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“Es un riesgo para la Secretaría de Cultura organice la Procesión del Silencio sale mal”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hablaron sobre la posibilidad de que se viole el estado laico
Por: Ana G Silva
Tradiciones Potosinas, la asociación que ha organizado la Procesión del Silencio por 70 años, emitió un comunicado el pasado 7 de marzo en el que declaró que no coordinarán el evento de este 2023 y este correrá a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo; esto abre la posibilidad de un conflicto, pues la Constitución es clara al señalar que el gobierno mexicano, en cualquier de sus representaciones, debe ser laico; además en 2022 la dependencia estatal, de acuerdo con la empresa encargada del boletaje, recibió ganancias por la renta de las sillas para ser la peregrinación, esto presuntamente en la cuenta de un particular, situación que hasta el momento no ha sido aclarada. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, abogados y analistas políticos, para conocer su visión sobre el tema y adelantarnos a la problemática que podría enfrentar la administración estatal.
Los analistas coincidieron que si el evento sale mal podría perjudicar al Gobierno del Estado, pues las asociaciones ya habían trabajado en la organización y que la dependencia esté dentro podría cambiarlo, lo que que tendría un costo político; sin embargo, si sale bien podrían capitalizar:
“Es un arma de doble filo, porque si el evento sale bien será mérito de la Secretaría de Cultura, pero si el evento es un fracaso Elizabeth Torres sería la responsable del fiasco, ha sido una secretaria incapaz de conciliar los conflictos dentro de su dependencia y con otros actores públicos, es conflictiva, nunca ha sido capaz de encontrar salidas negociadas, siempre es la ruptura, siempre es el ataque y, en este caso, ella será la responsable de lo que pase en la en la Procesión”, comentó Oswaldo Ríos.
Israel LM dijo que falta conocer la justificación del porqué el estado se involucrará en el evento, pues se han cumplido los objetivos en los años pasados, por lo que se podría tratar de alguna diferencia con la asociación civil, aunque si la participación es para mejorar “son bienvenidos”.
Al cuestionarlos sobre si consideran si hay una violación a la laicidad del estado, Oswaldo Ríos respondió que no, pues “esos señalamientos son discursos trasnochados de algunos jacobinos que siguen viviendo en el siglo XIX ”; agregó que es valido que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan participar en actividades culturales que tienen connotación religiosa. Por su parte, Israel contestó que, particularmente, no ve como algo positivo que el estado participe como organizador, pero entiende los valores del actual titular del Ejecutivo y de la mayoría de la sociedad potosina; no consideró que existan sanciones pues es una cuestión de organizar, regular y no es una manifestación pública por un culto, aunque: “ha tratado de involucrarse en los procesos para renovar, refrescar y, tal vez, radicar algunos vicios que podrían existir en el pasado”.
Los analistas indicaron que no es una buena idea que para el evento se involucren a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. LM Elizondo apuntó que puede estar en una línea muy delgada con los asuntos de estado laico, por lo que un equipo jurídico debe revisar si es una buena idea. Ríos detalló que es una mala idea que haya menores de edad, pues se debe permitir a los padres de familia decidir si participan o no en la Procesión como parte de las cofradías:
“Me parece equivocado, porque las escuelas son espacios evidentemente académicos, no para participar en actividades de este tipo y si fuera el caso creo que el gobernador no es quien debe decidirlo, son los padres y madres de familia”, remarcó Oswaldo.
Finalmente, LM Elizondo subrayó que será importante que el gobierno del estado transparente todo lo relacionado con el evento, pues el año pasado la Secretaría de Cultura no indicó qué pasó con el dinero que recaudó en la renta de las sillas para el evento.
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Gallardo y Harfuch de la mano en estrategia de seguridad
Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.
Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia
, con especial atención en zonas de alta movilidad, crecimiento económico, actividad carretera y puntos donde se requiere presencia institucional permanente.El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.
Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.
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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión , pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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