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#Estado | 50% de las potosinas víctimas de violencia lo esconden
Inegi calcula que 374 mil mujeres de nuestro estado han experimentado por lo menos un hecho violento
Por: El Saxofón
La mitad de las mujeres potosinas víctimas de violencia por parte de su pareja callan la situación en la que viven, y son las mujeres casadas o unidas las que menos hablan sobre este problema, según datos del Inegi.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que de acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí, de las más de 374 mil mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o última, 49.8% lo había hablado con alguien. Entre las mujeres que lo han hablado con alguien, la mayoría lo hizo con algún familiar (78%), con amigas o compañeras (47.3%) o con vecina o conocida (11%), y en otras proporciones se observa que hay mujeres que se acercaron con algún especialista, ya sea en psicología (18.1%), derecho (9.6%) o representante de alguna religión (8.2 por ciento).
En contraste, hasta el momento de la entrevista, 47.9% de mujeres (más de 179 mil) no habían contado la situación a alguien más, siendo las mujeres casadas o unidas las que menos hablan de estas situaciones con alguien más (50.3%). Mientras que las solteras son quienes más lo hacen, ya que 62.5% señaló que ya lo había contado.
En San Luis Potosí, un dato importante sobre la información que ofrece la ENDIREH 2016 es que la mayoría de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia por parte de su pareja actual o última (63.6%) no saben a dónde acudir para solicitar ayuda; 34.1% de las mujeres que experimentaron violencia de su pareja actual o última a lo largo de su relación, manifestó saber a dónde acudir; entre quienes señalaron que han hablado con alguien, 44.3% sabe a dónde acudir para pedir ayuda o apoyo y entre quienes no lo han hablado con alguien esto se reduce a 25.1%.
Por nivel de escolaridad las que reportan mayor violencia en San Luis Potosí son las mujeres con educación superior completa 67%, seguidas por las de educación media superior completa con 63.7% y finalmente, educación básica completa con 57.2%. Otra característica importante es el estado conyugal,en donde se observa que las mujeres separadas, divorciadas o viudas son las que presentan mayores incidentes de violencia ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida (65.7%), seguido de las mujeres solteras (58.4%) y por último las mujeres casadas o unidas (53.5por ciento). Finalmente, las mujeres que no hablan alguna lengua indígena ni pertenecen a un hogar indígena son las que reportan mayor violencia (58.3por ciento).
En San Luis Potosí, al observar las características sociodemográficas por tipos de violencia, en 2016, se identifica que las mujeres que están separadas, divorciadas o viudas son las que reportan mayor violencia de tipo emocional (57.1%), económica o patrimonial (45.7%) yfísica (41.7por ciento); por el contrario, las mujeres con escolaridad superior completa son las que reportan mayor violencia de tipo sexual (50.2 por ciento).
De acuerdo con la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí, al analizar el porcentaje de mujeres que buscan apoyo en una institución o acuden a denunciar ante alguna autoridad, entre las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por el ámbito de ocurrencia, destaca con el mayor porcentaje cuando se trata de violencia por parte de la pareja con 20.6 por ciento; mientras que, en el ámbito laboral y familiar es de 8.6 y 3.6% respectivamente; en tanto que en el ámbito escolar es de 7.9%, y el porcentaje delas mujeres que reportaron violencia en los espacios públicos comunitarios es de 8.6 por ciento. Con este breve panorama podemos dar cuenta de la importancia de contar con instrumentos focalizados y continuos que permitan determinar las características de la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
El Inegi destaca que el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 en este 2020, repercute negativamente en la vida familiar al agravar situaciones de estrés económico y tensión familiar. Los efectos particularmente adversos recaen sobre todo en mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes pueden confrontar el surgimiento o agravamiento de situaciones de violencia.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición del tercer trimestre de 2020, indica que en la ciudad de San Luis Potosí capital, entre enero y agosto de 2020, el 10.8% de los hogares experimentó alguna situación de violencia familiar. Se estima que respecto a la población de 18 años y más residentes de los hogares, en ese mismo periodo, 8.2% manifestó haber experimentado alguna situación de violencia familiar.
Los refugios juegan un papel clave para dar cuenta de la atención que se brinda a las mujeres y a sus hijas e hijos que se encuentran en situación de violencia extrema. Surgen como una iniciativa de la sociedad civil organizada y del logro de los movimientos de mujeres que hicieron visible este problema y lo colocaron en la agenda pública.
Se trata de espacios que operan de manera gratuita y guardan la confidencialidad de las personas que atienden. La atención que se ofrece es integral, incluye: servicio médico, apoyo psicológico (terapia o pláticas grupales), apoyo jurídico en derechos humanos, talleres de manualidades u oficios, orientación en salud sexual y reproductiva, así como vivienda y alimentación, entre otros.
De acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social 201523, en el país había 86 refugios distribuidos en las 32 entidades federativas. En San Luis Potosí solo hay uno. Por otro lado, la entidad cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres que se encuentran distribuidos en los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Matlapa y Rioverde. Se trata de espacios físicos que concentran servicios interinstitucionales, multidisciplinarios y especializados de atención integral con perspectiva de género,a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.
De acuerdo con la ENDIREH 2016, en San Luis Potosí las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (64.6 por ciento); de edades entre 25 y 34 años (63.2 por ciento); con nivel de escolaridad superior (67%) o bien, no pertenecen a un hogar indígena (58.3por ciento).
El INEGI ya prepara el levantamiento de la ENDIREH 2021 que sin duda mostrará la evolución de la violencia de género en los últimos cuatro años, en los cuales, también es indudable que este problema ha cobrado mayor visibilidad.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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