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En tres años, el robo a negocios creció 260% en SLP
En promedio, 4.6 negocios son atracados cada día en el estado
Por El Saxofón
En los últimos tres años, la inseguridad ha pegado fuertemente a los comerciantes establecidos: 3 mil 912 establecimientos han sido víctimas de robo. En la primera mitad del actual sexenio el crecimiento de este delito es evidente, como también es evidente el uso de la violencia por parte de los delincuentes. En tres años, el robo a negocios ha crecido 260 por ciento.
En 2016 se registraron 847 robos a negocios. En ese entonces, aún predominaban los robos sin violencia (551), sobre los robos con violencia (296). Los delincuentes actuaban principalmente por la noche y empleaban la táctica del “boquetazo” o forzaban las cerraduras de los negocios.
Sin embargo, para el 2017, la incidencia subió a 1 mil 251 robos a negocio, y se hizo evidente el mayor uso de la violencia por parte de los delincuentes para cometer los atracos: 589 de los hurtos se cometieron bajo esta modalidad, mientras que los robos sin violencia fueron 662.
En 2018, la violencia se afincó como la principal estrategia en la comisión de este delito. El año cerró con 1 mil 668 atracos, 888 con violencia (53.23%) y 780 sin violencia (46.76%). El robo a negocios representa el 11.92 por ciento del total de robos en San Luis Potosí.
En 2015, último año de Fernando Toranzo al frente de la administración estatal, se registraron 641 robos a negocios, 178 con violencia y 463 sin violencia. Es decir, en promedio se registraban 50 robos al mes, 1.6 seis al día.
Tres años después, en promedio, al mes 139 negocios son víctimas de robo, 4.6 cada día.
El 2018 fue un año crítico en materia de seguridad para los comerciantes. La inoperancia de las autoridades llevó a los delincuentes a volverse cada vez más temerarios.
En el primer semestre del año, se cometieron varios robos con violencia a plena luz del día, principalmente en plazas comerciales como El Dorado y Plaza San Luis. Sin embargo, ya en el segundo semestre, los atracos llegaron al primer cuadro de la ciudad.
A finales de agosto, un violento robo a una joyería en la Plaza de la Mujer, levantó las voces de alarma. A unos pasos del Palacio de Gobierno, en una zona que se presume muy vigilada, un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento y se llevó un cuantioso botín.
Tras los hechos, representantes de la iniciativa privada levantaron la voz para pedir más seguridad, sin embargo, nada pasó. Lo que sí ocurrió fue que los delincuentes incrementaron el nivel de violencia poniendo en riesgo la integridad de trabajadores y clientes de los comercios.
El 5 de noviembre el primer cuadro de la ciudad fue esc enario de un violento atraco a una zapatería ubicada en la calle de Guajardo. En esta ocasión el robo fue frustrado por elementos policiacos quienes se vieron en la necesidad de abrir fuego contra los delincuentes que también estaban armados 
Solo 15 días más tarde, el 20 de noviembre, se registró otro intento de robo, esta vez en una financiera ubicada en Himno Nacional. De nueva cuenta, el atraco fue frustrado gracias a la labor policiaca, y se evitaron las pérdidas económicas, no así la de vidas humanas: un policía ministerial falleció en la refriega, un delincuente resultó herido y dos más fueron detenidos.
El número más alto de robos a negocios en 2018 ocurrió en el mes de octubre, cuando 193 establecimientos recibieron la visita de “los amantes de lo ajeno”. Es decir, en promedio ese mes cada día fueron víctimas de robo 6 negocios.
UN CIERRE DE AÑO PECULIAR
La incidencia bajó a 141 y 143 casos en noviembre y diciembre, respectivamente. En enero de 2019, la Fiscalía General del Estado abrió 135 carpetas de investigación por este delito.
Entre los principales blancos de robo a negocios destacan las tiendas de conveniencia, que se han vuelto víctimas frecuentes. Si bien la labor preventiva de las autoridades deja mucho que desear, tampoco se puede decir que las corporaciones policiacas no hagan su trabajo en la detención de delincuentes de este ramo, sin embargo, tal parece que el problema está en la procuración e impartición de justicia.
Muchos de los detenidos parecen ser reincidentes. El pasado 3 de marzo, un hombre fue detenido por asaltar una tienda de conveniencia en la delegación de Villa de Pozos.
Los hechos ocurrieron en la carretera a México, a la altura del Eje 128, donde Rodrigo N., de 41 años de edad amenazó con un arma de salva tipo revólver a la cajera de la tienda y la despojó de 6 botellas de whisky y 5 mil 700 pesos en efectivo.
Según la información dada a conocer, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a este sujeto por estar relacionado con 44 robos a Oxxos en la Carretera 57 México-Querétaro, Prados de San Vicente, Ciudad 2000, Seminario y en la Delegación de Villa de Pozos.
Por parte de la iniciativa privada, han sido numerosos los llamados a las autoridades responsables de la seguridad para poner freno a la delincuencia, sin embargo, dichos llamados no han sido atendidos, pues la incidencia en este delito se mantiene a la alza.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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