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#FronteraSangrienta | ¿Por qué decenas de cuerpos son dejados entre SLP y Zacatecas?
De poco han servido los esfuerzos de las autoridades de ambos estados, solo en 2020 se han encontrado 32 cadáveres en municipios de San Luis que están en la frontera zacatecana
Por: Redacción
La mañana del lunes 5 de octubre, el hallazgo de 13 cadáveres en un paraje del municipio de Villa de Ramos prendió los focos rojos en San Luis Potosí. Apenas el domingo 4, habían sido encontrados seis cuerpos encobijados a la orilla de la carretera federal 62, en Vanegas, otro municipio ubicado en la frontera con Zacatecas.
Las autoridades potosinas se apresuraron a aseverar que las 12 víctimas de Villa de Ramos eran procedentes del estado vecino y, aunque en un primer momento sus pares de Zacatecas lo negaron, al día siguiente, el secretario de gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, confirmó que, efectivamente, los cuerpos pertenecían a personas que en vida habitaron los municipios de Guadalupe, Villa de Cos, Jerez y Fresnillo.
En San Luis Potosí la franja fronteriza con Zacatecas está integrada por nueve municipios: Vanegas, Catorce, Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Moctezuma, Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga. Tres carreteras federales, la 49, la 62 y la 63. cruzan estas demarcaciones, y las unen con el centro del estado.
Aunque la violencia en esta zona no parece ser endémica, desde septiembre de 2017, La Orquesta advirtió sobre la presencia de grupos del crimen organizado que solían abandonar los cuerpos de sus víctimas en carreteras, caminos y parajes de la región. Un reportaje titulado, “Santo Domingo, tiradero de cadáveres” dio cuenta del hallazgo de al menos 11 personas ejecutadas en un periodo de nueve meses: 5 en Villa de Ramos y 6 en Santo Domingo, (estos últimos arrojados ahí entre agosto y septiembre).
De ese tiempo a la fecha, la situación ha empeorado. En lo que va del 2020, se han encontrado al menos 32 cuerpos con huellas de tortura y ejecución. Es decir, antes de la masacre del lunes, ya se habían encontrado 19 cuerpos, sin embargo, hasta entonces a nadie parecía preocuparle que la zona se estuviera convirtiendo, prácticamente, en un cementerio a cielo abierto.
De poco o nada han servido los acuerdos de seguridad firmados por los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí, para “blindar” la frontera. Los cadáveres “importados”, siguen apareciendo. ¿Por qué los tiran en San Luis? Misterio. Al gobierno potosino le ha bastado probar que los cuerpos encontrados el lunes 5 eran de zacatecanos para echar tierra al asunto, por su parte, el gobierno de Zacatecas, a cargo de Alejandro Tello, guarda silencio.
Hasta ahora se ha hecho público el hecho de que diez de las 13 víctimas fueron reclamadas por familias de Zacatecas y, hasta el viernes 9 de octubre, había tres en calidad de desconocidos. Entre tanto, de los 6 encobijados de Vanegas nada se ha dicho, no se sabe si ya fueron identificados o reclamados, ni tampoco se ha dado a conocer su procedencia.
Estas ejecuciones se atribuyeron a las pugnas que se registran en territorio zacatecano entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En los días posteriores, mandos policiacos de San Luis Potosí y Zacatecas, se reunieron para dar seguimiento al caso; los gobernadores Alejandro Tello y Juan Manuel Carreras entablaron diálogo.
Incidencia delictiva en la zona
En los municipios de la franja fronteriza con Zacatecas, como en cualquier pueblo pequeño, la incidencia delictiva es baja. Podría decirse que la mayoría de los delitos que se denuncian son algunos robos y de índole sexuales, principalmente. Sin embargo, de cuando en cuando, algún asesinato viene a perturbar la tranquilidad de los habitantes. Hasta el 30 de septiembre pasado, de acuerdo con las cifras oficiales, tres de las 9 localidades no registraban ningún homicidio: Moctezuma, Santo Domingo y Vanegas. Sin embargo, apenas inició octubre, la situación cambió y ya solo queda Moctezuma en esta condición.
