octubre 21, 2026

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“Es un riesgo para la Secretaría de Cultura organice la Procesión del Silencio sale mal”: analistas

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Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hablaron sobre la posibilidad de que se viole el estado laico

Por: Ana G Silva

Tradiciones Potosinas, la asociación que ha organizado la Procesión del Silencio por 70 años, emitió un comunicado el pasado 7 de marzo en el que declaró que no coordinarán el evento de este 2023 y este correrá a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo; esto abre la posibilidad de un conflicto, pues la Constitución es clara al señalar que el gobierno mexicano, en cualquier de sus representaciones, debe ser laico; además en 2022 la dependencia estatal, de acuerdo con la empresa encargada del boletaje, recibió ganancias por la renta de las sillas para ser la peregrinación, esto presuntamente en la cuenta de un particular, situación que hasta el momento no ha sido aclarada. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, abogados y analistas políticos, para conocer su visión sobre el tema y adelantarnos a la problemática que podría enfrentar la administración estatal.

Los analistas coincidieron que si el evento sale mal podría perjudicar al Gobierno del Estado, pues las asociaciones ya habían trabajado en la organización y que la dependencia esté dentro podría cambiarlo, lo que que tendría un costo político; sin embargo, si sale bien podrían capitalizar:

“Es un arma de doble filo, porque si el evento sale bien será mérito de la Secretaría de Cultura, pero si el evento es un fracaso Elizabeth Torres sería la responsable del fiasco, ha sido una secretaria incapaz de conciliar los conflictos dentro de su dependencia y con otros actores públicos, es conflictiva, nunca ha sido capaz de encontrar salidas negociadas, siempre es la ruptura, siempre es el ataque y, en este caso, ella será la responsable de lo que pase en la en la Procesión”, comentó Oswaldo Ríos.

Israel LM dijo que falta conocer la justificación del porqué el estado se involucrará en el evento, pues se han cumplido los objetivos en los años pasados, por lo que se podría tratar de alguna diferencia con la asociación civil, aunque si la participación es para mejorar “son bienvenidos”.

Al cuestionarlos sobre si consideran si hay una violación a la laicidad del estado, Oswaldo Ríos respondió que no, pues “esos señalamientos son discursos trasnochados de algunos jacobinos que siguen viviendo en el siglo XIX

”; agregó que es valido que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan participar en actividades culturales que tienen connotación religiosa. Por su parte, Israel contestó que, particularmente, no ve como algo positivo que el estado participe como organizador, pero entiende los valores del actual titular del Ejecutivo y de la mayoría de la sociedad potosina; no consideró que existan sanciones pues es una cuestión de organizar, regular y no es una manifestación pública por un culto, aunque: “ha tratado de involucrarse en los procesos para renovar, refrescar y, tal vez, radicar algunos vicios que podrían existir en el pasado”.

Los analistas indicaron que no es una buena idea que para el evento se involucren a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. LM Elizondo apuntó que puede estar en una línea muy delgada con los asuntos de estado laico, por lo que un equipo jurídico debe revisar si es una buena idea. Ríos detalló que es una mala idea que haya menores de edad, pues se debe permitir a los padres de familia decidir si participan o no en la Procesión como parte de las cofradías:

“Me parece equivocado, porque las escuelas son espacios evidentemente académicos, no para participar en actividades de este tipo y si fuera el caso creo que el gobernador no es quien debe decidirlo, son los padres y madres de familia”, remarcó Oswaldo.

Finalmente, LM Elizondo subrayó que será importante que el gobierno del estado transparente todo lo relacionado con el evento, pues el año pasado la Secretaría de Cultura no indicó qué pasó con el dinero que recaudó en la renta de las sillas para el evento.

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %

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Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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