Aunque la resolución judicial representa un avance, las comunidades señalan que no contempla el impacto ambiental generado por proyectos mineros

Por: Redacción

El pueblo wixárika que habita el Altiplano de San Luis Potosí anunció que interpondrá un recurso de revisión contra la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito, que recientemente anuló 44 concesiones mineras dentro de Wirikuta.

Aunque la sentencia fue considerada un avance, las comunidades señalaron que resulta insuficiente, ya que no contempla medidas para frenar el impacto de proyectos mineros ubicados fuera del polígono protegido, pero que —afirman— sí generan afectaciones ambientales en la región.

De acuerdo con los habitantes, existen permisos vinculados a empresas como First Majestic y Industrial Minera México, con operaciones en municipios como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala, donde se extraen minerales como oro, plata, cobre y zinc.

A través del recurso legal, el pueblo wixárika buscará que se analicen temas como la sobreexplotación de acuíferos y la posible incompatibilidad de la actividad minera con la conservación del territorio sagrado.

Las comunidades advierten que estas actividades representan riesgos de contaminación ambiental y una amenaza directa a su patrimonio cultural, el cual ha sido reconocido a nivel internacional por la UNESCO.

Finalmente, reiteraron su intención de que la protección de Wirikuta sea elevada a rango federal, con el objetivo de garantizar una salvaguarda integral de la Sierra de Catorce y su bajío.

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La magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez aclaró que el registro es dinámico y solo puede ser consultado por personas involucradas en los procesos

Por: Redacción

El padrón de deudores alimentarios en San Luis Potosí no tendrá carácter público, al menos bajo la normativa vigente, debido a las restricciones en materia de protección de datos personales, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

En entrevista, explicó que uno de los principales cuestionamientos recientes sobre este mecanismo ha sido precisamente su nivel de acceso, ante lo cual reiteró que la ley establece que únicamente las personas directamente involucradas en los procesos pueden consultar dicha información.

“El tema mayor era si el padrón iba a ser público o no. En este momento, la normativa nos dice que tiene que ser únicamente para las personas involucradas, por una cuestión de responsabilidad en el manejo de datos personales”, señaló.

La magistrada detalló que el padrón funciona como un registro dinámico, en el que las personas pueden entrar o salir dependiendo del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

“Efectivamente, salen y entran dependiendo de la situación en la que se ubican. Si dejan de ser deudores alimentarios, salen del padrón”, explicó.

Aunque no proporcionó una cifra actualizada sobre el número de personas inscritas, Zarazúa Martínez indicó que el dato será compartido en futuras ocasiones, con el fin de evitar imprecisiones.

Este padrón forma parte de los mecanismos legales orientados a garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, particularmente en favor de niñas, niños y adolescentes, aunque su operación se encuentra sujeta a los límites establecidos en materia de privacidad.

La titular del Poder Judicial subrayó que el manejo responsable de la información es un elemento central en este tipo de herramientas, por lo que cualquier posible modificación en su carácter público dependería de cambios en la legislación vigente.

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La fiscal Manuela García Cázares explicó que el objetivo de los delincuentes es acceder a información personal de los interesados

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), emitió una advertencia a la población sobre la existencia de ofertas falsas de trabajo, donde le roban información privada a las personas.

La fiscal señaló que han recibido múltiples denuncias de estos casos, indicando que tienen varias carpetas de investigación abiertas al respecto, con la mayoría de los casos aconteciendo en la capital.

Explicó que el “modus operandi” consiste en la publicación de las ofertas en redes sociales, donde se contactan con los interesados y les piden información, y una vez que la obtienen, dejan de contestar.

García Cázares añadió que si bien esto representa un riesgo importante para la población, todavía no tienen reportes de que se cite a las personas para una presunta entrevista donde les roben o los secuestren.

Aseguró que no han identificado un patrón en cuanto a los tipos de trabajo ofrecidos, destacando que las ofertas son tan variadas que incluso vienen de otros estados.

Finalmente, indicó que en la Fiscalía cuentan con el área de delitos patrimoniales, donde se le brinda el seguimiento y la atención a quienes denuncian estas prácticas ilícitas.

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