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“Es un riesgo para la Secretaría de Cultura organice la Procesión del Silencio sale mal”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo hablaron sobre la posibilidad de que se viole el estado laico
Por: Ana G Silva
Tradiciones Potosinas, la asociación que ha organizado la Procesión del Silencio por 70 años, emitió un comunicado el pasado 7 de marzo en el que declaró que no coordinarán el evento de este 2023 y este correrá a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo; esto abre la posibilidad de un conflicto, pues la Constitución es clara al señalar que el gobierno mexicano, en cualquier de sus representaciones, debe ser laico; además en 2022 la dependencia estatal, de acuerdo con la empresa encargada del boletaje, recibió ganancias por la renta de las sillas para ser la peregrinación, esto presuntamente en la cuenta de un particular, situación que hasta el momento no ha sido aclarada. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, abogados y analistas políticos, para conocer su visión sobre el tema y adelantarnos a la problemática que podría enfrentar la administración estatal.
Los analistas coincidieron que si el evento sale mal podría perjudicar al Gobierno del Estado, pues las asociaciones ya habían trabajado en la organización y que la dependencia esté dentro podría cambiarlo, lo que que tendría un costo político; sin embargo, si sale bien podrían capitalizar:
“Es un arma de doble filo, porque si el evento sale bien será mérito de la Secretaría de Cultura, pero si el evento es un fracaso Elizabeth Torres sería la responsable del fiasco, ha sido una secretaria incapaz de conciliar los conflictos dentro de su dependencia y con otros actores públicos, es conflictiva, nunca ha sido capaz de encontrar salidas negociadas, siempre es la ruptura, siempre es el ataque y, en este caso, ella será la responsable de lo que pase en la en la Procesión”, comentó Oswaldo Ríos.
Israel LM dijo que falta conocer la justificación del porqué el estado se involucrará en el evento, pues se han cumplido los objetivos en los años pasados, por lo que se podría tratar de alguna diferencia con la asociación civil, aunque si la participación es para mejorar “son bienvenidos”.
Al cuestionarlos sobre si consideran si hay una violación a la laicidad del estado, Oswaldo Ríos respondió que no, pues “esos señalamientos son discursos trasnochados de algunos jacobinos que siguen viviendo en el siglo XIX ”; agregó que es valido que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan participar en actividades culturales que tienen connotación religiosa. Por su parte, Israel contestó que, particularmente, no ve como algo positivo que el estado participe como organizador, pero entiende los valores del actual titular del Ejecutivo y de la mayoría de la sociedad potosina; no consideró que existan sanciones pues es una cuestión de organizar, regular y no es una manifestación pública por un culto, aunque: “ha tratado de involucrarse en los procesos para renovar, refrescar y, tal vez, radicar algunos vicios que podrían existir en el pasado”.
Los analistas indicaron que no es una buena idea que para el evento se involucren a los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. LM Elizondo apuntó que puede estar en una línea muy delgada con los asuntos de estado laico, por lo que un equipo jurídico debe revisar si es una buena idea. Ríos detalló que es una mala idea que haya menores de edad, pues se debe permitir a los padres de familia decidir si participan o no en la Procesión como parte de las cofradías:
“Me parece equivocado, porque las escuelas son espacios evidentemente académicos, no para participar en actividades de este tipo y si fuera el caso creo que el gobernador no es quien debe decidirlo, son los padres y madres de familia”, remarcó Oswaldo.
Finalmente, LM Elizondo subrayó que será importante que el gobierno del estado transparente todo lo relacionado con el evento, pues el año pasado la Secretaría de Cultura no indicó qué pasó con el dinero que recaudó en la renta de las sillas para el evento.
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Destacadas
Disposiciones del INE balancean paridad de género, pero desbalancea escenarios
El INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en juego en el proceso 2027
Por: Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión que cada partido político nacional deberá postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. Con los perfiles que hoy encabezan las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN), el blanquiazul tendría que pasar de hombre a mujer en al menos cuatro estados.
El Consejo General del INE aprobó el acuerdo el 29 de octubre por nueve votos contra uno. La obligación cuenta igual si el partido va solo, en coalición o en candidatura común, y no se reduce si decide no competir en alguna entidad.
Cada partido deberá informar qué género postulará en cada estado y justificar sus criterios de competitividad. El acuerdo se apoya en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos el SUP-RAP-116/2020 y el SUP-RAP-327/2023, y todavía puede impugnarse ante ese tribunal.
Cinco mujeres y 12 hombres
La medición de Statistical Research Corporation (SRC) de abril de 2026 preguntó en cada estado quién debería ser la candidata o el candidato del PAN a la gubernatura. Los punteros son cinco mujeres y 12 hombres. No son candidaturas aún porque el PAN no ha definido ninguna.
Las punteras de la medición son Ivideliza Reyes en Nayarit (53.2%), Nelly Márquez en Campeche (33.2%), Adriana Dávila en Tlaxcala (31.6%), Mayuli Martínez en Quintana Roo (23%) y Gu adalupe González
en Guerrero (17%).Para llegar a nueve, el PAN tendría que postular mujeres en al menos cuatro entidades más, en donde hoy encabezan las preferencias al género masculino.
Caso Galindo:
En San Luis Potosí el puntero en la medición es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con 43.7%. Entre los 12 hombres, cuatro tienen menos preferencia que él: Eduardo Ortiz en Sinaloa (22.7%), Carlos de la Fuente en Nuevo León (26.7%), Felifer Macías en Querétaro (30.2%) y Alfonso Martínez en Michoacán (36.5%).
Si el ajuste cambiará necesariamente por lo menos cuatro de esas probables postulaciones.
El alcalde de la capital potosina no es militante panista, pero fue el partido que lo respaldó en 2021 y 2024, y el senador Mauricio Vila Dosal lo mencionó el 22 de octubre como posible abanderado de Acción Nacional a la gubernatura.
Verónica Rodríguez, la carta panista
Si el PAN tuviera que postular a una mujer en San Luis Potosí, destaca el nombre de Verónica Rodríguez Hernández, quien se mantiene por el momento buscando la candidatura a la alcaldía capitalina.
La Ley electoral potosina permite postular a cualquier género en 2027, luego de que en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la alternancia obligatoria para la gubernatura. Esa libertad local ahora tendrá que caber dentro del mínimo nacional de nueve mujeres.
También lee: SCJN tumba alternancia “niño-niña” a gubernatura de SLP
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
Destacadas
Funcionarios con aspiraciones para 2027 tendrán reunión personal con Gallardo
Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.
Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.
Plazo: diciembre
El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.
Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.
Las cartas del Verde
El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.
“O trabajan o se van”
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.
En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.
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