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¿Es viable aplicar la pena de muerte y la castración química en SLP?
Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.
Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:
“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.
Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.
“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.
El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.
En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.
Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:
“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.
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Exigen justicia por Sandra Revilla
La empresaria potosina fue víctima de un asalto en su negocio el pasado sábado, quien perdió la vida tras un disparo
Por: Redacción
Este pasado sábado 10 de mayo se reportó el asalto contra una mujer en el Barrio de San Juan de Guadalupe, mismo que derivó el el deceso de la víctima y la sustracción de una fuerte suma de dinero así como pertenencias.
La víctima fue identificada como Sandra Revilla Olavarrieta, empresaria potosina de 54 años, que llegó al negocio “Cava Mármoles y Granitos”, ubicado en la esquina de Circuito Potosí y calle Real del Monte.
De acuerdo a algunas versiones que comenzaron a circular en redes sociales, la víctima llegó a dicho establecimiento a las 11:30 de la mañana, cuando fue abordada por dos sujetos quienes intentaron robar sus pertenencias; al oponerse, la mujer fue atacada por un arma de fuego que momentos después le quitó la vida.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el descenso de la mujer por impacto de arma de fuego en el cuello, quien fue trasladada a la Vicefiscalía Científica para la necropsia de ley. Mientras que la Fiscalía Especializada en Feminicidios inició la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente.
Las manifestaciones en redes sociales exigen justicia por la mujer destacada en el ámbito empresarial y conocida entre vecinos del lugar, recordada con cariño como una mujer trabajadora y alegre. Al mismo tiempo, condenan el incremento de la violencia y la falta de resultados por parte de las autoridades.
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SEGE pide regular uso de celulares e Inteligencia Artificial
El secretario Juan Carlos Torres Cedillo exhortó a legislar en la materia, sin que implique una prohibición de los dispositivos en los planteles
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), consideró importante la regulación del uso de teléfonos celulares, así como el uso de la Inteligencia Artificial, toda vez que estas tecnologías son una realidad en la que nos encontramos inmersos.
Señaló la importancia de no caer en la prohibición, pues difícilmente se puede ocultar este acceso. Señaló que se han procurado diversas acciones con las asociaciones de padres de familia, no obstante, se requieren herramientas legales suficientes para ejercer acciones regulatorias.
“No propiamente se requiere prohibir, sino regular al interior de las instituciones. Lo estamos haciendo sin que haya una ley en el estado de San Luis, que nos dé las armas legales para poder hacerlo”.
Exhortó a las autoridades a legislar en este tema, toda vez que desde la SEGE se han presentado documentos al Legislativo local: “lo hemos solicitado por escrito y esperemos que pronto pueda haber una ley que concrete esta situación de la regulación de los aparatos móviles”, mencionó.
Finalmente, Torres Cedillo manifestó que las herramientas tecnológicas no deben ser vistas como enemigas de las autoridades escolares; por el contrario, deben ser abordadas como oportunidades de alianza estratégica, con el uso sea guiado, consciente y adaptado a los objetivos pedagógicos: “El reto no es frenar el uso de la tecnología, sino preparar a nuestros docentes y adaptar nuestras normas a la nueva realidad”, concluyó.
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Crisis de agua por mal manejo de recursos: UASLP
El rector advirtió sobre el desperdicio del agua superficial, la contaminación del subsuelo y el colapso del sistema de distribución en la capital potosina
Por: Redacción
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, calificó como “indiscutible” la crisis hídrica que atraviesa la capital potosina y su zona conurbada, advirtiendo que no se trata solo de una sequía, sino de un problema estructural generado por décadas de mala planeación, desinterés político y sobreexplotación de los mantos acuíferos.
“Tratar de tapar el sol con un dedo y no darnos cuenta de la necesidad tan grande que tiene esta región de agua, es absurdo”, expresó el rector. Explicó que aunque llovió lo suficiente el año pasados para llenar presas, el problema es que “no hemos sabido juntar el agua superficial”, lo que ha llevado a depender cada vez más de fuentes profundas, contaminadas con arsénico, flúor y microplásticos.
Zermeño señaló que esta extracción profunda también está agravando la falla geológica en el valle de Tangamanga. “Trae muchas consecuencias”, advirtió, por lo que urgió a un enfoque integral que incluya responsabilidad compartida entre el gobierno, el Congreso local, la industria y los ciudadanos.
Además, criticó que muchas industrias, parques y la termoeléctrica usen agua potable, cuando deberían utilizar agua tratada. “Las plantas tratadoras no están funcionando de forma adecuada y todos desperdiciamos agua en cantidades industriales”, dijo.
Respecto a las tarifas, propuso que se garantice una cantidad diaria mínima gratuita como parte del derecho humano al agua, pero que se cobre el excedente. “Nos negamos a pagar 20 centavos más por litro, pero exigimos calidad, mantenimiento, presión, cuando todo eso cuesta”, subrayó.
Finalmente, advirtió que la red actual de agua pierde el 45% del líquido que transporta. “El Realito aporta el 30%. Si arregláramos las redes, podríamos ahorrar más agua que la que nos da ese acueducto”, comentó. Propuso invertir en infraestructura lo que actualmente se paga mensualmente por el mantenimiento del Realito, lo cual permitiría, en unos cuatro años, contar con una red nueva y eficiente, con pérdidas mínimas del 8 al 10%.
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