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“Es un riesgo para la Secretaría de Cultura organice la Procesión del Silencio sale mal”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hablaron sobre la posibilidad de que se viole el estado laico
Por: Ana G Silva
Tradiciones Potosinas, la asociación que ha organizado la Procesión del Silencio por 70 años, emitió un comunicado el pasado 7 de marzo en el que declaró que no coordinarán el evento de este 2023 y este correrá a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo; esto abre la posibilidad de un conflicto, pues la Constitución es clara al señalar que el gobierno mexicano, en cualquier de sus representaciones, debe ser laico; además en 2022 la dependencia estatal, de acuerdo con la empresa encargada del boletaje, recibió ganancias por la renta de las sillas para ser la peregrinación, esto presuntamente en la cuenta de un particular, situación que hasta el momento no ha sido aclarada. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, abogados y analistas políticos, para conocer su visión sobre el tema y adelantarnos a la problemática que podría enfrentar la administración estatal.
Los analistas coincidieron que si el evento sale mal podría perjudicar al Gobierno del Estado, pues las asociaciones ya habían trabajado en la organización y que la dependencia esté dentro podría cambiarlo, lo que que tendría un costo político; sin embargo, si sale bien podrían capitalizar:
“Es un arma de doble filo, porque si el evento sale bien será mérito de la Secretaría de Cultura, pero si el evento es un fracaso Elizabeth Torres sería la responsable del fiasco, ha sido una secretaria incapaz de conciliar los conflictos dentro de su dependencia y con otros actores públicos, es conflictiva, nunca ha sido capaz de encontrar salidas negociadas, siempre es la ruptura, siempre es el ataque y, en este caso, ella será la responsable de lo que pase en la en la Procesión”, comentó Oswaldo Ríos.
Israel LM dijo que falta conocer la justificación del porqué el estado se involucrará en el evento, pues se han cumplido los objetivos en los años pasados, por lo que se podría tratar de alguna diferencia con la asociación civil, aunque si la participación es para mejorar “son bienvenidos”.
Al cuestionarlos sobre si consideran si hay una violación a la laicidad del estado, Oswaldo Ríos respondió que no, pues “esos señalamientos son discursos trasnochados de algunos jacobinos que siguen viviendo en el siglo XIX ”; agregó que es valido que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan participar en actividades culturales que tienen connotación religiosa. Por su parte, Israel contestó que, particularmente, no ve como algo positivo que el estado participe como organizador, pero entiende los valores del actual titular del Ejecutivo y de la mayoría de la sociedad potosina; no consideró que existan sanciones pues es una cuestión de organizar, regular y no es una manifestación pública por un culto, aunque: “ha tratado de involucrarse en los procesos para renovar, refrescar y, tal vez, radicar algunos vicios que podrían existir en el pasado”.
Los analistas indicaron que no es una buena idea que para el evento se involucren a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. LM Elizondo apuntó que puede estar en una línea muy delgada con los asuntos de estado laico, por lo que un equipo jurídico debe revisar si es una buena idea. Ríos detalló que es una mala idea que haya menores de edad, pues se debe permitir a los padres de familia decidir si participan o no en la Procesión como parte de las cofradías:
“Me parece equivocado, porque las escuelas son espacios evidentemente académicos, no para participar en actividades de este tipo y si fuera el caso creo que el gobernador no es quien debe decidirlo, son los padres y madres de familia”, remarcó Oswaldo.
Finalmente, LM Elizondo subrayó que será importante que el gobierno del estado transparente todo lo relacionado con el evento, pues el año pasado la Secretaría de Cultura no indicó qué pasó con el dinero que recaudó en la renta de las sillas para el evento.
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Analiza SSPCE incorporación de “body cams” al uniforme de los agentes
Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPCE, aseguró que no son prioridad gracias a las numerosas cámaras que hay en el estado
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil del Estado (SSPCE), señaló que ya se encuentran analizando la posibilidad de implementar las “body cams” como parte de los uniformes de sus agentes.
