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El iceberg de corrupción en el IMSS de SLP
Estas son las empresas que habrían participado en el desfalco de 100 millones de pesos dentro del almacén de la institución y que tiene a Luis Alberto Martínez prófugo de la justicia
Por: Ana G Silva
Medios de comunicación dieron a conocer, en enero, que Luis Alberto Martínez Villuendas, jefe de administración de la delegación del IMSS en San Luis Potosí, fue señalado de encabezar un posible desfalco en el almacén de la dependencia federal por 100 millones de pesos. El área de investigaciones laborales a nivel federal ya lo investiga, al mismo tiempo que lo hace con Raúl Mario Beltrán Flores, jefe jurídico del instituto. La Orquesta pudo acceder a varios documentos en los que se muestra la lista de proveedores a los que se realizaron las compras, además del posible involucramiento de otros perfiles destacados, como el de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular de la institución de salud estatal.
Fuentes al interior del IMSS proporcionaron nueva información a este medio en la que se revela que Luis Alberto Martínez Villuendas fue visto por última vez en la delegación el 8 de diciembre del 2022 y ya no regresó al ser citado a investigación laboral federal por el probable desfalco de 100 millones de pesos.
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta por tres días sin justificación o sin permiso del patrón en un periodo de 30 días debe ser despedido, acto que no realizó la encargada del IMSS de San Luis Potosí. No fue hasta el 19 de diciembre, es decir, 11 días después de que fue visto por última vez, que el todavía jefe de administración solicitó una incapacidad por siete días, pero desde la delegación México Poniente-Toluca, sin días acumulados (sin cubrir días anteriores).
Las fuentes también dieron a conocer que el mismo día, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano recibió la renuncia de Martínez Villuendas en la que justificó que dejaba su cargo “por motivos de salud y personales”, sin que la encargada del IMSS diera a conocer este documento.
Para el 5 de enero de este año, volvió a incapacitarse desde la misma delegación México Poniente-Toluca, esta vez sí se incluyó los días acumulados desde la última incapacidad (17 días) y se extendía hasta por 7 días más.
El tema se hizo público hasta el 13 de enero, es decir más de un mes desde que se iniciara el proceso para la investigación federal. Diversos medios dieron a conocer el desfalco que “supuestamente no fue descubierto por Raúl Mario Beltrán Flores, jefe de jurídicos de la delegación”, y detallaron que esto fue porque Martín Villuendas fue invitado por este a ser parte de la delegación del IMSS del estado en noviembre de 2021, luego de pagar un favor, pues Beltrán Flores iba a ser rescindido del instituto por autorizar un laudo favorable para su padre, que le beneficiaba con una pensión millonaria de por vida. Este hecho le costó su cese, pero fue reinstalado gracias a una mala integración procesal y del expediente de investigación cuando Martínez Villuendas ostentaba un cargo a nivel federal dentro del área de investigación laboral del IMSS. También se cuestionó a la titular del IMSS del estado “por no enterarse” de un fraude que asciende a 100 millones de pesos.
Una fuente al interior del IMSS detalló que José Ángel Escobedo Medel, adscrito al Departamento de Conciliación y Servicios Generales, fue citado para declarar el 1 de febrero de 2023 al nivel central en la Ciudad de México sobre los hechos de corrupción detectados; no obstante, se incapacitó un día antes y se le permitieron faltar cinco días más.
La Dirección de Investigaciones Laborales del IMSS a nivel federal tomó cartas en el asunto hasta el pasado 12 de febrero, cuando rescindió al jefe de Jurídicos del IMSS, al jefe de Administración de la delegación, a José Ángel Escobedo y a Vianey Fuentes Ruiz, adscrita a la Oficina de Suministro y Control de Abastecimiento y Equipamiento del Almacén del IMSS en San Luis Potosí 
Tres días después ex trabajadores del IMSS, llamados Justicia para los Trabajadores desempleados, redactaron una carta dirigida a diputados y senadores de la Comisión de Salud, para que revisen su caso en el que indicaron que solo seguían instrucciones de Luis Alberto Martínez Villuendas y Mario Raúl Beltrán Flores, a quienes la doctora Garrido Rojano no despidió.
Una de las fuente reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V. en la que el importe solicitado fue de 39 millones 481 mil 984 pesos, Rodiosal a la que le fueron pagados 14 millones de pesos y a Grupo Leyraj por un monto de 10 millones 108 mil 082 pesos.
“El problema es que no existe contrato. Generalmente, cuando tú vas a comprar algo, me dices “quiero comprar cajas de jeringas”, yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuánto cuestan las cajas de jeringas, para poder establecer precio, luego se va concurso, gana alguien algún contrato, él me entrega, yo le pago. Aquí el problema es que pidieron estos medicamentos sin todo lo que te dije, no sabemos cuánto costó, no sabemos si está caro, barato, si es de calidad; reciben y empiezan a surtir a las unidades médicas y administrativas, pero no hay un contrato, todo lo que ahí está relacionado no tiene expedientes”.
El informante comentó que para realizar una compra dentro del IMSS se tiene que seguir un procedimiento, posteriormente se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente, pues se recibió medicamento y se surtió a las unidades, pero no se sabe cuál es su precio, esta práctica fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración; cuando solo un proveedor recibió casi 40 millones de pesos.
La fuente mencionó que cuando se hace una compra por adjudicación directa, generalmente son, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, por causa mayor, es decir de vida o muerte, no obstante se le debe avisar al Comité o sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual firma el área jurídica a cargo de Raúl Beltran, el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la delegada Garrido Rojano, pero “casualmente esas actas están perdidas”, resaltó.
“Eso no los exime de hacer la compra sin un contrato o un procedimiento, o sea, no está mal que lo compres por urgencia, el tema es que no por eso tienes que comprarlo mal, o no por eso no tienes que regularizarlo. Yo me puedo justificar con decir, tengo cinco pacientes y urge hoy comprar estos medicamentos, está bien, ve a la farmacia cómpralos, pero no vas a comprar N cantidad de miles de pesos, y que nunca lo resuelvas y que nunca le hagas una expediente, eso es lo que está mal. Ahora, todos tenemos un jefe superior, nos supervisa nuestro trabajo, como logramos surtir 100 millones sin que nadie se diera cuenta, no tenían contrato, el área jurídica revisa contratos, la delegada firma contratos, y cómo puedes estar surtiendo pero no hay nada”.
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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
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