En los últimos años, y especialmente este 2020, los hechos violentos han aumentado. Villa de Ramos registra 8 homicidios dolosos, 4 de ellos con arma de fuego; Villa de Arriaga registra 5, 4 con arma de fuego; Mexquitic acumula 5 homicidios con arma de fuego y un feminicidio; y Salinas de Hidalgo registra dos homicidios. En tanto, Catorce, Santo Domingo y Ahualulco registran un asesinato intencional cada uno, mientras que Moctezuma no registra ningún caso. En todas las localidades hay casos de lesiones perpetradas con arma de fuego.
Mención especial merece Vanegas, un pequeño pueblo con menos de 8 mil habitantes que, hasta antes de que vinieran a tirar los cinco cuerpos en la carretera 62, registraba cero homicidios, cero feminicidios y solo 5 casos de lesiones, 1 con arma blanca y 4 con otro elemento.
Desde luego, el hallazgo de los 13 cadáveres en Villa de Ramos representa una muestra superlativa de la soterrada violencia que asola la región, sin embargo no es más que el síntoma más notorio, hasta ahora, del malestar que aqueja esos lares.
El 13 de enero de este año, un ataque a policías se saldó con dos muertos, un hombre y una mujer, en la carretera a Villa de Arriaga.
El 17 de enero de 2020, policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGESLP), se enfrentaron a balazos con secuestradores en la comunidad Rincón del Porvenir, en Ahualulco; la víctima, un hombre de 76 años, fue rescatada con vida pero uno de los plagiarlos murió tras la balacera. Según versiones, los delincuentes dijeron pertenecer al CJNG.
El 14 de febrero en la comunidad Tepetate, Villa de Arriaga fue abandonado un cadáver calcinado, con señales de tortura; al principio se desconocía el género, después se supo que se trataba de una mujer.
El 11 de marzo, un hombre fue hallado sin vida en la Privada La Sierra, en la comunidad de Estanzuela, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona. En el lugar se halló un arma de fuego que pudo haber sido utilizada para privarlo de la vida. El cuerpo no fue identificado, los habitantes de la localidad dijeron que no era de ese lugar.
La tarde noche del 23 de abril, en un despoblado de la localidad de El Mezquital, en el municipio de Villa de Arriaga, un hombre fue ejecutado a balazos; al parecer viajaba a bordo de una camioneta y de pronto fue atacado por una persona o personas desconocidas. El cuerpo, que quedó cerca del vehículo, no fue identificado.
El lunes 24 de agosto se localizó un cadáver envuelto en un cobertor verde a unos kilómetros de la comunidad de Zaragoza, en la zona norte del Altiplano potosino. Luego de un reporte, elementos de la policía municipal de Vanegas acudieron al lugar de los hechos como primeros respondientes.
Reportes periodísticos refieren que el 23 de agosto previo, dos policías municipales de Vanegas habrían sido levantados mientras realizaban un recorrido de vigilancia; en el lugar sólo se encontró la patrulla que utilizaban, abandonada, con las puertas abiertas y sin señales de los oficiales. No hay más datos al respecto.
El 4 de septiembre fueron encontrados 5 cuerpos sin vida en Villa de Ramos. Cuatro de ellos, fueron asesinados a balazos a la mitad de un camino de terracería en la comunidad de El Zacatón, mientras que uno más se halló calcinado en el camino que va de la comunidad de Emiliano Zapata, Villa de Ramos, a El Saladillo, en Pánfilo Natera, Zacatecas. Al menos dos de las víctimas fueron identificadas como procedentes de este último municipio.
El 1 de octubre pasado, los cuerpos de tres hombres ejecutados fueron localizados a un costado de la carretera 62 en su tramo Vanegas-San Tiburcio, presentaban lesiones de arma de fuego y había cartuchos percutidos.
El 3 de octubre se reportó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en los límites del municipio de Vanegas con el estado de Zacatecas. Los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y fueron dejados a la orilla de la carretera federal conocida como El Bado a la comunidad Tanque de Guadalupe de la entidad zacatecana.
La tarde del domingo 4 de octubre, en el municipio de Santo Domingo en una milpa ubicada entre las comunidades de El Barril y Jesús María, fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida enredado en una cobija.
El lunes 5 fue el acabose: 13 cuerpos abandonados en dos camionetas fueron encontrados en la carretera interestatal El Barril (en Villa de Ramos) y Villa de Cos, en el entronque de la comunidad Dulce Grande. Luego de las primeras indagatorias sobre el caso, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías dijo a la prensa que las víctimas fueron asesinadas en dos domicilios de la comunidad de Chupaderos, perteneciente a Villa de Cos. Tras ejecutarlos, sus verdugos se desplazaron a lo largo de 33 kilómetros por la carretera Chaparrosa-Los Amarillos, cruzaron la frontera y se adentraron en territorio potosino para dejar los cadáveres en el entronque a la comunidad de Dulce Grande.
