noviembre 20, 2025

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El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción

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Analistas y políticos piden que el ex gobernador comparezca y que los integrantes del gabinete de Enrique Galindo presuntamente involucrados en las irregularidades sean separados de sus cargos

Por: Ana G. Silva y Bernardo Vera

La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud, dirigidos por Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la gubernatura, ex secretaria de Salud y recientemente liberada de prisión tras pagar 22 millones desviados, la que acumulan más observaciones con un total de mil 97 millones 936 mil 506 pesos. La revelación llegó solo un día después de que la Contraloría General del Estado dio a conocer que que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración carrerista por la compra de insumos de computo como memorias USB y cartuchos de tóner a sobreprecio, en contratos por 189 millones de pesos a una empresa de outsourcing durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa, en un caso que ya fue bautizado como el “Rey del Tóner”.

Dentro de los posibles involucrados figuran nombres como el de Alejandro “Caco” Leal Tovías, ex secretario general y hoy diputado por el PRI; Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino y ex oficial mayor; y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ex secretario de Gobernación y hoy secretario general en el gabinete del alcalde Enrique Galindo.

La Orquesta conversó con Antonio Lorca Valle, diputado local de Morena; y a Israel LM Elizondo, analista político, sobre las implicaciones que pudiera tener este tema y ambos coincidieron en que es obligación del gobierno de Ricardo Gallardo llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y de Juan Manuel Carreras comparecer ante la opinión pública para deslindar responsabilidades. Además ambos entrevistados coincidieron en que Enrique Galindo debe separar de sus cargos a los señalados para que sean investigados.

Israel LM ELizondo dijo que esta información evidencia que se cometieron diferentes actos de corrupción durante la administración de Juan Manuel Carreras López; a pesar de ello, el ex mandatario priista ha guardado silencio en todos los casos que han involucrado a ex funcionarios de su gabinete, por lo que se abre la posibilidad de que existan más áreas que deban investigarse:

No recuerdo ni una sola declaración desde que hubo cambio de gobierno en el 2021, prácticamente ha sido un año de silencio, sin ni siquiera manifestarse, por lo que sería oportuno que aclarara, ya sea ante la autoridad correspondiente o ante los medios”.

El analista dijo que las revelaciones dejan de manifiesto la existencia de una doble moral en la administración carrerista, tanto por cometer abusos del erario a través de la simulación, y por haberlo realizado en el periodo de contingencia sanitaria (en el caso de “El Rey del Tóner”); “Se supone que los burócratas habían sido enviados a su casa por el tema de la pandemia, no tiene lógica que se hicieran esas cosas. Uno pensaría que ese dinero se debió haber redireccionado a la compra de equipamiento sanitario o apoyos a los potosinos”.

LM Elizondo mencionó que el señalamiento de ex funcionarios de Carreras en este caso, que ahora están en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no debería representar un rompimiento de las relaciones entre Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del estado y Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí:

“No es que el Verde vaya a investigar al PRI. Si hay una simulación en las compras, es el Gobierno Estatal el que tendría que proceder contra los exfuncionarios de la administración 2015-2021, indudablemente sería otra rayita más en el tigre para todos los negativos de corrupción del PRI, Pero no quiere decir que sea un rompimiento directo con Galindo, son dos equipos distintos de trabajo”.

Israel LM dijo que aunque Enrique Galindo habría llegado a la candidatura para la alcaldía con algunos compromisos con Juan Manuel Carreras, es tiempo de romper con el ex gobernador priista.

Antonio Lorca Valle, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, propuso separar a Elias Pesina y Jorge Daniel Hernández de sus actuales cargos mientras se concretan las investigaciones y agregó que alcalde Enrique Galindo no sabía la información que actualmente ha salido a la luz sobre el posible involucramiento de sus funcionarios:

“Hay muchos funcionarios de la administración pasada priista que hoy están en el municipio. Tienen lógica porque es una administración del PRI, pero creo que el presidente municipal no coincide con estas formas de trabajar”.

Lorca Valle apuntó que desde el grupo parlamentario de Morena han exhortado para que continúen las investigaciones para que se penalice a quienes hayan desviado recursos, que no se quede en un destape mediático, sino que exista una investigación formal dentro de la Fiscalía.

El diputado mencionó que este hecho abre una nueva posibilidad de investigar a la administración de Juan Manuel Carreras, además no se debe agotar ninguna vía de investigación hasta que se esclarezca el destino del dinero que le pertenece a los potosinos.

También lee: Diputados del PAN y Verde piden que se aclare el caso del “Rey del Tóner”

Congreso del Estado

Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones

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gobierno entrega paquete económico al congreso en slp el presupuesto es de mas de 70 mil millones de pesos

La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.

El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.

Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.

La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.

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Ciudad

No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.

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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.

Por: Redacción

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.

Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo  140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.

El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.

“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal. 

Galindo aclaró que el huachicol  o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.

Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Ciudad

Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas

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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo

Por: Redacción

La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.

Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.

En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.

Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.

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Opinión

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