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Escándalo ambiental con Draexlmaier en SLP tomó por sorpresa a la Segam
Segam admite que Draexlmaier sí es responsable por el destino final de sus desechos y ya se realizan indagatorias sobre los tiraderos clandestinos descubiertos por La Orquesta
Por José Luis Vázquez
Este lunes, La Orquesta dio a conocer que la empresa alemana Draexlmaier deposita solamente el 3.33% de sus desechos industriales en tiraderos autorizados, mientras que el 96.6% restante termina en tiraderos clandestinos, uno ubicado en Milpillas y otro en Rancho Nuevo. Esto representa un serio riesgo ambiental y sanitario para San Luis Potosí, además de que deja patente la negligencia que las autoridades reguladoras tienen al respecto.
Hasta el momento el gobierno no ha emitido un posicionamiento oficial, sin embargo, Yvett Salazar Torres, la titular de la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Segam), dio a conocer su postura sobre el tema, asegurando que Draexlmaier sí es responsable por tiraderos clandestinos asociados a sus desechos.
En primera instancia, Yvett Salazar apuntó que la investigación realizada por este medio tomó por sorpresa a la secretaría, en donde no estaban enterados de que ese tipo de prácticas irregulares estuvieran vinculadas a Draexlmaier. También resaltó que la corporación ya se acercó a la Segam luego del escándalo.
“De hecho no teníamos conocimiento de que [el scrap] fuera a dar a este sitio. El día de ayer, te comento, hicimos una visita al lugar. En esta visita se identificó que efectivamente este sitio de disposición final no tiene los permisos. El día de ayer, la empresa, también preocupada por la situación, se acercó. Ellos van a iniciar una investigación en cuanto a ver el tipo de residuos que tienen ahí, porque obviamente, por temporadas de producción, se conoce el tipo de residuos y pueden saber la fecha aproximada de cuándo hubo esa inadecuada disposición”, señaló la titular de la dependencia.
Salazar Torres también apuntó que hay tres empresas que podrían ser las responsables de lo ocurrido, en torno a ellas comenzarán las indagatorias.
“Nosotros también empezaremos la investigación correspondiente porque aquí hay tres empresas que pudieran ser las posibles responsables, que fueron las que tuvieron en algún momento contrato con esta empresa Draexlmaier”, dijo la funcionaria. “Entonces les vamos a hacer una revisión de un año atrás, de ver cuáles van a ser las tres empresas que ha contratado y sobre eso derivar los procedimientos correspondientes. Porque no se le puede echar la culpa a la última, sino hay que averiguar de fondo desde cuándo están estos residuos en ese lugar y procederemos a checar varias situaciones: una, el quitarles el permiso que se otorgó por parte de la secretaría, iniciarles el procedimiento administrativo correspondiente para generar la multa o bien, meter una denuncia penal en caso de que se encuentre un daño ambiental”.
No obstante, pese a que por ahora las revisiones se enfocarán en las empresas que fueron contratadas para realizar la disposición final de los desechos industriales, Yvett Salazar apuntó a que Draexlmaier también es responsable de lo que ocurre con esta parte final de su cadena de producción.
“[A las empresas] se les pide que presenten un plan de manejo. Estos planes de manejo lo que proponen, o lo que la secretaría sugiere, es que las empresas puedan disminuir la cantidad de residuos que van a dar a los tiraderos o a los sitios de disposición final. Es decir, de toda la producción y los sobrantes que tienen las empresas no se busca que lleguen a un confinamiento, lo cual sería generar más basura. Más bien se busca que ellos encuentren estos enlaces que puedan hacer a su vez de recicladores y que lo puedan comercializar. Incluso se han acercado varios de los promoventes que tenemos, que se dedican a esta actividad y ellos mismos nos comentan y nos comparten documentalmente que hay empresas de otros estados que les compran esos sobrantes. Por ejemplo, las telas de vinil se las llevan mucho a León para hacer zapatos; es decir, se busca la manera de reutilizar eso que para unos ya no sirve, para otros sí. Efectivamente en esta situación también tendremos que dar vista al municipio para corroborar si tiene su licencia de funcionamiento, si tienen su permiso también de comercio. También checaremos si tienen su permiso con Protección Civil, esto porque, desafortunadamente, la inadecuada disposición puede generar que haya algún incendio en estos lugares, o algún descuido mayor que genere impacto al ambiente. Entonces son algunas de las acciones que te comparto que vamos a hacer. Esta semana también iniciamos el procedimiento, la visita de inspección a la empresa Draexlmaier, lo cual derivará en un procedimiento administrativo. Vamos a pedir la documentación donde acredite la entrega de los residuos, los manifiestos, para llevar todo el seguimiento y toda la cadena del tema”.
La Orquesta. ¿La empresa entonces se deslinda de esta situación? ¿Podríamos decir que el responsable es la empresa que se encarga de estos desechos?