El secretario indicó que, si bien no es prioridad esta incorporación, sí es una medida que están contemplando con el fin de seguir mejorando y optimizando las investigaciones correspondientes, así como la seguridad de los elementos.
Juárez Hernández se mostró tranquilo, pues hoy en día, las patrullas de seguridad estatal ya cuentan con cámaras frontales, además de que aseguró que “prácticamente en todos lados ya hay una cámara”.
Añadió que justamente por esto se están instalando los arcos de seguridad en distintas vialidades del estado, ya que estos también cuentan con cámaras de reconocimiento facial apuntando a la calle.
De estos arcos hay 35 activos en este momento, pero el gobernador Ricardo Gallardo ya anunció la semana pasada que estarán instalando 15 más en algunas de los puntos de más alta afluencia de las carreteras potosinas.
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Matehuala y Villa de Reyes concentran problemas de seguridad: Gallardo
El gobernador atribuyó los delitos a personas provenientes de Nuevo León y Guanajuato
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que los principales problemas de seguridad en la entidad se concentran en los municipios de Matehuala y Villa de Reyes los cuales identificó como puntos de ingreso para personas provenientes de otros estados con intenciones delictivas.
El mandatario explicó que, en el caso de Matehuala, la cercanía con el sur de Nuevo León facilita la llegada de personas que buscan delinquir en esa zona.
“Es gente que baja de Nuevo León a querer delinquir en Matehuala”, señaló, al tiempo que afirmó que ya existe presencia de corporaciones de seguridad para evitar que grupos delictivos se establezcan en el municipio.
En cuanto a Villa de Reyes, indicó que su ubicación colindante con Guanajuato —entidad que se mantiene entre las de mayor incidencia delictiva a nivel nacional— la convierte en otro punto vulnerable.
A pesar de estos focos, Gallardo Cardona sostuvo que el estado atraviesa su mejor momento en materia de seguridad en las últimas dos década s, al asegurar que “casi toda la entidad está limpia”.
El gobernador destacó que México Evalúa ubica a San Luis Potosí entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, particularmente en delitos de alto impacto y homicidio doloso.
De acuerdo con el informe, el estado registra una tasa de 0.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, colocándose entre los más bajos del país, junto con Yucatán y Coahuila.
En otros indicadores, la entidad se posiciona en el lugar 15 en feminicidio, con una tasa de 0.03 casos por cada 100 mil mujeres; en el sitio 12 en delitos contra la vida y la integridad corporal, y en el lugar 11 en homicidio culposo.
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Avionetas liberan moscas para frenar plaga del gusano barrenador en la Huasteca
Avionetas sobrevolaron la Huasteca Potosina para liberar moscas estériles y combatir la plaga
Por: Redacción
Habitantes de la Huasteca Potosina y de zonas colindantes en Hidalgo reportaron el sobrevuelo de avionetas durante el domingo 15 de marzo, como parte de las acciones para contener la plaga de gusano barrenador que afecta a la región.
De acuerdo con información de Código San Luis, las aeronaves participaron en la liberación de moscas estériles, una estrategia biológica utilizada para frenar la reproducción de la mosca que origina esta plaga, la cual impacta principalmente al ganado bovino, como vacas, toros y búfalos.
Según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en San Luis Potosí se han registrado 52 casos de esta plaga, informó el subdelegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Josué Camargo Ortiz.
Ante este panorama, autoridades señalaron que la comercialización de ganado en la región no se ha detenido; sin embargo, la importación de animales se encuentra suspendida como medida preventiva.
También precisaron que los animales infectados reciben tratamiento especializado, el cual suele tener una duración aproximada de 20 días, tras lo cual el parásito es eliminado.
Finalmente, destacaron que esta plaga no representa riesgo para el consumo humano, ya que únicamente afecta a animales vivos, por lo que la carne procesada y los productos cárnicos se mantienen seguros.
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