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El iceberg de corrupción en el IMSS de SLP

Estas son las empresas que habrían participado en el desfalco de 100 millones de pesos dentro del almacén de la institución y que tiene a Luis Alberto Martínez prófugo de la justicia
Por: Ana G Silva
Medios de comunicación dieron a conocer, en enero, que Luis Alberto Martínez Villuendas, jefe de administración de la delegación del IMSS en San Luis Potosí, fue señalado de encabezar un posible desfalco en el almacén de la dependencia federal por 100 millones de pesos. El área de investigaciones laborales a nivel federal ya lo investiga, al mismo tiempo que lo hace con Raúl Mario Beltrán Flores, jefe jurídico del instituto. La Orquesta pudo acceder a varios documentos en los que se muestra la lista de proveedores a los que se realizaron las compras, además del posible involucramiento de otros perfiles destacados, como el de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular de la institución de salud estatal.
Fuentes al interior del IMSS proporcionaron nueva información a este medio en la que se revela que Luis Alberto Martínez Villuendas fue visto por última vez en la delegación el 8 de diciembre del 2022 y ya no regresó al ser citado a investigación laboral federal por el probable desfalco de 100 millones de pesos.
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta por tres días sin justificación o sin permiso del patrón en un periodo de 30 días debe ser despedido, acto que no realizó la encargada del IMSS de San Luis Potosí. No fue hasta el 19 de diciembre, es decir, 11 días después de que fue visto por última vez, que el todavía jefe de administración solicitó una incapacidad por siete días, pero desde la delegación México Poniente-Toluca, sin días acumulados (sin cubrir días anteriores).
Las fuentes también dieron a conocer que el mismo día, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano recibió la renuncia de Martínez Villuendas en la que justificó que dejaba su cargo “por motivos de salud y personales”, sin que la encargada del IMSS diera a conocer este documento.
Para el 5 de enero de este año, volvió a incapacitarse desde la misma delegación México Poniente-Toluca, esta vez sí se incluyó los días acumulados desde la última incapacidad (17 días) y se extendía hasta por 7 días más.
El tema se hizo público hasta el 13 de enero, es decir más de un mes desde que se iniciara el proceso para la investigación federal. Diversos medios dieron a conocer el desfalco que “supuestamente no fue descubierto por Raúl Mario Beltrán Flores, jefe de jurídicos de la delegación”, y detallaron que esto fue porque Martín Villuendas fue invitado por este a ser parte de la delegación del IMSS del estado en noviembre de 2021, luego de pagar un favor, pues Beltrán Flores iba a ser rescindido del instituto por autorizar un laudo favorable para su padre, que le beneficiaba con una pensión millonaria de por vida. Este hecho le costó su cese, pero fue reinstalado gracias a una mala integración procesal y del expediente de investigación cuando Martínez Villuendas ostentaba un cargo a nivel federal dentro del área de investigación laboral del IMSS. También se cuestionó a la titular del IMSS del estado “por no enterarse” de un fraude que asciende a 100 millones de pesos.
Una fuente al interior del IMSS detalló que José Ángel Escobedo Medel, adscrito al Departamento de Conciliación y Servicios Generales, fue citado para declarar el 1 de febrero de 2023 al nivel central en la Ciudad de México sobre los hechos de corrupción detectados; no obstante, se incapacitó un día antes y se le permitieron faltar cinco días más.
La Dirección de Investigaciones Laborales del IMSS a nivel federal tomó cartas en el asunto hasta el pasado 12 de febrero, cuando rescindió al jefe de Jurídicos del IMSS, al jefe de Administración de la delegación, a José Ángel Escobedo y a Vianey Fuentes Ruiz, adscrita a la Oficina de Suministro y Control de Abastecimiento y Equipamiento del Almacén del IMSS en San Luis Potosí , implicados en el caso de corrupción donde son señalados por adjudicaciones directas, compras fantasma y expedientes de compra vacíos a proveedores del Estado de México, violentando la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Tres días después ex trabajadores del IMSS, llamados Justicia para los Trabajadores desempleados, redactaron una carta dirigida a diputados y senadores de la Comisión de Salud, para que revisen su caso en el que indicaron que solo seguían instrucciones de Luis Alberto Martínez Villuendas y Mario Raúl Beltrán Flores, a quienes la doctora Garrido Rojano no despidió.
