diciembre 3, 2025

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El Mijis se reportó convaleciente en SLP, pero anda de tour por la CDMX

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Pedro Carrizales sigue con una agenda activa fuera de la entidad mientras su labor como legislador estatal es cada vez más cuestionada

Por: La Orquesta

Pedro Carrizales Becerra se encuentra sumido en un nuevo episodio de polémica. Tras pedir una licencia médica para ausentarse de sus labores del Congreso durante 10 días, argumentando que necesitaba reponerse debido a una subida de presión y una inflamación del cerebro, el diputado conocido como El Mijis apareció públicamente dando entrevistas en la Ciudad de México y visitó la Secretaría de Gobernación donde tuvo un encuentro con el subsecretario Zoé Robledo, entre otras actividades llevadas en la metrópoli que se ha convertido en su segunda casa, el sitio desde donde maneja una agenda paralela a sus responsabilidades como legislador, una situación que acaso explique su estatus como el diputado con más faltas de la actual legislatura.

Esta vez, sin embargo, el Congreso del Estado decidió tomar medidas. Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Mesa Directiva, consideró dicha conducta como una falta de respeto para el órgano legislativo. “Que se nos diga que está en reposo y está en otra ciudad, lo único que nos corresponde como directiva, es enviar un oficio al oficial mayor para que se le descuente el día a su dieta”.

El Mijis empieza a perder apoyos a nivel local. Tal es el caso del diputado Cándido Ochoa Rojas de la coalición PRI-PVEM, quien ayer hizo uso de la palabra para pedir que el justificante médico presentado por Carrizales Becerra no sea tomado en cuenta, puesto que hay evidencias de que el legislador se encontraba dando entrevistas y ofreciendo ruedas de prensa en la Ciudad de México.

A la propuesta también se le sumó el diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras, quien una vez más dudó que el incidente del lunes pasado se haya tratado de un atentado tomando como referencia las fotografías del vehículo atacado.

“Yo quiero mucho al ‘Mijis’ y no pongo en tela de juicio su dicho, pero por la experiencia que yo tengo, de carácter pericial-técnica no pudiera yo dar un posicionamiento porque no se ajustan los extremos para decir que se trata de un atentado”, había establecido previamente Hernández.

 

Gallardo Cardona

 

CRECEN LAS DUDAS

El abanico de cuestionamientos se extiende también al Partido de la Revolución Democrática. Ayer Ricardo Gallardo Cardona, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que la agresión cometida contra El Mijis fue lamentable si es que en efecto se trató de un atentado

. Sin embargo, apuntó, sería más lamentable si se tratara una simulación.

Gallardo Cardona pidió a la Fiscalía que investigue el caso a fondo, en especial por las versiones y sospechas que han surgido últimamente, según recogieron las declaraciones publicadas por el periódico El Universal. “[Si] fue un autoatentado, entonces, pedimos que sea la Fiscalía la que dictamine, realmente lo que sucedió esa noche, porque te comento muy lamentable que haya violencia y la condenamos, pero más lamentamos que vaya a pasar, ser una simulación lo que sucedió en ese incidente”.

En la entidad son cada vez más las voces que dudan y critican la labor que Carrizales Becerra ha mantenido en los últimos meses, mientras que en otras ciudades la imagen del político y activista es muy diferente. A ello también se refirió el exalcalde de Soledad. “En San Luis Potosí se vive otro panorama de lo que se está aquí viendo a nivel nacional. En San Luis Potosí saben quién es el personaje, saben de lo que es capaz el personaje y pues en México, nadie lo conoce, esa es la realidad”.

 

Eugenio Govea

CONGRESO PIDE AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES

El diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que en cinco días presente un informe respecto al ataque en contra del legislador, Pedro Carrizales Becerra.

Con 22 votos a favor y uno en contra se aprobó dicho punto de acuerdo, de modo que se notificará a la Fiscalía para que se agilicen las investigaciones y se presente el informe mencionado.

Fue el diputado de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, quien votó en contra y argumentó que la Fiscalía tiene por deber resolver el caso y además calificó de innecesario pedir que se den resultados en tan solo cinco días.

Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Isabel González Tovar, dijo estar a favor con el punto de acuerdo, pero aclaró que todos los potosinos son iguales, por lo que tal exigencia abriría “una brecha muy grande entre ciudadanos y diputados”.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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