La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento continúa en litigio y la Corte Suprema no ha resuelto aún sobre su constitucionalidad

Por: Roberto Mendoza

La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de seis votos contra tres, resolvió limitar el alcance de los mandatos judiciales federales, conocidos como nationwide injunctions, que hasta ahora permitían a jueces bloquear a nivel nacional las órdenes ejecutivas del presidente. La sentencia, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, dispone que los jueces federales solo podrán emitir fallos con efecto sobre las partes involucradas en cada caso, y no de manera general para toda la población.

La resolución fue celebrada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se trata de una “victoria monumental para la Constitución y la separación de poderes”. El mandatario anticipó que esta decisión le facilitará el camino para impulsar nuevas órdenes ejecutivas, entre ellas su controvertido proyecto para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes, aunque dicha medida todavía enfrenta procesos judiciales en instancias inferiores.

El plan de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha encontrado oposición en diversos tribunales. El juez federal John C. Coughenour, del Distrito Oeste de Washington, bloqueó en enero de este año el decreto presidencial al considerarlo “rotundamente inconstitucional” y contrario a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Otros jueces, como Leo Sorokin, Deborah Boardman y Joseph Laplante, también han emitido resoluciones en el mismo sentido.

En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno federal pueda eludir obligaciones constitucionales de alcance general, al señalar textualmente:

“Today’s decision is a sleight of hand against the rule of law. It allows the Government to comply with constitutional commands only in individual cases, while continuing to violate the rights of countless others nationwide.”
En español: “La decisión de hoy es una artimaña contra el Estado de Derecho. Permite que el Gobierno cumpla con los mandatos constitucionales solo en casos individuales, mientras sigue violando los derechos de incontables personas en todo el país.”

La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento continúa en litigio y la Corte Suprema no ha resuelto aún sobre su constitucionalidad, por lo que el futuro de esta política se mantiene incierto y sujeto a revisión judicial.
Con esta resolución, Trump obtiene mayor margen para gobernar mediante decretos ejecutivos, aunque las decisiones específicas seguirán siendo objeto de impugnaciones caso por caso ante el Poder Judicial.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene”

Por: Redacción

Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.

Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.

Informó que, hace unas algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

Lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Por: Roberto Mendoza

El 18 de junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de lenacapavir como medicamento preventivo contra el VIH, marcando un parteaguas en la lucha global contra el virus. Esta aprobación convierte a lenacapavir, comercializado bajo el nombre Yeztugo, en la primera opción de profilaxis preexposición (PrEP) que requiere una sola inyección subcutánea cada seis meses para ofrecer protección casi total contra el contagio.

Lenacapavir es un inhibidor de la cápside del VIH, es decir, interfiere con la estructura proteica que recubre el material genético del virus, impidiendo que se replique dentro del organismo. Su mecanismo de acción es distinto a los tratamientos tradicionales y ha mostrado resultados extraordinarios. En los ensayos clínicos PURPOSE 1 y PURPOSE 2, realizados en varias regiones del mundo, no se reportaron casos de infección por VIH entre los participantes que recibieron lenacapavir, lo que le valió a este avance ser nombrado por la revista Science como el descubrimiento biomédico más importante de 2024.

El esquema consiste en una dosis oral de inducción seguida por una inyección subcutánea, que ofrece cobertura durante seis meses completos. Esta modalidad representa una mejora significativa frente a los esquemas actuales de PrEP, basados en la ingesta diaria de comprimidos, cuya efectividad depende en gran medida de la constancia del paciente. Lenacapavir

A pesar del entusiasmo internacional, lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y UNICEF ya colaboran con países de ingresos bajos y medios para facilitar su acceso. Gilead Sciences, la empresa desarrolladora, ha anunciado acuerdos de licenciamiento para permitir su producción genérica en más de 120 países, lo que podría reducir su costo de más de 43 mil dólares anuales en Estados Unidos a menos de 50 dólares al año en versiones genéricas.