enero 28, 2026

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El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción

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Analistas y políticos piden que el ex gobernador comparezca y que los integrantes del gabinete de Enrique Galindo presuntamente involucrados en las irregularidades sean separados de sus cargos

Por: Ana G. Silva y Bernardo Vera

La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud, dirigidos por Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura, ex secretaria de Salud y recientemente liberada de prisión tras pagar 22 millones desviados, la que acumulan más observaciones con un total de mil 97 millones 936 mil 506 pesos. La revelación llegó solo un día después de que la Contraloría General del Estado dio a conocer que que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración carrerista por la compra de insumos de computo como memorias USB y cartuchos de tóner a sobreprecio, en contratos por 189 millones de pesos a una empresa de outsourcing durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa, en un caso que ya fue bautizado como el “Rey del Tóner”.

Dentro de los posibles involucrados figuran nombres como el de Alejandro “Caco” Leal Tovías, ex secretario general y hoy diputado por el PRI; Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino y ex oficial mayor; y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ex secretario de Gobernación y hoy secretario general en el gabinete del alcalde Enrique Galindo.

La Orquesta conversó con Antonio Lorca Valle, diputado local de Morena; y a Israel LM Elizondo, analista político, sobre las implicaciones que pudiera tener este tema y ambos coincidieron en que es obligación del gobierno de Ricardo Gallardo llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y de Juan Manuel Carreras comparecer ante la opinión pública para deslindar responsabilidades. Además ambos entrevistados coincidieron en que Enrique Galindo debe separar de sus cargos a los señalados para que sean investigados.

Israel LM ELizondo dijo que esta información evidencia que se cometieron diferentes actos de corrupción durante la administración de Juan Manuel Carreras López; a pesar de ello, el ex mandatario priista ha guardado silencio en todos los casos que han involucrado a ex funcionarios de su gabinete, por lo que se abre la posibilidad de que existan más áreas que deban investigarse:

No recuerdo ni una sola declaración desde que hubo cambio de gobierno en el 2021, prácticamente ha sido un año de silencio, sin ni siquiera manifestarse, por lo que sería oportuno que aclarara, ya sea ante la autoridad correspondiente o ante los medios”.

El analista dijo que las revelaciones dejan de manifiesto la existencia de una doble moral en la administración carrerista, tanto por cometer abusos del erario a través de la simulación, y por haberlo realizado en el periodo de contingencia sanitaria (en el caso de “El Rey del Tóner”); “Se supone que los burócratas habían sido enviados a su casa por el tema de la pandemia, no tiene lógica que se hicieran esas cosas. Uno pensaría que ese dinero se debió haber redireccionado a la compra de equipamiento sanitario o apoyos a los potosinos”.

LM Elizondo mencionó que el señalamiento de ex funcionarios de Carreras en este caso, que ahora están en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no debería representar un rompimiento de las relaciones entre Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del estado y Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí:

“No es que el Verde vaya a investigar al PRI. Si hay una simulación en las compras, es el Gobierno Estatal el que tendría que proceder contra los exfuncionarios de la administración 2015-2021, indudablemente sería otra rayita más en el tigre para todos los negativos de corrupción del PRI, Pero no quiere decir que sea un rompimiento directo con Galindo, son dos equipos distintos de trabajo”.

Israel LM dijo que aunque Enrique Galindo habría llegado a la candidatura para la alcaldía con algunos compromisos con Juan Manuel Carreras, es tiempo de romper con el ex gobernador priista.

Antonio Lorca Valle, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, propuso separar a Elias Pesina y Jorge Daniel Hernández de sus actuales cargos mientras se concretan las investigaciones y agregó que alcalde Enrique Galindo no sabía la información que actualmente ha salido a la luz sobre el posible involucramiento de sus funcionarios:

“Hay muchos funcionarios de la administración pasada priista que hoy están en el municipio. Tienen lógica porque es una administración del PRI, pero creo que el presidente municipal no coincide con estas formas de trabajar”.

Lorca Valle apuntó que desde el grupo parlamentario de Morena han exhortado para que continúen las investigaciones para que se penalice a quienes hayan desviado recursos, que no se quede en un destape mediático, sino que exista una investigación formal dentro de la Fiscalía.

El diputado mencionó que este hecho abre una nueva posibilidad de investigar a la administración de Juan Manuel Carreras, además no se debe agotar ninguna vía de investigación hasta que se esclarezca el destino del dinero que le pertenece a los potosinos.

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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum 

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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal

Por: Redacción

Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.

El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.

Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.

Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.

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Ciudad

Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas

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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación

Por: Redacción

Patricia Aradillas Aradillas,  presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.

La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica

, particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.

Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.

Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.

Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.

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Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez

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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.

Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.

Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez

, en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.

De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.

El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.

Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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