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¿Es viable aplicar la pena de muerte y la castración química en SLP?
Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.
Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:
“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.
Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.
“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.
El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.
En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.
Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:
“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.
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OPLES preparan defensa técnica frente a reforma electoral federal: Ceepac
Rechazan que dupliquen funciones del INE, pues elaboran documento técnico con datos operativos y estadísticos
Por: Redacción
Ante el debate nacional que se ha abierto en torno a la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aseguró que estos organismos darán la batalla institucional para defender su permanencia dentro del sistema democrático del país.
La consejera presidenta explicó que las y los titulares de los OPLES en las distintas entidades federativas trabajan de manera coordinada en una estrategia de defensa frente al argumento de que estas instancias duplican funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), una narrativa que ha cobrado fuerza de cara a la próxima Reforma Electoral federal.
Blanco López detalló que actualmente se elabora un documento técnico de alcance nacional, el cual será presentado durante el proceso de análisis de la reforma, con el objetivo de demostrar, a partir de datos operativos, estadísticos y territoriales, que los OPLES no replican funciones, sino que cumplen un papel complementario e indispensable en la organización de los procesos electorales locales.
“Más que defender la no desaparición, defendemos la existencia de los OPLES y su relevancia en los procesos democráticos locales”, subrayó.
La presidenta del Ceepac sostuvo que la eliminación de los organismos electorales locales implicaría un debilitamiento de la democracia en las entidades, al reducir la capacidad de atención a contextos sociales, geográficos y políticos específicos que no pueden ser plenamente absorbidos desde una estructura centralizada.
En este sentido, destacó que San Luis Potosí representa un caso emblemático de la importancia de los OPLES, ya que el organismo local ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento institucional, a la organización eficiente de elecciones y a la construcción de confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Finalmente, Blanco López aclaró que, hasta el momento, no existe una determinación formal sobre la desaparición de los OPLES; sin embargo, consideró fundamental que el debate se sustente en criterios técnicos y no únicamente políticos, especialmente de cara a la discusión de la Reforma Electoral prevista para los primeros meses de 2026.
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Rechazo al dedazo: Verónica Rodríguez
La dirigencia estatal de Acción Nacional confirmó que no habrá designaciones directas en sus postulaciones en 2027 y que buscarán perfiles con respaldo social y legitimidad ciudadana.
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, a través de su dirigenta, Verónica Rodríguez, aseguró que su partido transita hacia un nuevo modelo de selección de candidatos, dejando atrás las designaciones discrecionales.
La también senadora aseguró que el partido priorizará las elecciones internas y el uso de encuestas para definir a quienes aparecerán en las boletas en los próximos comicios.
“Esta nueva ruta busca que el PAN presente perfiles con un respaldo social auténtico, permitiendo que tanto militantes como ciudadanos sin afiliación puedan competir por representar al blanquiazul, siempre bajo un esquema de transparencia.” Dijo.
“Se acabaron los métodos cerrados. Hoy, quien aspire a una candidatura tendrá que validar su liderazgo ante la militancia o a través de encuestas. Vamos por los perfiles más competitivos y éticos para garantizar una competencia justa y con piso parejo”, declaró la dirigente.
Respaldo de la Asamblea Nacional.
Rodríguez Hernández detalló que estas directrices emanan de los acuerdos tomados en la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Extraordinaria celebradas a finales de noviembre . El objetivo es claro: recuperar la esencia democrática del partido y abrir las puertas a liderazgos que realmente conecten con las necesidades de la población.
Con esta medida, el panismo potosino busca dejar atrás las prácticas que generaron distancia con el electorado, apostando por procesos que refuercen la legitimidad de sus futuros representantes desde el origen.
La presidenta estatal también señaló que el trabajo inmediato se concentrará en fortalecer las estructuras municipales y la presencia en las colonias y comunidades del estado.
La meta, puntualizó, es edificar una oposición sólida y propositiva que se consolide como una alternativa real de gobierno para San Luis Potosí. “Queremos demostrar que somos una opción cercana a la gente, capaz de devolverle el rumbo al estado y al país”, concluyó.
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