Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso

Por: Bernardo Vera

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.

Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:

“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.

Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.

“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.

El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.

En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.

Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:

“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.

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