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En 2019 se ha decomisado más droga en SLP que en 2007-2018
Hasta el 18 de octubre van 372 kilos asegurados en el aeropuerto Ponciano Arriaga, mientras que en los diez años previos eran 363 kilos
Por: El Saxofón
En menos de diez meses de este 2019, se ha asegurado más droga que en los últimos diez años en el Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga” de San Luis Potosí. Basado en un recuento periodístico, entre el 1 de enero y el 18 de octubre, han sido decomisados 372.07 kilos de droga en la terminal aérea potosina.
Ya desde el 2018 se advertía un ascenso en el número de aseguramientos y San Luis Potosí se ubicaba, según datos de la Policía Federal, entre los diez aeropuertos donde se habían realizado más decomisos en los últimos diez años, del 2007 al 2018.
La terminal aérea potosina fue la quinta a nivel nacional donde se documentó mayor cantidad de droga decomisada en ese periodo, a partir de la guerra contra el narco, con 363 kilogramos, según cifras de la Policía Federal.
En primer lugar estaba la Ciudad de México, con 17.1 toneladas; le seguía Tijuana, con 2.7 toneladas; en tercer lugar Guadalajara, con 1.1 toneladas; en cuarto lugar Cancún, 1 tonelada; y en quinto San Luis Potosí, con 363 kilogramos.
Esta cantidad ya ha sido superada en tan solo 10 meses transcurridos de 2019, en los que se ha alcanzado la cifra de 372.07 kilos de droga decomisada, principalmente marihuana y cristal.
El resto de las terminales aéreas con mayores decomisos en la última década fueron Veracruz (362 kg), Chihuahua (332 kg); Puebla (297 kg); Querétaro (221 kg) y Morelia (128 kg).
La cantidad de droga asegurada en lo que va del año actual en el aeropuerto de San Luis Potosí es muy superior también a la registrada en 2018, cuando la Policía Federal reportó el aseguramiento de 85.2 kilos de droga en todo el año. Es decir, se registra un aumento del 436.7 por ciento.
El Ejército Mexicano informa acerca de los aseguramientos de droga que ocurren en el aeropuerto Ponciano Arriaga, de tal manera que en lo que va del 2019 se contabilizan al menos 38 aseguramientos que han sido boletinados a los medios de comunicación.
En total, ha sido asegurados 65.96 kilos de cristal, 303.34 kilos de marihuana; 1.8 kilos de fentanilo; y 970 gramos de opio.
Al inicio del año destacan los envíos de cristal y marihuana procedentes de Culiacán, Sinaloa; y Morelia y Tepalcatepec, en Michoacán, con destinos diversos en ciudades de Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Coahuila y Estado de México.
En los decomisos reportados a partir de agosto, las autoridades dejaron de informar sobre la procedencia de los paquetes y solo se consigna el destino de estos, entre los cuales destacan ciudades como Torreón, Coahuila; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Linares, Nuevo León; Hermosillo, Sonora.
En septiembre, de acuerdo con la información vertida por el Ejército Mexicano, los envíos tenían destinos en los estados de Jalisco, Sonora, Zacatecas, Colima y Chihuahua, 
De los aseguramientos realizados a partir de la segunda quincena de septiembre a la fecha, la Sedena ha omitido informar sobre el origen y el destino de los paquetes.
Entre los decomisos más importantes de este año destacan: 80 kilos de marihuana asegurados el 9 de enero, procedentes de Magdalena, Jalisco y con destino a Matamoros, Tamaulipas.
El 9 de mayo fueron asegurados 16.2 kilos de cristal, procedentes de Culiacán, Sinaloa, con destino a Zapotlán, Jalisco.
Al realizar una revisión aleatoria en el centro de distribución regional del aeropuerto, con apoyo de un binomio canófilo, el personal militar localizó tres cajas de cartón con la leyenda “Bio Pappel S.A.B. de C.V. El papel sustentable”, procedentes de Culiacán, Sin. con destino a Zapotlán el Grande, Jal., cada una contenía entre 3 y 6 recipientes de plástico, los cuales ocultaban una sustancia granulada de color blanco con las características propias a la metanfetamina (cristal), sumando 14 recipientes y una bolsa de plástico, con un peso total de 16.200 kilogramos de citada droga.
Tal vez el decomiso más importante, por la cantidad de droga asegurada, ocurrió el 28 de septiembre, cuando fueron asegurados 140 kilogramos de marihuana.
Además del cargamento de mariguana, los elementos aseguraron un arma corta de fuego, calibre 380 auto, con dos cargadores y 30 cartuchos. Se estimó que la droga asegurada tiene un precio en el mercado de 840 mil pesos.
El 4 de octubre pasado, se dio el decomiso de 1.8 kilos de fentanilo. Elementos pertenecientes al 40/o. Batallón de Infantería, destacamentados en el Aeropuerto Ponciano Arriaga, al realizar la revisión rutinaria en el servicio de paquetería, con apoyo de un binomio canófilo, localizaron un polvo blanco con las características propias a la droga conocida como clorhidrato de 4-piperidona (fentanilo), con un peso total aproximado de 1.800 kilogramos, precursor para elaborar droga sintética.
Se estima que la sustancia asegurada tiene un precio en el mercado de un millón 524 mil 420 pesos.
A los aseguramientos de cristal y marihuana se suman los de pastillas psicotrópicas. El 15 de marzo se informó sobre el aseguramiento de 990 pastillas de fentanilo, procedentes de Culiacán, Sinaloa, con destino a Matamoros, Tamaulipas.
El 26 de marzo se reportó el decomiso de 2 mil pastillas de metanfetamina, con un valor de 300 mil pesos y 400 de fentanilo. El origen del envío también era Culiacán, y su destino Chihuahua, Chihuahua.
Para el 13 de abril, se aseguraron otras 3 mil pastillas de fentanilo, las cuales procedían de Culiacán y viajaban rumbo a Tijuana, Baja California.
Es así que muebles, bocinas, revistas, dulces, y hasta simples sobres o cajas de cartón son usadas para los envíos de droga desde distintos puntos del país, que hacen escala en San Luis Potosí, antes de llegar a su destino, si es que antes no los decomisan.
También lee: Aseguraron 6 kilos de mota y cristal en el Aeropuerto Ponciano Arriaga
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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