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El iceberg de corrupción en el IMSS de SLP
Estas son las empresas que habrían participado en el desfalco de 100 millones de pesos dentro del almacén de la institución y que tiene a Luis Alberto Martínez prófugo de la justicia
Por: Ana G Silva
Medios de comunicación dieron a conocer, en enero, que Luis Alberto Martínez Villuendas, jefe de administración de la delegación del IMSS en San Luis Potosí, fue señalado de encabezar un posible desfalco en el almacén de la dependencia federal por 100 millones de pesos. El área de investigaciones laborales a nivel federal ya lo investiga, al mismo tiempo que lo hace con Raúl Mario Beltrán Flores, jefe jurídico del instituto. La Orquesta pudo acceder a varios documentos en los que se muestra la lista de proveedores a los que se realizaron las compras, además del posible involucramiento de otros perfiles destacados, como el de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular de la institución de salud estatal.
Fuentes al interior del IMSS proporcionaron nueva información a este medio en la que se revela que Luis Alberto Martínez Villuendas fue visto por última vez en la delegación el 8 de diciembre del 2022 y ya no regresó al ser citado a investigación laboral federal por el probable desfalco de 100 millones de pesos.
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta por tres días sin justificación o sin permiso del patrón en un periodo de 30 días debe ser despedido, acto que no realizó la encargada del IMSS de San Luis Potosí. No fue hasta el 19 de diciembre, es decir, 11 días después de que fue visto por última vez, que el todavía jefe de administración solicitó una incapacidad por siete días, pero desde la delegación México Poniente-Toluca, sin días acumulados (sin cubrir días anteriores).
Las fuentes también dieron a conocer que el mismo día, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano recibió la renuncia de Martínez Villuendas en la que justificó que dejaba su cargo “por motivos de salud y personales”, sin que la encargada del IMSS diera a conocer este documento.
Para el 5 de enero de este año, volvió a incapacitarse desde la misma delegación México Poniente-Toluca, esta vez sí se incluyó los días acumulados desde la última incapacidad (17 días) y se extendía hasta por 7 días más.
El tema se hizo público hasta el 13 de enero, es decir más de un mes desde que se iniciara el proceso para la investigación federal. Diversos medios dieron a conocer el desfalco que “supuestamente no fue descubierto por Raúl Mario Beltrán Flores, jefe de jurídicos de la delegación”, y detallaron que esto fue porque Martín Villuendas fue invitado por este a ser parte de la delegación del IMSS del estado en noviembre de 2021, luego de pagar un favor, pues Beltrán Flores iba a ser rescindido del instituto por autorizar un laudo favorable para su padre, que le beneficiaba con una pensión millonaria de por vida. Este hecho le costó su cese, pero fue reinstalado gracias a una mala integración procesal y del expediente de investigación cuando Martínez Villuendas ostentaba un cargo a nivel federal dentro del área de investigación laboral del IMSS. También se cuestionó a la titular del IMSS del estado “por no enterarse” de un fraude que asciende a 100 millones de pesos.
Una fuente al interior del IMSS detalló que José Ángel Escobedo Medel, adscrito al Departamento de Conciliación y Servicios Generales, fue citado para declarar el 1 de febrero de 2023 al nivel central en la Ciudad de México sobre los hechos de corrupción detectados; no obstante, se incapacitó un día antes y se le permitieron faltar cinco días más.
La Dirección de Investigaciones Laborales del IMSS a nivel federal tomó cartas en el asunto hasta el pasado 12 de febrero, cuando rescindió al jefe de Jurídicos del IMSS, al jefe de Administración de la delegación, a José Ángel Escobedo y a Vianey Fuentes Ruiz, adscrita a la Oficina de Suministro y Control de Abastecimiento y Equipamiento del Almacén del IMSS en San Luis Potosí 
Tres días después ex trabajadores del IMSS, llamados Justicia para los Trabajadores desempleados, redactaron una carta dirigida a diputados y senadores de la Comisión de Salud, para que revisen su caso en el que indicaron que solo seguían instrucciones de Luis Alberto Martínez Villuendas y Mario Raúl Beltrán Flores, a quienes la doctora Garrido Rojano no despidió.
Una de las fuente reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V. en la que el importe solicitado fue de 39 millones 481 mil 984 pesos, Rodiosal a la que le fueron pagados 14 millones de pesos y a Grupo Leyraj por un monto de 10 millones 108 mil 082 pesos.
“El problema es que no existe contrato. Generalmente, cuando tú vas a comprar algo, me dices “quiero comprar cajas de jeringas”, yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuánto cuestan las cajas de jeringas, para poder establecer precio, luego se va concurso, gana alguien algún contrato, él me entrega, yo le pago. Aquí el problema es que pidieron estos medicamentos sin todo lo que te dije, no sabemos cuánto costó, no sabemos si está caro, barato, si es de calidad; reciben y empiezan a surtir a las unidades médicas y administrativas, pero no hay un contrato, todo lo que ahí está relacionado no tiene expedientes”.