Yvett Salazar: Aquí hay que considerar algo, de hecho hasta como ciudadanos, somos responsables de la generación de nuestros residuos hasta que llegan a la disposición final. Entonces ellos evidentemente no se pueden zafar de la responsabilidad, porque todas las empresas tienen incluso esta parte ambiental, que se verían muy mal queriéndose deslindar de esta situación. Te digo, se va a proceder legalmente hasta donde llegue, tanto con la empresa, con los tres supuestos transportistas que estuvieron prestando el servicio y obviamente con el sitio de disposición final.
¿Qué sanciones podrían venir?
Como te decía, desde poderles retirar el permiso, hacer una suspensión, en este caso va a proceder la suspensión inmediata del lugar, en caso de que no tengan permisos, la clausura. En el caso de los transportistas, retirar los permisos que se les otorgaron como transportistas, como servicio de recolección y de transporte de residuos por la inadecuada disposición, y bueno, con la empresa también puede surgir una multa, este procedimiento que te digo que puede caer para cobro o para alguna autoridad si proceda como algún delito ambiental.
Se tiene que hacer una revisión, esto va derivando del procedimiento administrativo, toda vez que legalmente estamos obligados a ver cuál es la capacidad financiera de las empresas para sobre eso imponer las multas. Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que aunque ellos acreditan tener cierta liquidez financiera pues se amparan y sucede un trámite legal muy complejo, que la verdad es que preferimos mejor revisarlos bien, checar toda su base financiera y sobre eso poder sacar los resolutivos de sanciones.
***
Debido a los procesos internos, por ahora Segam no puede mencionar cuáles son las tres empresas transportistas contratadas por Draexlmaier en los últimos meses para realizar la disposición final de los desechos industriales. Sin embargo entre ellas estaría aquella (o aquellas) que incurrieron en los procesos irregulares. En cualquier caso, por motivos de transparencia, pronto la información podría darse a conocer, sobre todo una vez que las inspecciones hayan concluído.
¿Qué hay de la situación del mercado negro y de la venta de estos desechos a ladrilleros que los queman y producen contaminación?
Respecto a los ladrilleros estamos en visitas muy constantes con el municipio. Estamos haciendo diversos operativos en los que, primeramente, para no violentar los derechos humanos, quisimos tener este acompañamiento por parte de ellos para que no violentar a ninguna de las partes. Ni a los habitantes de la zona ni a estas personas que tienen su actividad de más de 35 años y que desgraciadamente el crecimiento urbano mal planeado ha llegado a autorizar fraccionamientos, casas habitacionales, cerca de industrias que evidentemente generan un conflicto social. Entonces en esta primera etapa lo que estamos haciendo es retirar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, como autoridad nos está ayudando a identificar qué empresas creen que están teniendo una disposición final adecuada y que no lo están haciendo de esta manera. Tenemos también ahí un par de empresas que les está sucediendo lo mismo, no la totalidad de sus residuos, pero esto los mete a ellos en un problema porque no tienen proveedores o tienen clientes muy firmes o precisos en todo este cumplimiento ambiental y que les puede generar un perjuicio económico al perder estos clientes. Entonces esta cadena nos permite hacer este cierre, identificar de dónde proviene, pero lo que más hemos encontrado son residuos domésticos y también llantas.
También hicimos solicitudes de información a otros estados preguntando sobre sus desechos industriales en los que nos contestaban que ellos no tenían constancia de que acabaran en sus áreas de jurisdicción, ¿esos desechos vienen a caer a San Luis?
No forzosamente. La mayoría de las empresas busca que el 90 por ciento de sus residuos los puedan incluir en todos procesos. El tener un desperdicio para las empresas es tirar dinero a la basura. Lo que busca es que tengan estas cadenas de comercialización para que ellos pierdan lo menos. Se busca que depositan lo menos. Residuos de los sanitarios, residuos de los que sean peligrosos, bueno, tendrán que ir con una empresa que tenga el destino final adecuado con sus trámites de Semarnat, con el seguimiento de Profepa y en el caso de los de manejo especial, la mayoría que son cartones, que son plásticos, se busca que se puedan comercializar para darle una segunda vida a estos residuos.
¿La Segam no fue omisa en esta situación?
Ustedes pidieron información y se les proporcionaron datos muy precisos pero ustedes no conocían todo el proceso, el que las empresas se suman para llevar el tema del reciclaje. Nosotros damos seguimiento a la empresa, porque ellos nos presentan de manera semestral sus reportes como generadores de residuos, los transportistas nos presentan los manifiestos y aquí lo que sucedió es que, en algún momento, algún transportista no reportó lo que tenía que reportar. Eso es lo que te digo, que de estas tres transportistas es lo que tenemos que ubicar. Cuál de estos tres engañó a la autoridad al presentar los reportes.
