#4 Tiempos
ENPOL 2021 y otras prioridades | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
En 2008, distintos artículos de la Constitución fueron reformados para iniciar la transición de nuestro sistema penal, en ese entonces inquisitivo, a uno acusatorio. El nuevo sistema entró en vigor en todo el país en 2016, para lo cual requirió de una serie de modificaciones sustanciales a distintas leyes y procedimientos para la investigación de los delitos, la manera en que se llevan a cabo los juicios, la ejecución de las penas de prisión y la reinserción social. De esa serie de reformas y modificaciones surgió la Ley Nacional de Ejecución Penal, que, entre otras cosas, prevé las condiciones que rigen a los centros penitenciarios y otorga al Juez de Ejecución de Penas la facultad de modificar la duración de las penas privativas de la libertad a personas internas en prisión, que antes solo podía realizar —y con bastante discrecionalidad— la autoridad penitenciaria.
Ciertamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal ha dejado mucho que desear, pues aún existen pocos medios para que las personas privadas de la libertad remitan quejas por violaciones a sus derechos humanos; aún hay una amplia presencia de extorsión y sobornos dentro de las prisiones; hay hacinamiento, sobrepoblación y los procedimientos para acceder a los derechos que reconoce la ley —reducción de penas, tratamiento médico, traslados a otros centros penitenciarios, etc.— siguen siendo complejos y altamente burocratizados. No obstante, uno de los grandes aciertos de la Ley es su artículo 29, que ordena al INEGI la realización de una encuesta —Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL— que permita conocer las condiciones demográficas y socioeconómicas de las personas privadas de la libertad, así como la manera en que se dio su detención, procesamiento e internamiento.
La ENPOL tiene como antecedente directo la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social realizada en 2012 por académicas del CIDE y que tuvo por objetivos los mismos que desde 2016 guían a la ENPOL. Con apenas 821 personas entrevistadas, la encuesta del CIDE pudo dar cuenta de las graves violaciones al debido proceso, de la política de fabricación de culpables y de las graves desigualdades que existen entre los delitos por los que se persiguen a las mujeres en comparación con los hombres, específicamente en el sexenio de Felipe Calderón. Dichos hallazgos han sido de gran utilidad, no solo para evidenciar las severas injusticias cometidas al momento de procesar a las personas acusadas de cometer algún delito, sino también para promover distintas reformas y mejoras a nuestro joven e imperfecto sistema penal acusatorio.
La primera edición de la ENPOL se realizó ese mismo 2016 y la segunda fue este año, cuyos resultados fueron recién publicados hace un par de semanas. Para ello, el INEGI visitó 203 centros penitenciarios federales y estatales entre junio y julio de este año, en donde encuestaron a más de 67 mil personas de 18 años o más, procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común o federal. Si bien es cierto que algunos indicadores han mejorado, como el tiempo que tardan en poner a disposición de un juez a los detenidos o los casos de violencia en el Ministerio Público, los resultados siguen siendo muy alarmantes. Veamos.
Según los datos recabados por el INEGI, la población privada de la libertad en México es de 220 mil personas, de las cuales 12 mil son mujeres y 208 mil son hombres. El grueso de la población interna en prisión tiene entre 30 y 39 años y el delito más común por el que se sentencian a los hombres es el de homicidio doloso (casi el 25%), mientras que el más común en mujeres es secuestro o secuestro exprés (casi el 24%). En cuanto a su nivel de escolaridad, casi el 95% de la población privada de la libertad afirmó saber leer y escribir, al tiempo que el 70% de los hombres y el 62% de las mujeres cuentan solo con educación básica. Como antecedentes laborales, 1 de cada 4 personas privadas de la libertad reportó dedicarse al trabajo artesanal previo a su detención.
Sobre el momento en que se realiza la detención, la ENPOL demuestra que las detenciones en la calle y sin orden judicial son las más comunes con el 23% de los casos, mientras que solo el 9% señaló haber sido detenido en flagrancia. Después de la detención, la violencia se hace presente de distintas maneras: casi la mitad de las personas señalaron haber sido incomunicadas o aisladas (45%), muchos fueron amenazados con levantarles cargos falsos (39%), paseados durante horas en un automóvil (33%), desvestidos (28%) e incluso amenazados de muerte (26%).
