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El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción
Analistas y políticos piden que el ex gobernador comparezca y que los integrantes del gabinete de Enrique Galindo presuntamente involucrados en las irregularidades sean separados de sus cargos
Por: Ana G. Silva y Bernardo Vera
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud, dirigidos por Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura, ex secretaria de Salud y recientemente liberada de prisión tras pagar 22 millones desviados, la que acumulan más observaciones con un total de mil 97 millones 936 mil 506 pesos. La revelación llegó solo un día después de que la Contraloría General del Estado dio a conocer que que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración carrerista por la compra de insumos de computo como memorias USB y cartuchos de tóner a sobreprecio, en contratos por 189 millones de pesos a una empresa de outsourcing durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa, en un caso que ya fue bautizado como el “Rey del Tóner”.
Dentro de los posibles involucrados figuran nombres como el de Alejandro “Caco” Leal Tovías, ex secretario general y hoy diputado por el PRI; Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino y ex oficial mayor; y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ex secretario de Gobernación y hoy secretario general en el gabinete del alcalde Enrique Galindo.
La Orquesta conversó con Antonio Lorca Valle, diputado local de Morena; y a Israel LM Elizondo, analista político, sobre las implicaciones que pudiera tener este tema y ambos coincidieron en que es obligación del gobierno de Ricardo Gallardo llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y de Juan Manuel Carreras comparecer ante la opinión pública para deslindar responsabilidades. Además ambos entrevistados coincidieron en que Enrique Galindo debe separar de sus cargos a los señalados para que sean investigados.
Israel LM ELizondo dijo que esta información evidencia que se cometieron diferentes actos de corrupción durante la administración de Juan Manuel Carreras López; a pesar de ello, el ex mandatario priista ha guardado silencio en todos los casos que han involucrado a ex funcionarios de su gabinete, por lo que se abre la posibilidad de que existan más áreas que deban investigarse:
“No recuerdo ni una sola declaración desde que hubo cambio de gobierno en el 2021, prácticamente ha sido un año de silencio, sin ni siquiera manifestarse, por lo que sería oportuno que aclarara, ya sea ante la autoridad correspondiente o ante los medios”.
El analista dijo que las revelaciones dejan de manifiesto la existencia de una doble moral en la administración carrerista, tanto por cometer abusos del erario a través de la simulación, y por haberlo realizado en el periodo de contingencia sanitaria (en el caso de “El Rey del Tóner”); “Se supone que los burócratas habían sido enviados a su casa por el tema de la pandemia, no tiene lógica que se hicieran esas cosas. Uno pensaría que ese dinero se debió haber redireccionado a la compra de equipamiento sanitario o apoyos a los potosinos”.
LM Elizondo mencionó que el señalamiento de ex funcionarios de Carreras en este caso, que ahora están en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no debería representar un rompimiento de las relaciones entre Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del estado y Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí:
“No es que el Verde vaya a investigar al PRI. Si hay una simulación en las compras, es el Gobierno Estatal el que tendría que proceder contra los exfuncionarios de la administración 2015-2021, indudablemente sería otra rayita más en el tigre para todos los negativos de corrupción del PRI, Pero no quiere decir que sea un rompimiento directo con Galindo, son dos equipos distintos de trabajo”.
Israel LM dijo que aunque Enrique Galindo habría llegado a la candidatura para la alcaldía con algunos compromisos con Juan Manuel Carreras, es tiempo de romper con el ex gobernador priista.
Antonio Lorca Valle, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, propuso separar a Elias Pesina y Jorge Daniel Hernández de sus actuales cargos mientras se concretan las investigaciones y agregó que alcalde Enrique Galindo no sabía la información que actualmente ha salido a la luz sobre el posible involucramiento de sus funcionarios:
“Hay muchos funcionarios de la administración pasada priista que hoy están en el municipio. Tienen lógica porque es una administración del PRI, pero creo que el presidente municipal no coincide con estas formas de trabajar”.
Lorca Valle apuntó que desde el grupo parlamentario de Morena han exhortado para que continúen las investigaciones para que se penalice a quienes hayan desviado recursos, que no se quede en un destape mediático, sino que exista una investigación formal dentro de la Fiscalía.
El diputado mencionó que este hecho abre una nueva posibilidad de investigar a la administración de Juan Manuel Carreras, además no se debe agotar ninguna vía de investigación hasta que se esclarezca el destino del dinero que le pertenece a los potosinos.
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La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio
Por: Ana G Silva
Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.
La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.
El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.
Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.
Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.
El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.
La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.
Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.
Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.
La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.
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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.
“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.
Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.
Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.
El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.
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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.
La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.
El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.
En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo
Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.
El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.
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