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El Miniso del Centro de San Luis | Columna de Luis Moreno
HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.
Tengo cinco meses de vivir en el Centro Histórico de San Luis Potosí, a pocos pasos de las plazas de Aranzazú y San Francisco. Sin embargo, toda mi vida ha estado ligada a esta zona de la ciudad: de niño viví en la colonia San Luis, la cual conecta con el Centro mediante el puente de Avenida Universidad, por ello pasé cientos de tardes en la Alameda; ya en la adolescencia y la universidad el Centro se convirtió en un espacio casi ritual, en el que busqué mi identidad, pues fue el primer sitio que pude visitar sin supervisión adulta, acudí a tocadas de punk, fiestas de música electrónica, visitaba sus tiendas, caminé durante días por sus calles, tomé clases, forjé amistades, me perdí… Aquella época significó mi despertar para entender que hay más mundos además del propio, pero todo aquello poco tenía que ver con lo que significa vivir aquí.
Cuando llegué, Gaby, mi roomie, me advirtió que tuviera cuidado y no fuera tan confiado, pues “en el Centro vivimos puros locos”. Entendí la advertencia y desde entonces he visto mucho: peleas en la calle, jaurías de perros, rupturas amorosas, personas disfrazadas, accidentes de autos, esquizofrénicos, políticos de todo nivel, pepenadores que dejan las banquetas tapizadas de basura, vendedores de drogas, prostitutas, drag queens famosas, indígenas vulnerados, extranjeros, religiosos… todo prácticamente desde mi ventana.
Saúl Faúndez, personaje que aparece en la novela Tinta Roja de Alberto Fuget, asegura que si un día tuviera un hijo lo llevaría a vivir al centro de Santiago de Chile, cerca de una estación de policía, donde están todos los vicios, para que así nunca aspire a perderse en ellos. Estoy convencido de que así es: en los centros de todas las ciudades del mundo habita una decadencia constante y eterna, que es tan repulsiva como atractiva, pero en el centro también vive un sentido de orgullo y pertenencia asentados en su tradición, a fin de cuentas siempre será “el primer cuadro de la ciudad”.
Durante este breve, pero sustancioso, lapso de tiempo en el Centro, he tenido el presentimiento de que algo se aproxima, una fuerza contraria a la decadencia, la tradición y el orgullo, pero no había logrado ponerle nombre hasta que hace poco abrieron una nueva tienda en el Edificio I. Piña: un Miniso.
Miniso es una cadena china (disfrazada de japonesa) de tiendas que venden cosméticos, juguetes, electrónicos, papelería… a bajo costo. La perfección en el acomodo de sus anaqueles y su pulcritud militar, sorprenden en el centro, donde las casas por más que se limpien parecen nunca dejar de tener una pequeña capa de desorden y polvo. Por otro lado, es imposible creer que los productos seriados, plásticos y baratos del negocio chino, fueron creados por la misma especie que construyó los edificios y casas de cantera con bellos vitrales, adornos de metales preciosos y maderas talladas a mano con maestría, que en su día causaron tal magnetismo que nunca soltaron a Manuel José Othón y Ramón López Velarde 
Si bien, la modernización del Centro de San Luis comenzó hace algunos años con la instalación de franquicias de comida rápida y librerías de cadena, el cambio ahora tomó una velocidad que solo tiene un nombre: gentrificación.
La gentrificación es el proceso de transformar (rehabilitar) un espacio urbano en decadencia con el fin de poder aumentar los alquileres y generar mayor rentabilidad económica para sus propietarios. En apariencia, esta es una situación completamente positiva, no obstante, su cara negativa está en el desplazamiento de los habitantes y negocios tradicionales, que frente a los nuevos alquileres se ven imposibilitados para sostenerse, con la consiguiente pérdida de identidad en el barrio y surgimiento de resentimiento social. ¿Qué pasará cuando Inditex abra un Zara? ¿O cuando el precio promedio de la cerveza sea de 50 pesos?
Semanas atrás, dimos en mi casa una fiesta después de la boda de unos amigos muy queridos. Ya de mañana, se escuchó cómo alguien pateaba la puerta de la entrada, junto gritos que decían algo como “yo soy el rey del Centro”. Abrimos para saber de qué se trataba, eran un par de veinteañeros que lucían de lo menos amenazantes. Al cuestionarles el porqué de patear mi puerta, uno se disculpó diciendo que habían querido estar en la fiesta, alguien se los negó y eso acabó por molestarlos; del otro trataré de parafrasear su respuesta: “tu casa, esta no es tu casa, ustedes rentan, no son de aquí, yo conozco a la dueña”. Al final se solucionó el agravio sin mayores consecuencias.
Días después del episodio, una amiga que lleva varios años en Estados Unidos visitó mi casa y quedó encantada, no paraba de hablar sobre los techos altos, el zaguán, el gran espacio, la terraza… –¿Cómo le llamas a esto? –Preguntó, le pedí que especificara a qué se refería. –Sí, cómo le llamas a esto. ¿A este nuevo estilo de vida que ustedes implementan? –No supe qué responder (supongo que en Los Angeles las cosas deben bautizarse rápidamente). Ella comenzó a decir que buscaría cerca de ahí un lugar similar para abrir una oficina de marketing, estudio de yoga, centro de capacitación para emprendedores, espacio de terapias espirituales… entonces lo comprendí: el Miniso y yo somos lo mismo.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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