Sumado a las agresiones psicológicas, casi la mitad de las personas privadas de la libertad reportaron haber sido víctimas de violencia física antes de llegar al Ministerio Público. Las patadas y los puñetazos son lo más común; le siguen la asfixia, las ataduras, golpes con objetos y ahogamientos. Además, el 15% de las mujeres que sufrieron agresiones físicas reportaron haber recibido agresiones sexuales. En San Luis Potosí, 1 de cada 2 personas detenidas sufre algún tipo de violencia física después de la detención y antes de llegar al MP; la gran mayoría de las detenciones en nuestro estado las realiza la Policía Ministerial. Invariablemente, estas cifras hacen eco con los miles de casos de fabricación de culpables que hay en México, en los que el Estado primero detiene a una persona y luego confecciona las pruebas en su contra.
Una vez en el Ministerio Público, las violaciones al debido proceso continúan siendo la regla: solo la mitad de las personas detenidas fueron evaluadas por un médico, no se suele contar con el apoyo de un traductor, no se explican a los acusados sus derechos ni tampoco se les permite realizar una llamada. Además, de las personas que rindieron su declaración ante el MP, casi el 40% fueron presionadas por las autoridades para dar otra versión de los hechos y solo el 23% contó con la presencia de su abogado, quienes en algunas ocasiones recomiendan a sus clientes declararse culpables. Sobra decir que la violencia física y psicológica continúa.
Finalmente, sumado a todas las irregularidades e ilegalidades procesales antes mencionadas, la mitad de las personas sentenciadas reciben penas de más de 15 años de prisión. Es cierto que cada vez más personas tienen la posibilidad de acceder a los servicios de un defensor privado, aunque en un gran número de casos la defensoría de oficio sigue siendo la única opción. Esto repercute directamente en las posibilidades de las personas acusadas, pues la mayoría de los defensores de oficio recomendaron declararse culpable y optar por un procedimiento abreviado (53%), menos de la mitad presentaron una apelación a la sentencia (47%) y muchos menos iniciaron un juicio de amparo (18%).
Aunque desoladores y atemorizantes, los datos que arroja la ENPOL son extremadamente útiles para conocer con mayor detalle las problemáticas específicas de cada una de las etapas del procedimiento penal. Ahora bien, esta valiosa información servirá de muy poco si solamente se mete al cajón y se le pone un candado de olvido. Es por ello que debemos dar luz a estos datos —a estas historias de vida— y exigir acciones concretas que permitan transformar nuestra apremiante realidad. Es urgente que instemos a nuestros representantes y autoridades a que se replantee el sistema penitenciario del país y que continuamente pongamos a examen los supuestos avances en materia de justicia que se pregonan en los informes de gobierno. El gran trabajo realizado por el INEGI, a cinco años de la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema penal, nos confirma la necesidad de detenernos y reestructurar un modelo de justicia que sin duda ha traído muchos beneficios en comparación con el anterior, pero que ciertamente no ha estado a la altura de nuestras circunstancias.
Vale la pena mencionar que la ENPOL está diseñada para realizarse cada tres años. Sin embargo, en 2019 el gobierno federal aplicó un recorte de cinco mil millones de pesos al INEGI, lo cual le obligó a detener distintos proyectos, entre ellos esta Encuesta. Ahora la «austeridad» tocó la puerta del INE, que le imposibilita realizar la mal y tendenciosamente llamada «ratificación» de mandato. El ejercicio de los derechos y la implementación de políticas públicas tienen un costo. Algunas, como la ENPOL, no son prioridad para el poder y pueden esperar. Otras, como la revocación, son de urgencia y hasta le merecen amenazas de juicio político a los consejeros del Instituto.
A mis cinco lectores: Les deseo una muy Feliz Navidad.
Lee también: Duda Razonable | Columna de Víctor Meade C.
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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