SIGAMOS DERECHO.

En 2008, distintos artículos de la Constitución fueron reformados para iniciar la transición de nuestro sistema penal, en ese entonces inquisitivo, a uno acusatorio. El nuevo sistema entró en vigor en todo el país en 2016, para lo cual requirió de una serie de modificaciones sustanciales a distintas leyes y procedimientos para la investigación de los delitos, la manera en que se llevan a cabo los juicios, la ejecución de las penas de prisión y la reinserción social. De esa serie de reformas y modificaciones surgió la Ley Nacional de Ejecución Penal, que, entre otras cosas, prevé las condiciones que rigen a los centros penitenciarios y otorga al Juez de Ejecución de Penas la facultad de modificar la duración de las penas privativas de la libertad a personas internas en prisión, que antes solo podía realizar —y con bastante discrecionalidad— la autoridad penitenciaria.

Ciertamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal ha dejado mucho que desear, pues aún existen pocos medios para que las personas privadas de la libertad remitan quejas por violaciones a sus derechos humanos; aún hay una amplia presencia de extorsión y sobornos dentro de las prisiones; hay hacinamiento, sobrepoblación y los procedimientos para acceder a los derechos que reconoce la ley —reducción de penas, tratamiento médico, traslados a otros centros penitenciarios, etc.— siguen siendo complejos y altamente burocratizados. No obstante, uno de los grandes aciertos de la Ley es su artículo 29, que ordena al INEGI la realización de una encuesta —Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL— que permita conocer las condiciones demográficas y socioeconómicas de las personas privadas de la libertad, así como la manera en que se dio su detención, procesamiento e internamiento.

La ENPOL tiene como antecedente directo la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social realizada en 2012 por académicas del CIDE y que tuvo por objetivos los mismos que desde 2016 guían a la ENPOL. Con apenas 821 personas entrevistadas, la encuesta del CIDE pudo dar cuenta de las graves violaciones al debido proceso, de la política de fabricación de culpables y de las graves desigualdades que existen entre los delitos por los que se persiguen a las mujeres en comparación con los hombres, específicamente en el sexenio de Felipe Calderón. Dichos hallazgos han sido de gran utilidad, no solo para evidenciar las severas injusticias cometidas al momento de procesar a las personas acusadas de cometer algún delito, sino también para promover distintas reformas y mejoras a nuestro joven e imperfecto sistema penal acusatorio.

La primera edición de la ENPOL se realizó ese mismo 2016 y la segunda fue este año, cuyos resultados fueron recién publicados hace un par de semanas. Para ello, el INEGI visitó 203 centros penitenciarios federales y estatales entre junio y julio de este año, en donde encuestaron a más de 67 mil personas de 18 años o más, procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común o federal. Si bien es cierto que algunos indicadores han mejorado, como el tiempo que tardan en poner a disposición de un juez a los detenidos o los casos de violencia en el Ministerio Público, los resultados siguen siendo muy alarmantes. Veamos.

Según los datos recabados por el INEGI, la población privada de la libertad en México es de 220 mil personas, de las cuales 12 mil son mujeres y 208 mil son hombres. El grueso de la población interna en prisión tiene entre 30 y 39 años y el delito más común por el que se sentencian a los hombres es el de homicidio doloso (casi el 25%), mientras que el más común en mujeres es secuestro o secuestro exprés (casi el 24%). En cuanto a su nivel de escolaridad, casi el 95% de la población privada de la libertad afirmó saber leer y escribir, al tiempo que el 70% de los hombres y el 62% de las mujeres cuentan solo con educación básica. Como antecedentes laborales, 1 de cada 4 personas privadas de la libertad reportó dedicarse al trabajo artesanal previo a su detención.

Sobre el momento en que se realiza la detención, la ENPOL demuestra que las detenciones en la calle y sin orden judicial son las más comunes con el 23% de los casos, mientras que solo el 9% señaló haber sido detenido en flagrancia. Después de la detención, la violencia se hace presente de distintas maneras: casi la mitad de las personas señalaron haber sido incomunicadas o aisladas (45%), muchos fueron amenazados con levantarles cargos falsos (39%), paseados durante horas en un automóvil (33%), desvestidos (28%) e incluso amenazados de muerte (26%).

