mayo 29, 2026

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#4 Tiempos

ENPOL 2021 y otras prioridades | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

En 2008, distintos artículos de la Constitución fueron reformados para iniciar la transición de nuestro sistema penal, en ese entonces inquisitivo, a uno acusatorio. El nuevo sistema entró en vigor en todo el país en 2016, para lo cual requirió de una serie de modificaciones sustanciales a distintas leyes y procedimientos para la investigación de los delitos, la manera en que se llevan a cabo los juicios, la ejecución de las penas de prisión y la reinserción social. De esa serie de reformas y modificaciones surgió la Ley Nacional de Ejecución Penal, que, entre otras cosas, prevé las condiciones que rigen a los centros penitenciarios y otorga al Juez de Ejecución de Penas la facultad de modificar la duración de las penas privativas de la libertad a personas internas en prisión, que antes solo podía realizar —y con bastante discrecionalidad— la autoridad penitenciaria.

Ciertamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal ha dejado mucho que desear, pues aún existen pocos medios para que las personas privadas de la libertad remitan quejas por violaciones a sus derechos humanos; aún hay una amplia presencia de extorsión y sobornos dentro de las prisiones; hay hacinamiento, sobrepoblación y los procedimientos para acceder a los derechos que reconoce la ley —reducción de penas, tratamiento médico, traslados a otros centros penitenciarios, etc.— siguen siendo complejos y altamente burocratizados. No obstante, uno de los grandes aciertos de la Ley es su artículo 29, que ordena al INEGI la realización de una encuesta —Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL— que permita conocer las condiciones demográficas y socioeconómicas de las personas privadas de la libertad, así como la manera en que se dio su detención, procesamiento e internamiento.

La ENPOL tiene como antecedente directo la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social realizada en 2012 por académicas del CIDE y que tuvo por objetivos los mismos que desde 2016 guían a la ENPOL. Con apenas 821 personas entrevistadas, la encuesta del CIDE pudo dar cuenta de las graves violaciones al debido proceso, de la política de fabricación de culpables y de las graves desigualdades que existen entre los delitos por los que se persiguen a las mujeres en comparación con los hombres, específicamente en el sexenio de Felipe Calderón. Dichos hallazgos han sido de gran utilidad, no solo para evidenciar las severas injusticias cometidas al momento de procesar a las personas acusadas de cometer algún delito, sino también para promover distintas reformas y mejoras a nuestro joven e imperfecto sistema penal acusatorio.

La primera edición de la ENPOL se realizó ese mismo 2016 y la segunda fue este año, cuyos resultados fueron recién publicados hace un par de semanas. Para ello, el INEGI visitó 203 centros penitenciarios federales y estatales entre junio y julio de este año, en donde encuestaron a más de 67 mil personas de 18 años o más, procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común o federal. Si bien es cierto que algunos indicadores han mejorado, como el tiempo que tardan en poner a disposición de un juez a los detenidos o los casos de violencia en el Ministerio Público, los resultados siguen siendo muy alarmantes. Veamos.

Según los datos recabados por el INEGI, la población privada de la libertad en México es de 220 mil personas, de las cuales 12 mil son mujeres y 208 mil son hombres. El grueso de la población interna en prisión tiene entre 30 y 39 años y el delito más común por el que se sentencian a los hombres es el de homicidio doloso (casi el 25%), mientras que el más común en mujeres es secuestro o secuestro exprés (casi el 24%). En cuanto a su nivel de escolaridad, casi el 95% de la población privada de la libertad afirmó saber leer y escribir, al tiempo que el 70% de los hombres y el 62% de las mujeres cuentan solo con educación básica. Como antecedentes laborales, 1 de cada 4 personas privadas de la libertad reportó dedicarse al trabajo artesanal previo a su detención.

