noviembre 19, 2025

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El iceberg de corrupción en el IMSS de SLP

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Estas son las empresas que habrían participado en el desfalco de 100 millones de pesos dentro del almacén de la institución y que tiene a Luis Alberto Martínez prófugo de la justicia

Por: Ana G Silva

Medios de comunicación dieron a conocer, en enero, que Luis Alberto Martínez Villuendas, jefe de administración de la delegación del IMSS en San Luis Potosí, fue señalado de encabezar un posible desfalco en el almacén de la dependencia federal por 100 millones de pesos. El área de investigaciones laborales a nivel federal ya lo investiga, al mismo tiempo que lo hace con Raúl Mario Beltrán Flores, jefe jurídico del instituto. La Orquesta pudo acceder a varios documentos en los que se muestra la lista de proveedores a los que se realizaron las compras, además del posible involucramiento de otros perfiles destacados, como el de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular de la institución de salud estatal.

Fuentes al interior del IMSS proporcionaron nueva información a este medio en la que se revela que Luis Alberto Martínez Villuendas fue visto por última vez en la delegación el 8 de diciembre del 2022 y ya no regresó al ser citado a investigación laboral federal por el probable desfalco de 100 millones de pesos.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta por tres días sin justificación o sin permiso del patrón en un periodo de 30 días debe ser despedido, acto que no realizó la encargada del IMSS de San Luis Potosí. No fue hasta el 19 de diciembre, es decir, 11 días después de que fue visto por última vez, que el todavía jefe de administración solicitó una incapacidad por siete días, pero desde la delegación México Poniente-Toluca, sin días acumulados (sin cubrir días anteriores).

Las fuentes también dieron a conocer que el mismo día, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano recibió la renuncia de Martínez Villuendas en la que justificó que dejaba su cargo “por motivos de salud y personales”, sin que la encargada del IMSS diera a conocer este documento.

Para el 5 de enero de este año, volvió a incapacitarse desde la misma delegación México Poniente-Toluca, esta vez sí se incluyó los días acumulados desde la última incapacidad (17 días) y se extendía hasta por 7 días más.

El tema se hizo público hasta el 13 de enero, es decir más de un mes desde que se iniciara el proceso para la investigación federal. Diversos medios dieron a conocer el desfalco que “supuestamente no fue descubierto por Raúl Mario Beltrán Flores, jefe de jurídicos de la delegación”, y detallaron que esto fue porque Martín Villuendas fue invitado por este a ser parte de la delegación del IMSS del estado en noviembre de 2021, luego de pagar un favor, pues Beltrán Flores iba a ser rescindido del instituto por autorizar un laudo favorable para su padre, que le beneficiaba con una pensión millonaria de por vida. Este hecho le costó su cese, pero fue reinstalado gracias a una mala integración procesal y del expediente de investigación cuando Martínez Villuendas ostentaba un cargo a nivel federal dentro del área de investigación laboral del IMSS. También se cuestionó a la titular del IMSS del estado “por no enterarse” de un fraude que asciende a 100 millones de pesos.

Una fuente al interior del IMSS detalló que José Ángel Escobedo Medel, adscrito al Departamento de Conciliación y Servicios Generales, fue citado para declarar el 1 de febrero de 2023 al nivel central en la Ciudad de México sobre los hechos de corrupción detectados; no obstante, se incapacitó un día antes y se le permitieron faltar cinco días más.

La Dirección de Investigaciones Laborales del IMSS a nivel federal tomó cartas en el asunto hasta el pasado 12 de febrero, cuando rescindió al jefe de Jurídicos del IMSS, al jefe de Administración de la delegación, a José Ángel Escobedo y a Vianey Fuentes Ruiz, adscrita a la Oficina de Suministro y Control de Abastecimiento y Equipamiento del Almacén del IMSS en San Luis Potosí

, implicados en el caso de corrupción donde son señalados por adjudicaciones directas, compras fantasma y expedientes de compra vacíos a proveedores del Estado de México, violentando la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Tres días después ex trabajadores del IMSS, llamados Justicia para los Trabajadores desempleados, redactaron una carta dirigida a diputados y senadores de la Comisión de Salud, para que revisen su caso en el que indicaron que solo seguían instrucciones de Luis Alberto Martínez Villuendas y Mario Raúl Beltrán Flores, a quienes la doctora Garrido Rojano no despidió.

