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¿Es viable aplicar la pena de muerte y la castración química en SLP?
Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.
Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:
“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.
Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.
“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.
El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.
En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.
Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:
“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.
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Destacadas
Propuesta de próxima rectora en la UASLP, ¿paridad de género o vulneración a la autonomía?
La diputada Jacquelin Jauregui presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica de la UASLP
Por: Redacción
Una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presentada hace unos días por la diputada Jacquelin Jauregui Mendoza, busca permear el principio de paridad de género en la elección de los altos cargos de gobierno en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí busca establecer que en la elección, integración y designación de las autoridades de la Universidad, deberá respetarse el principio de equidad de género, garantizando la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los órganos de gobierno.
Es decir, que la persona titular de la Rectoría y las directoras o directores de las entidades académicas, el principio de paridad de género será respetado alternándose entre una mujer y un hombre, salvo en los casos de reelección por un segundo periodo.
Si bien la propuesta impulsa la paridad de género en la Máxima Casa de Estudios potosina mediante la reforma a un documento emitido por el propio Congreso local —y a propósito de la reforma constitucional de 2019 sobre el principio de paridad de género—, también genera inquietudes sobre los alcances de la autonomía universitaria, un principio establecido en la Constitución mexicana, que permite a las universidades públicas gobernarse a sí mismas, definir sus propios criterios de organización, y elegir libremente a sus autoridades.
En su exposición de motivos, la legisladora Jauregui Mendoza expuso que su iniciativa es “una respuesta a la deuda histórica con las mujeres que, pese a su talento y esfuerzo, han sido relegadas de los órganos de gobierno que definen el presente y futuro de la Universidad”.
Actualmente, el artículo 15 de esta Ley establece que la forma de sesionar, integración, nombramiento, atribuciones, obligaciones y término del encargo de las autoridades de la UASLP se integra en la forma en que lo establezca su Estatuto Orgánico, y los reglamentos que emita el Consejo Directivo. Esto aplicable para:
– La Junta Suprema de Gobierno.
– El Consejo Directivo Universitario.
– La persona titular de la Rectoría.
– Los consejos técnicos consultivos de las entidades académicas.
– Las directoras o directores de las entidades académicas.
La iniciativa se encuentra actualmente en estudio dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local. Aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno legislativo.
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Ayuntamiento de SLP
Piden municipalización del mercado San Luis 400
El alcalde Enrique Galindo afirmó que el Ayuntamiento está listo para asumir la administración de este espacio
Por: Redacción
Algunos locatarios y comerciantes del mercado “San Luis 400”, ubicado en la capital del estado, se han sentido abandonados por las autoridades estatales y han solicitado su municipalización. Ante ello, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, manifestó que han tenido poco acercamiento con ellos, precisamente por tratarse de un mercado público estatal.
“Yo abro las puertas para municipalizarlo. Creo que sí debe ser municipal, por la naturaleza de mercado público. Entonces los servicios son un poco discontinuos. A mí me encantaría tener un administrador, vigilantes, todo controlado: los baños, las entradas, las salidas, los horarios, lo que se vende ahí. Hemos tenido poco contacto con ellos porque yo respeto que es un espacio público estatal
“, señaló el edil.Galindo Ceballos informó que pondrá el tema en la agenda para poder dialogarlo con las autoridades estatales, y consideró que el Ayuntamiento de la capital está listo para apoyarlos y recibir el mercado si se decide su municipalización.
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Ayuntamiento de SLP
Personas en situación de calle, posibles responsables de daños a la vía pública
El Ayuntamiento de la capital potosina trabaja con el DIF y organizaciones civiles para brindar atención integral y facilitar el retorno a sus lugares de origen
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí informó que han detectado a personas en condición de calle como responsables de incidentes que han afectado la infraestructura urbana en el centro de la ciudad. Según declaraciones del alcalde se trata de un fenómeno que requiere acciones humanitarias y específicas, implementadas principalmente por el Sistema Municipal DIF.
Como parte de los esfuerzos institucionales, se llevó a cabo un levantamiento de información que permitió identificar que varias de estas personas provienen de otros estados del país, como Nuevo León, Guanajuato y Querétaro. En respuesta, el gobierno municipal ha ofrecido apoyo para su retorno voluntario, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y evitando cualquier forma de coerción.
Detalló que además se les ha brindado asistencia a través de servicios médicos básicos, alimentación y acompañamiento social para facilitar el reencuentro con sus familias o redes de apoyo. Aunque se ha intervenido directamente en alrededor de seis casos, el edil reconoció que se trata de una situación más extensa que será atendida progresivamente.
Además, destacó el papel de organizaciones de la sociedad civil, como Cáritas, que han colaborado en la distribución de alimentos y asistencia social a estas personas.
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