Sobre el momento en que se realiza la detención, la ENPOL demuestra que las detenciones en la calle y sin orden judicial son las más comunes con el 23% de los casos, mientras que solo el 9% señaló haber sido detenido en flagrancia. Después de la detención, la violencia se hace presente de distintas maneras: casi la mitad de las personas señalaron haber sido incomunicadas o aisladas (45%), muchos fueron amenazados con levantarles cargos falsos (39%), paseados durante horas en un automóvil (33%), desvestidos (28%) e incluso amenazados de muerte (26%).

Sumado a las agresiones psicológicas, casi la mitad de las personas privadas de la libertad reportaron haber sido víctimas de violencia física antes de llegar al Ministerio Público. Las patadas y los puñetazos son lo más común; le siguen la asfixia, las ataduras, golpes con objetos y ahogamientos. Además, el 15% de las mujeres que sufrieron agresiones físicas reportaron haber recibido agresiones sexuales. En San Luis Potosí, 1 de cada 2 personas detenidas sufre algún tipo de violencia física después de la detención y antes de llegar al MP; la gran mayoría de las detenciones en nuestro estado las realiza la Policía Ministerial. Invariablemente, estas cifras hacen eco con los miles de casos de fabricación de culpables que hay en México, en los que el Estado primero detiene a una persona y luego confecciona las pruebas en su contra.

Una vez en el Ministerio Público, las violaciones al debido proceso continúan siendo la regla: solo la mitad de las personas detenidas fueron evaluadas por un médico, no se suele contar con el apoyo de un traductor, no se explican a los acusados sus derechos ni tampoco se les permite realizar una llamada. Además, de las personas que rindieron su declaración ante el MP, casi el 40% fueron presionadas por las autoridades para dar otra versión de los hechos y solo el 23% contó con la presencia de su abogado, quienes en algunas ocasiones recomiendan a sus clientes declararse culpables. Sobra decir que la violencia física y psicológica continúa.

Finalmente, sumado a todas las irregularidades e ilegalidades procesales antes mencionadas, la mitad de las personas sentenciadas reciben penas de más de 15 años de prisión. Es cierto que cada vez más personas tienen la posibilidad de acceder a los servicios de un defensor privado, aunque en un gran número de casos la defensoría de oficio sigue siendo la única opción. Esto repercute directamente en las posibilidades de las personas acusadas, pues la mayoría de los defensores de oficio recomendaron declararse culpable y optar por un procedimiento abreviado (53%), menos de la mitad presentaron una apelación a la sentencia (47%) y muchos menos iniciaron un juicio de amparo (18%).

Aunque desoladores y atemorizantes, los datos que arroja la ENPOL son extremadamente útiles para conocer con mayor detalle las problemáticas específicas de cada una de las etapas del procedimiento penal. Ahora bien, esta valiosa información servirá de muy poco si solamente se mete al cajón y se le pone un candado de olvido. Es por ello que debemos dar luz a estos datos —a estas historias de vida— y exigir acciones concretas que permitan transformar nuestra apremiante realidad. Es urgente que instemos a nuestros representantes y autoridades a que se replantee el sistema penitenciario del país y que continuamente pongamos a examen los supuestos avances en materia de justicia que se pregonan en los informes de gobierno. El gran trabajo realizado por el INEGI, a cinco años de la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema penal, nos confirma la necesidad de detenernos y reestructurar un modelo de justicia que sin duda ha traído muchos beneficios en comparación con el anterior, pero que ciertamente no ha estado a la altura de nuestras circunstancias.

Vale la pena mencionar que la ENPOL está diseñada para realizarse cada tres años. Sin embargo, en 2019 el gobierno federal aplicó un recorte de cinco mil millones de pesos al INEGI, lo cual le obligó a detener distintos proyectos, entre ellos esta Encuesta. Ahora la «austeridad» tocó la puerta del INE, que le imposibilita realizar la mal y tendenciosamente llamada «ratificación» de mandato. El ejercicio de los derechos y la implementación de políticas públicas tienen un costo. Algunas, como la ENPOL, no son prioridad para el poder y pueden esperar. Otras, como la revocación, son de urgencia y hasta le merecen amenazas de juicio político a los consejeros del Instituto.