***
Contrario a lo dicho por Yvett Salazar Torres, la secretaria de Ecología de gobierno del estado, es imposible que las empresas apliquen un plan de reciclaje al scrap de piezas automotrices. Como estipula la NOM-161 de Semarnat, de todos los residuos de fabricantes de vehículos automotores solo pueden utilizarse en planes de manejo los vehículos al final de su vida útil, es decir, solo el automóvil completo y no las piezas que lo conforman.
+ENTONADO
CON LA COLA ENTRE LAS PATAS
Fuentes de alto nivel al interior del gobierno, que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado a La Orquesta que en Draexlmaier andan muy preocupados con todo el asunto que rodea a la disposición final de su scrap: “Están con la cola entre las patas”, dijeron. El escándalo de las irregularidades no solo les pega a ellos, también a las compañías de alcance internacional que depositaron la confianza en ellos como BMW, Tesla y Mercedes-Benz, que los podrían apretar a la brevedad.
También lea: En SLP ya inspeccionan a Draexlmaier; hallaron otro tiradero clandestino
Destacadas
Partidos deben competir con perfiles capaces e intachables: Ruth González
La senadora aseguró que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de revisar los perfiles de sus candidatos y no el INE
Por: Redacción
La senadora potosina Ruth González Silva consideró que los partidos políticos deben asumir la principal responsabilidad en la revisión de perfiles de sus candidatos, luego de la discusión nacional sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar los filtros contra posibles vínculos del crimen organizado en procesos electorales.
La legisladora respaldó la postura expresada por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente señaló que el organismo electoral no tiene facultades para investigar antecedentes criminales de aspirantes, ya que su función es organizar elecciones y no actuar como autoridad ministerial o judicial.
“Estoy de acuerdo con el INE”, declaró Ruth González al ser cuestionada sobre la propuesta federal y el debate en torno a los llamados “narcocandidatos”.
La senadora sostuvo que cualquier ciudadano debe tener derecho a competir políticamente, pero insistió en que corresponde a los propios partidos establecer mecanismos internos más estrictos para seleccionar a sus candidatos.
“Yo creo que más es una responsabilidad de cada partido, una responsabilidad que los filtros se hagan a través de los partidos y de manera interna”, afirmó.
Ruth González añadió que los institutos políticos deben apostar por perfiles no solo capaces, sino también con una conducta pública y privada intachable.
También lee: “La IA se tiene que regular sí o sí”: Ruth González
Destacadas
Cobach busca frenar abuso de inteligencia artificial entre alumnos y docentes
En la institución potosina ya trabaja en herramientas para detectar trabajos hechos con inteligencia artificial
Por: Redacción
El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) reconoció que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida académica de estudiantes y maestros, por lo que actualmente trabaja en estrategias para evitar que esta herramienta sea utilizada de manera indebida dentro de las aulas.
Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Cobach, explicó que a nivel nacional cerca del 70 por ciento de alumnos y docentes de educación media superior y superior ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, tendencia que —aseguró— también se refleja en San Luis Potosí.
El funcionario señaló que el principal reto no es prohibir el uso de estas plataformas, sino evitar que los estudiantes dependan completamente de ellas para realizar tareas, investigaciones o actividades escolares.
“Estamos de acuerdo en implementar las herramientas, más no abusar de ellas”, afirmó.
Centeno Trejo detalló que el subsistema ya analiza mecanismos para detectar contenido generado por inteligencia artificial, mediante plataformas especializadas que permiten identificar textos o trabajos realizados automáticamente.
Indicó que el objetivo es que la IA sea utilizada como apoyo académico y no como un sustituto del aprendizaje.
“Lo que buscamos es que realmente lo utilicen como una herramienta de estudio y de trabajo, más no una herramienta que les haga el trabajo”, sostuvo.
El director del Cobach añadió que también se trabaja en la capacitación del personal docente para comprender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías y aprender a incorporarlas de manera responsable en el ámbito educativo.
Explicó que durante los periodos vacacionales del alumnado se desarrollan jornadas de capacitación para maestros, donde además de temas de seguridad y educación continua, ya se incluyen cursos relacionados con inteligencia artificial.
Centeno Trejo reconoció que la IA representa uno de los desafíos educativos más importantes de los próximos años, debido al rápido crecimiento de estas herramientas y su impacto dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También lee: Acoso y hostigamiento sexual: Cobach ha cesado a 16 empleados en tres años
Ciudad
Ni cacería ni periodistas: El riesgo de consagrar la calumnia anónima
El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber
Por: La Orquesta
En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.
Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.
Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.
El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.
Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.
Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.
Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.
Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.
Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.
En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.
Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.
Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.
Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.
Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.
Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.
Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.
El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.
De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.
Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.
Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.
Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.
No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.
El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.
De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.
Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.
Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.
Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX
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