¿Coordinación?
Los cruentos hechos de Vanegas y Villa de Ramos, dejaron en evidencia que el supuesto “blindaje” de la frontera con Zacatecas en realidad no existe, el cruce de declaraciones entre funcionarios potosinos y zacatecanos, en primera instancia, echa por tierra la presunta coordinación existente en materia de seguridad.
«Hablé ayer con el Gobernador (Alejandro Tello), hemos tenido muchos incidentes, hechos que se realizan en el estado de Zacatecas y que se depositan algunos cuerpos de este lado», declaro Juan Manuel Carreras a la prensa al día siguiente de la masacre.
Por su parte el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías informó que “Se ubicaron dos domicilios en una localidad del municipio de Villa de Cos en donde fueron ejecutadas estas personas y ya se presentaron los familiares de 10 de los 13 fallecidos a identificar y reclamar los cuerpos. Algunos de ellos eran de Fresnillo, otros de Jerez y otros del mencionado municipio de Villa de Cos“. Tomando en cuenta esta información, aclaró que las muertes serán contabilizadas o formarán parte de las estadísticas de esa entidad. Lo que no queda claro es cual fiscalía llevará la investigación.
Convenios de seguridad, ineficaces
El diez de marzo de 2017, un boletín de prensa del gobierno de Zacatecas, dio noticia de la visita del gobernador Alejandro Tello a San Luis Potosí, para reunirse con su homólogo Juan Manuel Carreras. El motivo del encuentro fue firmar un convenio en materia de procuración de justicia y de seguridad. El comunicado está plagado de los lugares comunes habituales en ese tipo de documentos:
“Alejandro Tello solicitó a las autoridades de seguridad de ambos estados generar una sinergia para combatir el delito y ofreció toda la disposición y garantía de la administración a su cargo para darle resultados a los zacatecanos y a los potosinos.
“El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, consideró que en la medida que se tenga mayor comunicación y coordinación entre los dos gobiernos vecinos, habrá mejores resultados en el combate al crimen, por lo que agradeció el acuerdo logrado.
“El convenio firmado este jueves consiste en adoptar políticas anticriminales de manera integral, que permitan diseñar y ejecutar estrategias conjuntas para abordar el fenómeno de la delincuencia”, reza el boletín.
Desde entonces, los gabinetes de seguridad de ambas entidades han estado en supuesta coordinación, sin embargo, los resultados son, por decir lo menos, cuestionables. Tres años después, la realidad demuestra que las intenciones de los mandatarios no fueron más que palabrería, simple demagogia que no se traduce en táctica o estrategia.
En numerosas ocasiones, tanto el Secretario de Seguridad, Jaime Pineda, como el Comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Ángel Castillo González, han hecho declaraciones a la prensa sobre el supuesto blindaje de las fronteras de San Luis Potosí con otras entidades, entre ellas Zacatecas.
Por ejemplo: En septiembre de 2019, el General Castillo González declaró que “Como parte de las estrategias de la 12ª. Zona Militar para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes entre San Luis Potosí y estados vecinos, se mantiene comunicación y coordinación constante con las 11ª, 15ª y 16ª Zona Militar”, lo anterior “luego de que el titular de Seguridad Pública del Zacatecas Ismael Camberos Hernández dio a conocer la existencia de al menos 10 órdenes de aprehensión de objetivos criminales que delinquen en la zona”.
En esa ocasión, el General dijo: “estamos trabajando de manera coordinada, ahí desde luego involucramos a los compañeros de la Policía Federal, también a la policía estatal para que tengamos mejores resultados”.
El 17 de septiembre de este año, Jaime Pineda, secretario de Seguridad, dijo a los medios que “la prioridad en materia de seguridad es seguir blindado las fronteras con entidades vecinas, en coordinación con las corporaciones encargadas de mantener la paz en la entidad”, entre las cuales mencionó .al Ejército, la Guardia Nacional y la policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
Declaraciones como estas se han repetido una y otra vez en la prensa, pero, si con todos sus blindajes, los grupos delincuenciales pueden venir a tirar sus cadáveres en territorio potosino, queda claro que la realidad es diametralmente opuesta.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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