lo que agradeció el acuerdo logrado.

El convenio firmado este jueves consiste en adoptar políticas anticriminales de manera integral, que permitan diseñar y ejecutar estrategias conjuntas para abordar el fenómeno de la delincuencia”, reza el boletín.

Desde entonces, los gabinetes de seguridad de ambas entidades han estado en supuesta coordinación, sin embargo, los resultados son, por decir lo menos, cuestionables. Tres años después, la realidad demuestra que las intenciones de los mandatarios no fueron más que palabrería, simple demagogia que no se traduce en táctica o estrategia.

En numerosas ocasiones, tanto el Secretario de Seguridad, Jaime Pineda, como el Comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Ángel Castillo González, han hecho declaraciones a la prensa sobre el supuesto blindaje de las fronteras de San Luis Potosí con otras entidades, entre ellas Zacatecas.

Por ejemplo: En septiembre de 2019, el General Castillo González declaró que “Como parte de las estrategias de la 12ª. Zona Militar para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes entre San Luis Potosí y estados vecinos, se mantiene comunicación y coordinación constante con las 11ª, 15ª y 16ª Zona Militar”, lo anterior  “luego de que el titular de Seguridad Pública del Zacatecas Ismael Camberos Hernández dio a conocer la existencia de al menos 10 órdenes de aprehensión de objetivos criminales que delinquen en la zona”.

En esa ocasión, el General dijo: “estamos trabajando de manera coordinada, ahí desde luego involucramos a los compañeros de la Policía Federal, también a la policía estatal para que tengamos mejores resultados”.

El 17 de septiembre de este año, Jaime Pineda, secretario de Seguridad, dijo a los medios que “la prioridad en materia de seguridad es seguir blindado las fronteras con entidades vecinas, en coordinación con las corporaciones encargadas de mantener la paz en la entidad”, entre las cuales mencionó .al Ejército, la Guardia Nacional y la policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Declaraciones como estas se han repetido una y otra vez en la prensa, pero, si con todos sus blindajes, los grupos delincuenciales pueden venir a tirar sus cadáveres en territorio potosino, queda claro que la realidad es diametralmente opuesta.

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#Entrevista | «No hay denuncias de corrupción contra Mónica Rangel»: secretario de Salud

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Aunque el gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones en los servicios de salud del estado, el doctor Acosta Díaz de León aseguró que aún no han confirmado irregularidades administrativas

Por: Luis Moreno

La Secretaría de Salud fue la dependencia más cuestionada durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pues durante los seis años en que estuvo dirigida por Mónica Rangel Martínez, y el breve paso de Miguel Ángel Lutzow, no dejó de coleccionar revelaciones de irregularidades en su interior. De contrataciones de proveedores fantasma hasta la compra de medicamentos falsos y otros caducos, los servicios de salud de San Luis Potosí se convirtieron en el foco de atención de la ciudadanía al pensar en corrupción.

El nivel del agravio que sintió la población quedó asentado con el resultado de la elección de gubernatura del estado, pues Rangel Martínez consiguió apenas el 8% de la votación, esto a pesar de ser candidata de Morena, partido que encabezaba las preferencias durante el periodo de precampañas.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en esta secretaría parece ser uno de los objetivos más complejos para el gobierno de Ricardo Gallardo, para el cual, el gobernador eligió al doctor Daniel Acosta Díaz de León, que con sus 30 años como neurocirujano y su experiencia al frente del Colegio de la Profesión Médica, parece ser una apuesta para resolver la operación de técnica del área, pero también solventar el desgaste político y mediático de la misma.

El doctor Acosta Díaz de León conversó con La Orquesta sobre la corrupción al interior de la secretaría, la pandemia de covid y los objetivos para los primeros meses en el cargo; sin embargo, se mantuvo al margen de lanzar acusaciones, como sí lo ha hecho el gobernador y permanece en en una cautela cuyos resultados no están muy lejos de verse.

La Orquesta: ¿Cómo encontró la Secretaría de Salud?

Daniel Acosta: Encontramos un desorden administrativo, yo diría falta de disciplina en los procesos, esto nos ha llevado a tardarnos en entender las cosas. Hay un número muy grande de trabajadores como de programas.

Tenemos tres prioridades: la atención de primer nivel en las comunidades de los 58 municipios, donde hay muchas carencias estructurales y de organización, por ejemplo en algunos centros de salud hemos encontrado que hay suficiente personal, pero todos están ubicados de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, la población de esos municipios no se puede enfermar después de esa hora ni los fines de semana. Necesitamos que los 120 centros de salud en todo el estado brinden un servicio permanente.