Una de las fuente reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V. en la que el importe solicitado fue de 39 millones 481 mil 984 pesos, Rodiosal a la que le fueron pagados 14 millones de pesos y a Grupo Leyraj por un monto de 10 millones 108 mil 082 pesos.

“El problema es que no existe contrato. Generalmente, cuando tú vas a comprar algo, me dices “quiero comprar cajas de jeringas”, yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuánto cuestan las cajas de jeringas, para poder establecer precio, luego se va concurso, gana alguien algún contrato, él me entrega, yo le pago. Aquí el problema es que pidieron estos medicamentos sin todo lo que te dije, no sabemos cuánto costó, no sabemos si está caro, barato, si es de calidad; reciben y empiezan a surtir a las unidades médicas y administrativas, pero no hay un contrato, todo lo que ahí está relacionado no tiene expedientes”.

El informante comentó que para realizar una compra dentro del IMSS se tiene que seguir un procedimiento, posteriormente se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente, pues se recibió medicamento y se surtió a las unidades, pero no se sabe cuál es su precio, esta práctica fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración; cuando solo un proveedor recibió casi 40 millones de pesos.

La fuente mencionó que cuando se hace una compra por adjudicación directa, generalmente son, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, por causa mayor, es decir de vida o muerte, no obstante se le debe avisar al Comité o sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual firma el área jurídica a cargo de Raúl Beltran, el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la delegada Garrido Rojano, pero “casualmente esas actas están perdidas”, resaltó.

“Eso no los exime de hacer la compra sin un contrato o un procedimiento, o sea, no está mal que lo compres por urgencia, el tema es que no por eso tienes que comprarlo mal, o no por eso no tienes que regularizarlo. Yo me puedo justificar con decir, tengo cinco pacientes y urge hoy comprar estos medicamentos, está bien, ve a la farmacia cómpralos, pero no vas a comprar N cantidad de miles de pesos, y que nunca lo resuelvas y que nunca le hagas una expediente, eso es lo que está mal. Ahora, todos tenemos un jefe superior, nos supervisa nuestro trabajo, como logramos surtir 100 millones sin que nadie se diera cuenta, no tenían contrato, el área jurídica revisa contratos, la delegada firma contratos, y cómo puedes estar surtiendo pero no hay nada”.

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#4 Tiempos

La IA, periodismo, y la coartada perfecta | Apuntes de Jorge Saldaña

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riesgos de legislar sobre IA

““Vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito”

Por: Jorge Saldaña

Hay épocas en las que la tecnología acelera más rápido que la ley en una carrera en pista sinuosa, de esas con curvas tan cerradas que hasta el volante tiembla.

Estamos ahí. La inteligencia artificial (IA) ya es capaz de imitar una voz al grado de confundir a tu mamá, de injertar un rostro en un cuerpo ajeno con precisión perfecta, de producir un “comunicado oficial” con sellos y sintaxis idénticos a los originales. Qué peligroso.

No obstante, lo que de veras me quita el sueño (y eso que soy dormilón) no es solo lo que la IA puede fabricar, sino lo que su misma sombra puede desmentir, es decir, que lo verdadero sea tirado a la basura señalándolo a la ligera como “irreal”.

Dicho en pocas palabras: sí temo a la mentira hecha con IA, pero temo más que la IA se vuelva la coartada perfecta para negar la verdad. ¿Me explico?

Pienso en un audio que exhibe una extorsión, en una foto que capta a un político con un criminal, en un contrato auténtico que documenta un desvío.

Con la reforma aprobada en San Luis Potosí (con tan solo 10 días de análisis) que tipifica el “uso indebido” de IA para provocar alarma, alterar la paz social, o dañar la imagen de un tercero, creo que nos pone a todos, pero aún más a los que nos dedicamos al periodismo, en un altísimo riesgo de que la primera reacción del involucrado no sea la responder al fondo, sino señalar al mensajero: “Eso lo creó la IA”, y entonces deberá ser el reportero, y no el delincuente exhibido, el que deberá de demostrar que su evidencia no es sintética o artificial, o se va al bote.

Invertimos la carga de la prueba: del hecho al emisor; del culpable al periodista.

No exagero: Artículo 19 ya advirtió lagunas de precisión en conceptos como “alarma pública” o “paz social” (que son ambiguos y propensos a la interpretación) y un riesgo de discrecionalidad que podría alcanzar desde la crítica política hasta la edición creativa.

