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El iceberg de corrupción en el IMSS de SLP
Estas son las empresas que habrían participado en el desfalco de 100 millones de pesos dentro del almacén de la institución y que tiene a Luis Alberto Martínez prófugo de la justicia
Por: Ana G Silva
Medios de comunicación dieron a conocer, en enero, que Luis Alberto Martínez Villuendas, jefe de administración de la delegación del IMSS en San Luis Potosí, fue señalado de encabezar un posible desfalco en el almacén de la dependencia federal por 100 millones de pesos. El área de investigaciones laborales a nivel federal ya lo investiga, al mismo tiempo que lo hace con Raúl Mario Beltrán Flores, jefe jurídico del instituto. La Orquesta pudo acceder a varios documentos en los que se muestra la lista de proveedores a los que se realizaron las compras, además del posible involucramiento de otros perfiles destacados, como el de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular de la institución de salud estatal.
Fuentes al interior del IMSS proporcionaron nueva información a este medio en la que se revela que Luis Alberto Martínez Villuendas fue visto por última vez en la delegación el 8 de diciembre del 2022 y ya no regresó al ser citado a investigación laboral federal por el probable desfalco de 100 millones de pesos.
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta por tres días sin justificación o sin permiso del patrón en un periodo de 30 días debe ser despedido, acto que no realizó la encargada del IMSS de San Luis Potosí. No fue hasta el 19 de diciembre, es decir, 11 días después de que fue visto por última vez, que el todavía jefe de administración solicitó una incapacidad por siete días, pero desde la delegación México Poniente-Toluca, sin días acumulados (sin cubrir días anteriores).
Las fuentes también dieron a conocer que el mismo día, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano recibió la renuncia de Martínez Villuendas en la que justificó que dejaba su cargo “por motivos de salud y personales”, sin que la encargada del IMSS diera a conocer este documento.
Para el 5 de enero de este año, volvió a incapacitarse desde la misma delegación México Poniente-Toluca, esta vez sí se incluyó los días acumulados desde la última incapacidad (17 días) y se extendía hasta por 7 días más.
El tema se hizo público hasta el 13 de enero, es decir más de un mes desde que se iniciara el proceso para la investigación federal. Diversos medios dieron a conocer el desfalco que “supuestamente no fue descubierto por Raúl Mario Beltrán Flores, jefe de jurídicos de la delegación”, y detallaron que esto fue porque Martín Villuendas fue invitado por este a ser parte de la delegación del IMSS del estado en noviembre de 2021, luego de pagar un favor, pues Beltrán Flores iba a ser rescindido del instituto por autorizar un laudo favorable para su padre, que le beneficiaba con una pensión millonaria de por vida. Este hecho le costó su cese, pero fue reinstalado gracias a una mala integración procesal y del expediente de investigación cuando Martínez Villuendas ostentaba un cargo a nivel federal dentro del área de investigación laboral del IMSS. También se cuestionó a la titular del IMSS del estado “por no enterarse” de un fraude que asciende a 100 millones de pesos.
Una fuente al interior del IMSS detalló que José Ángel Escobedo Medel, adscrito al Departamento de Conciliación y Servicios Generales, fue citado para declarar el 1 de febrero de 2023 al nivel central en la Ciudad de México sobre los hechos de corrupción detectados; no obstante, se incapacitó un día antes y se le permitieron faltar cinco días más.
La Dirección de Investigaciones Laborales del IMSS a nivel federal tomó cartas en el asunto hasta el pasado 12 de febrero, cuando rescindió al jefe de Jurídicos del IMSS, al jefe de Administración de la delegación, a José Ángel Escobedo y a Vianey Fuentes Ruiz, adscrita a la Oficina de Suministro y Control de Abastecimiento y Equipamiento del Almacén del IMSS en San Luis Potosí 
Tres días después ex trabajadores del IMSS, llamados Justicia para los Trabajadores desempleados, redactaron una carta dirigida a diputados y senadores de la Comisión de Salud, para que revisen su caso en el que indicaron que solo seguían instrucciones de Luis Alberto Martínez Villuendas y Mario Raúl Beltrán Flores, a quienes la doctora Garrido Rojano no despidió.
Una de las fuente reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V. en la que el importe solicitado fue de 39 millones 481 mil 984 pesos, Rodiosal a la que le fueron pagados 14 millones de pesos y a Grupo Leyraj por un monto de 10 millones 108 mil 082 pesos.
“El problema es que no existe contrato. Generalmente, cuando tú vas a comprar algo, me dices “quiero comprar cajas de jeringas”, yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuánto cuestan las cajas de jeringas, para poder establecer precio, luego se va concurso, gana alguien algún contrato, él me entrega, yo le pago. Aquí el problema es que pidieron estos medicamentos sin todo lo que te dije, no sabemos cuánto costó, no sabemos si está caro, barato, si es de calidad; reciben y empiezan a surtir a las unidades médicas y administrativas, pero no hay un contrato, todo lo que ahí está relacionado no tiene expedientes”.
El informante comentó que para realizar una compra dentro del IMSS se tiene que seguir un procedimiento, posteriormente se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente, pues se recibió medicamento y se surtió a las unidades, pero no se sabe cuál es su precio, esta práctica fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración; cuando solo un proveedor recibió casi 40 millones de pesos.
La fuente mencionó que cuando se hace una compra por adjudicación directa, generalmente son, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, por causa mayor, es decir de vida o muerte, no obstante se le debe avisar al Comité o sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual firma el área jurídica a cargo de Raúl Beltran, el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la delegada Garrido Rojano, pero “casualmente esas actas están perdidas”, resaltó.
“Eso no los exime de hacer la compra sin un contrato o un procedimiento, o sea, no está mal que lo compres por urgencia, el tema es que no por eso tienes que comprarlo mal, o no por eso no tienes que regularizarlo. Yo me puedo justificar con decir, tengo cinco pacientes y urge hoy comprar estos medicamentos, está bien, ve a la farmacia cómpralos, pero no vas a comprar N cantidad de miles de pesos, y que nunca lo resuelvas y que nunca le hagas una expediente, eso es lo que está mal. Ahora, todos tenemos un jefe superior, nos supervisa nuestro trabajo, como logramos surtir 100 millones sin que nadie se diera cuenta, no tenían contrato, el área jurídica revisa contratos, la delegada firma contratos, y cómo puedes estar surtiendo pero no hay nada”.
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En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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