El informante comentó que para realizar una compra dentro del IMSS se tiene que seguir un procedimiento, posteriormente se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente, pues se recibió medicamento y se surtió a las unidades, pero no se sabe cuál es su precio, esta práctica fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración; cuando solo un proveedor recibió casi 40 millones de pesos.
La fuente mencionó que cuando se hace una compra por adjudicación directa, generalmente son, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, por causa mayor, es decir de vida o muerte, no obstante se le debe avisar al Comité o sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual firma el área jurídica a cargo de Raúl Beltran, el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la delegada Garrido Rojano, pero “casualmente esas actas están perdidas”, resaltó.
“Eso no los exime de hacer la compra sin un contrato o un procedimiento, o sea, no está mal que lo compres por urgencia, el tema es que no por eso tienes que comprarlo mal, o no por eso no tienes que regularizarlo. Yo me puedo justificar con decir, tengo cinco pacientes y urge hoy comprar estos medicamentos, está bien, ve a la farmacia cómpralos, pero no vas a comprar N cantidad de miles de pesos, y que nunca lo resuelvas y que nunca le hagas una expediente, eso es lo que está mal. Ahora, todos tenemos un jefe superior, nos supervisa nuestro trabajo, como logramos surtir 100 millones sin que nadie se diera cuenta, no tenían contrato, el área jurídica revisa contratos, la delegada firma contratos, y cómo puedes estar surtiendo pero no hay nada”.
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Tras una primera intervención con un camión de limpieza a presión, personal de la dirección de Construcción evalúa si el problema se debe a una obstrucción o al colapso de la red sanitaria
Por: Redacción
Personal especializado de Interapas trabaja en la identificación del origen de una fuga de aguas residuales sobre la avenida Venustiano Carranza en la ciudad capital.
Como primera acción, se realizaron maniobras con el camión de limpieza para desazolvar la red; sin embargo, el nivel del agua residual no descendió, por lo que fue necesario ampliar la revisión técnica.
Actualmente, personal del área de Construcción se encuentra en el lugar evaluando la infraestructura para determinar si la causa del problema corresponde a una obstrucción
Los trabajos en el sitio continúan, el organismo mantiene presencia permanente en la zona hasta identificar el origen de la falla y ejecutar la solución correspondiente, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red a la brevedad posible.
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El colectivo organizador de la Marcha del Orgullo pidió a la Fiscalía y a la SSPC estatal investigar amenazas de odio recibidas
Por: Redacción
El colectivo organizador de la Marcha por los Derechos y la Diversidad LGBTIQ+ de San Luis Potosí denunció mensajes de odio y amenazas recibidos en redes sociales durante los últimos días, previos a la marcha del sábado 25 de julio, y pidió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana investigar su origen.
Los organizadores precisaron que los mensajes provienen de perfiles falsos y de cuentas identificables, y buscan intimidar, sembrar miedo y desalentar la participación de la comunidad en las actividades del Mes del Orgullo. “Algunos contienen expresiones que no pueden minimizarse ni entenderse como simple opiniones, cuando hacen referencia a posibles actos de violencia contra personas de nuestra comunidad”, advirtieron.
En un comunicado, exigieron a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a quienes participarán en los actos de esta edición, que conmemora 15 años de la Marcha en la capital potosina.
Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay, programada para el sábado 25 de julio, condenaron cualquier manifestación de odio, violencia o amenaza dirigida a la comunidad LGBTIQ+. “Ninguna persona debería vivir con miedo por ejercer su derecho a existir”, sostuvieron.
Subrayaron que corresponde al Estado prevenir actos de violencia, investigar posibles conductas delictivas y garantizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libre reunión y la libre manifestación. “Insistimos que atender este tipo de hechos no es opcional, forma parte de las obligaciones del Estado para proteger a todas las personas”, apuntaron.
Los organizadores adelantaron que compartirán con la comunidad un protocolo de cuidados y recomendaciones de seguridad para acompañar la participación en la Marcha del Orgullo.
En la previa a la conmemoración, el colectivo organizador realizó además una intervención artística la noche del 23 de julio, a las 11:00 de la noche, sobre la avenida Venustiano Carranza, en la esquina con Tomasa Estévez, donde voluntarios pintaron el cruce peatonal con los colores representativos de la diversidad sexual.
A través de redes sociales, los organizadores indicaron que la actividad busca convertir el espacio urbano en un mensaje de respeto e igualdad, y que cada color plasmado en el pavimento representa historias, luchas y personas que merecen reconocimiento. Reforzaron que todas las personas tienen derecho a transitar los espacios públicos con libertad, seguridad y dignidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
El colectivo invitó a quienes deseen sumarse a acudir con ropa cómoda y disposición para participar en la actividad comunitaria.
“Marcharemos como lo hemos hecho durante quince años, de manera pacífica y con la convicción de que nuestros derechos no son negociables, y de que ninguna amenaza debe impedir el ejercicio de las libertades que nos corresponden”, expusieron los organizadores.