Una de las fuente reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V. en la que el importe solicitado fue de 39 millones 481 mil 984 pesos, Rodiosal a la que le fueron pagados 14 millones de pesos y a Grupo Leyraj por un monto de 10 millones 108 mil 082 pesos.
“El problema es que no existe contrato. Generalmente, cuando tú vas a comprar algo, me dices “quiero comprar cajas de jeringas”, yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuánto cuestan las cajas de jeringas, para poder establecer precio, luego se va concurso, gana alguien algún contrato, él me entrega, yo le pago. Aquí el problema es que pidieron estos medicamentos sin todo lo que te dije, no sabemos cuánto costó, no sabemos si está caro, barato, si es de calidad; reciben y empiezan a surtir a las unidades médicas y administrativas, pero no hay un contrato, todo lo que ahí está relacionado no tiene expedientes”.
El informante comentó que para realizar una compra dentro del IMSS se tiene que seguir un procedimiento, posteriormente se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente, pues se recibió medicamento y se surtió a las unidades, pero no se sabe cuál es su precio, esta práctica fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración; cuando solo un proveedor recibió casi 40 millones de pesos.
La fuente mencionó que cuando se hace una compra por adjudicación directa, generalmente son, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, por causa mayor, es decir de vida o muerte, no obstante se le debe avisar al Comité o sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual firma el área jurídica a cargo de Raúl Beltran, el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la delegada Garrido Rojano, pero “casualmente esas actas están perdidas”, resaltó.
“Eso no los exime de hacer la compra sin un contrato o un procedimiento, o sea, no está mal que lo compres por urgencia, el tema es que no por eso tienes que comprarlo mal, o no por eso no tienes que regularizarlo. Yo me puedo justificar con decir, tengo cinco pacientes y urge hoy comprar estos medicamentos, está bien, ve a la farmacia cómpralos, pero no vas a comprar N cantidad de miles de pesos, y que nunca lo resuelvas y que nunca le hagas una expediente, eso es lo que está mal. Ahora, todos tenemos un jefe superior, nos supervisa nuestro trabajo, como logramos surtir 100 millones sin que nadie se diera cuenta, no tenían contrato, el área jurídica revisa contratos, la delegada firma contratos, y cómo puedes estar surtiendo pero no hay nada”.
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Desfogue de la presa Zimapán incrementa niveles del río Moctezuma
La Conagua informó que el agua llegará a los municipios de Tierra Blanca, Axtla, Tamazunchale, Tanquián y San Vicente
Por: Redacción
Darío Fernando González Castillo, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el río Moctezuma se desbordó parcialmente debido al desfogue controlado de la presa Zimapán, el cual se sumará a la creciente generada por las intensas lluvias registradas en los últimos días, situación que representa un riesgo latente para varios municipios de la región Huasteca.
El funcionario explicó que la presa Zimapán, ubicada entre Hidalgo y Querétaro, alcanzó su nivel máximo de almacenamiento con más de mil 562 millones de metros cúbicos de agua, como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas en el Estado de México y la Ciudad de México. Ante ello, y tras una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la dirección nacional de Conagua, se determinó iniciar un desfogue de 360 metros cúbicos por segundo, sumando 60 adicionales por la operación de las turbinas.
González Castillo señaló que el agua liberada ya llegó a la estación hidrométrica de Tierra Blanca, avanzando hacia Tamazunchale, Tanquián, San Vicente y otras zonas bajas donde se mantiene vigilancia permanente.
“Estuvimos conteniendo lo más posible, pero la presa llegó a su límite. Este desfogue se suma a los escurrimientos naturales que ya traen los ríos de la Huasteca, por eso el riesgo es mayor”, explicó el delegado.
Aclaró además que, aunque se ha hablado del río Axtla, este no recibe directamente el flujo del embalse; sin embargo, el aumento del nivel del Moctezuma impide el desagüe natural del Axtla, lo que provoca anegaciones y una acumulación de agua hacia comunidades como Huichihuayán y Matlapa.
“En Matlapa, tan solo en una noche, tuvimos una precipitación de 250 milímetros, lo que equivale a tres meses de lluvia en un solo día”, detalló.