Es cierto, la iniciativa del diputado Héctor Serrano, incorpora exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos y de parodia “siempre que no exista dolo y se indique expresamente ese carácter”. Bien intencionado, sí. ¿Suficiente? No, porque el campo de juego queda resbaladizo y no hay árbitro judicial ni peritos especialistas en el tema.

Las modificaciones al Código Penal producto de la iniciativa de regulación a la IA, no define con precisión cómo demostrar el dolo, qué es alarma y, sobre todo, quién y cómo lo acredita.

Byung-Chul Han lo dijo en su libro Infocracia, (que me gusta mucho citar): “vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito.

Nuestro tiempo es el de la sospecha permanente, la duda como política de Estado.

El tema me recuerda a Orson Welles que lo anticipó en 1938 con La guerra de los mundos: una ficción radial que, contada como boletín, desató pánico.

Hoy no necesitamos actores; bastan modelos generativos, un par de clics y un algoritmo de difusión.

Imaginen —no es ciencia ficción— un boletín “verosímil” de la Sedena ordenando toque de queda; una “conferencia” de la presidenta aceptando una invasión o un “video” de un presunto homicida de un estudiante de Estomatología confesando un delito… (saben a lo que me refiero).

¿Qué tal que el homicida alega que el video que se filtró fue hecho con Inteligencia Artificial? ¿Se va a perseguir al medio que lo difundió? En una de esas, hasta el homicida sale libre…¿Ya me entiende, Culto Público a lo que me refiero, me preocupa, y me da comezón?

La IA escribe el guion; las redes, el miedo.

Ahora bien: San Luis Potosí ya legisló. ¿Hacía falta? Sí. Pero… ¿Así? ¿Tenemos la suficiente fortaleza académica, experiencia profesional y capacidades para fundamentar una legislación sobre esta materia que nos va ganando la carrera? ¿No será esto un acelerón en plena curva?

El que esto escribe, aprendiz de reportero, alcanza a ver al menos tres riesgos que no podemos ignorar:

1) La coartada perfecta del poderoso.

Frente a una investigación sólida, la respuesta fácil será: “es IA”. Si la norma deja ambigüedades, el periodista puede terminar litigando su autenticidad en vez de publicar, y esto puede generar un efecto inhibidor, una autocensura preventiva por miedo a ser acusado de crear “realidades sintéticas”.

2) La puerta trasera de la censura.

Cuando “alarma social” o “paz pública” no tienen parámetros verificables, cualquier pieza incómoda puede ser encuadrada como “desestabilizadora”. Hoy se promete que no; mañana basta un fiscal con prisas o un juez con miedo o a modo.

3) La prueba imposible.

En la práctica forense, demostrar que algo no fue generado por IA requiere peritajes especializados, sellos de procedencia, cadenas de custodia digitales. No los tenemos para temas como la IA ¿Quién los hará? ¿Con qué estándares? ¿Con qué independencia? Si no definimos eso, la balanza se inclina contra el informador.

Ante ello, creo que necesitamos definiciones más concretas, cerradas y taxativas, lo mismo que una “mente culpable” o como dicen los abogados una Mens rea probada, exigir dolo específico: intención de provocar alarma…me-di-ble y no de “sensación” de la misma.

Además, si alguien alega que una pieza es sintética o fabricada, que lo acredite con peritajes de laboratorios independientes (no “peritos de parte” -que además no hay en SLP- a modo).

Los periodistas también tenemos que tener garantías reales y no meramente declarativas.

Efectivamente hay una exclusión en la iniciativa aprobada para el ejercicio del periodismo, arte, academia y sátira, sin embargo, ¿quién garantiza que opere en los hechos, cuando alguien -como dije arriba- nada más porque sienta calor le llame a los bomberos…?

No se trata de negar el dilema —que es brutal y de múltiples aristas—, sino de evitar que la cura mate al paciente. Porque, paradójicamente, la IA que nos amenaza con fabricar mundos, también puede servir para validarlos.

A ver, para Usted mi Culto Público, le comparto dos escenarios de pesadilla y uno de esperanza:

Un “Falso con consecuencias reales”: Un “comunicado” apócrifo de Protección Civil que ordene evacuar colonias. Pánico, saqueos, accidentes. Nadie herido por la IA; todos por la estampida.

