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Familia de Chenoa entorpeció ficha de búsqueda: Paul Ibarra
El activista de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicó que fue decisión de la familia que se emitiera la ficha de búsqueda con su antiguo nombre de hombre y una foto que ya no correspondía
Por: Daniel Rocha
El pasado lunes 13 de noviembre, familiares y amigos confirmaron, a través de redes sociales, el fallecimiento de Chenoa Vázquez Puente, una mujer trans potosina, que fue reportada como desaparecida desde el 7 de noviembre. Al momento que se emitió la ficha de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) lo hizo con el nombre de José Ernesto Vázquez Puente y fotografías masculinas.
Ante esto, los activistas de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicaron que la FGE había vulnerado la dignidad e identidad de Chenoa; sin embargo el fiscal, José Luis Ruiz Contreras declaró que los datos fueron los que proporcionaron los familiares de la mujer trans para que se emitiera la ficha de búsqueda.
Paul Ibarra Collazo, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, consideró que la Fiscalía no vulneró a Chenoa, pues corroboró que los familiares fueron quienes proporcionarnos estos datos debido a que ellos no la reconocían como una mujer transexual:
“Cuando su papá puso la denuncia, él quiso ponerla con el nombre que estaba en su acta de nacimiento y también puso una foto muy antigua. Vi la entrevista que le hicieron al fiscal y tiene razón, siguieron el procedimiento con base en lo que la familia le dijo. La familia no aceptaba la identidad de Chenoa, no tenía el apoyo. En su casa le seguían llamando Ernesto a pesar de que ella desde hace 12 años había decidido asumir esta nueva identidad”.
El presidente de la Red de Diversificadores Sociales indicó que fue la misma familia quien entorpeció la búsqueda de Chenoa, aunque consideró como el principal causante el desconocimiento causado por el sistema y la sociedad, lo que provocó que esto se presentara. 
Ibarra Collazo detalló que Chenoa tenía un problema con el consumo de sustancias, situación que sus familiares no tenían conocimiento: “La Fiscalía no tenía a dónde ir a buscarla, su línea de investigación era que había salido de su casa, y que tal vez la habían secuestrado”.
El activista LGBTTTIQAO+ explicó que en San Luis Potosí una persona al día que es miembro de la comunidad pierde la vida por el abuso de sustancias. Al cuestionarle la razón, indicó que se debe “al fácil acceso y si tu no tienes el apoyo de tu familia y no tenemos una red de apoyo, nos hace vulnerables. La comunidad LGBTTTIQAP+ es una de las más propensas a sufrir depresión, ansiedad, lo cual nos pone en mayor riesgo y vulnerabilidad para el consumo de estas sustancias”.
Paul Ibarra mencionó que desde antes de que Wendy Guevara se convirtiera en un fenómeno mediático en los medios masivos de comunicación, había poca tolerancia hacía la diversidad, pues antes de ella era muy complicado que una persona asumiera su identidad de una manera formal ante su familia.
De igual manera, aseguró que esto también se debe a que la comunidad LGBTTTIAQP+ no tiene un espacio para desarrollarse sin que esto involucre a la vida nocturna: “Necesitamos espacios de recreación lúdica para poder desarrollarnos como personas y alejarnos del alcohol las sustancias psicoactivas”.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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