La iniciativa busca establecer mecanismos para evitar que los recursos del erario sean utilizados de manera incorrecta, sin embargo, el Congreso del Estado se negó a votarla

Por: Ana G Silva

La iniciativa de Ley de Austeridad, presentada por los ciudadanos Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo y Aarón Obregón Hernández, el 11 de marzo del 2019, ha sido analizada por los integrantes de la Comisión Especial que atiende las iniciativas ciudadanas, y que sería votada el jueves pasado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado; sin embargo, se bajó de la orden del día el dictamen, es por eso que La Orquesta platicó con Marite Hernández Correa, diputada de Morena, para conocer en qué consiste y porqué es importante esta Ley.

Marite Hernández indicó que esta iniciativa tiene por objeto establecer reglas, lineamientos y medidas de austeridad para el ahorro, gasto eficiente, racional transparente y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos, acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Explicó que no se piensa incurrir en excesos innecesarios y sí destinar la mayor parte de sus recursos “a los propósitos reales de desarrollo y justicia”.

El dictamen de la iniciativa de la Ley de Austeridad establece que “los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en su presupuesto de egresos, por ende queda prohibido la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido a la ley”.

Aún se desconoce de cuánto sería el ahorro con la Ley de Austeridad, pero de acuerdo al Dictamen, los recursos presupuestales se canalizarán al 45.5 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, es decir que los ahorros obtenidos se determinarán a los programas sociales prioritarios y la educación pública de la entidad.

“Un monto concreto de ahorro no es fácil de saber, pero esta Ley de Austeridad lo que dispone es que los recursos públicos no excedan lo presupuestado en materia de comunicación social y que no se destinen a bienes y servicios onerosos y fuera de la ley, porque hay que dejar claro que todos los derechos de los trabajadores del Estado están garantizados”, dijo la legisladora de Morena.

El dictamen establece que la austeridad tiene los objetivos de: disminuir los sueldos de los altos funcionarios públicos; prohibir el pago de atención médica privada y afiliandose al sistema de salud pública; la disminución de la creación de nuevas plazas sin justificación; no se permitirá el uso de escoltas a menos de ser estrictamente justificada la necesidad; se restringirá el uso de vehículos de propiedad del estado; limitar el gasto en propaganda oficial; definir límites al número de viajes oficiales, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase; no se excederán los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmedi ato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, etcétera.

“No puede ser que cualquier funcionario público pueda llegar a dilapidar los recursos, a darles mala utilización o a tener ciertos privilegios, ya que hay pobreza extrema y desigualdad, y por tanto a la clase política se le ve con ciertos privilegios y hay un gran enojo en la sociedad, me parece que esta Ley de Austeridad viene a combatir estas grandes desigualdades que existen”.

La congresista recordó que esta ley se aplicará para todos los funcionarios públicos de todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado; también a poderes de los municipios y sus dependencias, así como a los organismos públicos.

Hernández Correa destacó que el incumplimiento de la Ley de Austeridad constituirá falta administrativa y se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas: “se establecen diversas penas, que van de la amonestación privada o pública hasta la destitución e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público, dependiendo de la gravedad de la falta”.

Marite Hernández argumentó que la importancia de la aprobación de la Ley de austeridad es muy importante para el estado, pues implica que todos los entes están obligados a acatar los lineamientos; además de que tiene que ver con una nueva cultura y una nueva percepción en torno a la administración pública.

“No tiene que haber privilegios y no tiene que haber prerrogativas para altos funcionarios. Se puede administrar de manera mejor el gasto público, todo esto tiene una razón profunda que es para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos y es una situación muy grave para la sociedad, porque el recurso público proviene de la sociedad, entonces se tiene que hacer un uso transparente de este”.

Hernández Correa dijo que esta iniciativa se ha aplazado por más de dos años por las diferentes situaciones que se han suscitado, pues primero se encontraba en la Comisión de Vigilancia donde estaba siendo analizada, posteriormente, y por ser una propuesta realizada por ciudadanos, se conformó la comisión para el análisis de iniciativas ciudadanas, subió al pleno “donde hubo resistencia” y consideraciones.

“Es una resistencia añeja donde ha existido una política amañada y corrupta: precisamente es lo que pretende, aniquilar la Ley de Austeridad en San Luis Potosí, espero que se retome pero me parece que ellos no quieren avergonzarse de que van a votar en contra. El asunto es más profundo, no se quieren quitar los privilegios o quitar el recurso público utilizado para el beneficio de unos cuantos”.

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