Un “Verdadero desmentido como falso”: Un video auténtico que documenta un abuso policial. Los responsables gritan “deepfake”, “IA”, un juez timorato concede medidas cautelares, y el reportero enfrenta proceso. La evidencia muere antes que el delito.

Uno de esperanza: que la norma haga lo que promete: perseguir mentiras sintéticas dañinas, proteger a víctimas (como las 400 estudiantes de Zacatecas) y blindar la crítica. Se puede, si se afina y lo hacemos de forma acompañada y profesional. No a la ligera.

La delgada línea entre vigilar y castigar —permítanme el guiño— no debería cruzarse hacia castigar al que vigila. La prensa, con sus errores y excesos que a veces tenemos (no me subo al púlpito ni tiro la primera piedra), sigue siendo el semáforo en una avenida oscura: si se apaga “por seguridad”, lo que viene no es orden, sino una carambola con trágicas consecuencias.

Cierro con una imagen. La IA es el Orson Welles de nuestros tiempos: puede narrar invasiones que no existen y desmentir revoluciones que sí ocurrieron. La diferencia será si, en San Luis, ponemos reglas claras, peritos que sepan, y un principio simple grabado en piedra: a la verdad no se le pone grillete; a la mentira, sí.

Insisto, si lo hacemos bien, con profesionalismo y sin miedo, quizá esta vez la radio hablando de marcianos no provoque pánico, sino lucidez.

Mañana será el diputado de Morena Carlos Arreola (qué casualidad) el que anuncie el desarrollo inmediato de foros con ciudadanos, académicos, especialistas, periodistas, abogados y otros grupos para discutir, plantear y afinar la iniciativa aprobada. Aunque lo convoque Arreola, ni modo, me apunto.

Nota: Esta columna no fue redactada con IA, sino con MIR (Mi Ignorancia Regular).

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ciudad

Se dispara la violencia familiar en vacaciones; SSPC refuerza prevención

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Juan Antonio Villa dijo que los domingos por la tarde son los días que concentran más reportes

Por: Redacción

A unas semanas del inicio formal de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió que los casos de violencia familiar tienden a incrementarse durante este periodo, especialmente después de que los niños salen de vacaciones.

El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que cada año se registra un repunte en llamadas de auxilio relacionad as con agresiones dentro del hogar

, en gran parte provocado por el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Villa Gutiérrez explicó que, aunque este comportamiento es cíclico, la SSPC trabaja actualmente desde el área de Prevención del Delito para que mujeres, niñas, niños y ciud adanía en general aprendan a identificar conductas violentas que a menudo se normalizan, como la violencia psicológica o económica.

“El objetivo es inhibir en lo posible el incremento de la violencia familiar”, afirmó el secretario.

El funcionario señaló que no existe una zona específica donde se concentren los reportes, pues la incidencia varía; sin embargo, detalló que los domingos por la tarde suelen ser los momentos con mayor número de denuncias, nuevamente influido por el consumo de alcohol.

La SSPC aseguró que mantendrá operativos y vigilancia reforzada durante las semanas previas y posteriores a las vacaciones decembrinas.

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Propuesta de sueldos policiacos en SLP reducirá actos de corrupción: SGG

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La iniciativa sobre los salarios de elementos municipales se presentará antes de fin de año

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, informó que las autoridades estatales continúan en el análisis y recaudación de información de la iniciativa legislativa para que los policías de los 59 municipios reciban un sueldo mínimo de 15 mil pesos. Esta medida busca brindar mayores garantías a los elementos de seguridad, reducir actos de corrupción e incluso evitar que se filtre información a grupos de la delincuencia organizada.

Para lograr dicha homologación, Torres Sánchez explicó que se han llevado a cabo mesas de seguridad en distintos municipios, donde se dialoga con presidentas y presidentes municipales para conocer su estado de fuerza

y los salarios actuales de los uniformados.

Sobre estas reuniones, el secretario señaló que existe una gran disparidad salarial, pues algunos municipios pagan siete mil u ocho mil pesos mensuales, cantidad que consideró insuficiente para garantizar una vida digna.

Por último, Torres Sánchez indicó que la intención es presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado antes de que concluya el año, con el fin de que el Poder Legislativo cuente con el tiempo necesario para su análisis.

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