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WhatsApp, perfiles falsos y mensajes ofensivos siguen siendo las principales formas de este delito digital
Por: Ana G Silva
Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de ciberacoso y WhatsApp sigue siendo la plataforma donde ocurren la mayoría de estas agresiones. En San Luis Potosí, aunque la incidencia disminuyó respecto al levantamiento anterior, uno de cada cinco usuarios de internet afirmó haber sufrido algún tipo de violencia digital, una cifra que todavía supera el promedio nacional, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, dados a conocer este 2026 por parte del INEGI.
Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el 20.8 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizaron internet en San Luis Potosí experimentó alguna situación de ciberacoso. El promedio nacional es del 20.4 por ciento.
La disminución fue de 22.7 por ciento en 2025 respecto a la medición anterior, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades con una de las reducciones más significativas del país. Mientras que en 2024 el estado figuraba entre los de mayor incidencia, en la edición más reciente quedó lejos de los primeros lugares, ocupados por Durango (24.5%), Jalisco (24.4%) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8% cada uno).
El estudio también muestra que las mujeres continúan siendo el grupo más afectado en la entidad.
En San Luis Potosí, 23.1 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2o25, mientras que entre los hombres la proporción fue de 18.0 por ciento. La diferencia es consistente con la tendencia nacional, donde el 21.5 por ciento de las mujeres y el 19.2 por ciento de los hombres afirmaron haber sido víctimas de estas agresiones.
A nivel nacional, el grupo con mayor incidencia fue el de personas de 20 a 29 años, particularmente las mujeres, entre quienes el 28 por ciento experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre los hombres de ese mismo rango de edad la incidencia alcanzó el 23.5 por ciento.
Aunque el reporte no despliega esta información por entidad federativa, el comportamiento nacional permite identificar que la población joven continúa siendo la más expuesta a este tipo de violencia digital.
El MOCIBA reveló que el tipo de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas.
Entre las mujeres víctimas, el 36.8 por ciento reportó haber sido contactada por perfiles falsos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 37.8 por ciento.
Después aparecieron los mensajes ofensivos, que afectaron al 30.8 por ciento de las mujeres y al 35 por ciento de los hombres. En el caso de las mujeres también destacó la recepción de insinuaciones o propuestas sexuales
Otras formas recurrentes fueron las llamadas ofensivas, la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas, las críticas por apariencia física o clase social, la difusión de información personal y las amenazas para publicar contenido privado con fines de extorsión.
Las agresiones digitales ocurren principalmente a través de las plataformas más utilizadas por la población.
Entre las mujeres víctimas, WhatsApp fue el principal medio utilizado por los agresores, con el 40.6 por ciento de los casos, seguido de Facebook (34.2%), llamadas de teléfono celular (34%), Messenger (13.7%) e Instagram (13.5%).
Entre los hombres, WhatsApp también ocupó el primer lugar con 42.6 por ciento, seguido por llamadas de teléfono celular (39.7%), Facebook (24.2%) e Instagram (11.2%).
El reporte también detalla que WhatsApp fue la principal plataforma para enviar mensajes ofensivos, compartir información personal, realizar amenazas, enviar insinuaciones sexuales y provocar reacciones negativas, mientras que Facebook predominó en casos de suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 61.1 por ciento de las víctimas no logró identificar a la persona que las agredió.
Solo el 24.2 por ciento señaló que el agresor era una persona conocida y el 14.7 por ciento afirmó haber sufrido ataques tanto de personas conocidas como desconocidas.
Cuando las víctimas sí pudieron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trató de hombres. El 57.2 por ciento de las mujeres y el 61.1 por ciento de los hombres dijeron haber sido acosados únicamente por personas del sexo masculino.
El impacto emocional del ciberacoso también quedó reflejado en el estudio.
El sentimiento más frecuente fue el enojo, reportado por el 57 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Le siguieron la desconfianza (35.8%), el estrés (29.4%), el miedo, la inseguridad, la frustración y los nervios. Entre las mujeres, seis de cada diez manifestaron haber sentido enojo tras sufrir estas agresiones.
Otro dato relevante es que quienes sufrieron ciberacoso permanecieron conectados más tiempo que el resto de los usuarios.
Mientras la población usuaria de internet en México utiliza la red un promedio de 4.6 horas diarias, las personas que experimentaron ciberacoso permanecieron conectadas 5.6 horas al día, es decir, aproximadamente una hora más.
Frente a estas agresiones, la medida más utilizada fue bloquear al agresor.
El 73.2 por ciento de las mujeres y el 58.1 por ciento de los hombres señalaron que bloquearon personas, números telefónicos o cuentas. Otras acciones frecuentes fueron ignorar los mensajes, cambiar contraseñas, eliminar publicaciones, informar a familiares o amistades y denunciar ante autoridades, aunque estas últimas opciones fueron considerablemente menos comunes.
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