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“Es un riesgo para la Secretaría de Cultura organice la Procesión del Silencio sale mal”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hablaron sobre la posibilidad de que se viole el estado laico
Por: Ana G Silva
Tradiciones Potosinas, la asociación que ha organizado la Procesión del Silencio por 70 años, emitió un comunicado el pasado 7 de marzo en el que declaró que no coordinarán el evento de este 2023 y este correrá a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo; esto abre la posibilidad de un conflicto, pues la Constitución es clara al señalar que el gobierno mexicano, en cualquier de sus representaciones, debe ser laico; además en 2022 la dependencia estatal, de acuerdo con la empresa encargada del boletaje, recibió ganancias por la renta de las sillas para ser la peregrinación, esto presuntamente en la cuenta de un particular, situación que hasta el momento no ha sido aclarada. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, abogados y analistas políticos, para conocer su visión sobre el tema y adelantarnos a la problemática que podría enfrentar la administración estatal.
Los analistas coincidieron que si el evento sale mal podría perjudicar al Gobierno del Estado, pues las asociaciones ya habían trabajado en la organización y que la dependencia esté dentro podría cambiarlo, lo que que tendría un costo político; sin embargo, si sale bien podrían capitalizar:
“Es un arma de doble filo, porque si el evento sale bien será mérito de la Secretaría de Cultura, pero si el evento es un fracaso Elizabeth Torres sería la responsable del fiasco, ha sido una secretaria incapaz de conciliar los conflictos dentro de su dependencia y con otros actores públicos, es conflictiva, nunca ha sido capaz de encontrar salidas negociadas, siempre es la ruptura, siempre es el ataque y, en este caso, ella será la responsable de lo que pase en la en la Procesión”, comentó Oswaldo Ríos.
Israel LM dijo que falta conocer la justificación del porqué el estado se involucrará en el evento, pues se han cumplido los objetivos en los años pasados, por lo que se podría tratar de alguna diferencia con la asociación civil, aunque si la participación es para mejorar “son bienvenidos”.
Al cuestionarlos sobre si consideran si hay una violación a la laicidad del estado, Oswaldo Ríos respondió que no, pues “esos señalamientos son discursos trasnochados de algunos jacobinos que siguen viviendo en el siglo XIX 
Los analistas indicaron que no es una buena idea que para el evento se involucren a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. LM Elizondo apuntó que puede estar en una línea muy delgada con los asuntos de estado laico, por lo que un equipo jurídico debe revisar si es una buena idea. Ríos detalló que es una mala idea que haya menores de edad, pues se debe permitir a los padres de familia decidir si participan o no en la Procesión como parte de las cofradías:
“Me parece equivocado, porque las escuelas son espacios evidentemente académicos, no para participar en actividades de este tipo y si fuera el caso creo que el gobernador no es quien debe decidirlo, son los padres y madres de familia”, remarcó Oswaldo.
Finalmente, LM Elizondo subrayó que será importante que el gobierno del estado transparente todo lo relacionado con el evento, pues el año pasado la Secretaría de Cultura no indicó qué pasó con el dinero que recaudó en la renta de las sillas para el evento.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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