febrero 5, 2026

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¿Es viable aplicar la pena de muerte y la castración química en SLP?

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Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso

Por: Bernardo Vera

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.

Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:

“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.

Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.

“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.

El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.

En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.

Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:

“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.

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Ciudad

Estado y municipio invertirán hasta 800 mdp en obras viales

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó acuerdos con el gobernador para intervenir El Saucito y la salida a Guadalajara, dos de los principales nudos de movilidad de la capital

Por: Redacción

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras reunirse con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se alcanzaron acuerdos para realizar dos grandes obras de infraestructura vial de manera conjunta, con una inversión estimada de entre 700 y 800 millones de pesos, una cifra que, dijo, no se había destinado en años recientes bajo un esquema de coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Galindo Ceballos señaló que las obras prioritarias serán la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, y la salida a Guadalajara, ambas consideradas puntos críticos de movilidad para la capital potosina.

En el caso de El Saucito, explicó que ya existe la instrucción para que los equipos técnicos del estado y el municipio se sienten a definir y empatar los proyectos existentes, con el objetivo de iniciar el proceso administrativo para la licitación de proyectos ejecutivos. Indicó que se busca que la obra arranque lo antes posible, incluso en los meses de mayo o junio, y que previamente se realizará un proceso de socialización con los vecinos, quienes, aseguró, están convencidos del proyecto.

Respecto a la salida a Guadalajara, el alcalde detalló que se acordó la construcción de un puente elevado que conecte el Periférico, permitiendo el paso de quienes se trasladan de Villamagna hacia la Zona Industrial, con el objetivo de aliviar la congestión vial en ese punto. Añadió que el Ayuntamiento aportará recursos al proyecto

y, de manera paralela, se encargará de realizar la salida a Guadalajara aprovechando el desnivel ya existente.

Galindo Ceballos precisó que, aunque la obra de Villamagna continúa sobre la mesa, se tomó la decisión de adelantar El Saucito y la salida a Guadalajara, al considerarlas fundamentales para mejorar la movilidad y descongestionar dos de los nudos viales más fuertes de la ciudad.

En cuanto a la distribución de la inversión, señaló que se trata de un tema administrativo que aún deberá definirse técnicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), incluyendo quién licita y qué parte corresponde a cada instancia.

El alcalde destacó que esta coordinación con el gobierno estatal también permitirá al municipio liberar recursos para ejecutar otras obras adicionales, las cuales, dijo, dará a conocer posteriormente.

Finalmente, adelantó que otro de los temas abordados en la reunión fue el Parque de Morales, donde ambos niveles de gobierno manifestaron su voluntad de intervenir y rescatar el espacio, incluso priorizándolo frente a otros proyectos. “La gente nos lo pide”, afirmó, al señalar que este parque ya forma parte de la agenda conjunta.

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33 establecimientos del Centro no han cumplido con requisitos de Protección Civil

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Mauricio Ordaz Flores, director de la CEPC, señaló que se le negará la documentación a los recintos que no cumplan con los dictámenes correspondientes

Por: Redacción

Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que todavía existen 33 establecimientos de la Zona Centro que no han cumplido del todo con los requisitos para su operación.

El titular de la CEPC aseguró que si bien no han sido catalogados como “recintos de riesgo”, sí tienen que entregar un dictamen estructural y un dictamen de vulnerabilidad, o de lo contrario, se les negará cualquier documentación.

Tras la tragedia ocurrida en 2024 en el antro Rich donde fallecieron dos personas, se han intensificado las verificaciones

, sobre todo en el Centro Histórico donde existen múltiples establecimientos instalados en inmuebles antiguos y que cuentan con terrazas.

Ordaz Flores añadió que la mayoría de estos negocios ya se encuentran haciendo reformas estructurales para cumplir con los requerimientos de la CEPC, quienes se han mantenido con constantes inspecciones.

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Guajardo ve complejo frenar aumento a camiones que no cumplen la ley

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El diputado propuso evaluar modificaciones a la ley para obligar al cumplimiento de requisitos

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el exhorto para evitar que las unidades de transporte público que no cumplan con los requisitos legales apliquen el reciente aumento a la tarifa es una medida positiva, aunque insuficiente.

Al ser cuestionado sobre cómo se garantizará que los camiones que no cumplen con la normatividad no cobren el incremento de 12.50 a 13.50 pesos en la zona metropolitana, el legislador reconoció que el tema aún no ha sido analizado a fondo al interior del Congreso del Estado.

Guajardo Barrera explicó que el planteamiento actual consiste en un exhorto, el cual no es vinculante, por lo que su aplicación depende de la voluntad de las autoridades y de los concesionarios. “Es algo complejo, muy complicado. Al final es un exhorto, no es obligatorio”

, señaló.

Indicó que será necesario revisar el tema en comisiones y valorar si se requiere ir más allá del exhorto, incluso con una posible modificación a la ley, para garantizar que las unidades cumplan con los requisitos que establece la normatividad para operar y, en consecuencia, para acceder a los ajustes tarifarios anuales.

Finalmente, el diputado panista subrayó la importancia de que se fortalezca el marco legal del transporte público, a fin de que las condiciones de las unidades y la calidad del servicio estén alineadas con los aumentos que se autorizan cada año.

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