Sumado a las agresiones psicológicas, casi la mitad de las personas privadas de la libertad reportaron haber sido víctimas de violencia física antes de llegar al Ministerio Público. Las patadas y los puñetazos son lo más común; le siguen la asfixia, las ataduras, golpes con objetos y ahogamientos. Además, el 15% de las mujeres que sufrieron agresiones físicas reportaron haber recibido agresiones sexuales. En San Luis Potosí, 1 de cada 2 personas detenidas sufre algún tipo de violencia física después de la detención y antes de llegar al MP; la gran mayoría de las detenciones en nuestro estado las realiza la Policía Ministerial. Invariablemente, estas cifras hacen eco con los miles de casos de fabricación de culpables que hay en México, en los que el Estado primero detiene a una persona y luego confecciona las pruebas en su contra.

Una vez en el Ministerio Público, las violaciones al debido proceso continúan siendo la regla: solo la mitad de las personas detenidas fueron evaluadas por un médico, no se suele contar con el apoyo de un traductor, no se explican a los acusados sus derechos ni tampoco se les permite realizar una llamada. Además, de las personas que rindieron su declaración ante el MP, casi el 40% fueron presionadas por las autoridades para dar otra versión de los hechos y solo el 23% contó con la presencia de su abogado, quienes en algunas ocasiones recomiendan a sus clientes declararse culpables. Sobra decir que la violencia física y psicológica continúa.

Finalmente, sumado a todas las irregularidades e ilegalidades procesales antes mencionadas, la mitad de las personas sentenciadas reciben penas de más de 15 años de prisión. Es cierto que cada vez más personas tienen la posibilidad de acceder a los servicios de un defensor privado, aunque en un gran número de casos la defensoría de oficio sigue siendo la única opción. Esto repercute directamente en las posibilidades de las personas acusadas, pues la mayoría de los defensores de oficio recomendaron declararse culpable y optar por un procedimiento abreviado (53%), menos de la mitad presentaron una apelación a la sentencia (47%) y muchos menos iniciaron un juicio de amparo (18%).

Aunque desoladores y atemorizantes, los datos que arroja la ENPOL son extremadamente útiles para conocer con mayor detalle las problemáticas específicas de cada una de las etapas del procedimiento penal. Ahora bien, esta valiosa información servirá de muy poco si solamente se mete al cajón y se le pone un candado de olvido. Es por ello que debemos dar luz a estos datos —a estas historias de vida— y exigir acciones concretas que permitan transformar nuestra apremiante realidad. Es urgente que instemos a nuestros representantes y autoridades a que se replantee el sistema penitenciario del país y que continuamente pongamos a examen los supuestos avances en materia de justicia que se pregonan en los informes de gobierno. El gran trabajo realizado por el INEGI, a cinco años de la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema penal, nos confirma la necesidad de detenernos y reestructurar un modelo de justicia que sin duda ha traído muchos beneficios en comparación con el anterior, pero que ciertamente no ha estado a la altura de nuestras circunstancias.

Vale la pena mencionar que la ENPOL está diseñada para realizarse cada tres años. Sin embargo, en 2019 el gobierno federal aplicó un recorte de cinco mil millones de pesos al INEGI, lo cual le obligó a detener distintos proyectos, entre ellos esta Encuesta. Ahora la «austeridad» tocó la puerta del INE, que le imposibilita realizar la mal y tendenciosamente llamada «ratificación» de mandato. El ejercicio de los derechos y la implementación de políticas públicas tienen un costo. Algunas, como la ENPOL, no son prioridad para el poder y pueden esperar. Otras, como la revocación, son de urgencia y hasta le merecen amenazas de juicio político a los consejeros del Instituto.

A mis cinco lectores: Les deseo una muy Feliz Navidad.

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