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#Estado | 50% de las potosinas víctimas de violencia lo esconden
Inegi calcula que 374 mil mujeres de nuestro estado han experimentado por lo menos un hecho violento
Por: El Saxofón
La mitad de las mujeres potosinas víctimas de violencia por parte de su pareja callan la situación en la que viven, y son las mujeres casadas o unidas las que menos hablan sobre este problema, según datos del Inegi.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que de acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí, de las más de 374 mil mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o última, 49.8% lo había hablado con alguien. Entre las mujeres que lo han hablado con alguien, la mayoría lo hizo con algún familiar (78%), con amigas o compañeras (47.3%) o con vecina o conocida (11%), y en otras proporciones se observa que hay mujeres que se acercaron con algún especialista, ya sea en psicología (18.1%), derecho (9.6%) o representante de alguna religión (8.2 por ciento).
En contraste, hasta el momento de la entrevista, 47.9% de mujeres (más de 179 mil) no habían contado la situación a alguien más, siendo las mujeres casadas o unidas las que menos hablan de estas situaciones con alguien más (50.3%). Mientras que las solteras son quienes más lo hacen, ya que 62.5% señaló que ya lo había contado.
En San Luis Potosí, un dato importante sobre la información que ofrece la ENDIREH 2016 es que la mayoría de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia por parte de su pareja actual o última (63.6%) no saben a dónde acudir para solicitar ayuda; 34.1% de las mujeres que experimentaron violencia de su pareja actual o última a lo largo de su relación, manifestó saber a dónde acudir; entre quienes señalaron que han hablado con alguien, 44.3% sabe a dónde acudir para pedir ayuda o apoyo y entre quienes no lo han hablado con alguien esto se reduce a 25.1%.
Por nivel de escolaridad las que reportan mayor violencia en San Luis Potosí son las mujeres con educación superior completa 67%, seguidas por las de educación media superior completa con 63.7% y finalmente, educación básica completa con 57.2%. Otra característica importante es el estado conyugal,en donde se observa que las mujeres separadas, divorciadas o viudas son las que presentan mayores incidentes de violencia ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida (65.7%), seguido de las mujeres solteras (58.4%) y por último las mujeres casadas o unidas (53.5por ciento). Finalmente, las mujeres que no hablan alguna lengua indígena ni pertenecen a un hogar indígena son las que reportan mayor violencia (58.3por ciento).
En San Luis Potosí, al observar las características sociodemográficas por tipos de violencia, en 2016, se identifica que las mujeres que están separadas, divorciadas o viudas son las que reportan mayor violencia de tipo emocional (57.1%), económica o patrimonial (45.7%) yfísica (41.7por ciento); por el contrario, las mujeres con escolaridad superior completa son las que reportan mayor violencia de tipo sexual (50.2 por ciento).
De acuerdo con la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí, al analizar el porcentaje de mujeres que buscan apoyo en una institución o acuden a denunciar ante alguna autoridad, entre las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por el ámbito de ocurrencia, destaca con el mayor porcentaje cuando se trata de violencia por parte de la pareja con 20.6 por ciento; mientras que, en el ámbito laboral y familiar es de 8.6 y 3.6% respectivamente; en tanto que en el ámbito escolar es de 7.9%, y el porcentaje delas mujeres que reportaron violencia en los espacios públicos comunitarios es de 8.6 por ciento. Con este breve panorama podemos dar cuenta de la importancia de contar con instrumentos focalizados y continuos que permitan determinar las características de la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
El Inegi destaca que el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 en este 2020, repercute negativamente en la vida familiar al agravar situaciones de estrés económico y tensión familiar. Los efectos particularmente adversos recaen sobre todo en mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes pueden confrontar el surgimiento o agravamiento de situaciones de violencia.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición del tercer trimestre de 2020, indica que en la ciudad de San Luis Potosí capital, entre enero y agosto de 2020, el 10.8% de los hogares experimentó alguna situación de violencia familiar. Se estima que respecto a la población de 18 años y más residentes de los hogares, en ese mismo periodo, 8.2% manifestó haber experimentado alguna situación de violencia familiar.
Los refugios juegan un papel clave para dar cuenta de la atención que se brinda a las mujeres y a sus hijas e hijos que se encuentran en situación de violencia extrema. Surgen como una iniciativa de la sociedad civil organizada y del logro de los movimientos de mujeres que hicieron visible este problema y lo colocaron en la agenda pública.
Se trata de espacios que operan de manera gratuita y guardan la confidencialidad de las personas que atienden. La atención que se ofrece es integral, incluye: servicio médico, apoyo psicológico (terapia o pláticas grupales), apoyo jurídico en derechos humanos, talleres de manualidades u oficios, orientación en salud sexual y reproductiva, así como vivienda y alimentación, entre otros.
De acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social 201523, en el país había 86 refugios distribuidos en las 32 entidades federativas. En San Luis Potosí solo hay uno. Por otro lado, la entidad cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres que se encuentran distribuidos en los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Matlapa y Rioverde. Se trata de espacios físicos que concentran servicios interinstitucionales, multidisciplinarios y especializados de atención integral con perspectiva de género,a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.
De acuerdo con la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (64.6 por ciento); de edades entre 25 y 34 años (63.2 por ciento); con nivel de escolaridad superior (67%) o bien, no pertenecen a un hogar indígena (58.3por ciento).
El INEGI ya prepara el levantamiento de la ENDIREH 2021 que sin duda mostrará la evolución de la violencia de género en los últimos cuatro años, en los cuales, también es indudable que este problema ha cobrado mayor visibilidad.
Lee también: ¿Guía Ética o Constitución Moral? | Columna de Víctor Meade C.
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
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