El delegado subrayó que Conagua mantiene comunicación constante con los alcaldes de los municipios afectados, y pidió a la población seguir los reportes oficiales y evitar zonas cercanas a ríos y arroyos.
“Agradecemos el agua, porque en tiempos de sequía hace falta, pero este año ha sido totalmente atípico”, concluyó.
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Sin reportes de violencia directa contra sacerdotes en SLP: Arquidiócesis y SSPC
Aunque se han registrado actos de intimidación en zonas rurales, no se han reportado agresiones graves contra personal eclesiástico
Por: Redacción
El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, informó que, hasta la fecha, no se han recibido reportes de atentados o hechos delictivos contra sacerdotes o personal de iglesias en el estado.
Sin embargo, señaló que en algunas zonas rurales, algunos sacerdotes han sido víctimas de actos de intimidación, en los que personas los detienen para cuestionarlos sobre sus actividades o su identidad, sin que estos incidentes hayan escalado a mayores agresiones.
Cruz Perales indicó que las regiones consideradas de mayor riesgo son aquellas que colindan con Zacatecas y ciertos puntos de la zona Huasteca, aunque recalcó que los casos mencionados no han pasado de simples encuentros intimidantes.
“La gente, en general, ha respetado al personal eclesiástico; no ha habido agresiones ni cuestionamientos mayores”, expresó el vocero.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández
, confirmó que no existen reportes formales de violencia contra miembros de la Iglesia, aunque sí han identificado casos aislados de robo de pertenencias o intentos de extorsión.El funcionario señaló que, cuando ocurre algún incidente de este tipo, es la propia Iglesia la que se comunica con las autoridades para solicitar apoyo. Además, precisó que no solo Zacatecas es considerado una zona de riesgo, sino también otros estados fronterizos como Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, donde se ha detectado la presencia de fuerzas de seguridad debido a situaciones de riesgo.
“Los cuerpos de seguridad están en total disposición para atender cualquier situación que ponga en riesgo al personal eclesiástico o la comunidad”, concluyó Juárez Hernández.
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Agresor de Hope queda en libertad tras pagar 4 bultos de croquetas
Aunque golpearon y quemaron viva a la perrita, los otros dos acusados buscan el mismo beneficio judicial
Por: Redacción
A casi seis meses del brutal ataque que sufrió Hope —una perrita rociada con gasolina y quemada viva en abril pasado—, la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. informó que uno de los agresores logró su liberación tras ofrecer una “reparación del daño” de apenas dos mil 500 pesos por la cremación del animal y cuatro bultos de croquetas de 10 kilos.
El acuerdo fue aceptado por la jueza, pese a la oposición de la organización y de los tutores de Hope (antes llamada Greta). Además, se estableció que el responsable deberá acudir a terapia psicológica una vez al mes por seis meses y firmar de forma mensual para garantizar la “no repetición del delito”.
“Hicimos uso de la voz y manifestamos nuestra postura de no aceptar las propuestas, más sin embargo la juez no lo aceptó”, señaló la asociación en su publicación.
Respecto a los otros dos agresores, uno se presentó con defensa particular y el otro con abogado de oficio; ambos solicitaron también la suspensión del proceso, ofreciendo dividir el costo de la cremación, entregar seis bultos de croquetas en un lapso de seis meses y acudir a atención psicológica.
La jueza fijó la audiencia intermedia para el 5 de enero de 2026, aunque Huella Amiga advirtió que, antes de esa fecha, los acusados podrían volver a solicitar la suspensión del procedimiento y quedar en libertad total, “ya que la ley actual lo permite”.
“Seguiremos luchando para avanzar hasta donde la ley actual lo permita. Confíen en que no desistiremos”, reafirmó la asociación.
La organización recordó que en 2021 se aprobó en el Congreso de San Luis Potosí el aumento de la pena por maltrato animal hasta 5 años de cárcel, sin embargo, ninguna persona ha sido encarcelada por este delito en el estado.
Por ello, reiteraron el llamado a apoyar la iniciativa #LeyHope, que busca impedir que este tipo de agresores puedan evadir la cárcel mediante acuerdos económicos o “reparaciones del daño”.
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