A mis cinco lectores: Les deseo una muy Feliz Navidad.

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#4 Tiempos

Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la memoria selectiva:

Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.

Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.

Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.

Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.

La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.

La historia se incendió.

Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.

¿Así de fácil?

Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.

El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.

La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.

Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.

Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.

Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.

Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.

A ver…

El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.

Eso es charoleo del más chafa.

La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.

Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.

Sí, así de ridículo.

Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.

La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.

La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.

Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:

¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?

Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.

Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.

Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial,

en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.

En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.

A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.

No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.

Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.

Pero aquí viene el giro:

Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese

ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.

Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:

¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?

¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?

Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.

Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.

Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.

Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.

En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.

Porque, a ver:

¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?

¿Quién tiene los recursos para hacerlo?

¿Quiénes son sus operadores mediáticos?

¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?

No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.

La última porque ya me dio sueño:

A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?

¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?

La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.

El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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El Cronopio

Elke Köppen y la sociología visual | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

El estudio de las imágenes como medio de comunicación, aprendizaje y generación de nuevo conocimiento, es una de las áreas que están desarrollándose. Pocos estudios en comparación con otros temas, son los que se han realizado en este tema. Nuestro mundo, un mundo de imágenes, que ahora con el advenimiento de las redes sociales, se despliegan, en parte, como transformadoras de la realidad, producen además un detrimento en la capacidad lectora de los jóvenes.

Las imágenes en sí, también requieren de decodificar su significado y reconstruir la narrativa que encierran en su construcción, sea producida por una fotografía y elaborada por otros métodos, incluyendo la iconografía. De esta manera, requiere una alfabetización para su apreciación y su interpretación, lo que la convierte en un recurso pedagógico que es poco aprovechado.

La construcción de nuevo conocimiento en nuestra era nanotecnológica, y astronómica, requiere del manejo de imágenes que adquieren sentido para los especialistas, como medio de extensión de nuestros sentidos para el entendimiento de nuestro mundo. Una imagen dice más que mil palabras, dicen por ahí, pero no siempre estas palabras están al alcance del observador. 

Una de las investigadoras que ha incursionado en este tema, y en el uso de las imágenes en el área de biblioteconomía, es la Dra. Elke Köppen que desarrolla lo que llama, sociología visual, que tiene como objetivo alentar el uso de material visual en la investigación social y, en otras áreas del conocimiento.

La Dra. Elke Köppen es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participa activamente en el Programa de Investigación Estudios Visuales, enfocándose primordialmente en la fotografía. Su línea de investigación es sobre recursos y sistemas de información en bibliotecas, archivos y repositorios. Ha fincado una destacada carrera académica de más de treinta y nueve años en la UNAM, iniciando en el Instituto de Investigaciones Sociales de dicha institución, generando una buena cantidad de estudios que han sido publicados en revistas y diversas publicaciones internacionales, entre artículos, capítulos de libro y libros coordinados sobre información visual, archivos fotográficos, imágenes científicas graffiti y fotografía.

Su formación inicial es en sociología, de la que obtuvo la licenciatura en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Vino a México a continuar sus estudios de posgrado y trabajar en investigación social. Realizó su maestría y posteriormente el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM.

Elke Köppen ha colaborado como investigadora con receso sabático con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias de la Información, en información visual y tecnologías disruptivas. Ha seleccionado a San Luis Potosí como uno de sus puntos de residencia lo que enriquece el ambiente cultural y académico de la ciudad.

La visión estética de las imágenes, principalmente a través de la fotografía, enlaza las áreas de las ciencias sociales y las exactas, resaltando el tema interdisciplinario que pregona el instituto para el que labora, desde su creación, el cual recientemente ha cumplido treinta años de fundado.

Algunos de los libros que le ha publicado la UNAM, son: los trazos de la ciencia, libro que es resultado del cruce de diversas investigaciones sobre procesos históricos de producción de conocimientos científicos y tecnológicos vehiculados por el uso de imágenes. Pero se trata de imágenes elaboradas para distintos destinatarios y con múltiples propósitos: información geográfica, educación moral, pasatiempos, diagnósticos médicos. Otro de ellos es: imágenes en la ciencia, ciencia en las imágenes, libro colectivo de la que fue coordinadora.

