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Familia de Chenoa entorpeció ficha de búsqueda: Paul Ibarra
El activista de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicó que fue decisión de la familia que se emitiera la ficha de búsqueda con su antiguo nombre de hombre y una foto que ya no correspondía
Por: Daniel Rocha
El pasado lunes 13 de noviembre, familiares y amigos confirmaron, a través de redes sociales, el fallecimiento de Chenoa Vázquez Puente, una mujer trans potosina, que fue reportada como desaparecida desde el 7 de noviembre. Al momento que se emitió la ficha de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) lo hizo con el nombre de José Ernesto Vázquez Puente y fotografías masculinas.
Ante esto, los activistas de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicaron que la FGE había vulnerado la dignidad e identidad de Chenoa; sin embargo el fiscal, José Luis Ruiz Contreras declaró que los datos fueron los que proporcionaron los familiares de la mujer trans para que se emitiera la ficha de búsqueda.
Paul Ibarra Collazo, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, consideró que la Fiscalía no vulneró a Chenoa, pues corroboró que los familiares fueron quienes proporcionarnos estos datos debido a que ellos no la reconocían como una mujer transexual:
“Cuando su papá puso la denuncia, él quiso ponerla con el nombre que estaba en su acta de nacimiento y también puso una foto muy antigua. Vi la entrevista que le hicieron al fiscal y tiene razón, siguieron el procedimiento con base en lo que la familia le dijo. La familia no aceptaba la identidad de Chenoa, no tenía el apoyo. En su casa le seguían llamando Ernesto a pesar de que ella desde hace 12 años había decidido asumir esta nueva identidad”.
El presidente de la Red de Diversificadores Sociales indicó que fue la misma familia quien entorpeció la búsqueda de Chenoa, aunque consideró como el principal causante el desconocimiento causado por el sistema y la sociedad, lo que provocó que esto se presentara. 
Ibarra Collazo detalló que Chenoa tenía un problema con el consumo de sustancias, situación que sus familiares no tenían conocimiento: “La Fiscalía no tenía a dónde ir a buscarla, su línea de investigación era que había salido de su casa, y que tal vez la habían secuestrado”.
El activista LGBTTTIQAO+ explicó que en San Luis Potosí una persona al día que es miembro de la comunidad pierde la vida por el abuso de sustancias. Al cuestionarle la razón, indicó que se debe “al fácil acceso y si tu no tienes el apoyo de tu familia y no tenemos una red de apoyo, nos hace vulnerables. La comunidad LGBTTTIQAP+ es una de las más propensas a sufrir depresión, ansiedad, lo cual nos pone en mayor riesgo y vulnerabilidad para el consumo de estas sustancias”.
Paul Ibarra mencionó que desde antes de que Wendy Guevara se convirtiera en un fenómeno mediático en los medios masivos de comunicación, había poca tolerancia hacía la diversidad, pues antes de ella era muy complicado que una persona asumiera su identidad de una manera formal ante su familia.
De igual manera, aseguró que esto también se debe a que la comunidad LGBTTTIAQP+ no tiene un espacio para desarrollarse sin que esto involucre a la vida nocturna: “Necesitamos espacios de recreación lúdica para poder desarrollarnos como personas y alejarnos del alcohol las sustancias psicoactivas”.
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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos
Por: Redacción
Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.
“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.
De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.
“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.
Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.
Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.
Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.
Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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Personas mayores de distintos municipios acceden a la operación con el convenio BeneDIF entre el DIF Estatal y la Beneficencia Española
Por: Redacción
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) realiza cirugías de cataratas sin costo para personas adultas mayores de distintos municipios de San Luis Potosí. Lo hace a través del convenio BeneDIF con la Beneficencia Española.
Con la operación, quienes reciben la cirugía recuperan la claridad visual y pueden retomar sus actividades cotidianas con mayor independencia, de acuerdo con el DIF Estatal.
Las cataratas opacan el cristalino del ojo y nublan la vista. Son más frecuentes con la edad y se corrigen mediante cirugía.
La población potosina que más necesita este tipo de atención va en aumento. Las personas de 60 años y más pasaron de 7.4% a 12.8% de la población del estado entre 1995 y 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En San Nicolás Tolentino y Lagunillas ya hay más adultos mayores que niñas y niños.
La información fue difundida por el DIF Estatal.
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