El segundo problema grave que hemos encontrado es el desabasto de medicamentos e insumos. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las bodegas de material y medicamentos para optimizar lo poquito que tenemos.

LO: ¿No había un inventario?

DA: Sí, pero no era confiable, de ahí derivó mucho de lo que es público sobre medicamentos caducos y otros ocultos. Ya estamos en condición de decir dónde y qué hay en cada lugar.

El tercer punto es la infraestructura hospitalaria. Tenemos el nuevo Hospital Central construido y no está equipado, estamos trabajando en un hospital adaptado, totalmente constreñido.

LO: El nuevo Hospital Central es un proyecto que viene desde el sexenio de Fernando Toranzo. ¿Cuándo podremos tenerlo operativo?

DA: Es difícil decirlo porque dependemos del Insabi. Ellos marcan sus tiempos, podríamos hablar de febrero o marzo del 2022.

LO: La gestión de Mónica Rangel convirtió a la Secretaría de Salud en la dependencia más señalada del gobierno, ¿qué harán para recuperar la confianza de la población?

DA: Trabajamos hacia el interior de la secretaría. Tratamos de acercarnos a los sindicatos para volver a formar esa confianza. En la entrega recepción lo que encontramos lo señalamos, creemos que la autoridad será la que se encargue de determinar alguna culpabilidad o no.

LO: ¿Se presentaron o presentarán denuncias?

DA: Por nuestra parte no. Del análisis que surja del proceso de entrega recepción tanto en la Secretaría como específicamente en el Hospital Central, será la propia autoridad competente la que determine si hay algún delito que perseguir, nosotros no podemos establecernos como jueces.

LO: Pero, puede presentar una denuncia.

DA: Si es necesario, sí, pero hasta ahora no hay ningún señalamiento. Hay una instrucción muy precisa del gobernador: si vamos a acusar, tenemos que tener todos los elementos en la mano. Son temas muy delicados que han dañado a la secretaría, al gobierno y, sobre todo, la confianza de las personas, tenemos que dar pasos muy firmes y muy seguros.

LO: El gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones de pesos en Salud. ¿Es real esa situación?

DA: De cantidades yo no puedo hablar, lo que sí me consta es que los medicamentos que encontramos caducos por montones y vehículos inutilizados, un parque vehicular de 920 de los que un 70% son funcionales. Con los medicamentos hay otro problema, en los próximos meses para finalizar el 2021 y comenzar 2022, tenemos una gran cantidad de ellos que están por caducar. Ya establecimos contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, para ponerlos a su disposición.

LO: ¿Había una sobrecompra de medicamentos?

DA: Las compras dependen mucho del Insabi, ellos nos proporcionan con cargo a nuestro presupuesto el material. En ocasiones viene desproporcionada la cantidad de medicamentos, por eso hay un sobre almacenaje y paradójicamente una lista de desabasto.

LO: ¿Se hizo una revisión en torno a los proveedores fantasma identificados en la administración de Mónica Rangel?

DA: Sí, ahora estamos en un proceso de revisión de todos los proveedores. Todos deben tener un registro ante la Oficialía Mayor, deben estar avalados para evitar que pase lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Esto se ha dado sobre todo en las compras emergentes, tú como director de hospital tienes que resolver el problema inmediato, y a veces no te fijas y vas con el que te lo ofrece y con el que te fía, entonces pensamos que mucho de eso pasó. Hubo vivales que aprovecharon esa circunstancias y fue lo que se dio, pero ahora somos muy precavidos en la compra de insumos urgentes.

LO: En el Hospital Central se dieron los casos de medicamentos caducos y apócrifos, ¿eso afectó su prestigio?

DA: Sigue trabajando al 100%, hay un exceso de demanda en el servicios porque realmente la gente no tiene otra opción. Tienes razón, el prestigio ha sido lastimado, debemos demostrar si hubo o no las anormalidades. He revisado detenidamente los medicamentos apócrifos, no me he metido en el tema administrativo de cuánto compraron y a quién le compraron, pero sí hubo procesos que se siguieron en cada uno de ellos para detectarlos y congelarlos.

LO: ¿Hubo pacientes tratados con medicamentos caducos o apócrifos?

DA: Del primer caso que se detectó, no se involucró a ningún paciente, porque cuando se iba a aplicar a un paciente oncológico, la enfermera detectó cambios en la coloración y consistencia del medicamento; decidió no aplicarlo y comunicarlo a sus superiores, ahí se pudo detectar el lote de medicamentos e inmediatamente se desactivaron. De ahí se dieron otros tres o cuatro casos con antibióticos y antiinflamatorios, que se fueron detectando e informando a la población. No hubo aplicación tampoco de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia o paciente que haya denunciado que se le SER tratado con insumos en esas condiciones.

