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Familia de Chenoa entorpeció ficha de búsqueda: Paul Ibarra
El activista de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicó que fue decisión de la familia que se emitiera la ficha de búsqueda con su antiguo nombre de hombre y una foto que ya no correspondía
Por: Daniel Rocha
El pasado lunes 13 de noviembre, familiares y amigos confirmaron, a través de redes sociales, el fallecimiento de Chenoa Vázquez Puente, una mujer trans potosina, que fue reportada como desaparecida desde el 7 de noviembre. Al momento que se emitió la ficha de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) lo hizo con el nombre de José Ernesto Vázquez Puente y fotografías masculinas.
Ante esto, los activistas de la comunidad LGBTTTIQAP+ indicaron que la FGE había vulnerado la dignidad e identidad de Chenoa; sin embargo el fiscal, José Luis Ruiz Contreras declaró que los datos fueron los que proporcionaron los familiares de la mujer trans para que se emitiera la ficha de búsqueda.
Paul Ibarra Collazo, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, consideró que la Fiscalía no vulneró a Chenoa, pues corroboró que los familiares fueron quienes proporcionarnos estos datos debido a que ellos no la reconocían como una mujer transexual:
“Cuando su papá puso la denuncia, él quiso ponerla con el nombre que estaba en su acta de nacimiento y también puso una foto muy antigua. Vi la entrevista que le hicieron al fiscal y tiene razón, siguieron el procedimiento con base en lo que la familia le dijo. La familia no aceptaba la identidad de Chenoa, no tenía el apoyo. En su casa le seguían llamando Ernesto a pesar de que ella desde hace 12 años había decidido asumir esta nueva identidad”.
El presidente de la Red de Diversificadores Sociales indicó que fue la misma familia quien entorpeció la búsqueda de Chenoa, aunque consideró como el principal causante el desconocimiento causado por el sistema y la sociedad, lo que provocó que esto se presentara. 
Ibarra Collazo detalló que Chenoa tenía un problema con el consumo de sustancias, situación que sus familiares no tenían conocimiento: “La Fiscalía no tenía a dónde ir a buscarla, su línea de investigación era que había salido de su casa, y que tal vez la habían secuestrado”.
El activista LGBTTTIQAO+ explicó que en San Luis Potosí una persona al día que es miembro de la comunidad pierde la vida por el abuso de sustancias. Al cuestionarle la razón, indicó que se debe “al fácil acceso y si tu no tienes el apoyo de tu familia y no tenemos una red de apoyo, nos hace vulnerables. La comunidad LGBTTTIQAP+ es una de las más propensas a sufrir depresión, ansiedad, lo cual nos pone en mayor riesgo y vulnerabilidad para el consumo de estas sustancias”.
Paul Ibarra mencionó que desde antes de que Wendy Guevara se convirtiera en un fenómeno mediático en los medios masivos de comunicación, había poca tolerancia hacía la diversidad, pues antes de ella era muy complicado que una persona asumiera su identidad de una manera formal ante su familia.
De igual manera, aseguró que esto también se debe a que la comunidad LGBTTTIAQP+ no tiene un espacio para desarrollarse sin que esto involucre a la vida nocturna: “Necesitamos espacios de recreación lúdica para poder desarrollarnos como personas y alejarnos del alcohol las sustancias psicoactivas”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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