El caso de la desaparición de 23 personas derivó en la localización de más de un centenar, la detención de mandos policiacos de SLP y la sospecha de colusión de gobiernos con grupos criminales

Por: Redacción

Hoy se cumple una semana desde que surgió la primera información sobre la desaparición y secuestro de 23 personas en situación de migración, ocurrida en el municipio de Matehuala, lo que derivó en que fueran localizadas aproximadamente 100 personas que se encontraban en una situación similar. Esto causó que las autoridades locales y federales hayan iniciado una investigación para determinar si existe una red de trata de personas, en la que podrían estar involucradas diferentes autoridades.

El inicio del caso se dio cuando la agencia de viajes y renta de camionetas Grupo Eiffel, cuya sede se ubica en León, Guanajuato, reportó la desaparición de dos unidades que habían salido del municipio de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, con destino a Saltillo, Coahuila. Las 23 personas que viajaban en ambas unidades habían salido la noche del lunes 3 de abril, de la comunidad “La Quemada”. Sin embargo, durante la madrugada del martes 4 de abril, una de las unidades de la empresa guanajuatense apareció desocupada en el libramiento de Matehuala, San Luis Potosí.

El caso cobró relevancia nacional desde el 5 de abril, cuando Grupo Eiffel reportó el caso a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, además de asegurar que las personas que viajaban habían sido retenidas como parte de un secuestro.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), tomó conocimiento del caso el jueves 6 de abril, e inició la colaboración interestatal. Además, señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, había logrado la localización de 16 personas relacionadas con este caso. Pero también, ese mismo día se dio a conocer el hallazgo de un grupo de personas migrantes que habían sido privadas de su libertad, que en total sumaban 105.

La Vocería de Seguridad del Estado de San Luis Potosí expuso, el viernes 7 de abril, que, tras un operativo interestatal y con apoyo de fuerzas federales, se logró la detención de dos personas, así como el aseguramiento de varias camionetas con reporte de robo, y armas de diverso calibre, hechos que podrían ser atribuibles a un grupo delincuencial que opera en Doctor Arroyo, Nuevo León. Ese mismo día se encontró sin vida a uno de los dos choferes que, presuntamente, transportaban a los migrantes desde el estado de Guanajuato.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, declaró sobre el caso el pasado sábado 8 de abril, y señaló a Grupo Eiffel como presunta responsable de cometer tráfico de migrantes

El portal Aristegui Noticias reveló un audio en el que presuntamente se escucha que la persona que rentó las camionetas lo hizo con intención de movilizar a las y los migrantes. Además, se exponía que estos sucesos serían cometidos bajo el conocimiento de Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.

La vocería potosina precisó, el lunes 10 de abril, que se habría rescatado a un total de 86 personas rescatadas de las cuales 59 eran migrantes y no las 105 que originalmente se había informado.

Ricardo Gallardo ofreció ayer una declaración en la que informó que Francisco N., director de la Policía Municipal de Matehuala, fue detenido junto a tres elementos más de la corporación, luego de un operativo sorpresa realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se habrían descubierto en la oficina del titular por lo menos tres bolsitas de una sustancia que aparentemente se trataba de cocaína.

Trascendió que los agentes de la Policía Investigadora que detuvieron al mando policiaco le informaron que el movimiento era derivado de la investigación por el caso de los migrantes secuestrados, sobre el cual existe una línea de investigación que lo vincula con una red criminal, información que el propio fiscal José Luis Contreras había adelantado un día antes.

El caso llegó a Palacio Nacional, y provocó la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró durante la conferencia matutina del 11 de abril, que hubo un intento de extorsión en la liberación de las personas que se encontraban retenidas, ya que les fue exigida una cuota de 60 mil pesos a cada uno para liberarlos.

López Obrador dijo que su gobierno busca proteger a todas las personas en situación de tránsito por el territorio nacional, por lo que continuarán los operativos para detectar a migrantes.

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