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El Cronopio

El formador de humanistas, Villaseñor Tejeda | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Hace setenta y un años iniciaban las actividades académicas de la extinta Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desaparecida ignominiosamente por motivos políticos en 1962. La UASLP caía en un largo periodo de oscurantismo del que costó salir, en la década de los ochenta, con el esfuerzo de la planta académica que comenzó su formación en la propia UASLP y que redondeara esa formación en universidades e instituciones de vanguardia a nivel mundial.

Sesenta años después se restablecían en la UASLP estudios humanísticos y sociales. Los primeros tiempos de aquella Facultad de Humanidades fueron brillantes y una pléyade de profesores figuraron en el claustro académico de la UASLP, muchos de los cuales han caído en el olvido y que hemos estado recordando en esta columna, tanto a profesores como profesoras que aparecen en el libro Damas de Potosí, perfiles publicados en La Orquesta.

En cuanto a la licenciatura de filosofía, activa en la actualidad en la UASLP, que cumple once años de ser reactivada, pues esta carrera era una de las carreras que existían en aquella Facultad de Humanidades, requiere conocer sus antecedentes y principalmente los profesores que le dieron vida en la década de los cincuenta y principios de los sesenta.

Uno de esos profesores fue José Villaseñor Tejeda, que impartió cátedra en la Facultad de Humanidades potosina de enero de 1958 a agosto de 1962, año y mes en que fue cerrada. A decir de Josefina de Ávila Cervantes, estudiante y profesora de la mencionada Facultad y de quien hemos tratado en esta columna, “el profesor Villaseñor fue el eje silencioso del cual partían y al cual volvían maestros y alumnos”.

En ese lustro de trabajo en la UASLP por formar maestros en filosofía y en letras escribiría su Introducción a la Filosofía, su estudio sobre la Crítica de la Razón Pura y sus ensayos sobre Sócrates, Freud, Proust, Dostoievski, el humanismo y otros temas que fueron publicados en la Revista de la Facultad de Hum anidades, en Letras Potosinas y en Vitral, revista del Instituto de Cultura Superior, así como escritos inéditos consistentes en investigaciones filosóficas, ensayos sobre arte: pintura, cine, literatura.

José Villaseñor Tejeda murió joven, a los cuarenta años, el 23 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México a donde fue a laborar al Instituto de Cultura Superior después del cierre de la Facultad de Humanidades. En ese Instituto reestructuró el curso filosofía de la religión que había iniciado en la UASLP. 

Villaseñor comenzó sus estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de México y para 1947 pasó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde terminó sus estudios de maestría en filosofía. Al terminar, ingresó como profesor a la Universidad de Guanajuato donde laboró por un poco tiempo al renunciar en protesta por el despido de un grupo de compañeros de trabajo tratados injustamente por las autoridades escolares.

Su compañera de aventura académica en la UASLP, la mencionada Josefina de Ávila lo retrata en un comentario de recuerdo: “La contrapartida de su historia -la que ofrece tan poco a aquellos que esperan todo de los hechos-, fue (usando términos suyos), su intrahistoria. Para quienes no traducen su propia existencia como un activismo urgente y aceptan, por el contrario, que la aventura del espíritu no puede ser corrida con la esperanza de una respuesta concreta y tranquilizadora sino con la pura actitud contemplativa, encontrarán en su obra una invitación a detenerse ante el misterio develable que envuelve y penetra esto que llamamos el Universo”.

El recuerdo de quienes contribuyeron al desarrollo de nuestras instituciones y, participaron en la formación de la juventud potosina y profesionales que contribuyen al desarrollo social es imprescindible en una institución que se jacta de ser representativa de la educación superior en el país; pero más importante es darles vida manteniendo su obra en difusión.

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