LO: Pasamos de los 100 mil casos de covid en SLP y ocupamos aproximadamente el 10 lugar a nivel nacional en incidencia de contagios. ¿Cuál es el estado que guarda la pandemia en la entidad?

DA: El problema no se ha terminado. El covid está latente. En el cambio de estación podemos tener otro aumento en el número de casos. Si analizamos cómo se ha comportado el covid desde febrero del 2020 a octubre del 2021, realmente hemos visto epidemias o pandemias diferentes: antes no teníamos la vacuna, ahora disminuyó el número de casos y mortalidad, pero mientras haya una persona que fallezca a causa del covid no podemos estar tranquilos. Si vemos la curva, ahora estamos bien, porque está bajando el número de contagios, pero eso no es garantía de nada.

En lo que estamos preocupados es en la cantidad de muertes que se han mantenido entre 16 y 17 al día, sigue siendo un número alto.

LO: ¿A qué se debe esa mortalidad?

DA: Una de las principales causas, no la única, es la tardanza de los pacientes en llegar a los hospitales, muchas veces debido a la información encontrada entre el mismo personal médico. Ahora mismo hay suficiencia de lugar en los hospitales, tenemos una ocupación menor al 20%. El factor hospitalario y medicamentos no pueden ser la causa, como ocurrió en cierto momento. El comportamiento de la pandemia es incierto, pero todo el mundo mayor de edad debemos vacunarnos, los menores atentos a las políticas de salud. Seguir con las medidas de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, toma de temperatura. Si avanzamos en ese sentido es posible que los números sigan descendiendo. No se va a acabar el covid en mucho tiempo, vienen temporadas difíciles, Navidad, vacaciones, Año nuevo y el invierno.

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Diputados potosinos apoyarán la reforma energética de AMLO

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El presidente tendrá nueve de los 12 posibles votos de congresistas de SLP

Por: Karina González

Gilberto Hernández Villafuerte, diputado federal por San Luis Potosí, reveló que en la bancada del Partido Verde Ecologista de México a nivel federal se perfila para votar a favor de la contra reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se pretende establecer que la Comisión Federal de Electricidad deberá producir el 55% de la energía que se consume en el país y dejar el 45% a empresas privadas.

Alejandro Segovia, Juan Manuel Navarro, Kevin Angelo Aguilar, Antolín Guerrero Márquez, Gilberto Hernández Villafuerte, Christian Sánchez, Martha Barajas, Juan Ramiro Robledo y Sonia Mendoza, darían su voto a favor de la iniciativa presidencial, mientras que los panistas José Antonio Zapata y Xavier Azuara Zúñiga se opondrían, mientras que el sufragio de la priista Frinne Azuara Yarzabal estaría pendiente.

El legislador mencionó que se ha consensuado entre todos los congresistas, tanto de la bancada del Verde como de los otros partidos que forman la coalición, a través de argumentos sobre la “desmedida forma en que se otorgaron concesiones a particulares con la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013”.

“Hoy queremos que el estado tenga la regiduría de la administración de la energía eléctrica, para que veamos que se lleve una regulación y no tengamos aumentos excesivos. Nadie avisa de los aumentos en este servicio y los recibos llegan cada día más altos. Queremos que el gobierno se beneficie de las plantas de producción para que podamos tener la regulación a nivel nacional”, dijo Hernández Villafuerte.

Finalmente, el diputado federal se dijo optimista de que la coalición logrará reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa del presidente y agregó que en próximos días estará visitando a los ciudadanos de su distrito para notificarles sobre esta decisión de apoyar la propuesta a la reforma energética.

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70 personas fueron suplantadas para cobrar en gobierno de SLP

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Se encontraban dentro de la nómina estatal sin tener conocimiento de ello

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno de Ricardo Gallardo, dio a conocer que la administración estatal que acaba de terminar, encabezada por Juan Manuel Carreras, dejó en la nómina a 70 personas que no sabían que estaban haciendo uso de su nombre para cobrar en el gobierno.

Torres Sánchez añadió que dicho hallazgo obliga a la apertura de una investigación y una causa penal por el desfalco al erario:

“Lo que agrava esto es que muchas personas que tenemos identificadas como aviadores ni siquiera tenían conocimiento de esa condición, es decir, sin la voluntad de estas terceras personas, se generaba el pago sin que hubieran dado siquiera una autorización”, añadió el secretario general.

El funcionario comentó que los 70 casos están en investigación para el expediente que será incorporado a una sola acción legal. Mientras que, las personas detectadas que existen y estaban en nómina sin trabajar, cobraban sin hacer nada y su contrato quedó concluido, pero no se puede considerar un despido dada la falta de funciones.

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